Reagrupación de extranjero no comunitario aunque el familiar reagrupante no acredite ingresos económicos suficientes

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La Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Sevilla nº 9, de  21 de diciembre de 2017 estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto a instancias de don A.o representado y defendido por el letrado don (…) contra la Subdelegación del Gobierno en Sevilla representado y defendida por el Abogado del Estado contra las resoluciones de 3 de febrero de 3 de mayo de 2016 de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla recaídas en el expediente de solicitud de tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión Europea número… y en consecuencia, anula la resolución impugnada por no ser ajustada a Derecho y ordena a la Administración demandada a que conceda la autorización solicitada por el recurrente, todo ello sin expresa imposición de las costas procesales. .Dicho recurrente había solicitado una tarjeta de familiar de residente de la Unión alegando ser hijo menor de 21 años del ciudadano español. El fallo es consecuencia del análisis de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Tribunal Constitucional y de la normativa internacional de derechos humanos, aunque más que razonamiento es un cosido de disposiciones y normas carente de hilo conductor.

Adquisición de la nacionalidad española en interés de una menor

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El Auto de la Audiencia Provincial de Lleida, Sección Segunda, de 28 de septiembre de 2017 confirma la decisión, en autos de jurisdicción voluntaria, de atribuir a la madre de una menor la facultad de decidir en la tramitación de un expediente de obtención de la nacionalidad española. Argumenta el apelante que siendo ambos progenitores marroquíes y un hermano que vive en Marruecos también, no tiene interés para la menor el cambio de nacionalidad de origen. Resulta pero que esa nacionalidad de origen se tiene por ius sanguinis, es decir por ser hija de padres marroquíes, pero en realidad la niña ha nacido en España, tiene aquí arraigo pues su madre vive aquí desde hace años, está escolarizada aquí, tiene una hermana que vive con ella que ya ha adquirido la nacionalidad española y su situación legal depende, si conserva la nacionalidad marroquí, de la de sus padres, que para continuar viviendo aquí requieren del oportuno permiso de residencia. Sin embargo la Audiencia considera que “la adquisición de la nacionalidad española no ha de causarle ningún perjuicio sino todo lo contrario, ya que le permitirá acceder a los derechos de los nacionales españoles. Pero es que además, ninguna razón se da en el recurso para entender que esa decisión pueda causarle algún perjuicio, ni se argumenta que haya intención de trasladar su domicilio a Marruecos o que con ello vaya a perder algún derecho siendo que la niña desde su nacimiento ha vivido en España. La decisión del juez de primera instancia es racional y totalmente lógica ajustándose al interés de la menor por lo que procede su confirmación”.

Desestimación de una declinatoria arbitral por tratarse de una reclamación vinculada a un contrato de préstamo y no un conflicto entre socios de una sociedad

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Lérida, Sección Segunda, de 9 de  octubre de 2017 confirma la Sentencia del Juzgado de Primera instancia que estimó “íntegramente la demanda y condena a los tres codemandados -Agri Sociedad Civil Particular, Sr. Edemiro y Sra. Clara – a devolver a la mercantil actora, Ilerpro S.L. las cantidades reclamadas, en virtud del crédito que la actora ostenta contra los demandados al haber pagado la deuda que la SCP tenía frente a la entidad Caixa Sabadell. Los demandados interponen recurso reiterando las excepciones planteadas en primera instancia sobre falta de jurisdicción, por sumisión a arbitraje, y falta de legitimación pasiva de la Sra. Clara y de Agri SCP, y falta de legitimación activa. En cuanto a la primera -sumisión de la cuestión litigiosa a arbitraje- invocan el art. 15 de los Estatutos sociales, alegando que resulta de aplicación al caso porque estamos ante un préstamo concedido por la sociedad a título particular al Sr. Edemiro, y aunque se admitiera que el préstamo se concedió igualmente a la Sra. Clara resulta que tanto uno como otro son socios de Ilerpro S.L., sin que pueda considerarse como una operación al margen del ámbito societario, siendo que la propia actora hacía constar en el documento nº12 de los aportados con la demanda que la reclamación judicial no tiene ninguna relación con las divergencias personales y familiares existentes sino que se trata de una crédito a socios, por lo que al estar ante cuestiones entre la entidad y los socios ha de aplicarse la sumisión a arbitraje. El art. 15 de los Estatutos de la sociedad Ilerpro S.L. establece que: “cualquier duda, cuestión o discrepancia que pudiera plantearse entre la sociedad, los administradores o apoderados y los accionistas, tanto durante la vida de la sociedad como en el periodo de su liquidación, sin más excepciones que las imperativamente establecidas por la Ley, deberán someterse al arbitraje de equidad que regula la Ley de 5 de diciembre de 1989, a cuyo fin las partes discrepantes vendrán obligadas a realizar cuantos actos sean necesarios para que el arbitraje pueda tener efecto y, en particular, a la designación de los árbitros y determinación del tema controvertido”. La cuestión ha sido debidamente resuelta en primera instancia (…)-en el que se destaca que la demanda se interpone en virtud de un contrato de préstamo, sin que conste la existencia de pacto alguno para que las discrepancias surgidas en relación con el mismo se sometan a arbitraje, como en el auto de 4 julio 2013 que desestima el recurso de apelación planteado con la anterior resolución, añadiendo que no estamos ante un conflicto entre socios sino entre sociedades vinculadas por un contrato, sin que se planteen dudas interpretativas o discrepancias por asuntos societarios. Estos razonamientos son totalmente acertados pues basta acudir al escrito de demanda para advertir que la reclamación dineraria no se plantea entre la sociedad Ilerpro S.L.y uno o varios socios por su condición de tal. La reclamación se formula contra Agri SCP por ser ésta con quien se concertó el préstamo y, además, contra los dos socios de esta sociedad civil particular, el Sr. Edemiro y su madre, la Sra. Clara , como deudores subsidiarios respectos de la SCP, y solidarios entre sí. El hecho de que estos dos codemandados sean también socios de la mercantil actora no implica que estemos ante una de aquellas cuestiones o discrepancias que según el art. 15 de los Estatutos deben someterse a arbitraje de equidad pues lo cierto es que no han sido traídos a esta litis en su condición de socios de Ilerpro S.L sino de Agri SCP y, por ende, la controversia no se ha planteado entre la sociedad actora y sus socios, por muchos que existan lazos familiares entre los socios de ambas sociedades, que son los que determinan su participación en una y otra sociedad”.

El TSJ considera que la motivación de un laudo no incurre en arbitrariedad lesiva del art. 24.1º CE , por infracción de las normas imperativas y de la jurisprudencia aplicables

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 31 de octubre de 2017 (Ponente: Jesús María Santos Vijande) desestima una acción de anulación contra un laudo arbitral. En sus  consideraciones se asevera que la “sala no puede compartir que, en una simplificación extrema y carente de justificación, se pretenda asimilar la infracción del orden público, como motivo de anulación del laudo, a la mera comisión de una suerte de ‘error patente’ -apreciable sin necesidad de elucubración alguna-; o que, como a veces se ha propugnado, se aduzca a favor de la inexistencia de infracción del orden público que el Tribunal enjuiciador haya de efectuar argumentaciones complejas para su apreciación”. Reiterando una doctrina reiterada por El TSJ de Madrid la Sala recuerda que “el Tribunal que conoce de la acción de anulación pueda revisar la valoración de la prueba efectuada por el árbitro en los supuestos, que no son pocos, en que una determinada valoración de la prueba lesiona el art. 24.1 CE . También puede el Tribunal de anulación fiscalizar, desde la perspectiva del control del orden público, la motivación, en general, y la valoración probatoria, en particular, contenidas en el Laudo que pudieran lesionar el art. 24 CE . Como también puede el Tribunal de anulación fiscalizar que la motivación del Laudo no vulnera los preceptos sustantivos de la Constitución, ni excede de lo que es arbitrable y disponible para las partes y para el propio árbitro”. En el caso presente el TSJ de Madrid considera que “el razonamiento del Laudo, cuando considera no caducada la acción que ante él ejercita G., en absoluto vulnera el orden público: muy por el contrario, en las circunstancias del caso, aplicar la nueva y más restrictiva doctrina jurisprudencial sí hubiera vulnerado el derecho de acceso a la Jurisdicción -o al arbitraje como equivalente jurisdiccional de la misma- de G. y el principio de seguridad jurídica, la confianza legítima en la que G. podía ampararse para justificar su pasividad ante las numerosas y consecutivas liquidaciones negativas que vino recibiendo en cumplimento del contrato durante casi cinco años y hasta su vencimiento”.

Procedimiento de consulta entre el Estado miembro que procede a la inscripción y el Estado miembro que expidió el permiso de residencia en ausencia de pronunciamiento del Estado contratante consultado

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La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Quinta, de 16 de de enero de 2018 se pronuncia sobre una cuestión prejudicial suscitada por el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Finlandia. In casu, El Sr. E.  titular de un permiso de residencia expedido por el Estado español y válido hasta el 11 de febrero de 2018, que vivió 14 años en España, donde tiene lazos familiares, fue condenado en Finlandia, a una pena de cinco años de prisión por diferentes infracciones de la legislación sobre estupefacientes. Mediante decisión de 21 de enero de 2015, la Oficina Nacional de Inmigración ordenó el retorno sin demora a Nigeria del recurrente en el litigio principal, decisión que se acompañó de una prohibición de entrada en el espacio Schengen hasta nueva orden. La Oficina motivó su decisión en el riesgo para el orden público y la seguridad nacional que representaba E habida cuenta de los delitos que había cometido. Conforme al art. 25, apartado 2, del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa, relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen el 19 de junio de 1990, la Oficina consultó, el 26 de enero de 2015, a las autoridades españolas competentes para determinar si tales motivos eran suficientes para retirar el permiso de residencia que el Estado español había concedido al recurrente en el litigio principal. A falta de respuesta de dichas autoridades, la Oficina reiteró su consulta el 20 de junio de 2016. A petición de esas mismas autoridades, la Oficina les transmitió la sentencia penal que condenó a E. Posteriormente, otras dos consultas de la Oficina quedaron sin respuesta. En su respuesta, el Tribunal de Justicia Declara que “el art. 25, apartado 2, del referido Convenio, debe interpretarse en el sentido de que, si bien el Estado contratante que tenga la intención de adoptar una decisión de retorno acompañada de una prohibición de entrada y estancia en el espacio Schengen contra un nacional de un tercer país titular de un permiso de residencia válido expedido por otro Estado contratante está facultado para incoar el procedimiento de consulta previsto en dicha disposición incluso antes de adoptar la referida decisión, la incoación de ese procedimiento será en cualquier caso obligatoria una vez que se haya adoptado tal decisión. Asimismo, el referido precepto debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que la decisión de retorno acompañada de una prohibición de entrada adoptada por un Estado contratante respecto a un nacional de un tercer país titular de un permiso de residencia válido expedido por otro Estado contratante sea ejecutada aun cuando siga en curso el procedimiento de consulta previsto en esta disposición, en la medida en que el Estado contratante informador considere que dicho nacional representa una amenaza para el orden público o la seguridad nacional, sin perjuicio de la facultad del referido nacional para ejercer los derechos que le otorga ese permiso de residencia dirigiéndose posteriormente al territorio del segundo Estado contratante. No obstante, transcurrido un plazo razonable tras la incoación del procedimiento de consulta sin que haya habido respuesta del Estado contratante consultado, corresponderá al Estado contratante informador proceder a retirar la inscripción como no admisible y, en su caso, inscribir al nacional de un tercer país en su lista nacional de personas no admisibles. Por último, dicho precepto debe interpretarse en el sentido de que el nacional de un tercer país, titular de un permiso de residencia válido expedido por un Estado contratante y contra el cual se ha adoptado, en otro Estado contratante, una decisión de retorno acompañada de una prohibición de entrada, puede invocar ante el juez nacional efectos jurídicos derivados del procedimiento de consulta que incumbe al Estado contratante informador, así como las exigencias que de él se desprenden”.

Para excluir las resoluciones sobre quiebra del ámbito de aplicación del Reglamento 44/2001, es preciso que se mantengan dentro del marco de un procedimiento de liquidación de bienes

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El Auto de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección Quinta, de 21 de julio de 2017, confirma la ejecutividad de una resolución, dictada por el Juzgado de distrito de Herning, Dinamarca decretada por el Juzgado. Considera la Sala que “olvida la recurrente resaltar que en esta sentencia se declaró que para excluir las resoluciones judiciales relativas a una quiebra del ámbito de aplicación del Reglamento 44/2001, es preciso que emanen directamente de la quiebra y se mantengan dentro del marco de un procedimiento de liquidación de bienes o de suspensión de pagos; esto es, que es necesaria la existencia de una conexión directa entre la acción judicial y el procedimiento de insolvencia, y la sentencia danesa objeto de este procedimiento no debe incluirse en los supuestos de exclusión del ámbito del tan citado Reglamento, ya que la situación de concurso en la que se haya Audiorema Danmark, A/S, nada tiene que ver con la sentencia dictada, la cual resuelve un procedimiento de reclamación de una deuda que es totalmente independiente y que no es consecuencia directa de la situación de concurso. Y por ello, en el título ejecutivo no se cuestiona ni la situación concursal de Audiorema Danmark A/S, ni los convenios alcanzados entre el concursado y los acreedores, ni las deudas o los créditos concursales, por no ser ésta una sentencia que derive de un procedimiento concursal”.

La eficacia del arbitraje internacional requiere, como uno de los principios esenciales, el respeto de las reglas, normas y prácticas fijadas en el país en el que se desarrolla el arbitraje

El Auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 2 de noviembre de 2017 (Ponente: Francisco Javier Vieira Morante), reconoce la eficacia en España de un laudo arbitral pronunciado por un árbitro único en el seno de la Chambre D’Arbitrage et de Médiation de la ASBL (Bélgica) en aplicación del Convenio de Nueva York de 1958. Según la Sala “debe señalarse en primer lugar, con carácter previo, que la controversia surgida entre las partes y sometida al arbitraje del que se derivó el laudo sujeto a reconocimiento es perfectamente susceptible de ser resuelta por vía de arbitraje. El art. 9, ap. 6, de la Ley de Arbitraje dispone que cuando el arbitraje fuere internacional, el convenio arbitral será válido y la controversia será susceptible de arbitraje si cumplen los requisitos establecidos por las normas jurídicas elegidas por las partes para regir el convenio arbitral, o por las normas jurídicas aplicables al fondo de la controversia, o por el Derecho español. Y, al menos conforme al Derecho español, el litigio que se plasma en el laudo arbitral no es de los excluidos al arbitraje en nuestro ordenamiento jurídico, pues se han resuelto controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho (art. 2 de la Ley de Arbitraje ), surgidas en el cumplimiento de un contrato referido a asesoramiento y servicios de producción para el proyecto de vuelo fotogramétrico para la producción de ortofotos incluidas en al Plan Nacional de ortofotografía aérea en el ámbito de Castilla La Mancha norte. La eficacia del arbitraje internacional requiere además, como uno de los principios esenciales para su mantenimiento, el respeto de las reglas, normas y prácticas fijadas en el país en el que se desarrolla el arbitraje, sin contrastarlas necesariamente con las aplicables en el Estado en el que se solicita el reconocimiento de la resolución arbitral, salvo que se apreciara una infracción intolerable de los principios esenciales exigibles en nuestro ordenamiento jurídico. Por ello, no pueden trasladarse miméticamente al procedimiento arbitral seguido en otro país las normas procesales seguidas en España, por más que estén consolidadas en la reglamentación procesal. No se aprecia, por tanto, que el reconocimiento o la ejecución del laudo arbitral pudiera ser contrario al orden público de España”.