La aptitud o inaptitud del objeto sobre el que recae un contrato es una cuestión valorativa que corresponde al tribunal arbitral, pues afecta al fondo del asunto

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 4 de julio de 2017, desestima una demanda de anulación de un laudo arbitral. La Sala rechaza la pretensión de la actora según la cual, el TSJ debia declarar que, ante la situación descrita en el laudo, necesariamente deberá haberse declarado ajustada a derecho la resolución unilateral que realizó esta demandante. Según la Sala “la aptitud o inaptitud del objeto sobre el que recae un contrato es una cuestión valorativa que corresponde a quien debe resolver la controversia, en este caso el tribunal arbitral, quien a la vista de las pruebas practicadas y los actos de los contratantes concluyó que el hotel había sido explotado como tal y que no se daban las
condiciones para la resolución del contrato. Es evidente que tal declaración, afectante al fondo de las cuestiones debatidas en el arbitraje, no compete hacer a este Tribunal”.

Anulación de un laudo arbitral dictado por un colegio arbitral integrado por un número par de árbitros

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 11 de junio de 2017 desestima una acción de anulación contra un laudo arbitral procedente de un arbitraje administrado por la Junta Arbitral de Transporte de Madrid por haber sido dictado por un colegio arbitral integrado por un número par de árbitros. La sala considera que lo dispuesto en el art. 9 del Reglamento de aplicación de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, literalmente aplicado, “no encuentra acomodo en la remisión ‘a las normas de desarrollo’ que efectúa el art. 37.1º LOTT y tampoco en el reenvío al ejercicio de la potestad reglamentaria por el Gobierno, que ha de regular el procedimiento arbitral, según dispone el art. 38.1º LOTT. A falta de previsión especial en la Ley específica, la LOTT, de la que pudiera inferirse una norma como el art. 9.7º ROTT, deben constituir límite del ejercicio de la potestad reglamentaria los contenidos en las normas con rango de ley vigentes y, en particular, en la Ley de Arbitraje . Y máxime cuando el propio art. 38.1º LOTT atribuye a los Laudos dictados por las Juntas Arbitrales ‘los efectos previstos en la legislación general de arbitraje’: ninguna duda cabe de que la eficacia de esos laudos es la prevista en la LA -cosa juzgada y vis ejecutiva-, pero, en lógica consecuencia, también se ha de entender condicionada dicha eficacia a la no concurrencia de los motivos de anulación establecidos por la propia LA, como por otra parte establece expresamente el art. 9.8º ROTT. No cabe inferir de la LOTT  una habilitación al titular de la potestad reglamentaria para ordenar el procedimiento arbitral de forma que permita dictar los Laudos con una composición de la Junta en abierta contradicción con el art. 12.1º de la vigente Ley de Arbitraje .

Alcance de la noción de cosa juzgada en el ámbito de la anulación de un laudo arbitral en contencioso derivado de un contrato de franquicia

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 11 de julio de 2017, desestima una acción de anulación afirmando que ” el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1º CE protege y garantiza la eficacia de la cosa juzgada material, tanto en su aspecto negativo o excluyente de nuevos pronunciamientos judiciales con idéntico objeto procesal al ya resuelto en Sentencia firme, como en su aspecto positivo o prejudicial, impidiendo que los Tribunales -o los Árbitros-, en un proceso seguido entre los mismos sujetos, puedan desconocer o contradecir las situaciones jurídicas declaradas o reconocidas en una Sentencia o Laudo que haya adquirido firmeza. Por más que la trascendencia constitucional -y, en esta medida, la virtualidad para afectar al orden público como causa de anulación- del alcance que quepa atribuir a la cosa juzgada esté en función de que la decisión adoptada por el órgano judicial o, en este caso, por el árbitro resulte incongruente, arbitraria o irrazonable, desproporcionada o incursa en error patente”. Para la Sala, en el presente procedimiento no se trata de las mismas partes, tal y como recoge el Laudo impugnado y no puede que exista identidad de partes cuando en los contratos consta que el franquiciador y el franquiciado por mucho que los mismos se hayan celebrado teniendo en cuenta las cualidades personales de la Sra. H., pues ello es así para conseguir el éxito en el punto de venta y por tanto el crecimiento de la cadena franquiciadora, sin que ese carácter “intuitu personae” de los contratos que se desprende tanto de los documentos de información precontractual, como del propio contrato, traiga como consecuencia que existe una identidad de partes entre un anterior procedimiento arbitral derivado de los contratos celebrados entre A.A.E, S.A. y S.O., S.L., y los contratos a los que se refiere el presente procedimiento celebrados entre la primera y P.O. S.L.U., ya que para que opere la función positiva o prejudicial, que en este caso se alega por la demandante, se exige identidad de partes, es decir que las partes del proceso pendiente sea jurídicamente idéntica a los sujetos a quien se extienda la cosa juzgada producida por aquella resolución, y en el supuesto analizado no podemos hablar de identidad jurídica de partes, se trata, en definitiva de sociedades distintas.

El deudor puede oponerse al reconocimiento de un laudo extranjero pero si no lo hace, el crédito derivado del mismo ha de reconocerse con todos los derechos que corresponden a su titular en el concurso

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, de 12 de junio de 2017 declara que “Un laudo arbitral (…) es un título que lleva aparejado ejecución. En el caso de un laudo arbitral extranjero, como es el caso de la Cámara de Comercio Internacional de París, de acuerdo con lo establecido en el art. 523.1 LEC “se estará a lo dispuesto en los Tratados internacionales y a las disposiciones legales sobre cooperación jurídica internacional”. En el mismo sentido el art. 46.2 Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje establece que (…). Es conveniente aclarar que en el caso del concurso, la competencia para el reconocimiento del laudo extranjero corresponde al juez del concurso, conforme lo previsto en el art. 44 de la Ley 29/2015, de 30 de julio , de cooperación jurídica internacional en materia civil”.

En opinión del Abogado General la cláusula de arbitraje incluida en el acuerdo celebrado entre los Países Bajos y Eslovaquia sobre la protección de las inversiones es compatible con el Derecho de la Unión

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En las conclusiones del Abogado General de 19 de septiembre de 2017 en el asunto C-284/16 (Slowakische Republik contra Achmea BV), se considera que  la cláusula de arbitraje incluida en el acuerdo celebrado entre los Países Bajos y Eslovaquia sobre la protección de las inversiones es compatible con el Derecho de la Unión. Para el Abogado General Watheletm que la cláusula controvertida no supone una discriminación basada en la nacionalidad, prohibida por el Derecho de la Unión y, en consecuencia, no infringe el artículo 18 TFUE. En efecto, si bien sólo los inversores neerlandeses están facultados por la cláusula para acudir al tribunal arbitral al objeto de dirimir una controversia relativa a una inversión realizada en Eslovaquia, los inversores de la mayoría de los Estados miembros restantes disfrutan de una protección equivalente sobre la base de los TBI que sus respectivos Estados miembros de origen han celebrado con Eslovaquia. A este respecto, el Abogado General subraya que los inversores procedentes de un Estado miembro que no haya celebrado un TBI con Eslovaquia tampoco sufren una discriminación en razón de su nacionalidad, como consecuencia de la cláusula controvertida. El Abogado General precisa que el Tratado FUE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia exigen que los inversores que procedan de un Estado miembro distinto de Eslovaquia y que se encuentren en territorio eslovaco en una situación regida por el Derecho de la Unión sean tratados del mismo modo que los inversores eslovacos, pero no que los inversores de un tercer Estado miembro.

El Tribunal Supremo reconoce que el Gobierno de Gibraltar está legitimado para ejercer el derecho de rectificación en España

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La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 15 de septiembre de 2017,  ha reconocido que el Gobierno de Gibraltar está legitimado para litigar en España en ejercicio del derecho de rectificación sobre informaciones publicadas en medios de comunicación españoles que sean perjudiciales para las instituciones y la sociedad gibraltareñas. La Sala indica que, aunque Gibraltar no tiene el reconocimiento de Estado independiente en el Derecho internacional, conforme a la legislación interna española reúne los requisitos precisos para reconocerle personalidad jurídica y, por tanto, puede ser parte en un proceso ante los tribunales españoles para ejercer dicho derecho. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Rafael Sarazá Jimena, reconoce al Gobierno de Gibraltar capacidad para ser parte y capacidad procesal, de conformidad con el art. 9.11 del Código civil, que se remite a la ley personal aplicable para determinar la personalidad jurídica y, con ello, la capacidad para ser parte y la capacidad procesal. De este modo, si bien Gibraltar no tiene el reconocimiento de Estado independiente en el Derecho internacional, por tratarse de una colonia de la corona británica, conforme a su legislación interna reúne los requisitos precisos para reconocerle personalidad jurídica y, por tanto, puede ser parte en un proceso ante los tribunales españoles. Por otra parte, la publicación de hechos que afectan a Gibraltar, tanto a personas y empresas radicadas en ella como a sus instituciones, relacionadas con
actividades reprobables y en su mayoría ilícitas (contrabando, blanqueo de capitales, tráfico de drogas, secreto bancario y, en general, conexiones con redes criminales) afecta a las instituciones gibraltareñas, por la permisividad que se atribuye a las autoridades en relación con estas actividades, y resulta negativa para la sociedad gibraltareña en su conjunto. Por ello, la sentencia reconoce al Gobierno de Gibraltar legitimación activa en el ejercicio del derecho de rectificación de las informaciones publicadas.

 

El personal de vuelo dispone de la facultad de dirigirse al juez del lugar a partir del cual cumplan lo esencial de sus obligaciones respecto de su empresa

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La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Segunda , de 14 de septiembre de 2017, asuntos acumulados C‑168/16 y C‑169/16:  Nogueira y otros,  recuerda que en el caso de los litigios relativos a contratos de trabajo, el objetivo de las normas europeas de competencia judicial es proteger a la parte contratante más débil. Dichas normas permiten concretamente que el trabajador demande a su empresa ante el tribunal que considere más cercano a sus intereses, dándole la opción de acudir ante los tribunales del Estado miembro en que tenga su domicilio la empresa o ante los del lugar en que el trabajador desempeñe habitualmente su trabajo. En el caso del sector del transporte aéreo, resulta oportuno en particular determinar en qué Estado miembro se sitúa el lugar a partir del cual el trabajador efectúa sus misiones de transporte, al que vuelve tras dichas misiones, en el que recibe las instrucciones sobre las mismas y en el que organiza su trabajo, y el lugar en que se encuentran sus herramientas de trabajo. En el presente asunto debe tenerse en cuenta asimismo el lugar en que estén estacionadas las aeronaves a bordo de las que se desempeña habitualmente el trabajo. Por lo que se refiere más en particular a la posibilidad de asimilar el concepto de “lugar en el cual, o a partir del cual, el trabajador desempeñare habitualmente su trabajo” al de “base”, el Tribunal de Justicia precisa que, como consecuencia del método indiciario y con el fin de evitar estrategias de elusión, dicho concepto no puede asimilarse a ningún otro que figure en otros actos de Derecho de la Unión, incluido el de “base” que se recoge en un Reglamento de la UE aplicable a la aviación civil.