Justificación de la residencia habitual en España a efectos de poder establecer en la cualidad de consumidores para determinar la competencia de los Tribunales españoles

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El Auto de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Decimoprimera, de 26 julio 2017, indica que “indicando los recurrentes haber justificado su residencia habitual en Mislata a efectos de poder establecer como fuero internacional para la reclamación que efectúan con la cualidad de consumidores de los Juzgados y Tribunales españoles, y abstracción hecha de los argumentos referidos a circunstancias extraprocesales al corresponder el estudio de la apelación en exclusiva a partir de lo que consta en el procedimiento, se debe partir de la premisa que, conforme al art. 403.1º LEC las demandas sólo pueden inadmitirse en los casos y por las causas expresamente previstas en esta Ley, y la que se indica en la resolución que se recurre no cabe encuadrarla en ninguna de las previstas, lo que ya de por sí podía determinar la estimación del recurso a efectos, en su caso, por falta de ajuste de la resolución apelada a causa expresamente prevista en la Ley para la inadmisión de la demanda. Asimismo, siendo que lo que subyace es un problema de competencia internacional respecto al conocimiento por los Jueces y Tribunales españoles de demanda en que se ven implicados demandados de otros países y con domicilios fuera de España, hasta el punto en que la providencia en que se requería de subsanación a los actores de fecha 19 de abril de 2016 se hace referencia expresa al art. 22 quinquies LOPJ y, en el auto apelado, a no haberse cumplido la exigencia de justificar los actores su residencia habitual en España, a efectos de permitir la aplicación del fuero previsto para reclamaciones en materia de consumo, factible en aquel caso, y sin perjuicio de considerar que, si el Juzgado entendía inaplicable este fuero a partir de la falta de subsanación que aprecia, lo que debió resolver era su abstención por esta falta de competencia internacional, previa audiencia de las partes y el Ministerio Fiscal, conforme al artículo 38 LEC , lo que no se ha hecho, como decíamos, se entiende, sin embargo, suficientemente justificada la residencia habitual en el domicilio de Mislata que se indica, al menos de la demandante Dª. Ana María , puesto que no solo se acompaña certificación de empadronamiento del Ayuntamiento de esa localidad (…), documento apto a priori a tales efectos que así lo justifica -extensivo también al otro demandante-, sino, además, es el único que consta en las actuaciones, y el que se proporciona ante la embajada de España en Panamá, en funciones notariales, para otorgar el poder que se facilita con la demanda, según la referencia que consta en el mismo del domicilio de aquella demandante (folio 12). Por lo que, precisamente, por el mencionado artículo 22 quinquies LOPJ correspondía entender la competencia internacional del Juzgado ante el que se presenta la demanda, al establecer dicho precepto que, en defecto de sumisión expresa o tácita, y aunque el demandado no tuviera su domicilio en España, los Tribunales españoles son competentes en materia de contratos celebrados por consumidores cuando estos tienen su residencia habitual en territorio español. Lo que determina, que deba ser revocada la resolución recurrida, dejándola sin efecto, para que, por el Juzgado de Primera Instancia, al no mencionarse tampoco por parte de este la existencia de cualquier otro inconveniente para ello, ni así constatarse, admita la demanda de juicio verbal planteada”.

El Defensor del Pueblo pide un protocolo para la primera acogida y asistencia de migrantes llegados en pateras

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El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha comparecido el 15 de febrero de 2018 en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo Congreso y Senado para informar sobre la postura de la Institución ante la llegada de pateras al arco mediterráneo, la situación de los presos españoles en el extranjero y los anuncios de prostitución en medios de comunicación. El Defensor ha reclamado un protocolo de intervención para mejorar la primera acogida y asistencia de las personas que llegan a las costas españolas en situación irregular. Asimismo, considera que las actuales dependencias en las que se realiza la primera acogida son inadecuadas. En los últimos meses la Institución ha visitado las instalaciones de Algeciras, Málaga, Motril, Almería, Cartagena y Murcia. En materia de presos españoles en el extranjero, ha valorado positivamente las últimas repatriaciones de presos para cumplir el resto de sus condenas en España siguiendo una recomendación de la Institución. El Defensor también ha mostrado su compromiso en la lucha contra todas las formas de violencia hacia la mujer y ha asegurado que la Institución hará un seguimiento del Pacto de Estado de Violencia de Género.

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Falta de la competencia de la jurisdicción española, porque la demanda se basa en las consecuencias legales y económicas derivadas de un despido acometido por una empresa americana, domiciliada en Miami

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, Sección Quinta, de 20 de noviembre de 2017 desestima el recurso de suplicación interpuesto contra una sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 20 de Madrid que estimó la excepción de falta de jurisdicción de los Tribunales españoles, desestimando la demanda formulada por el actor. De acuerdo con la Sala, “acierta la sentencia de instancia cuando rechaza la competencia de la jurisdicción española, porque lo que se demandan aquí son las consecuencias legales y económicas derivadas de un despido acometido por una empresa americana, domiciliada en Miami, en la que el actor decidió integrarse, siendo baja en Eulen SA, suscribiendo al efecto un contrato (no consta acreditado dónde), con una empresa independiente domiciliada en Estados Unidos, de la que fue despedido y sobre ese conflicto, carece la jurisdicción española de competencia y ello aunque una de las empresas demandadas Eulen SA esté domiciliada en España ya que la razón por la que el demandante decidió traerla al proceso, se debe a que según el demandante, el finiquito y acuerdo de localización suscritos con esta entidad, lo fueron en fraude de ley. No siendo así y debiéndose otorgar plena validez a las declaraciones de las partes meridianamente expuestas en ambos documentos, si la prestación de trabajo no se realizó en España, sino en Estados Unidos y en una empresa domiciliada en dicho país, desconociéndose el lugar en el que se celebró el contrato y la empresa que despidió al actor, no tiene nacionalidad española y tampoco tiene domicilio en España, en virtud de lo establecido en los arts. 25 LOPJ y 2.1 , 4 , 18 y 19 del Reglamento 44/2001, del Consejo de 22 de diciembre de 2000 (de aplicación, al tratarse de un procedimiento incoado con anterioridad a 10 de enero de 2015 en el que se derogó por el Reglamento de Bruselas, aunque no para la empleadora del actor, en tanto no está domiciliada en la Unión Europea, ni consta que tenga en algún Estado miembro, agencia, sucursal o establecimiento), confirmamos la falta de jurisdicción de los tribunales españoles para conocer de la cuestión planteada, con la consecuente desestimación del recurso de suplicación y confirmación del atinado fallo recurrido, en la medida en la que desconecta acertadamente toda la cuestión atinente a la nueva contratación del actor, de cualquier vinculación con nuestro país”.

La competencia de los tribunales españoles queda fijada cuando los servicios se hayan prestado en España o el contrato de embarque se haya celebrado en territorio español

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Social, Sección Primera, de 5 de septiembre de 2017 estima de forma parcial el recurso de suplicación contra una sentencia del Juzgado de lo Social nº 8 de Bilbao que,  tras rechazar las excepciones de falta de competencia de los Tribunales españoles para el conocimiento de la pretensión y de falta de competencia de los Juzgados de lo Social de Bilbao, estima una demanda de despido interpuesta. De acuerdo con la Sala, “conforme al art. 25.1º LOPJ en materia de derechos y obligaciones derivados del contrato de trabajo, la competencia de los tribunales españoles queda fijada cuando los servicios se hayan prestado en España o el contrato se haya celebrado en territorio español, y en el caso de contrato de embarque si el contrato fue precedido de oferta recibida en España por trabajador español, y en el supuesto que se nos ofrece el actor tiene nacionalidad española, está domiciliado en Bilbao, y los contratos que desde julio de 2006 ha firmado y respecto de los cuales sostiene la existencia de una misma y una única relación se firmaron en España (la agencia Ibernor tiene domicilio en España, y a través de la misma suscribió los contratos de embarque salvo el último del que tampoco consta que se haya suscrito fuera de España ), no aceptando la Sala la revisión fáctica afectante a este extremo según hemos expuesto, máxime cuando se pretende desde demanda -y se ha reconocido por la sentencia de instancia- la declaración de responsabilidad de MARFLET M, cuyo domicilio está en Madrid. Consiguientemente no ha infringido la sentencia los preceptos que sostienen el motivo, como tampoco el art .21 del Reglamento UE 1215/2012 al que se alude en el mismo. De igual forma se impone el rechazo del motivo impugnatorio tercero, también sustentado en la letra a) del art.193 LRJS – y dirigido por tanto también a la declaración de la nulidad de la sentencia-, que se sostiene en la infracción del art.10.1º LRJS por falta de competencia de los Juzgados de lo Social de Bilbao, tesis que no alcanza éxito porque el actor tiene su domicilio en Bilbao, donde además ha suscrito los contratos de embarque según concluye la instancia y hemos ratificado”

Carácter dispositivo de la Convención de Viena de 1985 sobre compraventa internacional de mercaderías

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimonovena, de 1 de junio de 2017 afirma que: “no nos cabe duda alguna de que el contrato de compraventa firmado entre las partes cae bajo la órbita de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, hecha en Viena el 11 de abril de 1980 (Instrumento de Adhesión de España de 17 de julio de 1990), y en eso están conformes las litigantes. Su art. 3.2º dice que la Convención no se aplicará a los contratos en los que la parte principal de las obligaciones de la parte que proporcione las mercaderías consista en suministrar mano de obra o prestar otros servicios , y en el presente caso los servicios a prestar por la vendedora demandada en Inglaterra para el montaje y puesta en funcionamiento de la TDU son accesorios y no constituyen la parte principal del contrato. Aunque la Convención sea un Tratado internacional, tiene un carácter claramente dispositivo, pues como reza su artículo 6, ” las partes podrán excluir la aplicación de la presente Convención o, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12, establecer excepciones a cualquiera de sus disposiciones o modificar sus efectos “.

Solo habrá de resolverse sobre el reconocimiento de una resolución extranjera si se plantea de forma incidental en un procedimiento judicial

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Dª Milagros interpuso demanda de liquidación de régimen económico matrimonial de comunidad de bienes contra D. Inocencio , a tramitar por el procedimiento previsto en el art. 806 ss LEC, alegando sustancialmente que ambos contrajeron matrimonio el 28 julio 2010 en Venezuela, siendo en ese momento de nacionalidad venezolana (más adelante se dice, sin concretar ningún dato, que ambos han obtenido la nacionalidad española); el matrimonio se regía por el régimen económico de comunidad de bienes regulado en el Código civil de Venezuela. Se decretó por Tribunal venezolano la separación de cuerpos y de bienes con fecha 20 febrero 2013, lo que produjo el efecto de la disolución del régimen económico matrimonial; esa separación fue convertida en divorcio por resolución de 07 abril 2014 de Tribunal venezolano. La sentencia de instancia desestimó la demanda por entender que era necesario como requisito previo que hubiera obtenido el exequátur la sentencia de Venezuela que produjo la disolución del régimen económico matrimonial de comunidad de bienes, que fue la resolución que decretó la separación de cuerpos y bienes y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Novena, de 29 noviembre 2017 confirmó dicha decisión. De acuerdo con la Audiencia “no es preciso un expreso pronunciamiento al respecto, dado que el art. 44.2º LCJI establece que solo habrá de resolverse sobre el mismo (sobre el reconocimiento de una resolución extranjera) cuando ‘se plantee de forma incidental en un procedimiento judicial’. Luego si no es preciso el exequátur de la resolución extranjera y ninguna parte ha planteado expresamente la necesidad de un reconocimiento incidental es porque se admite por ambas partes esa resolución extranjera y su contenido; se acepta que la resolución del Tribunal venezolano produjo la disolución del régimen económico matrimonial y puede entrarse en el fondo del asunto. No existe, así, controversia sobre el hecho aceptado de la disolución del régimen económico matrimonial, ventilándose en este proceso únicamente la forma en que debe ser liquidado”.

Un fuerte sismo de magnitud 7 sacude la Ciudad de México

 

 

 

 

 

El 16 febrero 2018 a las 17:39:45  horas el SASMEX registró un sismo que fue evaluado y confirmado por sensores próximos a su epicentro. Las alarmas sísmicas se activaron por varios minutos en la capital de México y testigos indican que se sacudieron con violencia las edificaciones de la ciudad. El epicentro estuvo en el estado de Oaxaca. La estimación de sus efectos es de un sismo Fuerte. La estación más cercana al epicentro que detectó el sismo es la número 42204 Huazolotitlán SM, localizada a 16 km al Este Sureste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, 149 km al Oeste Suroeste de Santa Cruz Xoxocotlan, Oaxaca. Las Ciudades donde se alertó automáticamente la amenaza de sus efectos y el tiempo aproximado de anticipación se muestran en la tabla.

Ciudad Alerta Hora Alerta Distancia Anticipación
Puebla Pública 17:39:54 308 Km 77 seg
Ciudad de México Pública 17:39:59 369 Km 92 seg
Chilpancingo Pública 17:39:53 218 Km 55 seg
Acapulco Pública 17:39:53 221 Km 55 seg
Oaxaca Pública 17:39:53 152 Km 38 seg
Morelia Pública 17:39:59 514 Km 129 seg
Colima Pública 17:39:59 696 Km 174 seg
Guadalajara Pública 17:40:00 749 Km 187 seg

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