Expulsión del territorio español de una persona que acumula un relevante historial delictivo, pese a tratarse de un ciudadano perteneciente a un país de la Unión Europea

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección Novena, de 1 de junio de 2017  confirma la decisión de expulsar del territorio español a una persona que acumula un relevante historial delictivo por representar un peligro para el orden y la seguridad pública, pese a tratarse de un ciudadano perteneciente a un país de la Unión Europea (Rumanía). La Sección tuvo en cuenta “los antecedentes policiales por meras detenciones efectuadas por las Fuerzas de Seguridad cuando de cuestiones de Derecho comunitario se trata, sin que se les pueda dar la consideración de antecedentes penales dado que si así se hiciera, se infringiría la presunción de inocencia pues se le darían los efectos propios de una condena penal a lo que son meras intervenciones administrativas”.

Carácter inaceptable de una expulsión por situar al hijo del interesado en la tesitura de tener que criarse sin uno de sus progenitores o tener que salir del territorio comunitario siguiendo a su padre

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, Sala de lo Contencioso, Sección Segunda, de 5 de junio de 2017 anula una resolución de la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara de expulsión del territorio nacional a un marroquí, con prohibición de entrada por tres años. El interesado alegó que  mantenía una relación sentimental con ciudadana comunitaria y fruto de la misma nación un hijo común, que su pareja poseía trabajo fijo y que él se encargaba  del cuidado del niño, que estaba debidamente escolarizado. Para el TSJ “es comprensible que el apelante insista acerca de la cuestión del arraigo familiar, porque el mismo es de tal intensidad que hace que la expulsión del Sr. Aurelio , padre de un menor comunitario y a su cargo, sea simplemente inviable de acuerdo con la doctrina reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la materia. Basta remitirse a la STJUE de 13 de septiembre de 2016, dictada en respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español, y que progresa en el marco ya sentado por la STJUE 8 de marzo de 2011 (caso Ruiz Zambrano), para comprobar lo inaceptable de situar al menor comunitario -en este caso el hijo del demandante- en la tesitura de tener que criarse sin uno de sus progenitores o, por el contrario, tener que salir del territorio comunitario siguiendo a su padre”

Determinación de la aplicabilidad o no del art. 7 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero , a la reagrupación de familiares no comunitarios de ciudadanos españoles

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La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección Quinta, de 18 de julio de 2017 estima el recurso de casación del Abogado del Estado contra la Sentencia de 4 de octubre de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, cuyo objeto era comprobar la correcta aplicación de la causa de denegación de la tarjeta de familiar de ciudadano de la UE conforme al art. 7 RD 240/07. El TSJ  había considerado incluidos en dicho Real Decreto, a los familiares de un ciudadano español residente en España, con cita de la STUE de 8 de diciembre de 2015, C-202/13 , McCarthy. Según el TSJ si el titular de ese derecho originario es nacional de otro Estado de la Unión que ejerce su libertad de circulación y residencia (beneficiario de la a Directiva 2004/38/UE conforme a su art. 3.1), deben concurrir en éste los requisitos que se contemplan en su art. 7 (traspuesto en el art. 7 del RD 240/07 ), pero, si es nacional del Estado en que reside (español en España), no se exigen -ni pueden exigirse-tales requisitos para residir en su propio país. Sin embargo el TS entiende que “dados los términos en los que ha quedado redactado el art. 2 (y anulada la Adicional Vigésima del Reglamento de Extranjería ), el Real Decreto 240/07 -con independencia y al margen de la Directiva-, en cuanto disposición de Derecho interno, es también aplicable a la reagrupación de familiares extranjeros (cualquiera que sea su nacionalidad) de españoles, hayan -o no- hecho uso de su derecho a la libre circulación y residencia por el Espacio Común Europeo, y, concretamente, su art. 7. Al español, es cierto, no se le podrá limitar -salvo en los casos legalmente previstos- su derecho fundamental a circular y residir libremente en el territorio español ( art. 19 CE ), pero esto no obsta para que cuando pretenda reagrupar a familiares extranjeros quede sometido a requisitos o condiciones, en este caso, los mismos que al resto de los ciudadanos europeos. Los presupuestos, pues, de los que deriva el derecho de residencia del familiar extranjero del español residente en España son la nacionalidad española del reagrupante y concurrencia de alguno de los requisitos previstos en el art. 7, y, una vez surgido ese derecho, se aplicará el art. 8, de naturaleza meramente procedimental. Por último, las limitaciones a la reagrupación familiar de extranjeros por españoles residentes en España (como las impuestas en la legislación de Extranjería a la reagrupación de familiares por extranjeros residentes legalmente en España) no afectan negativamente al derecho fundamental a la intimidad familiar, reconocido en el art. 18.1º CE” ,

Cruce de la frontera organizado por las autoridades de un Estado miembro a efectos de tránsito hacia otro Estado miembro a modo de excepción por razones humanitarias

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La Sentencia del Tribunal de Justicia, Gran Sala, de 26 de julio de 2017, Asunto C‑646/16: Jafari, establece que “el art. 12 del Reglamento (UE) nº 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida, puesto en relación con el art. 2, letra m), de este Reglamento, debe interpretarse considerando que no procede calificar de «visado», en el sentido de ese artículo 12, el hecho de que las autoridades de un primer Estado miembro, obligadas a hacer frente a la llegada de un número excepcionalmente alto de nacionales de terceros países deseosos de atravesar dicho Estado miembro para presentar una solicitud de protección internacional en otro Estado miembro, hayan tolerado la entrada en su territorio de esos nacionales, que no cumplen las condiciones de entrada en principio exigidas en ese primer Estado miembro. Considera también el Tribunal de Justicia que “el art. 13, apartado 1, del Reglamento nº 604/2013 debe interpretarse en el sentido de que procede considerar que ha ‘cruzado de forma irregular’ la frontera de un primer Estado miembro, en el sentido de dicha disposición, un nacional de un tercer país cuya entrada ha sido tolerada por las autoridades de ese Estado miembro, obligadas a hacer frente a la llegada de un número excepcionalmente alto de nacionales de terceros países deseosos de atravesar dicho Estado miembro para presentar una solicitud de protección internacional en otro Estado miembro, sin cumplir las condiciones de entrada en principio exigidas en el primer Estado miembro”.

Expulsión de de un ciudadano de la Unión que reside en el Estado miembro de acogida en el que cumple una pena de prisión por delitos de abusos sexuales sobre menores

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E es un nacional italiano que el 14 de abril de 2003 fue registrado como ciudadano de la Unión residente en España. El 13 de noviembre de 2013, la Subdelegación del Gobierno en Álava adoptó, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 15, apartado 1, letra c), del Real Decreto 240/2007, una resolución de expulsión de E del territorio del Reino de España por razones de seguridad pública, con prohibición de entrada durante diez años, debido a que E había sido condenado mediante tres sentencias firmes a doce años de prisión por reiterados delitos de abusos sexuales sobre menores, pena que cumplía en un centro penitenciario. E recurrió dicha resolución ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Vitoria-Gasteiz. Mediante sentencia de 12 de septiembre de 2014, dicho órgano jurisdiccional desestimó el recurso, ya que consideró que la resolución de expulsión se hallaba debidamente motivada, habida cuenta, en particular, del informe psicológico establecido por el centro penitenciario y de la situación familiar y económica del interesado en el Estado miembro de acogida. Así las cosas E interpuso un recurso de apelación contra la anterior sentencia ante el tribunal remitente alegando alegó que se encontraba encarcelado desde hacía seis años cumpliendo las penas que se le habían impuesto por delitos de abusos sexuales sobre menores. Según él, ese hecho impide considerar que, en el momento en que se adoptó la resolución de expulsión, representara una amenaza real y actual para un interés fundamental de la sociedad. En estas circunstancias, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia aue se dilucide si el artículo 27, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una persona se halle encarcelada en el momento de la adopción de una resolución de expulsión, sin perspectiva de liberación en un futuro próximo, excluye que su conducta constituya, en su caso, una amenaza real y actual para un interés fundamental de la sociedad del Estado miembro de acogida. La respuesta vino a través de la Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Tercera, de 13 de julio de 2017, asunto C-193/16: E, según la cual no puede considerarse que el hecho de que el interesado se halle encarcelado en el momento de la adopción de una resolución de expulsión, sin perspectiva de liberación antes de varios años, tenga relación con la conducta personal de aquél. Para el Tribunal de Justicia el art. 33, apartado 1, de la Directiva 2004/38 contempla la posibilidad de que el Estado miembro de acogida emita una orden de expulsión, cuando ésta cumpla los requisitos, en particular, del artículo 27 de esta Directiva, como medida accesoria a una pena de privación de libertad. Por lo tanto, el legislador de la Unión ha previsto expresamente que los Estados miembros puedan adoptar una orden de expulsión contra una persona condenada a una pena privativa de libertad si se acredita que la conducta de ésta constituye una amenaza real y actual para un interés fundamental de la sociedad de dichos Estados miembros. Por consiguiente responde que el art. 27, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2004/38 debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una persona se halle encarcelada en el momento de la adopción de una resolución de expulsión, sin perspectiva de liberación en un futuro próximo, no excluye que su conducta constituya, en su caso, una amenaza real y actual para un interés fundamental de la sociedad del Estado miembro de acogida.

Situación del nacional de un Estado no perteneciente a la UE, miembro de una familia de un ciudadano de la Unión que ha residido en un Estado miembro antes de adquirir la nacionalidad de dicho Estado

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Según las conclusiones del Abogado General Bot, de 30 de mayo de 2017, un nacional de un Estado no perteneciente a la UE, miembro de la familia de un ciudadano de la Unión, puede disfrutar de un derecho de residencia en el Estado miembro en el que ese ciudadano ha residido antes de adquirir la nacionalidad de dicho Estado y de desarrollar una convivencia familiar. A fin de garantizar el efecto útil de los derechos conferidos por la ciudadanía de la Unión, los requisitos de concesión de ese derecho de residencia derivado no deberían ser, en principio, más estrictos que los establecidos en la Directiva relativa al derecho de libre circulación de los ciudadanos de la Unión. El Abogado General destaca que, con arreglo al ar. 21 TFUE, los Estados miembros están obligados a permitir que los ciudadanos de la Unión que no posean su nacionalidad circulen o residan en su territorio con sus cónyuges y, en su caso, otros miembros de su familia que no son ciudadanos de la Unión. A este respecto, el Abogado General se remite a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual, a fin de garantizar el efecto útil de este artículo, procede aplicar por analogía las disposiciones de la Directiva relativas al regreso del ciudadano de la Unión a su Estado miembro de origen. Dado que, al optar por adquirir la nacionalidad del Estado miembro de acogida (el Reino Unido), la Sra. García Ormazábal manifestó su voluntad de vivir en este Estado de la misma manera en que viviría en su Estado miembro de origen, creando lazos duraderos y sólidos con el Estado miembro de acogida, el Abogado General propone aplicar por analogía esa jurisprudencia al presente asunto. Por consiguiente, el Abogado General considera que el efecto útil de los derechos conferidos por el art. 21 TFUE exige que un ciudadano de la Unión, como la Sra. García Ormazábal, pueda proseguir la convivencia familiar que mantenía hasta entonces con su cónyuge en el Estado miembro del que ha adquirido la nacionalidad. Los términos del presente asunto son los siguientes: El Sr. Toufik Lounes, de nacionalidad argelina, entró en el Reino Unido en 2010 con un visado de turista de seis meses de vigencia. Transcurrido ese período, permaneció ilegalmente en territorio británico. La Sra. Perla Nerea García Ormazábal, nacional española, se trasladó al Reino Unido como estudiante en 1996 y comenzó a trabajar allí a tiempo completo en 2004. Adquirió la nacionalidad británica por naturalización en 2009. El Sr. Lounes y la Sra. García Ormazábal contrajeron matrimonio a principios de 2014. Tras contraer matrimonio, el Sr. Lounes solicitó al Ministro del Interior la expedición de un permiso de residencia como miembro de la familia de un nacional del Espacio Económico Europeo (EEE).

Denegación de la solicitud de visado de reagrupación familiar en régimen comunitario al no quedar acreditada la dependencia económica de la madre

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La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección Tercera, de 8 de mayo de 2017, rechaza el motivo de casación alegado al amparo del art. 88.1.d) de la LJCA , denunciando la vulneración de los artículos 1 , 2.c) y 3 del Real Decreto 240/2007 , en relación con las Directivas 2004/38/CE y 2003/86/CE confirmando la Sentencia a sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 15 de abril de 2016 que, a su vez, había confirmado la Resolución de 11 de marzo de 2015 dictada por el Consulado General de España en Santo Domingo por la que se denegaba la solicitud de visado de reagrupación familiar en régimen comunitario instada por la recurrente en favor de su hijo, al no quedar acreditado que dependiese económicamente de su madre.