Adquisición de la nacionalidad española en interés de una menor

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El Auto de la Audiencia Provincial de Lleida, Sección Segunda, de 28 de septiembre de 2017 confirma la decisión, en autos de jurisdicción voluntaria, de atribuir a la madre de una menor la facultad de decidir en la tramitación de un expediente de obtención de la nacionalidad española. Argumenta el apelante que siendo ambos progenitores marroquíes y un hermano que vive en Marruecos también, no tiene interés para la menor el cambio de nacionalidad de origen. Resulta pero que esa nacionalidad de origen se tiene por ius sanguinis, es decir por ser hija de padres marroquíes, pero en realidad la niña ha nacido en España, tiene aquí arraigo pues su madre vive aquí desde hace años, está escolarizada aquí, tiene una hermana que vive con ella que ya ha adquirido la nacionalidad española y su situación legal depende, si conserva la nacionalidad marroquí, de la de sus padres, que para continuar viviendo aquí requieren del oportuno permiso de residencia. Sin embargo la Audiencia considera que “la adquisición de la nacionalidad española no ha de causarle ningún perjuicio sino todo lo contrario, ya que le permitirá acceder a los derechos de los nacionales españoles. Pero es que además, ninguna razón se da en el recurso para entender que esa decisión pueda causarle algún perjuicio, ni se argumenta que haya intención de trasladar su domicilio a Marruecos o que con ello vaya a perder algún derecho siendo que la niña desde su nacimiento ha vivido en España. La decisión del juez de primera instancia es racional y totalmente lógica ajustándose al interés de la menor por lo que procede su confirmación”.

El Poder Judicial del Estado de México organiza un “Seminario internacional sobre la nueva legislación procesal, civil y familiar” (Toluca 13 a 15 de febrero)

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Para excluir las resoluciones sobre quiebra del ámbito de aplicación del Reglamento 44/2001, es preciso que se mantengan dentro del marco de un procedimiento de liquidación de bienes

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El Auto de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección Quinta, de 21 de julio de 2017, confirma la ejecutividad de una resolución, dictada por el Juzgado de distrito de Herning, Dinamarca decretada por el Juzgado. Considera la Sala que “olvida la recurrente resaltar que en esta sentencia se declaró que para excluir las resoluciones judiciales relativas a una quiebra del ámbito de aplicación del Reglamento 44/2001, es preciso que emanen directamente de la quiebra y se mantengan dentro del marco de un procedimiento de liquidación de bienes o de suspensión de pagos; esto es, que es necesaria la existencia de una conexión directa entre la acción judicial y el procedimiento de insolvencia, y la sentencia danesa objeto de este procedimiento no debe incluirse en los supuestos de exclusión del ámbito del tan citado Reglamento, ya que la situación de concurso en la que se haya Audiorema Danmark, A/S, nada tiene que ver con la sentencia dictada, la cual resuelve un procedimiento de reclamación de una deuda que es totalmente independiente y que no es consecuencia directa de la situación de concurso. Y por ello, en el título ejecutivo no se cuestiona ni la situación concursal de Audiorema Danmark A/S, ni los convenios alcanzados entre el concursado y los acreedores, ni las deudas o los créditos concursales, por no ser ésta una sentencia que derive de un procedimiento concursal”.

Recuperación, tras la sentencia de divorcio, de los apellidos de soltera de conformidad con el Derecho rumano

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, Sección Quinta, de 14 de septiembre de 2017, tiene en cuenta que  el recurso de la demandante se limita al contenido de la sentencia en cuanto a los apellidos, pretendiendo recuperar los apellidos previos a contraer matrimonio. A partir de aquí decalra que “conforme al art. 107 Cc, la separación y el divorcio se regirán por la ley nacional común de los cónyuges en el momento de la presentación de la demanda. El art. 281 LEC establece que el Derecho extranjero deberá ser objeto de prueba, que deberá ser probado en lo que respecta a su contenido y vigencia, pudiendo valerse el Tribunal de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación, tal como con anterioridad a la entrada en vigor de la LEC proclama el Tribunal Supremo, S 16 julio 1991, 31 diciembre 1994 y 25 enero 1999 en el sentido de distinguir las normas de conflicto apreciables de oficio en virtud de las cuales se concreta el Derecho aplicable de una relación jurídica controvertida y la prueba del Derecho extranjero, en cuanto a su vigencia, contenido, entidad y aplicación que si bien puede ser averiguado por el Juez, constituye fundamentalmente carga probatoria de quien lo alega. Entiende la Sala que no existiendo oposición y razonablemente acreditado el derecho que alega, en base a la cita del art. 383.3º del Código Civil de Rumania, nada se opone a acoger la pretensión de manera que la apelante Ángeles recupere su apellido de Juliana”

El hecho de que el solicitante tenga un matrimonio poligámico es un elemento negativo para conferir la nacionalidad española

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La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección Quinta, de 14 de diciembre de 2017,  declara que no ha lugar al recurso de casación contra la una Sentencia de la Audiencia Nacional que confirmó lo resuelto por la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se denegó una la solicitud de adquisición de la nacionalidad española por residencia. Entre otros argumentos  el TS considera que “el concepto jurídico indeterminado de suficiente grado de integración en la sociedad española, como con absoluto acierto se considera en la sentencia recurrida, exige la armonización del régimen de vida del solicitante de la nacionalidad con los principios y valores sociales y culturales que configuran nuestra sociedad, y esa necesaria armonización se rompe en los supuestos de bigamia, no solo contrarios a nuestro ordenamiento jurídico sino incluso perseguidos penalmente”. Añade el Alto Tribunal que “la jurisprudencia, la propia que emana de las sentencias que cita el recurrente en el desarrollo argumental de esta cuestión, limita el acceso casacional de la valoración de la prueba por el Tribunal de instancia a supuestos de valoración ilógica o arbitraria, conducente a resultados inverosímiles. (…) La siguiente cuestión que plantea el recurrente es la relativa a la inexistencia de prueba acreditativa de su situación de poligamia. La sentencia recurrida infiere la existencia de poligamia de las certificaciones del Registro Civil acreditativas de que el recurrente ha tenido con dos mujeres diferentes dos hijos en el mes de (…) de 1994 y otros dos en el mes de (…) de 1996, circunstancia esta, la de tenencia de los hijos, en ningún momento cuestionada y, en todo caso, debidamente acreditada por la fuerza probatoria de los documentos públicos (arts. 317 y 318 LEC). Pues bien, constituyendo la circunstancia indicada un hecho probado, mal puede sostenerse el motivo con apoyo en la no acreditación de la situación de poligamia o en la vulneración de las reglas de la carga de la prueba.

Las precauciones respecto a una eventual retención ilícita o secuestro los menores han de estar fundamentadas en indicadores razonables de riesgo

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimosegunda, de 7 de septiembre de 2017, estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Dª Ángeles contra una sentencia dictada en autos de modificación de medidas.n En concreto, confirma dicha resolución salvo en los siguientes puntos: 1) Obligar al Sr. Jesús a acudir a la Comisaría de Policía el día y hora que al efecto le comunique por burofax la Sra. Ángeles con el fin de realizar los trámites necesarios para la expedición de pasaportes a sus hijos Darío y Amelia bajo apercibimiento de proceder en forma ejecutiva en caso de incumplimiento. 2) Autorizar a la Sra. Ángeles a que viaje con sus hijos Darío y Amelia a Bolivia durante el periodo de estancia vacacional de los menores que le corresponda debiendo informar al padre con al menos un mes de antelación de la fecha de salida y de regreso a España y la dirección completa y nº de teléfono que tendrán en Bolivia. De acuerdo con la Audiencia, “las precauciones respecto a una eventual retención ilícita o secuestro de los menores han de estar fundamentadas en indicadores razonables de riesgo que no se aprecian en autos: la madre tiene pleno arraigo en nuestro país disponiendo de documentación, vivienda, y trabajo. Por otro lado el país del que es originaria la madre, Bolivia, en 2016 se ha adherido al convenio de la Haya de aspectos civiles de sustracción de menores de 1980, por lo que en caso de que se produjera un eventual incumplimiento por parte de la madre se facilitaría la devolución de los menores”.

Incompetencia de los tribunales españoles para el conocimiento de una demanda de restitución de una menor solicitada desde Nigeria

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El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoctava, de 2 de octubre de 2017, confirma la incompetencia de los Tribunales españoles  para el conocimiento de una demanda de restitución inmediata de una menor. El litigio concernía a un matrimonio formado por el Sr. Luis Miguel y la Sra. Cecilia , contraído en República Dominicana, son residentes en Laos, Nigeria y padre de Miriam , nacida el (…) de 2009 en Marruecos. Tras un viaje a la República Dominicana, madre e hija llegan a Barcelona donde se instalan en el mes de enero de 2016 y el padre ante el no retorno a Nigeria de madre e hija, presenta solicitud de restitución de la menor a su país de residencia habitual, Nigeria. La Audiencia examina con carácter previo de si existió un traslado ilícito determinando que es clara la competencia de los tribunales españoles para conocer de esta cuestión, como impone el art. 48.1º LEC, debiéndose estar a lo dispuesto en el art. 778 quarter de la LEC, introducido por la Ley 26/2015 de 28 de julio. Considera la Audiencia que Nigeria, país de residencia habitual de la menor , no forma parte de la Unión Europea y que no es país firmante del Convenio de la Haya ni de ningún otro Convenio internacional en materia de protección de menores de la que derive la competencia de los tribunales españoles, lo que le conduce necesariamente a la desestimación del recurso, confirmando la resolución de instancia.