Para excluir las resoluciones sobre quiebra del ámbito de aplicación del Reglamento 44/2001, es preciso que se mantengan dentro del marco de un procedimiento de liquidación de bienes

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El Auto de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección Quinta, de 21 de julio de 2017, confirma la ejecutividad de una resolución, dictada por el Juzgado de distrito de Herning, Dinamarca decretada por el Juzgado. Considera la Sala que “olvida la recurrente resaltar que en esta sentencia se declaró que para excluir las resoluciones judiciales relativas a una quiebra del ámbito de aplicación del Reglamento 44/2001, es preciso que emanen directamente de la quiebra y se mantengan dentro del marco de un procedimiento de liquidación de bienes o de suspensión de pagos; esto es, que es necesaria la existencia de una conexión directa entre la acción judicial y el procedimiento de insolvencia, y la sentencia danesa objeto de este procedimiento no debe incluirse en los supuestos de exclusión del ámbito del tan citado Reglamento, ya que la situación de concurso en la que se haya Audiorema Danmark, A/S, nada tiene que ver con la sentencia dictada, la cual resuelve un procedimiento de reclamación de una deuda que es totalmente independiente y que no es consecuencia directa de la situación de concurso. Y por ello, en el título ejecutivo no se cuestiona ni la situación concursal de Audiorema Danmark A/S, ni los convenios alcanzados entre el concursado y los acreedores, ni las deudas o los créditos concursales, por no ser ésta una sentencia que derive de un procedimiento concursal”.

La técnica del levantamiento del velo debe utilizarse cuidadosamente en el comercio internacional y en casos extremos y de forma subsidiaria

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimonovena, de 10 de octubre de 2017 confirma la sentencia de instancia que desestimó una demanda donde se ejercitaba acción declarativa de la titularidad real de una finca a favor de los demandados, Luis María y doña Fidela con aplicación de la teoría del levantamiento del velo por considerar que no concurrían los presupuestos para la aplicación de doctrina sobre el levantamiento del velo. La Audiencia hace suya la doctrina sentada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 1996, según la cual la técnica del levantamiento del velo “debe utilizarse cuidadosamente y en casos extremos y de forma subsidiaria, en otras palabras, cuando no haya más remedio y no se puedan esgrimir otras armas sustantivas y procesales. Pues no se puede olvidar, que la personalidad jurídica es una teoría que ha logrado grandes y eficaces éxitos para la expansión financiera y económica en general y que el comercio internacional tiene su arquitrabe en la misma”. A partir de aquí la Audiencia resuelve que “ninguno de los documentos permite concluir en el ‘levantamiento del velo’ interesado, esto es, que las sociedades Mayfair Inc y Mayfair Bugaria Ltd. , fueron constituidas por el Sr. Luis María y su esposa para desviar hacia las mismas el producto del fraude objeto del indicado procedimiento del Reino Unido, al menos de forma concreta en relación al bien inmueble respecto del cual se solicita en este procedimiento se proceda a aplicar dicha teoria de levantamiento del velo”

México firma el Convenio del CIADI de 1965, que deberá ser ratificado por el Senado

UNO

En su gira de trabajo por Estados Unidos, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, firmó con el Banco Mundial la adhesión de México al Convenio sobre Arreglo de Diferencias entre Inversiones y Estados, conocido como Convenio del CIADI, ya suscrito por 162 países, de los cuales 153 han depositado los instrumentos de ratificación. El Convenio deberá ser ratificado posteriormente por el Senado de la República. Hasta la fecha México formaba parte del Mecanismo Complementario de CIADI para Estados No Contratantes, por lo que sí era posible dirimir un conflicto de inversión por esta vía, aunque con ciertas matizaciones, sobre todo en lo que concernía a la anulación de los laudos. Cabe retener que el Instituto Mexicano del Arbitraje (IMA) había recomendado con insistencia que México se adhiriera al Convenio CIADI, pues esta acción tendría la virtud de disipar dudas acerca de la seguridad legal que el país ofrecía a la inversión extranjera. También será congruente con gran parte de los tratados de inversión, que contemplan al CIADI como uno de los medios de solución de controversias.

La pérdida de documentos por la demandada está exonerada de responsabilidad con arreglo al contrato de apertura de crédito documentario irrevocable

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Quinta, de 6 de julio de 2017 resuelve sobre el incumplimiento de sus obligaciones contractuales derivadas de la realización de una operación dentro del contrato de crédito documentario suscrito entre la vendedora de unas mercancías y un tercero. En la reclamación el fundamento del incumplimiento se concretó en la falta de adopción de las medidas necesarias para impedir que el juego completo de conocimientos de embarque emitido por la naviera para recoger la mercancía entregada para su transporte fuese sustraído y, consecuentemente, al ser un documento al portador que actúa como título de entrega de las mercancías dadas en transporte, se impidió al comprador que pudiera recoger las mismas en el punto de destino, Puerto Cabello (Venezuela). Por su parte la demandada mantiene que la actora carece de legitimación para el ejercicio de la acción de responsabilidad y consiguiente condena a la emisión de una carta de indemnidad que deje a salvo a la actora de las consecuencias del incumplimiento de la demandada, así como que no puede imponérsele una condena a una responsabilidad genérica, en que no existe ni responsabilidad, ni daño acreditado y en que no era preciso en Venezuela la entrega de los conocimientos de embarque para la retirada de las mercancías. La Audiencia resuelve que “en cuanto a la actuación imprudente de la demandada, base del incumplimiento denunciado, el examen de las actuaciones pone de relieve que era la demandada la que a falta de instrucciones de la actora decidió el medio para hacer llegar la documentación contractual de la compraventa, facturas y conocimientos de embarque a la compradora. Eligió un medio ordinario aunque no completamente seguro a través de una compañía de reconocido prestigio, lo que motivo que la totalidad de la documentación, tres juegos de originales, fuese sustraída en tránsito. Sobre esta base fáctica, ha de concluirse que la demandada adoptó las medidas que la prudencia podía exigir, no tanto un aseguramiento de los documentos, cuyo valor no era el de la mercancía pero podía ser valorado como tal por la aseguradora, como elegir un medio razonablemente seguro y protegido de transporte. En este sentido, no puede hablarse de responsabilidad in vigilando y la responsabilidad in eligendo de un medio que se reveló inseguro e inadecuado para trasmitir una importante documentación no supone per se una fuente de responsabilidad por culpa en cuanto parece que es la forma usual de remisión de documentación en operaciones de este tipo. En todo caso, aun de estimar que la demandada no puede sustraerse a su responsabilidad por no completar su diligencia en el transporte de los documentos, habrá de examinarse si en el presente caso existía una norma consuetudinaria o contractual que le exonerase de la misma”, apuntado la Sala al art. 35 de las Reglas y Usos Uniformes para créditos documentarios, revisión 2007, publicación 600, de la CCI, aplicables al caso según el tenor contractual del crédito documentario. Por consiguiente “aunque la demandada no ha cumplido la obligación de entrega a su solicitante de crédito, dicha causa, la pérdida de documentos por la demandada, amén de no reputarse culpable, esta exonerada de responsabilidad con arreglo al contrato de apertura de crédito documentario irrevocable”.

Incompetencia de los Tribunales Españoles para conocer de un proceso concursal por ser inadmisible sostener que se trata de un procedimiento secundario según el art. 3.2º del Reglamento (CE) nº 1346/2000

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El Auto de la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección Quinta, de 27 de junio de 2017, considera que, “es incuestionable que la nacionalidad de un grupo empresarial carece de trascendencia jurídica, porque dado que se trata de personas jurídicas individuales e independientes, lo valorable, a estos efectos, será la nacionalidad de cada una de las sociedades. Si la nacionalidad de una sociedad cabecera o matriz de un grupo, se extendiera a todas las participadas, supondría que nunca podría haber grupos internacionales, y como ya hemos señalado anteriormente, supondría una comunicabilidad en cuestiones jurídicas que no dependen de quienes integren el tejido societario, más concretamente de qué nacionalidad son los socios, ni su órgano de administración, sino de cuestiones propia de esa persona distinta y diferente a sus socios. Y todo ello, porque no podemos olvidar que cada persona jurídica tendrá un patrimonio individualizado y consecuentemente una responsabilidad individual, es decir, no existe una personalidad común ni se produce ningún grado de comunicabilidad en las respectivas responsabilidades, sobre la base de nuestra legislación. Si en nada afecta la nacionalidad de los accionistas a la sociedad, qué exista ese control, como vemos, también es intrascendente, porque lo esencial es dónde se ejerce de modo habitual y reconocible por terceros la administración de tales intereses. Resulta que estamos ante una sociedad que los promotores admiten que es de nacionalidad inglesa, incluso, señalan un domicilio en la ciudad de Londres, que cotiza en el mercado de valores NASDAQ, hecho que se sostiene en la resolución recurrida y no se desvirtúa por los recurrentes, -no podemos olvidar, a estos efectos, que se trata de la segunda bolsa de valores electrónica y automatizada más grande de los Estados Unidos-(…). Qué por informaciones periodísticas, se sostenga por los recurrentes que va a transmitir sus participaciones en Atlantica Yield a una sociedad radicada en Luxemburgo, aparte de que no es un hecho acreditado, resulta que se trata de una decisión que va afectar a otro país comunitario, pero no a España. Por todo ello, dado que no se ha desvirtuado dicha presunción, ha de rechazarse la pretensión de los recurrentes en le sentido de que sean los Tribunales Españoles quienes conozca del proceso concursal de la entidad Abengoa Concessions Investiments Limited, porque no han aportado una prueba que decididamente pueda calificarse de rotunda, incontrovertida e inequívoca, ni siquiera es admisible sostener que se trataría de un procedimiento secundario al que se refiere el apartado segundo del artículo tercero del Reglamento 1346/00 “.

Acción de responsabilidad delictual contra los miembros de un comité de acreedores que han rechazado un plan de saneamiento en un procedimiento de insolvencia

La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Primera, de 20 de diciembre de 2017, asunto C‑649/16: Valach y otros, considera que el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.º 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia, debe interpretarse en el sentido de que no está incluida en la competencia del órgano jurisdiccional que abrió el procedimiento de insolvencia una acción de indemnización por competencia desleal mediante la que se reprocha al cesionario de una rama de actividad adquirida en el marco de un procedimiento de insolvencia haberse presentado de forma engañosa como el distribuidor exclusivo de artículos fabricados por el deudor.

La sociedad española Schweppes no puede oponerse a la importación de botellas de tónica con la marca “Schweppes” procedentes del Reino Unido

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La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Segunda, de 20 de diciembre de 2017, asunto C‑291/16: Schweppes, declara que la sociedad española Schweppes no puede oponerse a la importación de botellas de tónica con la marca “Schweppes» procedentes del Reino Unido, si ella misma ha generado la impresión de que se trata de una marca única y global. Lo mismo sucede si esta sociedad tiene vínculos económicos con el tercero actual titular de los derechos sobre esta marca en el Reino Unido. Precisa el tribunal de Justicia que el Derecho de la Unión impide que el titular de una marca nacional se oponga a la importación de productos. idénticos designados con la misma marca y procedentes de otro Estado miembro, en el que esta marca, que pertenecía inicialmente al mismo titular, es actualmente propiedad de un tercero que ha adquirido los derechos sobre la misma mediante cesión cuando, tras esta cesión, el titular, solo o coordinando su estrategia de marca con ese tercero, ha seguido promoviendo activa y deliberadamente la apariencia o la imagen de una marca global y única, creando o reforzando de este modo una confusión en el público pertinente en cuanto al origen empresarial de los productos designados con esta marca.