Reagrupación de extranjero no comunitario aunque el familiar reagrupante no acredite ingresos económicos suficientes

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La Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Sevilla nº 9, de  21 de diciembre de 2017 estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto a instancias de don A.o representado y defendido por el letrado don (…) contra la Subdelegación del Gobierno en Sevilla representado y defendida por el Abogado del Estado contra las resoluciones de 3 de febrero de 3 de mayo de 2016 de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla recaídas en el expediente de solicitud de tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión Europea número… y en consecuencia, anula la resolución impugnada por no ser ajustada a Derecho y ordena a la Administración demandada a que conceda la autorización solicitada por el recurrente, todo ello sin expresa imposición de las costas procesales. .Dicho recurrente había solicitado una tarjeta de familiar de residente de la Unión alegando ser hijo menor de 21 años del ciudadano español. El fallo es consecuencia del análisis de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Tribunal Constitucional y de la normativa internacional de derechos humanos, aunque más que razonamiento es un cosido de disposiciones y normas carente de hilo conductor.

La nacionalidad española ha de reunir unos requisitos distintos de aquellos aplicables a los que tan solo pretendan residir en nuestro territorio

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La Sentencia de la Audiencia Nacional, Sección Séptima, de 18 de diciembre de 2017,  declara que “los arts. 21 y 22 Cc sujetan la concesión de la nacionalidad española por residencia a dos tipos de requisitos: unos de carácter definido como son la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se establece; y otros configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo como es el caso de la justificación de buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española, o bien de carácter negativo como es el caso de los motivos de orden público o interés nacional que pueden justificar su denegación. En cuanto al requisito del suficiente grado de integración en la sociedad española, y al tratarse de un concepto jurídico indeterminado, precisa de la concreción adecuada a las circunstancias concurrentes en cada caso cuya valoración lleva a una única solución justa, jurisdiccionalmente controlable, que debe adoptarse por la Administración (art. 103 de la Constitución), sin que propicien soluciones alternativas propias de la discrecionalidad administrativa. Conviene recordar, que el ordenamiento jurídico español condiciona la adquisición de la nacionalidad por residencia, a que dicha residencia vaya acompañada de una integración en la sociedad española (art. 22.4º Cc) y, por ende, en su estilo de vida, costumbres y valores, pues aquel que pretenda adquirir la nacionalidad española ha de reunir unos requisitos distintos, entre ellos de adaptación a nuestra sociedad, de aquellos otros que tan solo pretendan residir en nuestro territorio. La nacionalidad española concede un status y unos derechos superiores que los derivados de la mera residencia legal en España, y por ello también se establece en nuestro ordenamiento la exigencia de un grado de adaptación superior para los peticionarios de nacionalidad que el exigible a los extranjeros residentes, en cuanto pretenden su total equiparación, política y jurídica, a los ciudadanos españoles, lo cual sería incongruente con una residencia que, con independencia de su duración, se desarrollase al margen de la forma de vida, costumbres y valores que conforman nuestra sociedad”.

Improcedencia de una expulsión contra un nacional de un Estado no miembro de la UE por haber sido condenado a una pena privativa de libertad superior a un año

Acceso principal al Tribunal de Justicia Europeo que ha adoptado la decisión.

La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Octava, de 7 de diciembre de 2017 (asunto C-636/16: López Pastuzano) declara que no puede adoptarse una decisión de expulsión contra un nacional de un Estado no miembro de la UE, residente de larga duración, por la mera razón de que haya sido condenado a una pena privativa de libertad superior a un año. De acuerdo con el Tribunal de Justicia  la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración se opone a una normativa de un Estado miembro que, tal como es interpretada por una parte de los órganos jurisdiccionales de éste, no contempla la aplicación de los requisitos de protección contra la expulsión de un nacional de un Estado no miembro de la UE, residente de larga duración, respecto de toda decisión administrativa de expulsión, cualquiera que sea la naturaleza o modalidad jurídica de la misma. Antes de adoptar una decisión de expulsión contra un nacional de un Estado no miembro de la UE, residente de larga duración, los Estados miembros deben tomar en consideración la duración de la residencia en su territorio, la edad de la persona implicada, las consecuencias para él y para los miembros de su familia y los vínculos con
el país de residencia o la ausencia de vínculos con el país de origen. Por lo tanto, considera que es indiferente que tal medida haya sido acordada como sanción administrativa o que sea consecuencia de una condena penal. El Tribunal de Justicia recuerda asimismo que una medida de expulsión no puede adoptarse de modo automático a raíz de una condena penal, sino que requiere una valoración caso por caso
que debe recaer, en particular, sobre los aspectos mencionados.

Un nacional de un Estado no perteneciente a la UE, miembro de la familia de un ciudadano de la Unión, puede disfrutar de un derecho de residencia en el Estado miembro en el que ese ciudadano haya residido antes de adquirir la nacionalidad de dicho Estado además de su nacionalidad de origen

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La Sentencia del Tribunal de Justicia, Gran Sala, de 14 de noviembre de 2017, asunto C-165/16: Lounes el Tribunal de Justicia comienza recordando que la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento no otorga ningún derecho autónomo a los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que sean nacionales de un Estado no perteneciente a la UE, sino únicamente derechos derivados de aquellos de los que disfruta el ciudadano de la Unión de que se trate por el hecho de ejercer su libertad de circulación. A continuación, el Tribunal de Justicia señala que, de conformidad con la Directiva, son beneficiarios de los derechos que ésta confiere los ciudadanos de la Unión que se trasladen a, o residan en, un «Estado miembro distinto del Estado del que tenga[n] la nacionalidad», así como los miembros de sus familias que los acompañen o se reúnan con ellos. Además, el Tribunal de Justicia subraya que la Directiva, que enmarca las condiciones de ejercicio del derecho de los ciudadanos de la Unión a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, no pretende regular la residencia de los ciudadanos de la Unión en un Estado miembro del que son nacionales, puesto que éstos disponen en dicho Estado de un derecho de residencia incondicionado en virtud de un principio de Derecho Internacional. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia considera que la Directiva únicamente regula los requisitos de entrada y residencia de un ciudadano de la Unión en Estados miembros distintos del de su nacionalidad y, por ende, no puede servir de base a un derecho de residencia derivado en favor de los nacionales de un Estado no perteneciente a la UE, miembros de la familia de un ciudadano de la Unión, en el Estado miembro del que éste es nacional.

Nuevo modelo uniforme de permiso de residencia para nacionales de terceros países

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El DO de 1 de noviembre de 2017 publica el Reglamento (UE) 2017/1954 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2017 de modificación del Reglamento (CE) nº 1030/2002 del Consejo por el que se establece un modelo uniforme de permiso de residencia para nacionales de terceros países. Dicha modificación obedece a los graves incidentes de falsificación y fraude registrados, se considera poco seguro el actual modelo de permiso de residencia, que se lleva utilizando desde hace veinte años. Por dicho motivo, se ha considerado oportuno adoptar un nuevo diseño común para los permisos de residencia de nacionales de terceros países, que disponga de características de seguridad más modernas para hacer más seguros dichos permisos e impedir las falsificaciones.

Aplicación de determinadas disposiciones del acervo de Schengen relacionadas con el Sistema de Información de Visados en la República de Bulgaria y en Rumanía

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En virtud de la Decisión nº 565/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, se introdujo un régimen simplificado para el control de personas en las fronteras exteriores. Dicho régimen se basa en el reconocimiento unilateral por parte de Bulgaria, Croacia, Chipre y Rumanía de determinados documentos, concretamente de los visados Schengen, como equivalentes a sus propios visados nacionales de tránsito o para estancias previstas en sus territorios que no excedan de 90 días por período de 180 días. A partir aquí el Consejo ha aprobado la Decisión (UE) 2017/1908 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, relativa a la puesta en aplicación de determinadas disposiciones del acervo de Schengen relacionadas con el Sistema de Información de Visados en la República de Bulgaria y en Rumanía que publica el DO de 19 de octubre de 2017. De acuerdo con ella se concede a Bulgaria y Rumanía acceso para consultar, en modo “solo lectura”, los datos del Sistema de Información de Visados (VIS), sin derecho a introducir, modificar o suprimir datos en el mismo, y ello únicamente a efectos de facilitar sus procedimientos nacionales de solicitud de visado para prevenir el fraude y cualquier uso indebido de los visados Schengen verificando su validez y autenticidad al contrastarlos con los datos almacenados en el VIS, de facilitar los controles en los pasos fronterizos de las fronteras exteriores y en el territorio de los Estados miembros de los nacionales de terceros países titulares de un visado Schengen, de facilitar la determinación del Estado miembro responsable de las solicitudes de protección internacional y el examen de dichas solicitudes y de aumentar el nivel de seguridad interior en el territorio de los Estados miembros facilitando la lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo.

Las compañías de transporte están obligadas a realizar la debida comprobación de la validez y vigencia de los pasaportes

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, de 8 de septiembre de 2017 desestima una acción de reclamación de cantidad frente a las entidades Aerovías del Continente Americano, S.A. Avianca y Líneas Aéreas Alemanas Lufthansa, en concepto de compensación por el daño derivado del incumplimiento del transporte aéreo transatlántico contratado desde Cali (Colombia) a Barcelona (España). La demandante alegó que tenía reserva para viajar en un vuelo transatlántico, desde la ciudad de Cali a la de Barcelona, operado por la compañía Lufthansa y con el primer trayecto Cali-Bogotá operado por la compañía Avianca. Esta última compañía denegó el embarque de la actora en el aeropuerto de Cali, alegando falta de la documentación necesaria. De acuerdo con la Audiencia, “todas las compañías de transporte están obligadas a realizar la debida comprobación de la validez y vigencia de los pasaportes, títulos de viaje o documentos de identidad pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el art. 66.3º Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero , sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que se completa con el Reglamento de extranjería, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril”.