Reagrupación de extranjero no comunitario aunque el familiar reagrupante no acredite ingresos económicos suficientes

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La Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Sevilla nº 9, de  21 de diciembre de 2017 estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto a instancias de don A.o representado y defendido por el letrado don (…) contra la Subdelegación del Gobierno en Sevilla representado y defendida por el Abogado del Estado contra las resoluciones de 3 de febrero de 3 de mayo de 2016 de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla recaídas en el expediente de solicitud de tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión Europea número… y en consecuencia, anula la resolución impugnada por no ser ajustada a Derecho y ordena a la Administración demandada a que conceda la autorización solicitada por el recurrente, todo ello sin expresa imposición de las costas procesales. .Dicho recurrente había solicitado una tarjeta de familiar de residente de la Unión alegando ser hijo menor de 21 años del ciudadano español. El fallo es consecuencia del análisis de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Tribunal Constitucional y de la normativa internacional de derechos humanos, aunque más que razonamiento es un cosido de disposiciones y normas carente de hilo conductor.

Adquisición de la nacionalidad española en interés de una menor

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El Auto de la Audiencia Provincial de Lleida, Sección Segunda, de 28 de septiembre de 2017 confirma la decisión, en autos de jurisdicción voluntaria, de atribuir a la madre de una menor la facultad de decidir en la tramitación de un expediente de obtención de la nacionalidad española. Argumenta el apelante que siendo ambos progenitores marroquíes y un hermano que vive en Marruecos también, no tiene interés para la menor el cambio de nacionalidad de origen. Resulta pero que esa nacionalidad de origen se tiene por ius sanguinis, es decir por ser hija de padres marroquíes, pero en realidad la niña ha nacido en España, tiene aquí arraigo pues su madre vive aquí desde hace años, está escolarizada aquí, tiene una hermana que vive con ella que ya ha adquirido la nacionalidad española y su situación legal depende, si conserva la nacionalidad marroquí, de la de sus padres, que para continuar viviendo aquí requieren del oportuno permiso de residencia. Sin embargo la Audiencia considera que “la adquisición de la nacionalidad española no ha de causarle ningún perjuicio sino todo lo contrario, ya que le permitirá acceder a los derechos de los nacionales españoles. Pero es que además, ninguna razón se da en el recurso para entender que esa decisión pueda causarle algún perjuicio, ni se argumenta que haya intención de trasladar su domicilio a Marruecos o que con ello vaya a perder algún derecho siendo que la niña desde su nacimiento ha vivido en España. La decisión del juez de primera instancia es racional y totalmente lógica ajustándose al interés de la menor por lo que procede su confirmación”.

Desestimación de una declinatoria arbitral por tratarse de una reclamación vinculada a un contrato de préstamo y no un conflicto entre socios de una sociedad

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Lérida, Sección Segunda, de 9 de  octubre de 2017 confirma la Sentencia del Juzgado de Primera instancia que estimó “íntegramente la demanda y condena a los tres codemandados -Agri Sociedad Civil Particular, Sr. Edemiro y Sra. Clara – a devolver a la mercantil actora, Ilerpro S.L. las cantidades reclamadas, en virtud del crédito que la actora ostenta contra los demandados al haber pagado la deuda que la SCP tenía frente a la entidad Caixa Sabadell. Los demandados interponen recurso reiterando las excepciones planteadas en primera instancia sobre falta de jurisdicción, por sumisión a arbitraje, y falta de legitimación pasiva de la Sra. Clara y de Agri SCP, y falta de legitimación activa. En cuanto a la primera -sumisión de la cuestión litigiosa a arbitraje- invocan el art. 15 de los Estatutos sociales, alegando que resulta de aplicación al caso porque estamos ante un préstamo concedido por la sociedad a título particular al Sr. Edemiro, y aunque se admitiera que el préstamo se concedió igualmente a la Sra. Clara resulta que tanto uno como otro son socios de Ilerpro S.L., sin que pueda considerarse como una operación al margen del ámbito societario, siendo que la propia actora hacía constar en el documento nº12 de los aportados con la demanda que la reclamación judicial no tiene ninguna relación con las divergencias personales y familiares existentes sino que se trata de una crédito a socios, por lo que al estar ante cuestiones entre la entidad y los socios ha de aplicarse la sumisión a arbitraje. El art. 15 de los Estatutos de la sociedad Ilerpro S.L. establece que: “cualquier duda, cuestión o discrepancia que pudiera plantearse entre la sociedad, los administradores o apoderados y los accionistas, tanto durante la vida de la sociedad como en el periodo de su liquidación, sin más excepciones que las imperativamente establecidas por la Ley, deberán someterse al arbitraje de equidad que regula la Ley de 5 de diciembre de 1989, a cuyo fin las partes discrepantes vendrán obligadas a realizar cuantos actos sean necesarios para que el arbitraje pueda tener efecto y, en particular, a la designación de los árbitros y determinación del tema controvertido”. La cuestión ha sido debidamente resuelta en primera instancia (…)-en el que se destaca que la demanda se interpone en virtud de un contrato de préstamo, sin que conste la existencia de pacto alguno para que las discrepancias surgidas en relación con el mismo se sometan a arbitraje, como en el auto de 4 julio 2013 que desestima el recurso de apelación planteado con la anterior resolución, añadiendo que no estamos ante un conflicto entre socios sino entre sociedades vinculadas por un contrato, sin que se planteen dudas interpretativas o discrepancias por asuntos societarios. Estos razonamientos son totalmente acertados pues basta acudir al escrito de demanda para advertir que la reclamación dineraria no se plantea entre la sociedad Ilerpro S.L.y uno o varios socios por su condición de tal. La reclamación se formula contra Agri SCP por ser ésta con quien se concertó el préstamo y, además, contra los dos socios de esta sociedad civil particular, el Sr. Edemiro y su madre, la Sra. Clara , como deudores subsidiarios respectos de la SCP, y solidarios entre sí. El hecho de que estos dos codemandados sean también socios de la mercantil actora no implica que estemos ante una de aquellas cuestiones o discrepancias que según el art. 15 de los Estatutos deben someterse a arbitraje de equidad pues lo cierto es que no han sido traídos a esta litis en su condición de socios de Ilerpro S.L sino de Agri SCP y, por ende, la controversia no se ha planteado entre la sociedad actora y sus socios, por muchos que existan lazos familiares entre los socios de ambas sociedades, que son los que determinan su participación en una y otra sociedad”.

El TSJ considera que la motivación de un laudo no incurre en arbitrariedad lesiva del art. 24.1º CE , por infracción de las normas imperativas y de la jurisprudencia aplicables

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 31 de octubre de 2017 (Ponente: Jesús María Santos Vijande) desestima una acción de anulación contra un laudo arbitral. En sus  consideraciones se asevera que la “sala no puede compartir que, en una simplificación extrema y carente de justificación, se pretenda asimilar la infracción del orden público, como motivo de anulación del laudo, a la mera comisión de una suerte de ‘error patente’ -apreciable sin necesidad de elucubración alguna-; o que, como a veces se ha propugnado, se aduzca a favor de la inexistencia de infracción del orden público que el Tribunal enjuiciador haya de efectuar argumentaciones complejas para su apreciación”. Reiterando una doctrina reiterada por El TSJ de Madrid la Sala recuerda que “el Tribunal que conoce de la acción de anulación pueda revisar la valoración de la prueba efectuada por el árbitro en los supuestos, que no son pocos, en que una determinada valoración de la prueba lesiona el art. 24.1 CE . También puede el Tribunal de anulación fiscalizar, desde la perspectiva del control del orden público, la motivación, en general, y la valoración probatoria, en particular, contenidas en el Laudo que pudieran lesionar el art. 24 CE . Como también puede el Tribunal de anulación fiscalizar que la motivación del Laudo no vulnera los preceptos sustantivos de la Constitución, ni excede de lo que es arbitrable y disponible para las partes y para el propio árbitro”. En el caso presente el TSJ de Madrid considera que “el razonamiento del Laudo, cuando considera no caducada la acción que ante él ejercita G., en absoluto vulnera el orden público: muy por el contrario, en las circunstancias del caso, aplicar la nueva y más restrictiva doctrina jurisprudencial sí hubiera vulnerado el derecho de acceso a la Jurisdicción -o al arbitraje como equivalente jurisdiccional de la misma- de G. y el principio de seguridad jurídica, la confianza legítima en la que G. podía ampararse para justificar su pasividad ante las numerosas y consecutivas liquidaciones negativas que vino recibiendo en cumplimento del contrato durante casi cinco años y hasta su vencimiento”.

El Anuario Español de Derecho Internacional Privado incluido en el Emerging Sources Citation Index

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La Editorial Iprolex, S.L.  tiene el placer de anunciar que el Anuario Español de Derecho Internacional Privado ha sido aceptado para su indexación en el Emerging Sources Citation Index, la nueva edición de Web of Science. Los contenidos de este índice están siendo evaluados por Thomson Reuters para su inclusión en Science Citation Index Expanded™, Social Sciences Citation Index®, y  Arts & Humanities Citation Index®. Web of Science se diferencia de otras bases de datos por la calidad y solidez del contenido que proporciona a los investigadores, autores, editores e instituciones. La inclusión del Anuario de Derecho Internacional Privado en el Emerging Sources Citation Index pone de manifiesto la dedicación que estamos llevando a cabo para proporcionar a nuestra comunidad científica con los contenidos disponibles más importantes e influyentes. Desde su aparición, la lista de revistas no ha dejado de aumentar. Además, es importante que, en la última convocatoria de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, la inclusión en ESCI ha sido considerada como referencia de calidad, en los campos 10 y 11, a igual nivel que las demás bases de datos de la colección principal de la WOS. Asimismo, ha sido incluida como mérito para las acreditaciones de la ANECA, en concreto para ciencias sociales.

 

España inicia su mandato como miembro del Consejo de Derechos Humanos en el periodo 2018-2020

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El 1 de enero de 2018 España ha iniciado su mandato como miembro del Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2018-2020, tras haber sido elegida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la reunión que tuvo lugar en Nueva York el pasado 16 de octubre. Es la segunda vez que España forma parte del Consejo de Derechos Humanos, después de un primer mandato entre los años 2011 y 2013. El Consejo de Derechos Humanos es el principal órgano multilateral para la protección y promoción de los derechos humanos en el mundo. Fue creado por la Asamblea General de las NNUU el 15 de marzo de 2006 por la resolución 60/251, en sustitución de la anterior Comisión de Derechos Humanos. El Consejo es un órgano subsidiario de la Asamblea General, tiene carácter intergubernamental, con sede en Ginebra, y está compuesto por 47 Estados de Naciones Unidas elegidos por la Asamblea General a través de un voto directo y secreto por un periodo de tres años.

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IX Miradas Cruzadas Franco-Españolas sobre la relación entre los jueces y el arbitraje (París, 1 y 2 de febrero de 2018)

 

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Droits d’inscription:  Membres du CEA et du CFA :   190 euros / Membres du CEA-40 et CFA-40 : 100 euros    / Non-membres : 280 euros / Étudiants : 80 euros (Une photocopie de la carte d’étudiant pour l’année en cours est exigée et doit être joint au formulaire d’inscription).

Tous les frais d’inscription incluent la TVA, le dîner de bienvenue el 1er février 2018 ainsi que la participation aux tables rondes le 2 février, les pauses café et le déjeuner-cocktail. Pour vous inscrire vous devez remplir le formulaire d’inscription ci-joint et l’envoyer avant le 26 janvier 2018 par courriel, avec le justificatif du paiement effectué, à : Aline Cambon – Comité français de l’arbitrage : secretariat@cfa-arbitrage.com

Pour plus d’information vous pouvez contacter Aline Cambon – Comité français de l’arbitrage par courriel : secretariat@cfa-arbitrage.com ou par téléphone : +33 1 55 06 16 44.