Con 43 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones, el Senado aprobó en la sesión que se llevó a cabo el 7 de septiembre, el proyecto para incorporar contenidos de la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL) sobre arbitraje comercial internacional.
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, Sección Segunda, de 14 de junio de 2017 considera que existen indicios suficientes de la simulación del matrimonio celebrado entre las partes, procediendo en consecuencia a la nulidad matrimonial interpuesta . La Audiencia tuvo en cuenta “el escasísimo tiempo que medió entre la entrada en España de Flora y su matrimonio; la diferencia de edad entre los contrayentes y sus circunstancias personales (Flora tiene dos hijos de relación anterior); la contradicción sobre el momento que Flora dijo en la prueba de interrogatorio que entro en España (año 2009) respecto del que indicaba inicialmente (agosto de 2010) para justificar su matrimonio al no darse cuenta de que en ambas fechas si permitían la celebración posterior del matrimonio revelando un ánimo meramente justificativo de hacer coincidir las fechas; la falta de indicación por Jenaro de la fecha concreta de su matrimonio con Flora cuando fue preguntado sobre ella en la prueba de interrogatorio de parte; la falta de prueba efectiva de su convivencia, residiendo Flora en lugar distinto del de su cónyuge, haciendo coincidir éste mediante empadronamiento solo en los momentos en que realiza la tramitación de expedientes de nacionalidad o residencia; las distintas justificaciones ofrecidas por las partes sobre el alcance de sus relaciones y la relación sentimental efectiva de Jenaro con Manuela (hermana de su cónyuge: Flora ) a quién conoció con anterioridad a ésta y con quien, prueba de su relación afectiva real, tuvo un hijo y con quien hoy sigue manteniendo convivencia”.
El 16 de agosto de 2017 Nathanael Concepción tomó posesión como Director del Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional de la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Dicho Departamento fue creado por la Ley No. 02-06 de Carrera Administrativa del Congreso Nacional, otorgándole, entre otras, las siguientes funciones: a) Brindar apoyo al sistema de Carrera Administrativa del Congreso Nacional; b) Preparar reglamentos, manuales e instructivos para la implementación de esta ley que deberán ser sometidos al Comité Técnico de Gestión; c) Documentar procesos; d) Dar seguimiento y ejecutar los acuerdos y medidas dictadas por la Comisión Bicameral de Carrera Administrativa del Congreso Nacional y del Comité Técnico de Gestión que le corresponden. Adicionalmente el Manual de Organización y Funciones de la Cámara de Diputados establece otras funciones que corresponden al Departamento. Asimismo, corresponde a este último la dirección de la Oficina Legislativa Ciudadana (OLCI).
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona, Sala Primera, de 23 de enero de 2017 desestima en su integridad el instado por la madre del menor, residente en la localidad de Les Planes d’Hostoles, por partir de “una premisa fáctica que no puede ser objeto de análisis en este proceso; esto es, se dice que el padre no estaba ejerciendo, de modo efectivo, el derecho de custodia en el momento en que se produjo el traslado del menor, e invoca un pretendido riesgo para el menor, en caso de devolución. Tal planteamiento está abocado al fracaso, puesto que además de no resultar acreditadas las razones expuestas y transcritas, se olvida que, en este concreto proceso, el Juez debe dictar sentencia en la que se pronunciará, únicamente, sobre si el traslado o la retención son ilícitos y acordará si procede o no la restitución del menor a la persona, institución u organismo que tenga atribuida la guarda y custodia o su retorno al lugar de procedencia para permitir al solicitante el ejercicio del régimen de estancia, comunicación o relación con el menor, teniendo en cuenta el interés superior de éste y los términos del correspondiente convenio o de las disposiciones de la Unión Europea en la materia, según el caso ( art. 778 quinquies LEC )”.
El Auto de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Décima, de 5 de mayo de 2017 confirma la resolución dictada por el Juzgado de Gandía que denegó el reconocimiento y ejecución de sentencia dictada en proceso de filiación por el Juzgado de Instancia de la Niñez y Adolescencia de la VI Circunscripción del Alto Paraná de la República de Paraguay. La Audiencia justifica su decisión en que “difícilmente puede acordarse el execuátur de una sentencia, ¡nada menos que en materia de filiación¡ contra quien no fue parte en el procedimiento en el que se dictó esa sentencia ya que no fue demandada ni fue oída la progenitora de la menor cuya filiación se pretendía. Aunque el Tribunal del Paraguay que declaró la filiación admitió como válida la relación procesal constituida entre el supuesto progenitor que reclama la filiación y la abuela materna de la misma, y no la progenitora, no consta (que esta última) contara con poderes especiales para allanarse a la demanda de reclamación de filiación, y además es evidente que la resolución se dictó con manifiesta vulneración de los derechos de defensa de la madre, que suponemos algo tendría que decir al respecto.
El Auto de la Audiencia Provincial de Tarragona, Sección Primera, de 11 de mayo de 2017, revoca una resolución del Juzgado de Primera Instancia y concede el execuátur de la Resolución Nº 493/2014, de Miraflores (Perú) de 28 agosto 2014, por la que se declara la disolución por divorcio del vinculo matrimonial del apelante, que se inscribirá en el Registro Civil de España. La Audiencia considera improcedente el razonamiento del juzgado que rechazó el execuátur debido a que nada se manifiesta sobre la existencia de hijos menores con lo que se quebranta el orden público español conforme al art. 46.1º.a) de la Ley 29/2015 de Cooperación Jurídica Internacional en material civil. Entiende la Audiencia que “no cabe una interpretación tan formalista como pretende la instancia y el Ministerio Fiscal, al que únicamente se la da la razón en que el titulo que se presenta a ejecución debe venir completo de origen, sin que quepa complementarlo posteriormente en apelación -si podría serlo en la instancia, una vez advertida la patología-, pues si nada se dice sobre la existencia de hijos es que no los hay y no caben mayores elucubraciones”.
La Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Bilbao, Sección Primera de 14 de marzo de 2017 condena a Cubana de Aviación al pago a cada una de las pasajeras demandantes del importe de 600 euros “en concepto de compensación económica por el daño moral sufrido como consecuencia de retraso sufrido” (24 horas de retraso respecto de la hora prevista, el 08/08/08, vuelo La Habana-Madrid) y además, 67,48 euros en concepto de daño material por los (nuevos) billetes de bus que tuvieron que adquirir para regresar a su destino (en Bilbao).
