Desestimación de una declinatoria arbitral por tratarse de una reclamación vinculada a un contrato de préstamo y no un conflicto entre socios de una sociedad

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Lérida, Sección Segunda, de 9 de  octubre de 2017 confirma la Sentencia del Juzgado de Primera instancia que estimó “íntegramente la demanda y condena a los tres codemandados -Agri Sociedad Civil Particular, Sr. Edemiro y Sra. Clara – a devolver a la mercantil actora, Ilerpro S.L. las cantidades reclamadas, en virtud del crédito que la actora ostenta contra los demandados al haber pagado la deuda que la SCP tenía frente a la entidad Caixa Sabadell. Los demandados interponen recurso reiterando las excepciones planteadas en primera instancia sobre falta de jurisdicción, por sumisión a arbitraje, y falta de legitimación pasiva de la Sra. Clara y de Agri SCP, y falta de legitimación activa. En cuanto a la primera -sumisión de la cuestión litigiosa a arbitraje- invocan el art. 15 de los Estatutos sociales, alegando que resulta de aplicación al caso porque estamos ante un préstamo concedido por la sociedad a título particular al Sr. Edemiro, y aunque se admitiera que el préstamo se concedió igualmente a la Sra. Clara resulta que tanto uno como otro son socios de Ilerpro S.L., sin que pueda considerarse como una operación al margen del ámbito societario, siendo que la propia actora hacía constar en el documento nº12 de los aportados con la demanda que la reclamación judicial no tiene ninguna relación con las divergencias personales y familiares existentes sino que se trata de una crédito a socios, por lo que al estar ante cuestiones entre la entidad y los socios ha de aplicarse la sumisión a arbitraje. El art. 15 de los Estatutos de la sociedad Ilerpro S.L. establece que: “cualquier duda, cuestión o discrepancia que pudiera plantearse entre la sociedad, los administradores o apoderados y los accionistas, tanto durante la vida de la sociedad como en el periodo de su liquidación, sin más excepciones que las imperativamente establecidas por la Ley, deberán someterse al arbitraje de equidad que regula la Ley de 5 de diciembre de 1989, a cuyo fin las partes discrepantes vendrán obligadas a realizar cuantos actos sean necesarios para que el arbitraje pueda tener efecto y, en particular, a la designación de los árbitros y determinación del tema controvertido”. La cuestión ha sido debidamente resuelta en primera instancia (…)-en el que se destaca que la demanda se interpone en virtud de un contrato de préstamo, sin que conste la existencia de pacto alguno para que las discrepancias surgidas en relación con el mismo se sometan a arbitraje, como en el auto de 4 julio 2013 que desestima el recurso de apelación planteado con la anterior resolución, añadiendo que no estamos ante un conflicto entre socios sino entre sociedades vinculadas por un contrato, sin que se planteen dudas interpretativas o discrepancias por asuntos societarios. Estos razonamientos son totalmente acertados pues basta acudir al escrito de demanda para advertir que la reclamación dineraria no se plantea entre la sociedad Ilerpro S.L.y uno o varios socios por su condición de tal. La reclamación se formula contra Agri SCP por ser ésta con quien se concertó el préstamo y, además, contra los dos socios de esta sociedad civil particular, el Sr. Edemiro y su madre, la Sra. Clara , como deudores subsidiarios respectos de la SCP, y solidarios entre sí. El hecho de que estos dos codemandados sean también socios de la mercantil actora no implica que estemos ante una de aquellas cuestiones o discrepancias que según el art. 15 de los Estatutos deben someterse a arbitraje de equidad pues lo cierto es que no han sido traídos a esta litis en su condición de socios de Ilerpro S.L sino de Agri SCP y, por ende, la controversia no se ha planteado entre la sociedad actora y sus socios, por muchos que existan lazos familiares entre los socios de ambas sociedades, que son los que determinan su participación en una y otra sociedad”.

El TSJ considera que la motivación de un laudo no incurre en arbitrariedad lesiva del art. 24.1º CE , por infracción de las normas imperativas y de la jurisprudencia aplicables

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 31 de octubre de 2017 (Ponente: Jesús María Santos Vijande) desestima una acción de anulación contra un laudo arbitral. En sus  consideraciones se asevera que la “sala no puede compartir que, en una simplificación extrema y carente de justificación, se pretenda asimilar la infracción del orden público, como motivo de anulación del laudo, a la mera comisión de una suerte de ‘error patente’ -apreciable sin necesidad de elucubración alguna-; o que, como a veces se ha propugnado, se aduzca a favor de la inexistencia de infracción del orden público que el Tribunal enjuiciador haya de efectuar argumentaciones complejas para su apreciación”. Reiterando una doctrina reiterada por El TSJ de Madrid la Sala recuerda que “el Tribunal que conoce de la acción de anulación pueda revisar la valoración de la prueba efectuada por el árbitro en los supuestos, que no son pocos, en que una determinada valoración de la prueba lesiona el art. 24.1 CE . También puede el Tribunal de anulación fiscalizar, desde la perspectiva del control del orden público, la motivación, en general, y la valoración probatoria, en particular, contenidas en el Laudo que pudieran lesionar el art. 24 CE . Como también puede el Tribunal de anulación fiscalizar que la motivación del Laudo no vulnera los preceptos sustantivos de la Constitución, ni excede de lo que es arbitrable y disponible para las partes y para el propio árbitro”. En el caso presente el TSJ de Madrid considera que “el razonamiento del Laudo, cuando considera no caducada la acción que ante él ejercita G., en absoluto vulnera el orden público: muy por el contrario, en las circunstancias del caso, aplicar la nueva y más restrictiva doctrina jurisprudencial sí hubiera vulnerado el derecho de acceso a la Jurisdicción -o al arbitraje como equivalente jurisdiccional de la misma- de G. y el principio de seguridad jurídica, la confianza legítima en la que G. podía ampararse para justificar su pasividad ante las numerosas y consecutivas liquidaciones negativas que vino recibiendo en cumplimento del contrato durante casi cinco años y hasta su vencimiento”.

IX Miradas Cruzadas Franco-Españolas sobre la relación entre los jueces y el arbitraje (París, 1 y 2 de febrero de 2018)

 

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Droits d’inscription:  Membres du CEA et du CFA :   190 euros / Membres du CEA-40 et CFA-40 : 100 euros    / Non-membres : 280 euros / Étudiants : 80 euros (Une photocopie de la carte d’étudiant pour l’année en cours est exigée et doit être joint au formulaire d’inscription).

Tous les frais d’inscription incluent la TVA, le dîner de bienvenue el 1er février 2018 ainsi que la participation aux tables rondes le 2 février, les pauses café et le déjeuner-cocktail. Pour vous inscrire vous devez remplir le formulaire d’inscription ci-joint et l’envoyer avant le 26 janvier 2018 par courriel, avec le justificatif du paiement effectué, à : Aline Cambon – Comité français de l’arbitrage : secretariat@cfa-arbitrage.com

Pour plus d’information vous pouvez contacter Aline Cambon – Comité français de l’arbitrage par courriel : secretariat@cfa-arbitrage.com ou par téléphone : +33 1 55 06 16 44.

La eficacia del arbitraje internacional requiere, como uno de los principios esenciales, el respeto de las reglas, normas y prácticas fijadas en el país en el que se desarrolla el arbitraje

El Auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 2 de noviembre de 2017 (Ponente: Francisco Javier Vieira Morante), reconoce la eficacia en España de un laudo arbitral pronunciado por un árbitro único en el seno de la Chambre D’Arbitrage et de Médiation de la ASBL (Bélgica) en aplicación del Convenio de Nueva York de 1958. Según la Sala “debe señalarse en primer lugar, con carácter previo, que la controversia surgida entre las partes y sometida al arbitraje del que se derivó el laudo sujeto a reconocimiento es perfectamente susceptible de ser resuelta por vía de arbitraje. El art. 9, ap. 6, de la Ley de Arbitraje dispone que cuando el arbitraje fuere internacional, el convenio arbitral será válido y la controversia será susceptible de arbitraje si cumplen los requisitos establecidos por las normas jurídicas elegidas por las partes para regir el convenio arbitral, o por las normas jurídicas aplicables al fondo de la controversia, o por el Derecho español. Y, al menos conforme al Derecho español, el litigio que se plasma en el laudo arbitral no es de los excluidos al arbitraje en nuestro ordenamiento jurídico, pues se han resuelto controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho (art. 2 de la Ley de Arbitraje ), surgidas en el cumplimiento de un contrato referido a asesoramiento y servicios de producción para el proyecto de vuelo fotogramétrico para la producción de ortofotos incluidas en al Plan Nacional de ortofotografía aérea en el ámbito de Castilla La Mancha norte. La eficacia del arbitraje internacional requiere además, como uno de los principios esenciales para su mantenimiento, el respeto de las reglas, normas y prácticas fijadas en el país en el que se desarrolla el arbitraje, sin contrastarlas necesariamente con las aplicables en el Estado en el que se solicita el reconocimiento de la resolución arbitral, salvo que se apreciara una infracción intolerable de los principios esenciales exigibles en nuestro ordenamiento jurídico. Por ello, no pueden trasladarse miméticamente al procedimiento arbitral seguido en otro país las normas procesales seguidas en España, por más que estén consolidadas en la reglamentación procesal. No se aprecia, por tanto, que el reconocimiento o la ejecución del laudo arbitral pudiera ser contrario al orden público de España”.

El TSJ de Madrid anula un laudo arbitral por considerar que se violaron los derechos de defensa de una parte que no acudió a la vista por padecer gastroenteritis

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 7 de noviembre de 2017 (Ponente: Susana Polo García) anula un laudo arbitral procedente de la Junta Arbitral de Transporte de la Comunidad de Madrid. Según la Sala: “resulta necesario asegurar la efectiva realización de los principios de igualdad de las partes y de contradicción que imponen a los órganos judiciales, y también a los órganos arbitrales, y el deber positivo de evitar desequilibrios entre la respectiva posición procesal de las partes o limitaciones en la defensa que puedan inferir a alguna de ellas un resultado de indefensión, prohibido en todo caso por el inciso final del art. 24.1º CE . En este supuesto, resulta obvio, que en el procedimiento arbitral se limitó el derecho de defensa de la demandada en el arbitraje, puesto que pese a su petición de suspensión por enfermedad acreditada -gastroenteritis grave-, y la manifestación de la Sra. Carla de querer asistir a la vista para defender sus derechos, unido a la necesidad para estar presente en la misma, del desplazamiento de la representante legal de la demandada desde Barcelona a Madrid-, la petición fue desestimada por dos motivos a juicio de este Tribunal improcedentes, en primer lugar, porque la escasez de tiempo en la comunicación, es un argumento que resulta ilógico, pues es evidente que tratándose de un problema de salud sólo se puede comunicar cuando se padece el mismo, no con antelación suficiente como entiende la Junta Arbitral, y en segundo lugar, en cuanto a la aplicación del art. 9.5º RD 1211/1990 de 28 de septiembre, porque el mismo debe interpretarse en relación con los principios constitucionales que prohíben la indefensión y proclaman el principio de igualdad de armas procesales y contradicción, y del 31 de la LA, es decir la inasistencia de la demandada no impide la celebración de la vista, siempre y cuando la misma sea voluntaria y no se encuentre justificada. Además de ser injustificada la no suspensión de la vista, la Junta Arbitral, tras la petición de la demandada de declaración de nulidad de la misma, explicando que no pudo comunicar su imposibilidad de asistencia con mayor antelación, dada su enfermedad sobrevenida, y su voluntad de asistir a la vista para ejercer su derecho a la defensa, la Junta no contesta a su petición, y dicta los Laudos condenándola a las peticiones de la demandante, lo que sin duda implica una infracción del principio de tutela judicial efectiva con indefensión. En conclusión, este caso, ha quedado probado que la parte demandante no ha podido hacer valer sus derechos en el procedimiento arbitral, suponiendo ello una clara infracción del orden público, con lesión de los principios de igualdad, audiencia y contradicción, lo que sin duda ha causado indefensión real a la aquí demandante, ya que fueron estimadas las pretensiones de la otra parte, sin escuchar sus alegaciones, con vulneración por ello del principio constitucional de tutela judicial efectiva, sin que lo alegado por la aquí demandada -que podía haber hecho alegaciones por escrito o acudir otra persona en su nombre- excluya la lesión denunciada, ya que la vista se celebró in audita parte por causa no imputable a QUIÑONERO SERVICIOS LOGÍSTICOS SL, ya el Tribunal Arbitral debería haber suspendido la vista, o en su caso, haber declarado la nulidad de la misma, y si la Sra. Carla , representante legal de la empresa, estaba interesada en acudir a la vista y a su vez no podía prever su indisposición, no se le puede exigir que hubiera hecho alegaciones con carácter previo.

Renuncia al recurso de anulación y de revisión de un laudo arbitral en Suiza

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La Sentencia del Tribunal Federal suizo, 1re Cour de doit civil, de 17 do octubre de 2017, se pronunció sobre la impugnación (nulidad y revisión ) de un laudo dictado en el contexto de un arbitraje internacional donde las cláusulas de arbitraje de los contratos controvertidos contenían una redacción según la cual las partes renunciaban a impugnar cualquier posible laudo arbitral futuro. Dicha decisión confirma la posibilidad de renuncia a la impugnación del laudo aunque las partes en el procedimiento arbitral no tengan ni domicilio, residencia habitual o establecimiento permanente en Suiza.

Actualización del Reglamento y de las Reglas del CIADI

Un año después de que el CIADI anunciara un nuevo proceso destinado a actualizar su reglamento y sus reglas, los Estados Miembros y el público ofrecieron varias sugerencias de enmiendas. Como próximo paso, el CIADI organizará una reunión para los representantes de los Estados Miembros los días 26-27 de septiembre de 2018 en la sede principal del Banco Mundial, ubicada en Washington DC, a fin de evaluar las enmiendas propuestas y definir el camino a seguir. La reunión será la primera oportunidad que tendrán los representantes de los Estados para analizar con el Secretariado y entre sí, las opciones propuestas en aras de enmendar las reglas. El Secretariado del CIADI circulará con anterioridad a la reunión, un Documento de Trabajo sobre las Enmiendas Propuestas, que servirá de base para el análisis. Las delegaciones y los miembros del público también tendrán una nueva oportunidad para presentar comentarios por escrito en el 2018, lo que finalmente derivará en un conjunto de enmiendas que se someterá a la aprobación del Consejo Administrativo del CIADI.

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