Un nacional de un Estado no perteneciente a la UE, miembro de la familia de un ciudadano de la Unión, puede disfrutar de un derecho de residencia en el Estado miembro en el que ese ciudadano haya residido antes de adquirir la nacionalidad de dicho Estado además de su nacionalidad de origen

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La Sentencia del Tribunal de Justicia, Gran Sala, de 14 de noviembre de 2017, asunto C-165/16: Lounes el Tribunal de Justicia comienza recordando que la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento no otorga ningún derecho autónomo a los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que sean nacionales de un Estado no perteneciente a la UE, sino únicamente derechos derivados de aquellos de los que disfruta el ciudadano de la Unión de que se trate por el hecho de ejercer su libertad de circulación. A continuación, el Tribunal de Justicia señala que, de conformidad con la Directiva, son beneficiarios de los derechos que ésta confiere los ciudadanos de la Unión que se trasladen a, o residan en, un «Estado miembro distinto del Estado del que tenga[n] la nacionalidad», así como los miembros de sus familias que los acompañen o se reúnan con ellos. Además, el Tribunal de Justicia subraya que la Directiva, que enmarca las condiciones de ejercicio del derecho de los ciudadanos de la Unión a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, no pretende regular la residencia de los ciudadanos de la Unión en un Estado miembro del que son nacionales, puesto que éstos disponen en dicho Estado de un derecho de residencia incondicionado en virtud de un principio de Derecho Internacional. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia considera que la Directiva únicamente regula los requisitos de entrada y residencia de un ciudadano de la Unión en Estados miembros distintos del de su nacionalidad y, por ende, no puede servir de base a un derecho de residencia derivado en favor de los nacionales de un Estado no perteneciente a la UE, miembros de la familia de un ciudadano de la Unión, en el Estado miembro del que éste es nacional.

Nuevo modelo uniforme de permiso de residencia para nacionales de terceros países

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El DO de 1 de noviembre de 2017 publica el Reglamento (UE) 2017/1954 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2017 de modificación del Reglamento (CE) nº 1030/2002 del Consejo por el que se establece un modelo uniforme de permiso de residencia para nacionales de terceros países. Dicha modificación obedece a los graves incidentes de falsificación y fraude registrados, se considera poco seguro el actual modelo de permiso de residencia, que se lleva utilizando desde hace veinte años. Por dicho motivo, se ha considerado oportuno adoptar un nuevo diseño común para los permisos de residencia de nacionales de terceros países, que disponga de características de seguridad más modernas para hacer más seguros dichos permisos e impedir las falsificaciones.

Aplicación de determinadas disposiciones del acervo de Schengen relacionadas con el Sistema de Información de Visados en la República de Bulgaria y en Rumanía

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En virtud de la Decisión nº 565/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, se introdujo un régimen simplificado para el control de personas en las fronteras exteriores. Dicho régimen se basa en el reconocimiento unilateral por parte de Bulgaria, Croacia, Chipre y Rumanía de determinados documentos, concretamente de los visados Schengen, como equivalentes a sus propios visados nacionales de tránsito o para estancias previstas en sus territorios que no excedan de 90 días por período de 180 días. A partir aquí el Consejo ha aprobado la Decisión (UE) 2017/1908 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, relativa a la puesta en aplicación de determinadas disposiciones del acervo de Schengen relacionadas con el Sistema de Información de Visados en la República de Bulgaria y en Rumanía que publica el DO de 19 de octubre de 2017. De acuerdo con ella se concede a Bulgaria y Rumanía acceso para consultar, en modo “solo lectura”, los datos del Sistema de Información de Visados (VIS), sin derecho a introducir, modificar o suprimir datos en el mismo, y ello únicamente a efectos de facilitar sus procedimientos nacionales de solicitud de visado para prevenir el fraude y cualquier uso indebido de los visados Schengen verificando su validez y autenticidad al contrastarlos con los datos almacenados en el VIS, de facilitar los controles en los pasos fronterizos de las fronteras exteriores y en el territorio de los Estados miembros de los nacionales de terceros países titulares de un visado Schengen, de facilitar la determinación del Estado miembro responsable de las solicitudes de protección internacional y el examen de dichas solicitudes y de aumentar el nivel de seguridad interior en el territorio de los Estados miembros facilitando la lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo.

Las compañías de transporte están obligadas a realizar la debida comprobación de la validez y vigencia de los pasaportes

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, de 8 de septiembre de 2017 desestima una acción de reclamación de cantidad frente a las entidades Aerovías del Continente Americano, S.A. Avianca y Líneas Aéreas Alemanas Lufthansa, en concepto de compensación por el daño derivado del incumplimiento del transporte aéreo transatlántico contratado desde Cali (Colombia) a Barcelona (España). La demandante alegó que tenía reserva para viajar en un vuelo transatlántico, desde la ciudad de Cali a la de Barcelona, operado por la compañía Lufthansa y con el primer trayecto Cali-Bogotá operado por la compañía Avianca. Esta última compañía denegó el embarque de la actora en el aeropuerto de Cali, alegando falta de la documentación necesaria. De acuerdo con la Audiencia, “todas las compañías de transporte están obligadas a realizar la debida comprobación de la validez y vigencia de los pasaportes, títulos de viaje o documentos de identidad pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el art. 66.3º Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero , sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que se completa con el Reglamento de extranjería, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril”.

Expulsión del territorio español de una persona que acumula un relevante historial delictivo, pese a tratarse de un ciudadano perteneciente a un país de la Unión Europea

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección Novena, de 1 de junio de 2017  confirma la decisión de expulsar del territorio español a una persona que acumula un relevante historial delictivo por representar un peligro para el orden y la seguridad pública, pese a tratarse de un ciudadano perteneciente a un país de la Unión Europea (Rumanía). La Sección tuvo en cuenta “los antecedentes policiales por meras detenciones efectuadas por las Fuerzas de Seguridad cuando de cuestiones de Derecho comunitario se trata, sin que se les pueda dar la consideración de antecedentes penales dado que si así se hiciera, se infringiría la presunción de inocencia pues se le darían los efectos propios de una condena penal a lo que son meras intervenciones administrativas”.

Carácter inaceptable de una expulsión por situar al hijo del interesado en la tesitura de tener que criarse sin uno de sus progenitores o tener que salir del territorio comunitario siguiendo a su padre

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, Sala de lo Contencioso, Sección Segunda, de 5 de junio de 2017 anula una resolución de la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara de expulsión del territorio nacional a un marroquí, con prohibición de entrada por tres años. El interesado alegó que  mantenía una relación sentimental con ciudadana comunitaria y fruto de la misma nación un hijo común, que su pareja poseía trabajo fijo y que él se encargaba  del cuidado del niño, que estaba debidamente escolarizado. Para el TSJ “es comprensible que el apelante insista acerca de la cuestión del arraigo familiar, porque el mismo es de tal intensidad que hace que la expulsión del Sr. Aurelio , padre de un menor comunitario y a su cargo, sea simplemente inviable de acuerdo con la doctrina reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la materia. Basta remitirse a la STJUE de 13 de septiembre de 2016, dictada en respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español, y que progresa en el marco ya sentado por la STJUE 8 de marzo de 2011 (caso Ruiz Zambrano), para comprobar lo inaceptable de situar al menor comunitario -en este caso el hijo del demandante- en la tesitura de tener que criarse sin uno de sus progenitores o, por el contrario, tener que salir del territorio comunitario siguiendo a su padre”

Determinación de la aplicabilidad o no del art. 7 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero , a la reagrupación de familiares no comunitarios de ciudadanos españoles

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La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección Quinta, de 18 de julio de 2017 estima el recurso de casación del Abogado del Estado contra la Sentencia de 4 de octubre de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, cuyo objeto era comprobar la correcta aplicación de la causa de denegación de la tarjeta de familiar de ciudadano de la UE conforme al art. 7 RD 240/07. El TSJ  había considerado incluidos en dicho Real Decreto, a los familiares de un ciudadano español residente en España, con cita de la STUE de 8 de diciembre de 2015, C-202/13 , McCarthy. Según el TSJ si el titular de ese derecho originario es nacional de otro Estado de la Unión que ejerce su libertad de circulación y residencia (beneficiario de la a Directiva 2004/38/UE conforme a su art. 3.1), deben concurrir en éste los requisitos que se contemplan en su art. 7 (traspuesto en el art. 7 del RD 240/07 ), pero, si es nacional del Estado en que reside (español en España), no se exigen -ni pueden exigirse-tales requisitos para residir en su propio país. Sin embargo el TS entiende que “dados los términos en los que ha quedado redactado el art. 2 (y anulada la Adicional Vigésima del Reglamento de Extranjería ), el Real Decreto 240/07 -con independencia y al margen de la Directiva-, en cuanto disposición de Derecho interno, es también aplicable a la reagrupación de familiares extranjeros (cualquiera que sea su nacionalidad) de españoles, hayan -o no- hecho uso de su derecho a la libre circulación y residencia por el Espacio Común Europeo, y, concretamente, su art. 7. Al español, es cierto, no se le podrá limitar -salvo en los casos legalmente previstos- su derecho fundamental a circular y residir libremente en el territorio español ( art. 19 CE ), pero esto no obsta para que cuando pretenda reagrupar a familiares extranjeros quede sometido a requisitos o condiciones, en este caso, los mismos que al resto de los ciudadanos europeos. Los presupuestos, pues, de los que deriva el derecho de residencia del familiar extranjero del español residente en España son la nacionalidad española del reagrupante y concurrencia de alguno de los requisitos previstos en el art. 7, y, una vez surgido ese derecho, se aplicará el art. 8, de naturaleza meramente procedimental. Por último, las limitaciones a la reagrupación familiar de extranjeros por españoles residentes en España (como las impuestas en la legislación de Extranjería a la reagrupación de familiares por extranjeros residentes legalmente en España) no afectan negativamente al derecho fundamental a la intimidad familiar, reconocido en el art. 18.1º CE” ,