El Tribunal ha de proceder al nombramiento imparcial de los árbitros, sin que esta decisión prejuzgue la decisión que el árbitro pueda adoptar sobre su propia competencia (STSJ Madrid CP 1ª 22 diciembre 2020)

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera de 22 de diciembre de 2020 (ponente Francisco José Goyena Salgado) procede a la designación de árbitro único con el siguiente razonamiento:

“(…) tiene señalado esta Sala lo siguiente: ‘El art. 15 de la vigente Ley de Arbitraje, en su apartado 3, supedita la intervención de este Tribunal al efecto de nombrar árbitro a la concurrencia de una circunstancia de hecho que se constituye en presupuesto material de la acción: que no resultare posible designar árbitros a través del procedimiento acordado por las partes. Por otra parte, el alcance de la intervención de este tribunal en el presente procedimiento, debe limitarse a comprobar, mediante el examen de la documentación aportada, la existencia o no del convenio arbitral pactado; si se ha acordado un procedimiento de designación de árbitro que no haya podido culminar con el nombramiento; y, en su defecto, que se ha realizado el requerimiento a la parte contraria para la designación de árbitros, el desacuerdo entre las partes para el nombramiento, la negativa expresa o tácita a realizar tal designación por la parte requerida y el transcurso del plazo convenido o legalmente establecido para la designación. Asimismo, el apartado 5 de este art. 15 establece que el Tribunal únicamente podrá rechazar la petición formulada cuando aprecie que, de los documentos aportados, no resulta la existencia de un convenio arbitral. Previsión cuyo alcance vemos confirmado en la Exposición de Motivos de la Ley, cuando afirma -apdo. IV, segundo párrafo in fine -: ‘debe destacarse que el juez no está llamado en este procedimiento a realizar, ni de oficio ni a instancia de parte, un control de validez del convenio arbitral o una verificación de la arbitrabilidad de la controversia, lo que, de permitirse, ralentizaría indebidamente la designación y vaciaría de contenido la regla de que son los árbitros los llamados a pronunciarse, en primer término, sobre su propia competencia. Por ello el juez solo debe desestimar la petición de nombramiento de árbitros en el caso excepcional de inexistencia de convenio arbitral, esto es, cuando prima facie pueda estimar que realmente no existe un convenio arbitral; pero el juez no está llamado en este procedimiento a realizar un control de los requisitos de validez del convenio’. Atribuida así a esta Sala únicamente la competencia para el nombramiento de árbitros cuando no pudiera realizarse por acuerdo de las partes, y verificado que no se ha podido realizar dicho nombramiento, pese a haber sido realizado el pertinente requerimiento a la parte contraria, el Tribunal ha de proceder al nombramiento imparcial de los árbitros, sin que esta decisión prejuzgue la decisión que el árbitro pueda adoptar sobre su propia competencia, e incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del convenio arbitral o cualesquiera otras cuya estimación le impida entrar en el fondo de la controversia (art. 22.1º LA). En otras palabras: no es propio del ámbito objetivo de este proceso suplantar la decisión del árbitro sobre su propia competencia, sobre el análisis de la validez del convenio arbitral – más allá de la verificación, prima facie, de su existencia y validez ( Sentencia de esta Sala 4/2015, de 13 de enero), ni sobre la comprobación de la arbitrabilidad de la controversia; y mucho menos resulta competente esta Sala para entrar a decidir, sobre la controversia misma que ha surgido entre las partes: será, con toda obviedad, el Árbitro que en su caso hayamos de designar quien deba pronunciarse sobre las cuestiones controvertidas. Lo que decimos es también expresión de una regla claramente consagrada por el art. 22.1º LA, que, en palabras de la Exposición de Motivos de la L A -apdo. V, segundo párrafo-, ‘ la doctrina ha bautizado con la expresión alemana Kompetenz- Kompetenz … Esta regla abarca lo que se conoce como separabilidad del convenio arbitral respecto del contrato principal, en el sentido de que la validez del convenio arbitral no depende de la del contrato principal y que los árbitros tienen competencia para juzgar incluso sobre la validez del convenio arbitral ‘. En el caso presente la Sala, a la vista del documento que contiene la referida cláusula compromisoria, puede comprobar, prima facie, la voluntad de las partes de someterse a arbitraje, a lo que no obsta la referencia que contiene la cláusula a la anterior Ley de Arbitraje, pues lo decisivo para resolver la cuestión planteada ante esta Sala es la acreditación de la voluntad de las partes de someterse a arbitraje, el cual se regirá, sin perjuicio de lo que acuerden las partes, en su caso, por la vigente Ley 60/2003,de 23 de diciembre. Conforme establece el art. 9 de la vigente Ley de Arbitraje, el convenio arbitral puede adoptar la forma de cláusula incorporada a un contrato o de acuerdo independiente, y deberá expresar la voluntad de las partes de someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. Pactado así, en principio el sometimiento a arbitraje de ‘todas las cuestiones que se deriven sobre cumplimiento, ejecución o interpretación de este contrato’-sin que quepa apreciar, en el ámbito limitado de cognición propio de este procedimiento, restricción alguna de la voluntad de la mercantil demandada, máxime su situación de rebeldía procesal, en la asunción de dicha cláusula compromisoria-, debe procederse a la designación de árbitro interesada, sin entrar a decidir otras cuestiones. Dicha designación, por otra parte, debe quedar circunscrita en el ámbito subjetivo a las partes contratantes, que suscribieron el contrato de fecha 8 de junio de 2017 (Doc. 1 de la demanda), esto es la parte demandante Comunidad de propietarios …, de Getafe y la mercantil ‘Da Vinci Rehabilitaciones, S. L.’. (…). Debe acogerse, por las mismas razones que acabamos de exponer, bien que aplicadas a sensu contrario, el motivo de oposición formulado por el también demandado D. Julián . Si el sometimiento al procedimiento arbitral deriva de la expresión de la voluntad de las partes en este sentido (Art. 9.1 L A), la falta de acreditación de la misma, impide dicho sometimiento. Efectivamente, visto el contrato aportado por la parte demandante, en el que se encuentra la cláusula compromisaria, no resulta ser parte el citado demandado, y en consecuencia no cabe extender al mismo los compromisos y obligaciones derivadas del contrato (…). Establecida la competencia territorial para conocer de la presente demanda, en virtud de lo resuelto en el Decreto de fecha 19 de junio de 2020, y comprobada la existencia de un convenio arbitral, en virtud del cual las partes concretadas en nuestro fundamento de derecho tercero, prima facie se comprometen y sujetan a resolver las discrepancias e interpretación de la cuestión litigiosa a través de dicha institución, a la vista de la cláusula decimoséptima del contrato de fecha 8 de junio de 2017, aportado con la demanda como documento nº 2, procede la designación de árbitro interesada, sin entrar a decidir otras cuestiones, puesto que la actora cumplió escrupulosamente con el requisito material de la acción a que hemos hecho referencia. La parte demandante requirió a la mercantil demandada para que se avinieran a que la controversia se resuelva mediante arbitraje, conforme a la citada cláusula del contrato, advirtiéndole que en caso contrario, el requirente solicitaría la formalización judicial del arbitraje. No consta que la parte demandada formulara contestación a dicho requerimiento previo extraprocesal (…). Siendo procedente, pues, el nombramiento de un árbitro que decida, como árbitro único, la controversia anunciada en la demanda, el Tribunal, tal y como dispone el art. 15.6º LA, atendiendo a la naturaleza de la contienda que se pretende dirimir acude para tal designación al Listado de la Corte de Arbitraje del ICAM, en cuanto que Corte idónea para ello y, en concreto, de los árbitros especializados en Derecho contractual civil. A tal efecto, la Sala, comenzando por la letra B- , Resolución de 21 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado, y continuando de forma rigurosa, desde el último designado por este Tribunal, a partir de la citada letra, el orden de la lista remitida por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, ordenada alfabéticamente, confecciona el siguiente elenco de árbitros, especializados en Derecho contractual civil, para su posterior sorteo entre ellos de un árbitro titular y dos suplentes, a presencia de las partes y de la Letrado de la Administración de Justicia de esta Sala, de conformidad con lo dispuesto en el art. 15.6º de la vigente Ley de Arbitraje: ‘…’”.

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