Un nacional de un Estado no perteneciente a la UE, miembro de la familia de un ciudadano de la Unión, puede disfrutar de un derecho de residencia en el Estado miembro en el que ese ciudadano haya residido antes de adquirir la nacionalidad de dicho Estado además de su nacionalidad de origen

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La Sentencia del Tribunal de Justicia, Gran Sala, de 14 de noviembre de 2017, asunto C-165/16: Lounes el Tribunal de Justicia comienza recordando que la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento no otorga ningún derecho autónomo a los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que sean nacionales de un Estado no perteneciente a la UE, sino únicamente derechos derivados de aquellos de los que disfruta el ciudadano de la Unión de que se trate por el hecho de ejercer su libertad de circulación. A continuación, el Tribunal de Justicia señala que, de conformidad con la Directiva, son beneficiarios de los derechos que ésta confiere los ciudadanos de la Unión que se trasladen a, o residan en, un «Estado miembro distinto del Estado del que tenga[n] la nacionalidad», así como los miembros de sus familias que los acompañen o se reúnan con ellos. Además, el Tribunal de Justicia subraya que la Directiva, que enmarca las condiciones de ejercicio del derecho de los ciudadanos de la Unión a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, no pretende regular la residencia de los ciudadanos de la Unión en un Estado miembro del que son nacionales, puesto que éstos disponen en dicho Estado de un derecho de residencia incondicionado en virtud de un principio de Derecho Internacional. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia considera que la Directiva únicamente regula los requisitos de entrada y residencia de un ciudadano de la Unión en Estados miembros distintos del de su nacionalidad y, por ende, no puede servir de base a un derecho de residencia derivado en favor de los nacionales de un Estado no perteneciente a la UE, miembros de la familia de un ciudadano de la Unión, en el Estado miembro del que éste es nacional.

Calificación registral respecto de un inmueble sin adjuntarse testimoniado en la escritura la preceptiva autorización para la adquisición de dominio o la constitución del derecho real de hipoteca en la Ciudad de Ceuta

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La Resolución de la Dirección de los Registros y del Notariado de 19 de octubre de 2017 confirma ajustada a Derecho el defecto expresado en la nota de calificación registral respecto del inmueble descrito consistente en no haberse acompañado, ni testimoniado en la escritura, la preceptiva autorización para la adquisición de dominio o la constitución del derecho real de hipoteca en la Ciudad de Ceuta (disposición final primera del Reglamento que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, aprobado por el Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero). Para el Organismo directivo “es indudable que hay especificas determinaciones legales aplicables en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla por razón de defensa nacional, independientemente de lo ya dispuesto en la Ley 8/1975, pues se autoriza al Gobierno para dictar en el futuro cualesquiera desarrollos normativos especiales que sean aconsejables según las circunstancias; y fija específicamente una muy concreta limitación que el Gobierno puede establecer mediante la aprobación de la correspondiente norma reglamentaria, cual es la necesidad de autorización del Consejo de Ministros (luego desconcentrada reglamentariamente en las respectivas Delegaciones del Gobierno), para todos los casos de transmisión y gravamen de la propiedad y declaraciones de obra sobre inmuebles sitos en Ceuta y Melilla. Por ello la finalidad de tal limitación específica nada tiene que ver con las genéricas limitaciones impuestas por la Ley 8/1975, cuyo núcleo radica en la distinción entre españoles y extranjeros, lo cual precisamente se corrige para no vulnerar la legislación comunitaria, debiendo repararse además en un dato esencial, cual es que la reforma operada en 1990 respecto de la disposición adicional de la ley tiene como sujetos a las empresas y nacionales de países comunitarios, en tanto que la disposición final primera del Reglamento no tiene ningún sujeto determinado, dada la fórmula inclusiva usada por la norma habilitante (cualquiera que sea la nacionalidad del adquirente), de modo que el origen y fundamentación de la tanta veces referida norma reglamentaria deriva de la potestad delegada al poder Ejecutivo por el Legislativo para dictar los instrumentos normativos necesarios para acomodar las futuras necesidades de defensa nacional en esa Ciudades Autónomas. En suma, estamos ante un evidente supuesto de delegación, vía autorización por parte del legislador al Gobierno, por lo que no cabe entender que se trate de un supuesto de derogación tácita ex lex posterior. Debe añadirse que se ha puesto de relieve cómo la eventual imposición por razones de defensa militar de la necesidad de autorización para nacionales españoles y para comunitarios, por igual (esto es sin discriminar entre nacionales y comunitarios), para acceder a la propiedad de inmuebles en determinadas zonas consideradas estratégicas no se opone a la Constitución Europea, no siendo ocioso recordar que ya con referencia a su antecedente, el art. 73.B) TUE, se determinó por la STJ 13 de julio de 2000 (asunto Albore), sobre la cuestión planteada por la Corte de Apelación de Nápoles a propósito de la exigencia de autorización para la adquisición de inmuebles por dos alemanes en zona estratégica militar italiana, cuando no se exigía este requisito para los nacionales italianos, que el citado artículo 73.B) se oponía a la legislación nacional de que se tratara cuando por razones de defensa militar dispensara a los nacionales de dicho Estado, y sólo a ellos, del deber de solicitar una autorización administrativa para adquirir un inmuebles situado en zona declara de importancia militar”.

Admisión de un recurso contra una denegación de execuátur por considerarse “demasiado rigorista” no adjuntar la documentación pertinente

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El Auto de la Audiencia Provincial de Cuenca, Sección Primera, de 26 de septiembre de 2017, estima un recurso de apelación contra una auto del Juzgado que denegó la ejecución de una sentencia de divorcio extranjera por no adjuntar la documentación pertinente. La Audiencia considera que “que la exigencia del Juzgado viene a ser demasiado rigorista. Las normas se deben interpretar en relación con el contexto, (art. 3.1º Cc), y si la propia Ley 29/2015, de 30 de julio, permite que el extremo relativo al contenido de algún documento pueda constar “…en la propia resolución…”, (véase el artículo 54.4.c de dicha Ley 29/2015 ), no parece desacertado interpretar que, en principio y al menos para la admisión de la solicitud, (y con independencia de lo que pueda resultar y decidirse durante el desarrollo ulterior del expediente), también estaría permitido que el específico extremo pretendido por el Juzgado de primera instancia de Tarancón, (documento que acredite si la Resolución se dictó en rebeldía, la entrega o notificación de la célula de emplazamiento o el documento equivalente), conste en la propia Resolución. Y aquí resulta que dicho extremo ya se refleja en la propia Sentencia dictada en el Reino de Marruecos, (el esposo intervino en el proceso, como demandante, asistido de Letrado), ya que en ella figura, entre otros datos, lo siguiente, (…)”.

No ha lugar a la oposición a la ejecución de una resolución extranjera en materia de alimentos sustentada en que no viene acompañada de la correspondiente certificación

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El Auto de la Audiencia Provincial de Tarragona, Sección Primera, de 23 de junio de 2017, confirma no haber lugar a la oposición a la ejecución instada por el Abogado del Estado de la una Sentencia dictada  por el Tribunal Regional de VI, Sección de lo Familiar y de Menores. Según la Audiencia “en el caso de autos la oposición se fundó exclusivamente en la concurrencia de motivos procesales dado que se sostiene por el ejecutado que no se acompaña la certificación de la resolución extranjera de cuya ejecución se trata, alegato rechazado por el Juez a quo en base a que lo exigible es únicamente la certificación del un extracto de la resolución, tal y como se dispone en el art. 28 del Reglamento 4/2009 (Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo, de 18 diciembre 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos), tal como mantiene el Abogado del Estado en su oposición, en todo caso, de no estimarse impondría no la solución pretendida por el ejecutado sino la subsanación del defecto, por lo que el recurso no procede admitirlo, convirtiéndose ello en causa de desestimación del mismo en razón al momento procesal”.

Nulidad del matrimonio por ausencia de una auténtica vinculación emocional que acompaña al conocimiento humano de aquel con quien se asume el compromiso vital

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoctava, de 7 de julio de 2017 confirma la nulidad y sin efecto alguno el matrimonio contraído entre un español y un brasileño en el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat. Tras referirse a la doctrina jurisprudencial y registral sobre el tema la Audiencia considera que en el presente caso, “pese a las alegaciones de los recurrentes, es lo cierto que tras el visionado de la grabación de la vista celebrado no puede mas que llegarse a la misma conclusión que aquella que se declaro en la instancia, es decir, la procedencia de la nulidad del matrimonio , ante las evidentes contradicciones en que incurren los interesados, contradicciones que por otra parte ya se advertían en el expediente previo a la celebración del matrimonio, de modo que el posterior expediente administrativo y la prueba practicada en la vista no hacen mas que resaltar la falta de una auténtica vinculación emocional que acompaña al conocimiento humano de aquel con quien se asume el compromiso vital”.

Inexistencia de consentimiento matrimonial, pues ninguno de los contrayentes asumía los fines propios y específicos de la unión en matrimonio

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoctava, de 13 de julio de 2017, confirma la nulidad de un matrimonio celebrado en España por inexistencia de consentimiento considerando que la esposa únicamente buscaba conseguir su regularización en España. Tras realizar un exhaustivo estudio de la doctrina jurisprudencial española, la Audiencia concluye afirmando que “no hubo consentimiento matrimonial, pues ninguno de los contrayentes buscaba crear una comunidad de vida entre ellos con la finalidad de asumir los fines propios y específicos de la unión en matrimonio, no buscaban un consorcio para toda la vida”

Suspensión de las actuaciones judiciales que sólo continuarán si los Juzgados de Andorra declinan su competencia

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El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Cuarta, de 4 de mayo de 2017 estima parcialmente un recurso de apelación contra un Auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona respecto de una cuestión de competencia internacional, declarando que las actuaciones quedan suspendidas y sólo continuarán si los Juzgados de Andorra declinan su competencia. De acuerdo con la Audiencia “manifiesta la doctrina que con la reforma operada por la Ley 7/2015 de 21 de julio 2015 (…), la novedad más importante, en cuanto a las cláusulas de jurisdicción, no se encuentra en el art. 22 bis, estaba en el art. 22 ter , donde por primera vez en nuestro Derecho interno se reconoce expresamente el efecto derogatorio de aquéllas, la posibilidad de excluir la CJI de los tribunales españoles mediante la sumisión a un tribunal extranjero (de un tercer Estado). El efecto, en todo caso, es suspensivo: el procedimiento en España se suspenderá y sólo podrá continuar en el supuesto de que los tribunales extranjeros hubiesen declinado su competencia. Como no se ha fijado un plazo para que el interesado plantee su reclamación ante el tribunal extranjero designado, la suspensión puede ser sine die. El último apartado de este precepto aclara que no tendrá efecto la exclusión de la competencia de los tribunales españoles en aquellas materias en que no cabe sumisión a ellos. Foro general: domicilio del demandado. El art. 22 ter conserva el domicilio del demandado en España como foro general. El nuevo precepto incluye una definición del domicilio para las personas físicas: se entenderá que tienen su domicilio en España cuando tengan aquí su residencia habitual . Y para las personas jurídicas: se entenderá que tienen su domicilio en España cuando radique aquí su sede social, centro de administración o administración central o su centro de actividad principal. Y que dicha doctrina y jurisprudencia habían alcanzado ya esta conclusión de posibilitar la sumisión, pero era muy útil que el legislador lo confirme expresamente; el efecto, en todo caso, es suspensivo: el procedimiento en España se suspenderá y sólo podrá continuar en el supuesto de que los tribunales extranjeros hubiesen declinado su competencia”.