El Institut de Droit International aprobó en su Sesión de Hyderabad (2017) una Resolución sobre medidas cautelares para los procesos judiciales y arbitrales

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A partir de los trabajos de la “Tercera Comisión”, que contó como relator a Lord Collins of Mapesbury, se aprobó en la sesión de Hyderabad del Institut de Droit International de septiembre de 2017 la Resolución sobre medidas cautelares aplicables a los procesos internacionales e internos, tanto de carácter jurisdiccional como arbitral, en la que se adoptan una serie de los principios relativos a la concesión de este tipo de medidas que contribuirían al desarrollo del Derecho internacional y de los Derechos nacionales en la materia.

Declaración sobre la falta de fundamentación en el Derecho Internacional del referéndum de independencia que se pretende celebrar en Cataluña

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Los profesores Paz Andrés Sáenz de Santa María, Gregorio Garzón Clariana, Araceli Mangas Martín, Xavier Pons Rafols, Antonio Remiro Brotóns, Alejandro del Valle Gálvez y Rafael Arenas García, miembros de la Asociación,” han elaborado una “Declaración sobre la falta de fundamentación en el Derecho Internacional del referéndum de independencia que se pretende celebrar en Cataluña”, que se reproduce más abajo y que queda abierta a la suscripción de los miembros de la AEPDIRI que quieran adherirse a ella hasta las 23.59 horas del día 24 de septiembre de 2017. Para ello debe pincharse aquí.

Texto de la Declaración

 

La aptitud o inaptitud del objeto sobre el que recae un contrato es una cuestión valorativa que corresponde al tribunal arbitral, pues afecta al fondo del asunto

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 4 de julio de 2017, desestima una demanda de anulación de un laudo arbitral. La Sala rechaza la pretensión de la actora según la cual, el TSJ debia declarar que, ante la situación descrita en el laudo, necesariamente deberá haberse declarado ajustada a derecho la resolución unilateral que realizó esta demandante. Según la Sala “la aptitud o inaptitud del objeto sobre el que recae un contrato es una cuestión valorativa que corresponde a quien debe resolver la controversia, en este caso el tribunal arbitral, quien a la vista de las pruebas practicadas y los actos de los contratantes concluyó que el hotel había sido explotado como tal y que no se daban las
condiciones para la resolución del contrato. Es evidente que tal declaración, afectante al fondo de las cuestiones debatidas en el arbitraje, no compete hacer a este Tribunal”.

Anulación de un laudo arbitral dictado por un colegio arbitral integrado por un número par de árbitros

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 11 de junio de 2017 desestima una acción de anulación contra un laudo arbitral procedente de un arbitraje administrado por la Junta Arbitral de Transporte de Madrid por haber sido dictado por un colegio arbitral integrado por un número par de árbitros. La sala considera que lo dispuesto en el art. 9 del Reglamento de aplicación de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, literalmente aplicado, “no encuentra acomodo en la remisión ‘a las normas de desarrollo’ que efectúa el art. 37.1º LOTT y tampoco en el reenvío al ejercicio de la potestad reglamentaria por el Gobierno, que ha de regular el procedimiento arbitral, según dispone el art. 38.1º LOTT. A falta de previsión especial en la Ley específica, la LOTT, de la que pudiera inferirse una norma como el art. 9.7º ROTT, deben constituir límite del ejercicio de la potestad reglamentaria los contenidos en las normas con rango de ley vigentes y, en particular, en la Ley de Arbitraje . Y máxime cuando el propio art. 38.1º LOTT atribuye a los Laudos dictados por las Juntas Arbitrales ‘los efectos previstos en la legislación general de arbitraje’: ninguna duda cabe de que la eficacia de esos laudos es la prevista en la LA -cosa juzgada y vis ejecutiva-, pero, en lógica consecuencia, también se ha de entender condicionada dicha eficacia a la no concurrencia de los motivos de anulación establecidos por la propia LA, como por otra parte establece expresamente el art. 9.8º ROTT. No cabe inferir de la LOTT  una habilitación al titular de la potestad reglamentaria para ordenar el procedimiento arbitral de forma que permita dictar los Laudos con una composición de la Junta en abierta contradicción con el art. 12.1º de la vigente Ley de Arbitraje .

Alcance de la noción de cosa juzgada en el ámbito de la anulación de un laudo arbitral en contencioso derivado de un contrato de franquicia

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 11 de julio de 2017, desestima una acción de anulación afirmando que ” el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1º CE protege y garantiza la eficacia de la cosa juzgada material, tanto en su aspecto negativo o excluyente de nuevos pronunciamientos judiciales con idéntico objeto procesal al ya resuelto en Sentencia firme, como en su aspecto positivo o prejudicial, impidiendo que los Tribunales -o los Árbitros-, en un proceso seguido entre los mismos sujetos, puedan desconocer o contradecir las situaciones jurídicas declaradas o reconocidas en una Sentencia o Laudo que haya adquirido firmeza. Por más que la trascendencia constitucional -y, en esta medida, la virtualidad para afectar al orden público como causa de anulación- del alcance que quepa atribuir a la cosa juzgada esté en función de que la decisión adoptada por el órgano judicial o, en este caso, por el árbitro resulte incongruente, arbitraria o irrazonable, desproporcionada o incursa en error patente”. Para la Sala, en el presente procedimiento no se trata de las mismas partes, tal y como recoge el Laudo impugnado y no puede que exista identidad de partes cuando en los contratos consta que el franquiciador y el franquiciado por mucho que los mismos se hayan celebrado teniendo en cuenta las cualidades personales de la Sra. H., pues ello es así para conseguir el éxito en el punto de venta y por tanto el crecimiento de la cadena franquiciadora, sin que ese carácter “intuitu personae” de los contratos que se desprende tanto de los documentos de información precontractual, como del propio contrato, traiga como consecuencia que existe una identidad de partes entre un anterior procedimiento arbitral derivado de los contratos celebrados entre A.A.E, S.A. y S.O., S.L., y los contratos a los que se refiere el presente procedimiento celebrados entre la primera y P.O. S.L.U., ya que para que opere la función positiva o prejudicial, que en este caso se alega por la demandante, se exige identidad de partes, es decir que las partes del proceso pendiente sea jurídicamente idéntica a los sujetos a quien se extienda la cosa juzgada producida por aquella resolución, y en el supuesto analizado no podemos hablar de identidad jurídica de partes, se trata, en definitiva de sociedades distintas.

El deudor puede oponerse al reconocimiento de un laudo extranjero pero si no lo hace, el crédito derivado del mismo ha de reconocerse con todos los derechos que corresponden a su titular en el concurso

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, de 12 de junio de 2017 declara que “Un laudo arbitral (…) es un título que lleva aparejado ejecución. En el caso de un laudo arbitral extranjero, como es el caso de la Cámara de Comercio Internacional de París, de acuerdo con lo establecido en el art. 523.1 LEC “se estará a lo dispuesto en los Tratados internacionales y a las disposiciones legales sobre cooperación jurídica internacional”. En el mismo sentido el art. 46.2 Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje establece que (…). Es conveniente aclarar que en el caso del concurso, la competencia para el reconocimiento del laudo extranjero corresponde al juez del concurso, conforme lo previsto en el art. 44 de la Ley 29/2015, de 30 de julio , de cooperación jurídica internacional en materia civil”.

Firma del Acuerdo Marco entre la Unión Europea y sus Estados miembros, y Australia para profundizar la cooperación en seguridad, clima y economía

Australia y la Unión Europea firman un acuerdo de cooperación

La Alta Representante de Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea, Federica Mogherini, y la ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Julie Bishop, han firmado en Manila el 7 de marzo de 2017 un Acuerdo Marco entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Australia, por otra . Dicho acuerdo pretende para fortalecer la cooperación entre Bruselas y Canberra en materia de seguridad y acción exterior, lucha contra el cambio climático y economía entre otras y servirá para adelantar los trabajos previos a las negociaciones de un acuerdo de libre comercio global. Asimismo, el acuerdo permitirá abordar “desafíos” en los cuestiones como la acción exterior y la seguridad, el cambio climático, el desarrollo sostenible, la economía y el comercio. La UE ha afirmado además que impulsará unos vínculos más cercanos entre los líderes políticos, las empresas y la sociedad civil.