El juez no está llamado en el procedimiento de formalización judicial a realizar un control de los requisitos de validez del convenio (STSJ Murcia CP 1ª 4 diciembre 2020)

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 4 de diciembre de 2020 procede al nombramiento judicial de un arbitro, razonando del siguiente modo:

Competencia objetiva y territorial. La competencia de la Sala lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en el presente caso, se determina, en aplicación de lo dispuesto en el art. 8.1º de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, tras la reforma producida por la Ley 11/2011, de 20 de mayo (BOE de 21 de mayo de 2011) en relación con el art. 73-c de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dispone: ‘Para el nombramiento y remoción judicial de árbitros será competente la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde tenga lugar el arbitraje; de no estar este aun determinado, la que corresponda al domicilio o residencia habitual de cualquiera de los demandados; si ninguno de ellos tuviere domicilio o residencia habitual en España, la del domicilio o residencia habitual del actor, y si este tampoco los tuviere en España, la de su elección’. En el presente caso, la competencia de esta Sala viene determinada por la libre elección de fuero territorial deducida en la solicitud presentada de manera conjunta por los dos socios de la mercantil Rabafruits, S.L, actuando respectivamente en nombre propio y como socios de la totalidad del capital social y administradores solidarios de la compañía.

Procedimiento. El art. 15.2º.a) LA, relativo al nombramiento de los árbitros, dispone que a falta de acuerdo de las partes para designar árbitro que resuelva sus controversias, éste será nombrado por el tribunal competente a petición de cualquiera de las partes cuando el arbitraje sea de un solo árbitro. Aunque el mismo art. 15, en su nº 4, remite la tramitación de tales pretensiones al cauce del juicio verbal, la presentación -como ya se ha dicho- de una solicitud conjunta de todas las partes interesadas, determina la innecesariedad de los trámites previos al dictado de sentencia en la que se de respuesta a la procedencia de atender o no la solicitud formulada y, en caso afirmativo, se establezca por el tribunal el procedimiento para la concreta designación del árbitro.

Existencia de convenio arbitral.  El art. 15.5ºLA establece que ‘el tribunal únicamente podrá rechazar la petición formulada cuando aprecie que, de los documentos aportados, no resulte la existencia de un convenio arbitral’. Y en el art. 9 se regulan los elementos esenciales del convenio arbitral al disponer que ‘….deberá expresar la voluntad de las partes de someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual’. Por tanto, la Sala no está llamada en este procedimiento a realizar, ni de oficio ni a instancia de parte, un genuino control de validez del convenio arbitral o una verificación de la arbitrabilidad de la controversia, lo que de permitirse, ralentizaría indebidamente la designación de los árbitros, que es la principal pretensión del actor, y vaciaría de contenido la regla de que son los árbitros los llamados a pronunciarse, en primer término, sobre su propia competencia. En consecuencia, el órgano judicial sólo debe desestimar la petición de nombramiento de árbitro en el caso excepcional de inexistencia de convenio arbitral, cuando prima facie pueda concluir que realmente no existe un convenio arbitral, sin que esté llamado en este procedimiento a realizar un control de los requisitos de validez del convenio. Y sin que esta decisión prejuzgue la decisión que el árbitro pueda adoptar sobre su propia competencia, e incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del convenio arbitral o cualesquiera otras cuya estimación le impida entrar en el fondo de la controversia (art. 22.1º LA). En el presente caso, el art. 46 de los estatutos sociales de la mercantil Rabafruits, S.L, que se acompañan a la solicitud que da origen a este procedimiento, contiene una expresa previsión de solución por vía arbitral de todas las cuestiones que se susciten entre la sociedad y los accionistas. Los términos de dicha cláusula no ofrecen duda interpretativa sobre su alcance, de conformidad con el art. 1281 Cc, pues sus términos son claros y precisos y revelan la inequívoca voluntad de las partes de someterse a arbitraje. Consecuencia de ello es el acogimiento y estimación por la Sala de la solicitud formulada.

Mecanismo de designación de árbitros. En este punto, mediando petición conjunta sobre la necesidad de nombramiento de árbitro para resolver en equidad, así como que éste sea único y tenga la condición de abogado, la Sala se vale de la lista de árbitros remitida por el Ilustre Colegio de Abogados de Murcia, ordenada alfabéticamente, dentro de los especializados en materia contractual -contratación civil y mercantil-, comenzando por la letra B – de acuerdo con la Resolución de 21 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública (BOE núm. 201 del año 2020) y en riguroso orden alfabético, para su posterior sorteo entre ellos, a presencia de las partes y de la letrada de la Administración de Justicia de esta Sala, de conformidad con lo dispuesto en el art. 15.6º de la vigente Ley de Arbitraje, hasta determinar, tanto la terna de elegibles, como el orden por el que los no designados habrán de sustituir al primeramente nombrado en caso de no aceptación o renuncia. Comunicado el nombramiento habrá de advertirse al designado sobre la obligación de abstenerse en caso de considerar comprometida su imparcialidad o independencia».

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