Solo habrá de resolverse sobre el reconocimiento de una resolución extranjera si se plantea de forma incidental en un procedimiento judicial

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Dª Milagros interpuso demanda de liquidación de régimen económico matrimonial de comunidad de bienes contra D. Inocencio , a tramitar por el procedimiento previsto en el art. 806 ss LEC, alegando sustancialmente que ambos contrajeron matrimonio el 28 julio 2010 en Venezuela, siendo en ese momento de nacionalidad venezolana (más adelante se dice, sin concretar ningún dato, que ambos han obtenido la nacionalidad española); el matrimonio se regía por el régimen económico de comunidad de bienes regulado en el Código civil de Venezuela. Se decretó por Tribunal venezolano la separación de cuerpos y de bienes con fecha 20 febrero 2013, lo que produjo el efecto de la disolución del régimen económico matrimonial; esa separación fue convertida en divorcio por resolución de 07 abril 2014 de Tribunal venezolano. La sentencia de instancia desestimó la demanda por entender que era necesario como requisito previo que hubiera obtenido el exequátur la sentencia de Venezuela que produjo la disolución del régimen económico matrimonial de comunidad de bienes, que fue la resolución que decretó la separación de cuerpos y bienes y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Novena, de 29 noviembre 2017 confirmó dicha decisión. De acuerdo con la Audiencia “no es preciso un expreso pronunciamiento al respecto, dado que el art. 44.2º LCJI establece que solo habrá de resolverse sobre el mismo (sobre el reconocimiento de una resolución extranjera) cuando ‘se plantee de forma incidental en un procedimiento judicial’. Luego si no es preciso el exequátur de la resolución extranjera y ninguna parte ha planteado expresamente la necesidad de un reconocimiento incidental es porque se admite por ambas partes esa resolución extranjera y su contenido; se acepta que la resolución del Tribunal venezolano produjo la disolución del régimen económico matrimonial y puede entrarse en el fondo del asunto. No existe, así, controversia sobre el hecho aceptado de la disolución del régimen económico matrimonial, ventilándose en este proceso únicamente la forma en que debe ser liquidado”.

Reconocimiento parcial de una sentencia de divorcio argentina que contiene varios pronunciamientos

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El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoctava, de 6 noviembre 2017, estima parcialmente un acto del Juzgado que  denegó el reconocimiento de una sentencia de divorcio dictada por un Juzgado de Argentina por no haberse aportado el convenio sobre alimentos y régimen de visitas que homologa dicha sentencia. La Audiencia entiende que “el art. 49 de la ley de cooperación dispone que ‘cuando la resolución extranjera se hubiera pronunciado sobre varias pretensiones y no pudiera reconocerse la totalidad del fallo se podrá conceder el reconocimiento para uno o varios pronunciamientos’. La sentencia objeto de exequátur contiene varios pronunciamientos: el de divorcio, el de disolución de la sociedad conyugal, el de homologación del convenio sobre alimentos y régimen de visitas (que no recoge) y el de costas. No podemos acceder al reconocimiento y ejecución del convenio homologado por la sentencia de divorcio porque dicho convenio no ha sido aportado y correspondía a la parte su aportación conforme a lo dispuesto en el art. 54 de la Ley, pero sí procede acordar el reconocimiento y ejecución parcial de los demás pronunciamientos, de tal manera que la no aportación del convenio no puede impedir el reconocimiento del pronunciamiento de divorcio y de disolución del régimen de la sociedad conyugal”.
que son independientes de aquel, lo que conduce a estimar parcialmente el recurso.

No se precia litispendencia ni conexidad internacional al no acreditarse la identificación de partes

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La Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Quinta, de 28 diciembre 2017,  estimaço el recurso de apelación interpuesto por LPL Projects Logistics Spain, S.L. , contra una  sentencia  y un su auto aclaratorio del Juzgado. Según el recurrente   debía apreciarse la existencia de litispendencia y conexidad internacional respecto del procedimiento seguido en Brasil en el que era parte demandante Enterprise, contra el cliente final del transporte, Porto Sudeste do Brasil. Para la Audiencia dichas  excepciones procesales no pueden ser estimadas por los siguientes motivos: En primer lugar, los contratos, conforme al artículo 1257 CC , solo producen efectos entre las partes, por tanto los pactos alcanzados entre TAIM y LPL solo a dichas empresas les afecta y es a lo que se ciñe el presente procedimiento. Lo acordado entre ellos respecto a terceros únicamente a ellos les vincula, no a los terceros, y podrá ejercerse en su caso la acción de repetición contra quien corresponda. En segundo lugar, conforme al art. 39 de la Ley 29/2015, de 30 de julio , de cooperación jurídica internacional en materia civil, para apreciar la litispendencia internacional se requiere ‘un proceso pendiente con idéntico objeto y causa de pedir, entre las mismas partes, ante los órganos jurisdiccionales de un Estado extranjero en el momento en que se interpone una demanda ante un órgano jurisdiccional español’. El procedimiento seguido en Brasil lo es entre Enterprise y el cliente final del transporte, sin perjuicio de que estos puedan repetir en su caso contra quien corresponda a la vista del resultado del pleito. En ningún caso se da la pretendida identificación de partes alegada por TAIM, en un esfuerzo argumentativo, forzando una interpretación al intentar hacer ver que las partes son coincidentes con las del presente procedimiento, pero ninguna interpretación lógica sustenta dicha pretensión. En los contratos de transportes es habitual realizar diversas subcontrataciones sin que ello suponga que el subcontratado tenga la misma personalidad jurídica que quien le contrata. Enterprise, según consta documentalmente, actuó en su propio nombre y representación en el procedimiento de Brasil, y estaba vinculada con IPL por un contrato de colaboración, lo cual no supone una identificación de partes. Tampoco, y conforme al mismo razonamiento, puede entenderse que existe conexidad entre ambos procedimientos, en atención a lo argumentado, pues nos encontramos ante la exigencia de cumplimiento de un contrato entre las partes que lo celebraron, siendo las partes litigantes en Brasil ajenos al contrato que se analiza en este procedimiento, sin perjuicio de las relaciones tangenciales de las partes del contrato con terceros, que podrían dar lugar a otro tipo de reclamaciones o procedimientos, pero que en nada afectan al presente. Tanto es así, que el comportamiento contractual de aquellas dos empresas en nada afecta a este procedimiento”.

No se aplica el Tratado entre España y Colombia de 1908 al reconocimiento de una sentencia colombiana, por referirse éste exclusivamente a la “ejecución”

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La Sentencia  de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoctava, de 17 octubre 2017 desestima un recurso de apelación contra una sentencia del Juzgado que decidió acerca del régimen de comunicación paterno-filial. Entiende la Audiencia que  la normativa aplicable, se contiene en el art. 1 del Convenio celebrado entre España y la República de Colombia, para el cumplimiento de las sentencias civiles dictadas por los Tribunales de ambos países, hecho en Madrid el 30 de mayo de 1908, por lo que siendo aplicable a la ejecución y no al reconocimiento de una sentencia como es el caso de autos, habrá de estarse a la Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación Jurídica Internacional en materia Civil” y, en concreto a su art. art. 46.

Seminario internacional: nueva legislación procesal, civil y familiar (Toluca, México, 13 a 15 de febrero de 2018)

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Dirigido a todos los interesados en conocer el proyecto de Ley de Derecho Internacional Privado para México, a la luz de la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2017 y del proyecto de Código Nacional de Procedimiento Civil y Familiar presentado ante el Senado de los Estados Unidos Mexicanos. El Seminario al que asistieron más de 600 alumnos, fue una gran oportunidad para discutir sobre la mejor vía para la incorporación al orden jurídico mexicano de las disposiciones internacionales sobre la materia, ya sea a través de un instrumento único (ley autónoma de carácter nacional) o mediante su integración en la parte procesal internacional en el futuro Código Nacional en materia Procesal Civil y Familiar. Tras la ceremonia de inauguración la primera ponencia corrió a cargo del profesor Sixto Sánchez Lorenzo, Catedrático de Derecho internacional privado de la Universidad de Granada, sobre “El régimen de los bienes y de las obligaciones en el proyecto de ley de derecho internacional privado para México”. A ella siguió la intervención del Dr. Jorge Silva Silva de la Facultad de Derecho de la, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que disertó sobre “Derecho procesal civil internacional: A propósito del código nacional de procedimiento civil y familiar”. Entre otros ponentes figuraron la Lic. María Virginia Aguilar de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, sobre “¿La adopción internacional en el marco de la reforma constitucional para la aprobación de un código nacional de procedimiento civil y familiar” y José Carlos Fernández Rozas, Catedrático de Derecho internacional privado de la Universidad Complutense de Madrid que centró su intervención sobre “Los problemas de aplicación del Derecho extranjero”. A lo largo del Seminario tuvo lugar una mesa de diálogo, en torno al Proyecto de ley nacional de derecho internacional privado, en la que intervinieron el Dr. Víctor Manuel Rojas Amandi, el Dr. Leonel Pereznieto Castro, el Dr. Jorge Silva Silva y la Lic. María Virginia Aguilar. Por último, el profesor Leonel Pereznieto Castro presentó el libro Desarrollos Modernos del Derecho Internacional Privado.

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El “onus probandi” del Derecho extranjero corresponde a las partes, sin que pueda sustituir el órgano judicial dicha iniciativa al no haberse desarrollado actividad probatoria al respecto

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Vigésima, de 11 de noviembre de 2017 desestima un recurso de apelación en un asunto de incumplimiento de contrato. En concreto, la Audiencia considera que el primer motivo de apelación interpuesto, “consistente en la indebida admisión y valoración de documentos no traducidos, ha de ser rechazado ya que ha sido el propio demandante ahora apelante quien aportó dichos documentos con la demanda de la que dimana este litigio, abstracción hecha de si el letrado que redactó tal demanda es distinto al que ha asistido a la parte con posterioridad y toda vez que no ha mediado una impugnación expresa de dicha documentación, siendo rechazable, de igual modo, el segundo motivo planteado relativo a la falta de prueba de la legislación brasileña a la que se hace mención por cuanto que los órganos jurisdiccionales españoles no tienen la obligación de conocer el Derecho extranjero, al no encontrarse tal facultad amparada en el principio general del iura novit curia y por incumbir a las partes la prueba de la existencia, contenido y vigencia del Derecho extranjero. La falta de prueba del Derecho brasileño impide, consecuentemente, su aplicación ya que, con arreglo a lo dispuesto en el art. 281.2º LEC , el onus probandi o carga de la prueba del Derecho alegado corresponde a las partes, como se ha expuesto, sin que en modo alguno pueda sustituir el órgano judicial dicha iniciativa al no haberse desarrollado actividad probatoria al respecto”.

Factores que pueden permitir que se presuma que un matrimonio es fraudulento en la adquisición de la nacionalidad española

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, Sección Cuarta, de 16 de noviembre de 2017 considera que “en el presente caso la sentencia de primera instancia hace una detallada exposición de las contradicciones y desconocimientos entre los contrayentes de datos personales del otro, que en aras a evitar repeticiones innecesarias se dan por reproducidas. Todos esos datos son indicios evidentes y abundantes de la existencia de simulación en el consentimiento prestado por los contrayentes, lo que impide apreciar que concurre un consentimiento válido en el matrimonio aparentemente celebrado entre las partes. En esta materia se han tenido en cuenta tanto Resolución del Consejo de las Comunidades Europeas de 4 de diciembre de 1997, la que, frente al problema de la emigración ilegal y concretamente a los matrimonios celebrados en fraude de la legislación de extranjería, fijaba una serie de factores que pueden permitir que se presuma que un matrimonio es fraudulento, tales como el no mantenimiento de vida en común (la convivencia se exige en el art. 22.2º d) Cc como requisito para la obtención de la nacionalidad, lo que no hacía la Ley 51/1982), la ausencia de cumplimiento de las obligaciones derivadas del matrimonio, el que los cónyuges no se hayan conocido con anterioridad al matrimonio, que se equivoquen en relación con sus respectivos datos personales básicos o sobre las circunstancias en que se conocieron, que haya mediado entrega de una cantidad monetaria, o que alguno de ellos tenga un historial de matrimonios fraudulentos anteriores. También las Instrucciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado han regulado las entrevistas personales con los cónyuges en estos casos, fundamentalmente las de 9 de enero de 1995 y 31 de enero de 2006, que contemplan la necesidad (art. 246 RRC) de realizar audiencias reservadas de los contrayentes en los expedientes registrales a fin de cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen, o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración del matrimonio, o para cerciorarse de que se había procedido a la celebración de un matrimonio real y no meramente simulado o de conveniencia. Se trata de detectar la ausencia de consentimiento matrimonial, siendo una de sus manifestaciones cuando el expresado carece de contenido matrimonial. Esto sucede si el matrimonio se contrae con simulación. Simula el matrimonio quien mediante pacto (acuerdo simulatorio) excluye los efectos esenciales de éste o los modifica tan sustancialmente que quedan en puro nombre. La simulación matrimonial es siempre absoluta porque no coexisten simultáneamente dos negocios sino que, a lo más, lo que se produce es la utilización del matrimonio como un medio para alcanzar un efecto que se deriva de ese matrimonio simulado”.