El Institut de Droit International aprobó en su Sesión de Hyderabad (2017) una Resolución sobre medidas cautelares para los procesos judiciales y arbitrales

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A partir de los trabajos de la “Tercera Comisión”, que contó como relator a Lord Collins of Mapesbury, se aprobó en la sesión de Hyderabad del Institut de Droit International de septiembre de 2017 la Resolución sobre medidas cautelares aplicables a los procesos internacionales e internos, tanto de carácter jurisdiccional como arbitral, en la que se adoptan una serie de los principios relativos a la concesión de este tipo de medidas que contribuirían al desarrollo del Derecho internacional y de los Derechos nacionales en la materia.

Alcance de la noción de cosa juzgada en el ámbito de la anulación de un laudo arbitral en contencioso derivado de un contrato de franquicia

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 11 de julio de 2017, desestima una acción de anulación afirmando que ” el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1º CE protege y garantiza la eficacia de la cosa juzgada material, tanto en su aspecto negativo o excluyente de nuevos pronunciamientos judiciales con idéntico objeto procesal al ya resuelto en Sentencia firme, como en su aspecto positivo o prejudicial, impidiendo que los Tribunales -o los Árbitros-, en un proceso seguido entre los mismos sujetos, puedan desconocer o contradecir las situaciones jurídicas declaradas o reconocidas en una Sentencia o Laudo que haya adquirido firmeza. Por más que la trascendencia constitucional -y, en esta medida, la virtualidad para afectar al orden público como causa de anulación- del alcance que quepa atribuir a la cosa juzgada esté en función de que la decisión adoptada por el órgano judicial o, en este caso, por el árbitro resulte incongruente, arbitraria o irrazonable, desproporcionada o incursa en error patente”. Para la Sala, en el presente procedimiento no se trata de las mismas partes, tal y como recoge el Laudo impugnado y no puede que exista identidad de partes cuando en los contratos consta que el franquiciador y el franquiciado por mucho que los mismos se hayan celebrado teniendo en cuenta las cualidades personales de la Sra. H., pues ello es así para conseguir el éxito en el punto de venta y por tanto el crecimiento de la cadena franquiciadora, sin que ese carácter “intuitu personae” de los contratos que se desprende tanto de los documentos de información precontractual, como del propio contrato, traiga como consecuencia que existe una identidad de partes entre un anterior procedimiento arbitral derivado de los contratos celebrados entre A.A.E, S.A. y S.O., S.L., y los contratos a los que se refiere el presente procedimiento celebrados entre la primera y P.O. S.L.U., ya que para que opere la función positiva o prejudicial, que en este caso se alega por la demandante, se exige identidad de partes, es decir que las partes del proceso pendiente sea jurídicamente idéntica a los sujetos a quien se extienda la cosa juzgada producida por aquella resolución, y en el supuesto analizado no podemos hablar de identidad jurídica de partes, se trata, en definitiva de sociedades distintas.

Legitimación de una empresa extranjera para el ejercicio de acciones por competencia desleal en España

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La Sentencia del Tribunal Supremo , Sala de lo Civil, Sección Primera, de 20 de julio de 2017 desestima un motivo de casación que denunciaba la infracción del art. 33 LCD y de la jurisprudencia que lo interpreta, “al reconocer la sentencia recurrida legitimación activa a una empresa extranjera sin intervención en el mercado español”. El Tribunal Supremo considera que “además del significado general de la expresión ‘que participe en el mercado’, que abarca a todos los empresarios que llevan a cabo directamente su actividad económica en él y a los consumidores o destinatarios de dicha actividad económica, el término participación en el mercado debe analizarse también en función de la concreta conducta desleal, para evitar que una aproximación muy literalista del término conduzca al absurdo de negar legitimación activa al titular de los intereses económicos directamente afectados por las conductas desleales denunciadas y ahora declaradas en la instancia”.

Inaplicabilidad del Derecho inglés por falta de consentimiento del contratante adherente en prestación de “servicio de inversión” existente entre una entidad ingresa a través de su sucursal española

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La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil de 20 de julio de 2017, considera que ” No puede entenderse que haya existido una elección expresa de la ley inglesa por parte del demandante al adquirir la Nota estructurada, ni que tal elección resulte de manera segura de los términos del contrato suscrito por el demandante ni de las circunstancias concurrentes, por el hecho de que los documentos en los que se recoge la sumisión a la ley inglesa se encontraran disponibles en la página web de la Bolsa de Luxemburgo o en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En la orden de compra firmada por el demandante no aparecía esa elección del Derecho inglés. En los documentos informativos que se suministró al demandante antes de la firma de la orden de compra tampoco aparecía esa elección del Derecho inglés, por lo que tampoco puede considerarse que, pese a no constar expresamente esa elección en el contrato puesto a la firma del cliente, existiera una mención clara y suficientemente visible en la documentación precontractual que pudiera ser interpretada como indicativa del conocimiento y aceptación por el comprador de esa elección de un Derecho extranjero para que rigiera la relación contractual”.

Remuneración correspondiente a los artistas, intérpretes o ejecutantes, devengada por los autos de comunicación pública de actuaciones musicales extranjeras fijadas en fonogramas

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La Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Madrid nº 1 de 31 de marzo de 2017 considera que yerra “la demandada al defender que ‘Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE)’, para ver prosperar su reclamación, tendría que probar el concreto repertorio que administra, pues ello no es precisamente lo que acontece en los supuestos de gestión colectiva obligatoria, como el presente, por contraposición con la gestión voluntaria (…): porque en definitiva no se está pretendiendo abonar nada, o a lo sumo lo perseguido es dilatar la resolución de la cuestión hasta tanto se produzca un cambio normativo a nivel interno, europeo o internacional. Igual de desacertada es la petición de que la remuneración no se produzca con relación a contratos anteriores a la Ley 23/2006 o bien a contratos sometidos a la Ley extranjera. De entrada, incumbiría a la demandada demostrar cuáles son esos contratos, qué parte de la remuneración se ve afectada, qué leyes extranjeras a las que están sometidos los contratos impiden que la entidad pública española reclame los derechos de remuneración imperativamente previstos por las leyes españolas en cuanto a los derechos para los que, qua lex loci protectionis , la misma es aplicable. Nada de todo eso aparece aclarado, por lo que no se infringe ni el ámbito de aplicación temporal ni el ámbito de aplicación espacial de la normativa española cuando por lo que se reclama es por los actos de puesta a disposición interactiva llevados a cabo en el territorio nacional y con posterioridad a la entrada en vigor del repetido derecho de remuneración. Finalmente, la demandante ha conseguido resaltar una actuación de la demandada contraria a la buena fe y a la doctrina de los propios actos, que es la existencia de un acuerdo para hacer efectiva la remuneración del art. 108.3 TRLPI por actos de puesta a disposición de grabaciones audiovisuales con AISGE (prestaciones de actores, bailarines, dobladores y directores de escena). Asiste la razón a la demandante al afirmar que si la demandada realmente entiende que el art. 108.3 del TRLPI encierra una contradicción con el Derecho de la Unión Europea, no es posible discernir por qué esa contradicción opera en el caso de los derechos de intérpretes artistas o ejecutantes cedidos a productores de fonogramas pero no en el caso de cesiones a productores audiovisuales”.

Confirmación de una declinatoria arbitral por considerar que la cláusula arbitral inserta en un contrato de sociedad es incuestionable

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El Auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Cuarta, de 5 de junio de 2017 confirma una declinatoria arbitral considerando que la redacción de la cláusula arbitral inserta en el contrato es incuestionable, y no se aprecia oscuridad alguna, “puesto que de su tenor se deduce claramente y de modo manifiesto que las partes han pactado someter a arbitraje todas las controversias, conflictos y litigios surgidos con ocasión del contrato suscrito”. La acción entablada pretendía la disolución de una sociedad y la  sumisión al arbitraje estaba inserta en el contrato de sociedad “por tanto, la acción ejercitada en el presente caso -disolución de la sociedad- está comprendida en la cláusula de sumisión a arbitraje contenida en dicha cláusula suscrita por los litigantes socios de la expresada sociedad”.

Derecho del perjudicado a ejercitar una acción judicial directamente contra el asegurador del responsable de un accidente

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De conformidad con la Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Octava, del 13 de julio de 2017, as. C 368/16: Assens Havn, el art. 13, punto 5, del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en relación con su artículo 14, punto 2, letra a), debe interpretarse en el sentido de que la parte perjudicada que dispone de acción directa contra el asegurador del autor del daño que ha sufrido no está vinculada por un acuerdo atributivo de competencia celebrado entre el asegurador y el autor citados.