El TSJ considera que la motivación de un laudo no incurre en arbitrariedad lesiva del art. 24.1º CE , por infracción de las normas imperativas y de la jurisprudencia aplicables

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 31 de octubre de 2017 (Ponente: Jesús María Santos Vijande) desestima una acción de anulación contra un laudo arbitral. En sus  consideraciones se asevera que la “sala no puede compartir que, en una simplificación extrema y carente de justificación, se pretenda asimilar la infracción del orden público, como motivo de anulación del laudo, a la mera comisión de una suerte de ‘error patente’ -apreciable sin necesidad de elucubración alguna-; o que, como a veces se ha propugnado, se aduzca a favor de la inexistencia de infracción del orden público que el Tribunal enjuiciador haya de efectuar argumentaciones complejas para su apreciación”. Reiterando una doctrina reiterada por El TSJ de Madrid la Sala recuerda que “el Tribunal que conoce de la acción de anulación pueda revisar la valoración de la prueba efectuada por el árbitro en los supuestos, que no son pocos, en que una determinada valoración de la prueba lesiona el art. 24.1 CE . También puede el Tribunal de anulación fiscalizar, desde la perspectiva del control del orden público, la motivación, en general, y la valoración probatoria, en particular, contenidas en el Laudo que pudieran lesionar el art. 24 CE . Como también puede el Tribunal de anulación fiscalizar que la motivación del Laudo no vulnera los preceptos sustantivos de la Constitución, ni excede de lo que es arbitrable y disponible para las partes y para el propio árbitro”. En el caso presente el TSJ de Madrid considera que “el razonamiento del Laudo, cuando considera no caducada la acción que ante él ejercita G., en absoluto vulnera el orden público: muy por el contrario, en las circunstancias del caso, aplicar la nueva y más restrictiva doctrina jurisprudencial sí hubiera vulnerado el derecho de acceso a la Jurisdicción -o al arbitraje como equivalente jurisdiccional de la misma- de G. y el principio de seguridad jurídica, la confianza legítima en la que G. podía ampararse para justificar su pasividad ante las numerosas y consecutivas liquidaciones negativas que vino recibiendo en cumplimento del contrato durante casi cinco años y hasta su vencimiento”.

La eficacia del arbitraje internacional requiere, como uno de los principios esenciales, el respeto de las reglas, normas y prácticas fijadas en el país en el que se desarrolla el arbitraje

El Auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 2 de noviembre de 2017 (Ponente: Francisco Javier Vieira Morante), reconoce la eficacia en España de un laudo arbitral pronunciado por un árbitro único en el seno de la Chambre D’Arbitrage et de Médiation de la ASBL (Bélgica) en aplicación del Convenio de Nueva York de 1958. Según la Sala “debe señalarse en primer lugar, con carácter previo, que la controversia surgida entre las partes y sometida al arbitraje del que se derivó el laudo sujeto a reconocimiento es perfectamente susceptible de ser resuelta por vía de arbitraje. El art. 9, ap. 6, de la Ley de Arbitraje dispone que cuando el arbitraje fuere internacional, el convenio arbitral será válido y la controversia será susceptible de arbitraje si cumplen los requisitos establecidos por las normas jurídicas elegidas por las partes para regir el convenio arbitral, o por las normas jurídicas aplicables al fondo de la controversia, o por el Derecho español. Y, al menos conforme al Derecho español, el litigio que se plasma en el laudo arbitral no es de los excluidos al arbitraje en nuestro ordenamiento jurídico, pues se han resuelto controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho (art. 2 de la Ley de Arbitraje ), surgidas en el cumplimiento de un contrato referido a asesoramiento y servicios de producción para el proyecto de vuelo fotogramétrico para la producción de ortofotos incluidas en al Plan Nacional de ortofotografía aérea en el ámbito de Castilla La Mancha norte. La eficacia del arbitraje internacional requiere además, como uno de los principios esenciales para su mantenimiento, el respeto de las reglas, normas y prácticas fijadas en el país en el que se desarrolla el arbitraje, sin contrastarlas necesariamente con las aplicables en el Estado en el que se solicita el reconocimiento de la resolución arbitral, salvo que se apreciara una infracción intolerable de los principios esenciales exigibles en nuestro ordenamiento jurídico. Por ello, no pueden trasladarse miméticamente al procedimiento arbitral seguido en otro país las normas procesales seguidas en España, por más que estén consolidadas en la reglamentación procesal. No se aprecia, por tanto, que el reconocimiento o la ejecución del laudo arbitral pudiera ser contrario al orden público de España”.

El TSJ de Madrid anula un laudo arbitral por considerar que se violaron los derechos de defensa de una parte que no acudió a la vista por padecer gastroenteritis

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 7 de noviembre de 2017 (Ponente: Susana Polo García) anula un laudo arbitral procedente de la Junta Arbitral de Transporte de la Comunidad de Madrid. Según la Sala: “resulta necesario asegurar la efectiva realización de los principios de igualdad de las partes y de contradicción que imponen a los órganos judiciales, y también a los órganos arbitrales, y el deber positivo de evitar desequilibrios entre la respectiva posición procesal de las partes o limitaciones en la defensa que puedan inferir a alguna de ellas un resultado de indefensión, prohibido en todo caso por el inciso final del art. 24.1º CE . En este supuesto, resulta obvio, que en el procedimiento arbitral se limitó el derecho de defensa de la demandada en el arbitraje, puesto que pese a su petición de suspensión por enfermedad acreditada -gastroenteritis grave-, y la manifestación de la Sra. Carla de querer asistir a la vista para defender sus derechos, unido a la necesidad para estar presente en la misma, del desplazamiento de la representante legal de la demandada desde Barcelona a Madrid-, la petición fue desestimada por dos motivos a juicio de este Tribunal improcedentes, en primer lugar, porque la escasez de tiempo en la comunicación, es un argumento que resulta ilógico, pues es evidente que tratándose de un problema de salud sólo se puede comunicar cuando se padece el mismo, no con antelación suficiente como entiende la Junta Arbitral, y en segundo lugar, en cuanto a la aplicación del art. 9.5º RD 1211/1990 de 28 de septiembre, porque el mismo debe interpretarse en relación con los principios constitucionales que prohíben la indefensión y proclaman el principio de igualdad de armas procesales y contradicción, y del 31 de la LA, es decir la inasistencia de la demandada no impide la celebración de la vista, siempre y cuando la misma sea voluntaria y no se encuentre justificada. Además de ser injustificada la no suspensión de la vista, la Junta Arbitral, tras la petición de la demandada de declaración de nulidad de la misma, explicando que no pudo comunicar su imposibilidad de asistencia con mayor antelación, dada su enfermedad sobrevenida, y su voluntad de asistir a la vista para ejercer su derecho a la defensa, la Junta no contesta a su petición, y dicta los Laudos condenándola a las peticiones de la demandante, lo que sin duda implica una infracción del principio de tutela judicial efectiva con indefensión. En conclusión, este caso, ha quedado probado que la parte demandante no ha podido hacer valer sus derechos en el procedimiento arbitral, suponiendo ello una clara infracción del orden público, con lesión de los principios de igualdad, audiencia y contradicción, lo que sin duda ha causado indefensión real a la aquí demandante, ya que fueron estimadas las pretensiones de la otra parte, sin escuchar sus alegaciones, con vulneración por ello del principio constitucional de tutela judicial efectiva, sin que lo alegado por la aquí demandada -que podía haber hecho alegaciones por escrito o acudir otra persona en su nombre- excluya la lesión denunciada, ya que la vista se celebró in audita parte por causa no imputable a QUIÑONERO SERVICIOS LOGÍSTICOS SL, ya el Tribunal Arbitral debería haber suspendido la vista, o en su caso, haber declarado la nulidad de la misma, y si la Sra. Carla , representante legal de la empresa, estaba interesada en acudir a la vista y a su vez no podía prever su indisposición, no se le puede exigir que hubiera hecho alegaciones con carácter previo.

Homologación ante el TSJ de una cláusula arbitral defectuosa, por acuerdo de las partes

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, de 19 de octubre de 2017, en un proceso de formalización judicial donde se suscitó que la cláusula arbitral no designaba con precisión la institución administradora consideró que, “planteada por la Presidencia la posibilidad de llegar a un acuerdo, ex art. 443.1º LEC, las partes, tras una breve suspensión de la vista, manifiestan que han llegado a un pacto transaccional, cuya homologación interesan por esta Sala, consistente en que ambas reconocen que el convenio arbitral supra referenciado debe ser entendido como un pacto de sumisión a arbitraje institucional de la Corte de Arbitraje de Madrid. (…)., ningún óbice hay en homologar -dotando de la debida seguridad jurídica- al acuerdo de las partes que suscriben el convenio identificando la Corte de Arbitraje a la que en su día se han sometido, aunque sin la debida precisión al denominarla”.

Procede el nombramiento imparcial de los árbitros, caso de haberse convenido la sumisión a arbitraje, sin que esta decisión prejuzgue la decisión que el árbitro pueda adoptar sobre su propia competencia

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La Sentencia del  Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, de 19 de octubre de 2017 considera que “ha de proceder al nombramiento imparcial de los árbitros, caso de haberse convenido la sumisión a arbitraje, sin que esta decisión prejuzgue la decisión que el árbitro pueda adoptar sobre su propia competencia, e incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del convenio arbitral o cualesquiera otras cuya estimación le impida entrar en el fondo de la controversia (art. 22.1º LA). En otras palabras: no es propio del ámbito objetivo de este proceso suplantar la decisión del árbitro sobre su propia competencia, sobre el análisis de la validez del convenio arbitral -más allá de la verificación, prima facie, de su existencia y validez (…)  sobre la comprobación de la arbitrabilidad de la controversia, y mucho menos entrar a resolver acerca de si el thema decidendi que se va a someter a arbitraje queda amparado o no por el convenio arbitral, pues dicho análisis concierne a la decisión de fondo, en sí misma considerada, que el árbitro ha de adoptar al dirimir la concreta contienda que ante él se suscite, entre la que se incluye, como queda dicho, la determinación de los límites de su propia competencia”

El TSJ de Madrid inadmite la recusación de una árbitra por extemporánea y falta de acreditación

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 24 de octubre de 2017. desestima una demanda de anulación contra un laudo arbitral. Para el TSJ “el orden público, cuya infracción se invoca, debe ser entendido en clave constitucional, y la falta de imparcialidad de la árbitro que se alega, de resultar acreditada, sin duda contraviene el orden público, pues como hechos dicho, es contrario al mismo, el Laudo que vulnere los derechos y libertades fundamentales reconocidos en el (..) art. 24 (CE). La verificación de la falta de imparcialidad alegada, como la verificación de la vulneración del orden público en que cabe incluirla, debe constatarse in casu (…) comprobando la real y efectiva contaminación o eliminación de la imparcialidad objetiva y subjetiva que resulta exigible a los miembros de los órganos decisorios de controversias (…) más allá de las meras sospechas o de presunciones basadas en indicio no concluyentes, incapaces de destruir a su vez la presunción de imparcialidad que ha de predicarse de los órganos decisorios, ya sean éstos de naturaleza jurisdiccional, ya integrados en una institución arbitral o que participen de esa naturaleza. En este caso, consta acreditado documentalmente, que la árbitro rechazó su recusación mediante resolución (…) en base a que la misma era extemporánea y basada en motivos completamente ajenos a la realidad, al no existir ningún tipo de amistad entre las partes del procedimiento o sus letrados y la árbitro. Al margen, de la extemporaneidad a la que se refiere la árbitro que en este caso no es tal, puesto que las sospechas de la parte sobre su falta de imparcialidad alegada tienen lugar (…) no el día de su nombramiento, por lo que la misma debe entenderse presentada en plazo, lo cierto es que (…) la falta de imparcialidad debe ser acreditada por quien la alega, y en este caso la demandante nada ha probado al respecto, puesto que el hecho de que en la Secretaria tuvieran el teléfono del letrado nada acredita, puesto que el mismo constaba en la demanda, ni el dato que le llamaran por teléfono, puesto que también lo hicieron con la demandante en la vista celebrada el día 18 de octubre” (…). “No podemos hablar de falta de imparcialidad, ni siquiera en la variante de contaminación, a la que se refiere el apartado cuarto del artículo 17 de la Ley de Arbitraje , pues no concurre ninguna de las causas de recusación legal”.

EL TSJ de Madrid reitera que el Tribunal de anulación puede fiscalizar, desde la perspectiva del control del orden público, la motivación, en general, y la valoración probatoria, en particular, contenidas en el Laudo

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La Sentencia del TSJ de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 24 de octubre de 2017 desestima una demanda de anulación reiterando su doctrina favorable a que el Tribunal de anulación puede fiscalizar, desde la perspectiva del control del orden público, la motivación, en general, y la valoración probatoria, en particular, contenidas en el Laudo que pudieran lesionar el art. 24 CE. Como también puede el Tribunal de anulación fiscalizar que la motivación del Laudo no vulnera los preceptos sustantivos de la Constitución, ni excede de lo que es arbitrable y disponible para las partes y para el propio árbitro”. El TSJ considera que esa situación no concurre en el caso presente.