Un nacional de un Estado no perteneciente a la UE, miembro de la familia de un ciudadano de la Unión, puede disfrutar de un derecho de residencia en el Estado miembro en el que ese ciudadano haya residido antes de adquirir la nacionalidad de dicho Estado además de su nacionalidad de origen

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La Sentencia del Tribunal de Justicia, Gran Sala, de 14 de noviembre de 2017, asunto C-165/16: Lounes el Tribunal de Justicia comienza recordando que la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento no otorga ningún derecho autónomo a los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que sean nacionales de un Estado no perteneciente a la UE, sino únicamente derechos derivados de aquellos de los que disfruta el ciudadano de la Unión de que se trate por el hecho de ejercer su libertad de circulación. A continuación, el Tribunal de Justicia señala que, de conformidad con la Directiva, son beneficiarios de los derechos que ésta confiere los ciudadanos de la Unión que se trasladen a, o residan en, un «Estado miembro distinto del Estado del que tenga[n] la nacionalidad», así como los miembros de sus familias que los acompañen o se reúnan con ellos. Además, el Tribunal de Justicia subraya que la Directiva, que enmarca las condiciones de ejercicio del derecho de los ciudadanos de la Unión a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, no pretende regular la residencia de los ciudadanos de la Unión en un Estado miembro del que son nacionales, puesto que éstos disponen en dicho Estado de un derecho de residencia incondicionado en virtud de un principio de Derecho Internacional. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia considera que la Directiva únicamente regula los requisitos de entrada y residencia de un ciudadano de la Unión en Estados miembros distintos del de su nacionalidad y, por ende, no puede servir de base a un derecho de residencia derivado en favor de los nacionales de un Estado no perteneciente a la UE, miembros de la familia de un ciudadano de la Unión, en el Estado miembro del que éste es nacional.

La nota de flexibilidad permite una interpretación amplia y extensiva tanto del ámbito del convenio arbitral como de la delimitación del objeto de la controversia en el seno del procedimiento arbitral

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 26 de septiembre de 2017, desestima una acción de anulación contra un laudo arbitral afirmand, entre otras cosas, que:  “Los árbitros pueden resolver cuestiones que sean consecuencia lógica y obligada de las que se han planteado, conclusiones derivadas de la naturaleza jurídica del compromiso arbitral que se hallan corroboradas por la interpretación que ha de darse al acuerdo contractual delimitador de aquellas cuestiones controvertidas y pendientes objeto de arbitraje; en cuya operación ha de tenerse en cuenta el espíritu y finalidad que haya presidido el negocio infiriéndolos de las circunstancias concurrentes y de la total conducta de los interesados, teniendo importancia muy relevante, la conexión que el acto o negocio guarde con otros que le hayan servido de antecedente. La nota de flexibilidad permite una interpretación amplia y extensiva tanto del ámbito del convenio arbitral como de la delimitación del objeto de la controversia en el seno del procedimiento arbitral, que se extiende a cuantas cuestiones instrumentales o derivadas pudieran surgir en relación a la controversia principal. La congruencia no tiene otra exigencia que la derivada de la conformidad que ha de existir entre la sentencia y las pretensiones que constituyen el objeto del proceso y existe congruencia ahí donde la relación entre estos dos últimos términos, fallo y pretensiones deducidas no estén sustancialmente alteradas (…). La congruencia exigible al laudo se predica de las concretas pretensiones contenidas en los escritos de las partes, y no de las meras alegaciones o argumentaciones aportadas por las mismas en defensa o apoyo de aquellas (…). Lo expuesto, no significa, que se puedan resolver cuestiones distintas, ajenas a lo que fue debatido y sometido a arbitraje, porque si fuera así no estaría previsto como motivo de anulación la causa referida en el ap. c) punto primero del art. 41 LA; ahora bien, para examinar, si el motivo ha de prosperar o no, es preciso además no olvidar que la intervención ha de ser mínima por parte del tribunal, y, que la congruencia de lo resuelto ha de examinarse de forma no rígida sino flexible, atendiendo a lo que fue pretendido por las partes a través de sus alegaciones, y todo ello sin olvidar que la demanda de anulación no es una instancia de apelación a través de la que subsanar errores u omisiones en que pudiera incurrir el laudo para completarlo, ni tampoco una instancia tendente a que se examine la corrección o no de lo resuelto”.

Una acción meramente declarativa de competencia desleal no neutraliza la cláusula de sumisión al arbitraje

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, de 20 de octubre de 2017, estima una declinatoria arbitral, sustentada en la existencia de una cláusula de sumisión a arbitraje contenida en el único contrato escrito firmado por ambas partes  titulada “contrato de agencia general de ventas”. En consecuencia declara la falta de jurisdicción del Juzgado de lo Mercantil, y ordena someterse la cuestión al arbitraje pactado. Considera la Audiencia que bajo la apariencia formal del ejercicio acumulado de tres acciones distintas, en realidad la demandante ejercita una acción principal de reclamación de indemnización de daños y perjuicios -daño emergente e indemnización por clientela- que trae causa de un único contrato, acción a la que acumula otra sin ningún contenido concreto, más allá de la mera declaración de la infracción de la Ley de Competencia Desleal, que también puede dilucidarse en el proceso arbitral. Concretamente la Audiencia estima que: “tampoco la acción meramente declarativa de competencia desleal neutraliza la cláusula de sumisión al arbitraje (…).  La competencia desleal no es una materia excluida del arbitraje y la estrecha relación de la acción ejercitada con la acción contractual -tiene por fundamento los mismos hechos- determina que también quede afectada por la cláusula arbitral. En cualquier caso, de entenderse que se trata de una acción autónoma a la que no le alcanza el pacto de sumisión a arbitraje, habría que concluir que la actora no se ha ajustado a las reglas de la buena fe, como exigen los artículos 11.2º de la LOPJ y 247 LEC, dado que habría interpuesto una acción declarativa sin ningún efecto con la única intención de eludir el arbitraje”.

Acción interpuesta por una sociedad que tiene su domicilio en otro Estado miembro, contra el cesionario de una rama de actividad de la sociedad sujeta al procedimiento de insolvencia

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La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Primera, de 9 de noviembre de 2017, asunto  C‑641/16: Tünkers France y Tünkers Maschinenbau declara que “El art. 3, ap. 1, del Reglamento nº 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia, debe interpretarse en el sentido de que no está incluida en la competencia del órgano jurisdiccional que abrió el procedimiento de insolvencia una acción de indemnización por competencia desleal mediante la que se reprocha al cesionario de una rama de actividad adquirida en el marco de un procedimiento de insolvencia haberse presentado de forma engañosa como el distribuidor exclusivo de artículos fabricados por el deudor”.

Admisión de un recurso contra una denegación de execuátur por considerarse “demasiado rigorista” no adjuntar la documentación pertinente

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El Auto de la Audiencia Provincial de Cuenca, Sección Primera, de 26 de septiembre de 2017, estima un recurso de apelación contra una auto del Juzgado que denegó la ejecución de una sentencia de divorcio extranjera por no adjuntar la documentación pertinente. La Audiencia considera que “que la exigencia del Juzgado viene a ser demasiado rigorista. Las normas se deben interpretar en relación con el contexto, (art. 3.1º Cc), y si la propia Ley 29/2015, de 30 de julio, permite que el extremo relativo al contenido de algún documento pueda constar “…en la propia resolución…”, (véase el artículo 54.4.c de dicha Ley 29/2015 ), no parece desacertado interpretar que, en principio y al menos para la admisión de la solicitud, (y con independencia de lo que pueda resultar y decidirse durante el desarrollo ulterior del expediente), también estaría permitido que el específico extremo pretendido por el Juzgado de primera instancia de Tarancón, (documento que acredite si la Resolución se dictó en rebeldía, la entrega o notificación de la célula de emplazamiento o el documento equivalente), conste en la propia Resolución. Y aquí resulta que dicho extremo ya se refleja en la propia Sentencia dictada en el Reino de Marruecos, (el esposo intervino en el proceso, como demandante, asistido de Letrado), ya que en ella figura, entre otros datos, lo siguiente, (…)”.

No ha lugar a la oposición a la ejecución de una resolución extranjera en materia de alimentos sustentada en que no viene acompañada de la correspondiente certificación

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El Auto de la Audiencia Provincial de Tarragona, Sección Primera, de 23 de junio de 2017, confirma no haber lugar a la oposición a la ejecución instada por el Abogado del Estado de la una Sentencia dictada  por el Tribunal Regional de VI, Sección de lo Familiar y de Menores. Según la Audiencia “en el caso de autos la oposición se fundó exclusivamente en la concurrencia de motivos procesales dado que se sostiene por el ejecutado que no se acompaña la certificación de la resolución extranjera de cuya ejecución se trata, alegato rechazado por el Juez a quo en base a que lo exigible es únicamente la certificación del un extracto de la resolución, tal y como se dispone en el art. 28 del Reglamento 4/2009 (Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo, de 18 diciembre 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos), tal como mantiene el Abogado del Estado en su oposición, en todo caso, de no estimarse impondría no la solución pretendida por el ejecutado sino la subsanación del defecto, por lo que el recurso no procede admitirlo, convirtiéndose ello en causa de desestimación del mismo en razón al momento procesal”.

Nulidad del matrimonio por ausencia de una auténtica vinculación emocional que acompaña al conocimiento humano de aquel con quien se asume el compromiso vital

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoctava, de 7 de julio de 2017 confirma la nulidad y sin efecto alguno el matrimonio contraído entre un español y un brasileño en el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat. Tras referirse a la doctrina jurisprudencial y registral sobre el tema la Audiencia considera que en el presente caso, “pese a las alegaciones de los recurrentes, es lo cierto que tras el visionado de la grabación de la vista celebrado no puede mas que llegarse a la misma conclusión que aquella que se declaro en la instancia, es decir, la procedencia de la nulidad del matrimonio , ante las evidentes contradicciones en que incurren los interesados, contradicciones que por otra parte ya se advertían en el expediente previo a la celebración del matrimonio, de modo que el posterior expediente administrativo y la prueba practicada en la vista no hacen mas que resaltar la falta de una auténtica vinculación emocional que acompaña al conocimiento humano de aquel con quien se asume el compromiso vital”.