Homologación ante el TSJ de una cláusula arbitral defectuosa, por acuerdo de las partes

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, de 19 de octubre de 2017, en un proceso de formalización judicial donde se suscitó que la cláusula arbitral no designaba con precisión la institución administradora consideró que, “planteada por la Presidencia la posibilidad de llegar a un acuerdo, ex art. 443.1º LEC, las partes, tras una breve suspensión de la vista, manifiestan que han llegado a un pacto transaccional, cuya homologación interesan por esta Sala, consistente en que ambas reconocen que el convenio arbitral supra referenciado debe ser entendido como un pacto de sumisión a arbitraje institucional de la Corte de Arbitraje de Madrid. (…)., ningún óbice hay en homologar -dotando de la debida seguridad jurídica- al acuerdo de las partes que suscriben el convenio identificando la Corte de Arbitraje a la que en su día se han sometido, aunque sin la debida precisión al denominarla”.

Procede el nombramiento imparcial de los árbitros, caso de haberse convenido la sumisión a arbitraje, sin que esta decisión prejuzgue la decisión que el árbitro pueda adoptar sobre su propia competencia

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La Sentencia del  Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, de 19 de octubre de 2017 considera que “ha de proceder al nombramiento imparcial de los árbitros, caso de haberse convenido la sumisión a arbitraje, sin que esta decisión prejuzgue la decisión que el árbitro pueda adoptar sobre su propia competencia, e incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del convenio arbitral o cualesquiera otras cuya estimación le impida entrar en el fondo de la controversia (art. 22.1º LA). En otras palabras: no es propio del ámbito objetivo de este proceso suplantar la decisión del árbitro sobre su propia competencia, sobre el análisis de la validez del convenio arbitral -más allá de la verificación, prima facie, de su existencia y validez (…)  sobre la comprobación de la arbitrabilidad de la controversia, y mucho menos entrar a resolver acerca de si el thema decidendi que se va a someter a arbitraje queda amparado o no por el convenio arbitral, pues dicho análisis concierne a la decisión de fondo, en sí misma considerada, que el árbitro ha de adoptar al dirimir la concreta contienda que ante él se suscite, entre la que se incluye, como queda dicho, la determinación de los límites de su propia competencia”

Para que pueda ponerse en marcha el arbitraje debe de surgir la concreta controversia para la que fue prevista y querida por los contratantes

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Burgos, Sala Civil y Penal, de 25 de octubre de 2017,   declara no haber lugar al nombramiento de árbitro. Considera la Sala que dicho nombramiento hubiera exigido, de acuerdo con la cláusula arbitral, que la actora hubiese practicado un cálculo de los intereses debidos a consecuencia del préstamo perfeccionado, que dichos intereses hubiesen sido pagados por la prestataria y que la prestamista hubiera hecho constar fehacientemente su disconformidad con el citado cálculo en el plazo de quince días desde la fecha del pago, circunstancias que no concurren en el supuesto enjuiciado. La Sala aprovecha para declarar que “siendo la esencia del arbitraje la nítida voluntad de las partes de someter todas o alguna de las controversias que hayan surgido o puedan surgir respecto de una determinada relación jurídica – art. 9. 1º LA-, es evidente que para que la institución pueda operar debe de surgir la concreta controversia para la que fue prevista y querida por los contratantes y estando referida la previsión para el concreto supuesto que se acaba de referir, no puede decirse que haya habido discusión acerca de ese particular”

No compete al TJS examinar en un procedimiento de nombramiento de árbitros los documentos objeto de impugnación

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 15 de junio de 2017 procede a una formalización judicial. Considera la Sala que no le compete “entrar a conocer en este tipo de procedimiento referido al nombramiento de árbitros, del fondo de los documentos objeto de impugnación, sino sólo y exclusivamente proceder al estudio de si está o no recogida de forma clara y expresa la voluntad de las partes de someterse, para la resolución de sus controversias sociales, al sistema arbitral”. En este caso los estatutos de la entidad recogen en su art. 13 que para la impugnación de los acuerdos sociales se someterán al arbitraje.

Las alegaciones de prejudicialidad penal resultan ajenas al procedimiento de formalización judicial del arbitraje

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 19 de julio de 2017 procede a designar un árbitro pese a la alegación por una de las partes de prejudicialidad penal. En el acto de celebración del juicio verbal para la designación de árbitro, la parte demandada se opuso a la designación de árbitro al considerar necesaria una documentación que debería tener el árbitro para resolver la disolución de la sociedad y que tendría ser previamente investigada por la vía penal. La Sala consideró, sin embargo, que estas alegaciones de prejudicialidad penal, resultaban ajenas al procedimiento de formalización judicial de arbitraje, “en el que la cognición de la Sala se ha de limitar a comprobar la existencia del pacto o cláusula de arbitraje convenido entre las partes, lo que en este caso sucede. Será, en su caso, ante el árbitro que se designe ante quien habrá de plantearse aquella supuesta prejudicialidad penal, una vez iniciado el procedimiento arbitral. Por las razones expuestas y limitaciones de la cognición de este Tribunal, no se ha admitido la práctica de la prueba testifical propuesta por la parte demandada, por resultar improcedente en la resolución de la pretensión instada”.

Requisitos para el nombramiento de árbitros por el Tribunal Superior de Justicia

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En juicio verbal sobre nombramiento de árbitros la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sala Primera, de 16 de mayo de 2017, afirma que atribuida a esta Sala “únicamente la competencia para el nombramiento de árbitros cuando no pudiera realizarse por acuerdo de las partes, este Tribunal debe limitarse a comprobar, mediante el examen de la documentación aportada, la existencia o no del convenio arbitral suscrito por las partes; si se ha pactado un procedimiento de designación de árbitro que no haya podido culminar con el nombramiento; y, en su caso,
que se ha realizado el requerimiento a la parte contraria para la designación de árbitros, el desacuerdo entre las partes para el nombramiento, la negativa expresa o tácita a realizar tal designación por la parte requerida y el transcurso del plazo pactado o legalmente establecido para la designación: en estas circunstancias, el Tribunal ha de proceder al nombramiento imparcial de los árbitros, caso de haberse convenido la sumisión a arbitraje (…), sin que esta decisión prejuzgue la decisión que el árbitro pueda adoptar sobre su propia competencia, e incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del convenio arbitral o cualesquiera otras cuya estimación le impida entrar en el fondo de la controversia (art. 22.1º LA)”.

Determinación de los honorarios devengados por el árbitro ante el supuesto desistimiento en fecha posterior a las actuaciones por él minutadas

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Décima, de 8 de mayo de 2017 considera, sobre el derecho al percibo de los honorarios por el árbitro que, frente lo alegado por la recurrente, no es cierto que no cabe la más mínima duda que el procedimiento arbitral se inició; al menos en su fase embrionaria acorde con lo preceptuado en el art. 27 LA que marca el inicio del procedimiento, Según la Audiencia “en el caso sometido a nuestra consideración ese hito se ha producido, e ítem más, a instancia del ahora demandado, el TSJM en procedimiento arbitral 1/2013, procedió a nombrar arbitro al letrado minutante, quien aceptó y juró el cargo, y mantuvo comunicados preliminares con los letrados de las partes y realizó las oportunas gestiones para la formalización del mismo, siendo evidente que una vez iniciado el procedimiento, debía terminar por alguna de las fórmulas que se contemplan en el art. 38 LA. (…). No podemos compartir la tesis del impugnante de que podía desistir libremente del procedimiento, pues no era ya, la única parte instante del mismo. En todo caso su desistimiento lo fue en fecha posterior a las actuaciones minutadas por el Arbitro; pues como hemos razonado aceptó el cargo y desarrollo inicialmente su labor; tendente a salvaguardar los derechos de las partes en el arbitraje”.