Nombramiento judicial de árbitro a partir de la existencia de un convenio arbitral en las Ordenanzas del Sindicato Central de Riegos de Valtierra y Arguedas (STSJ Navarra CP 1ª 4 diciembre 2020)

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 4 de diciembre de 2021 (ponente: Francisco Javier Fernández Urzainqui) declara haber lugar al nombramiento judicial de un solo árbitro para resolver en Derecho la controversia suscitada entre las partes acerca de la contribución de la Comunidad de Regantes … gastos del Sindicato Central de Riegos de Valtierra y Arguedas; nombramiento que recaerá en un Letrado en ejercicio de la relación publicada por el Muy Ilustre Colegio de Abogados de Pamplona, mediante su insaculación en presencia de la Letrada de la Administración de Justicia de esta Sala. De acuerdo con esta decisión:

“(…) El limitado ámbito de la cognición judicial en el procedimiento de nombramiento de árbitro. Limitada la cognición judicial en el procedimiento de designación de árbitro a la procedencia del arbitraje como fórmula de resolución de la controversia entre partes, por la preexistencia de convenio arbitral de sumisión a ella (art. 15.5º Ley 60/2003), y a la necesidad de la intervención judicial supletoria en la designación, por la falta de acuerdo entre las partes sobre el nombramiento o el procedimiento para efectuarlo (art. 15.2º Ley 60/2003), ambos extremos aparecen en el presente caso acreditados, como se verá en los siguientes fundamentos de derecho (…). La preexistencia de convenio arbitral en las Ordenanzas del Sindicato Central de Riegos. El Sindicato Central de Riegos de Valtierra y Arguedas, constituido en 1922 por la Comunidad de Regantes … y la Comunidad de Regantes …, para “la mejor defensa, conservación y fomento de los derechos e intereses comunes” y, más en particular, para “la conciliación” de “sus particulares intereses, en cuanto ellos pudieran ser opuestos”, al ser una y otra “usuarias de una misma agua, derivada del río Aragón por una presa construida por ambas Comunidades y cuya concesión se obtuvo en común en 1912″, se rige todavía al día de hoy por las Ordenanzas que aprobó la RO de 16 de septiembre de 1922. El art. 29 de dichas Ordenanzas, tras establecer el régimen de mayorías para la válida adopción de acuerdos por el Sindicato Central, exigiendo que los apruebe “un número de vocales igual a la mayoría de la totalidad de los Síndicos” o, en segunda convocatoria, “la mayoría de Vocales asistentes”, cualquiera que sea el número de éstos, dispone en el párrafo quinto que “en caso de empate se repetirá nuevamente la votación y si esta diese el mismo resultado y no fuere posible hallar una solución conciliadora que armonizase las dos tendencias manifestadas en la votación, se someterá el asunto al dictamen y resolución de un Letrado y en definitiva a la del Sr. Gobernador Civil de la Provincia”. Aun sin la denominación de arbitraje, es lo cierto que el art. 29 de las Ordenanzas “somete” a un tercero (Letrado o Gobernador) dirimente las discrepancias que no pudiesen resolverse en el seno del Sindicato Central mediante acuerdo mayoritario de los Síndicos o, en su caso, de los Vocales asistentes a la sesión. Dado el carácter estatutario de las “Ordenanzas para la constitución y funcionamiento del Sindicato Central de riegos”, el reseñado artículo cumple plenamente para las Comunidades de Regantes que lo integran la función propia del “convenio arbitral”, en cuanto expresa de forma clara e inequívoca “la voluntad de las partes de someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir respecto de una determinada relación jurídica” ( art. 9.1º de la Ley 60/2003) que, en el caso sería, la asociativa que determinó la constitución del Sindicato y la contributiva derivada de ella. La Comunidad de Regantes … se opone a la consideración de ese texto estatutario como convenio arbitral, alegando en síntesis que, conforme al art. 27 de dichas Ordenanzas, el Sindicato tan sólo tiene intervención en los asuntos que las dos comunidades tengan con terceros, de manera que el modo de dirimir controversias a que se refiere el art. 29 tan sólo puede referirse a las que se susciten con ellos y no entre las dos Comunidades. La Sala, a reserva de la interpretación que de él pueda hacerse en el arbitraje, no comparte la hermenéutica propuesta en la contestación a la demanda, porque confunde la atribución de “legitimación”, con efectos externos (ad extra) y el pacto de “sumisión” a arbitraje, con efectos internos (ad intra). Con la primera, el art. 27 confiere al Sindicato legitimación (activa y pasiva) para actuar en defensa de los intereses comunes a las dos Comunidades de Regantes, ante particulares, regantes, administraciones públicas y tribunales; mientras que, a través del segundo, el art. 29 conviene la sumisión a la resolución por un tercero (Letrado o Gobernador civil) de las divergencias que eventualmente pudieran surgir entre partícipes en el seno del Sindicato y no fueran superables mediante acuerdo mayoritario. No tendría sentido referir a los conflictos con terceros una sumisión a arbitraje que para su efectividad necesariamente habría debido ser suscrita o convenida por todos los contendientes en ellos. Debe de todas maneras recordarse que, como esta Sala ya señaló en su sentencia 3/2018, de 21 mayo, el tribunal jurisdiccional no tiene en el procedimiento de designación de árbitro la última palabra sobre la existencia y el alcance del convenio arbitral; no siendo por ello definitiva ni vinculante para el árbitro designado la apreciación que en dicho procedimiento pueda haberse hecho sobre ellos o sobre la extensión subjetiva y objetiva del convenio de sumisión a arbitraje y el consiguiente alcance de la competencia arbitral. Y es que el art. 22.1º Ley 60/2003, siguiendo la regla doctrinalmente conocida con la expresión alemana Kompetenz-Kompetenz (competencia para decidir sobre la propia competencia) que inspirara la regulación general del arbitraje comercial internacional (Ley Modelo UNCITRAL de 21 junio 1985, art. 16), establece la potestad o facultad de los árbitros “para decidir sobre su propia competencia”, haciéndola incluso extensiva a “las excepciones relativas a la existencia o a la validez del convenio arbitral o cualesquiera otras cuya estimación impida entrar en el fondo de la controversia”. Como pone de relieve la sentencia 409/2017, de 27 junio, del Tribunal Supremo, existen dos tesis sobre el principio Kompetenz-Kompetenz (…)”.

“(…) La necesidad de intervención judicial en el nombramiento de árbitro. La Ley atribuye carácter supletorio a la intervención judicial en la designación de árbitro: “Serán las partes directamente o las instituciones arbitrales las que con total libertad y sin restricciones…designen a los árbitros. Sólo para los casos en que resulte necesario suplir la voluntad de las partes…es necesaria la actuación judicial» (E. de M. IV). Así lo corrobora el art. 15.2º cuando supedita el nombramiento judicial a la “falta de acuerdo”. El artículo 29 de las Ordenanzas prevé, ante la imposibilidad de alcanzar una solución conciliadora de la discrepancia por acuerdo mayoritario, el sometimiento del “asunto al dictamen y resolución de un Letrado…”; lo que indica la voluntad común de someter su decisión a un único árbitro, que reúna la condición de Letrado y resuelva en Derecho; esto último, no sólo porque así parece imponerlo la exigencia en el árbitro de tal cualidad profesional, sino también y principalmente porque así lo impone la falta de autorización expresa de una resolución en equidad (art. 34.1º Ley 60/2003). Las Ordenanzas no establecieron procedimiento para la designación del árbitro, ni hicieron mención siquiera a su pertenencia al Ilustre Colegio de Abogados de Tudela, constituido en 1844, al exigir su condición de Letrado. Tampoco han alcanzado las partes un acuerdo para su nombramiento, ni han convenido un específico procedimiento para su designación, a pesar del requerimiento cursado a tal fin el 31 de julio de 2020 por la representación de la Comunidad de Regantes de … a la Comunidad …, que ésta contestó negando la existencia del inexcusable convenio de sumisión a arbitraje mediante carta de su representante fechada a 15 de septiembre de 2020. Alega la Comunidad de Regantes demandada en su contestación a la demanda que la actora “ha omitido el procedimiento pactado para la designación de árbitro”, al no haber intentado el nombramiento ·”dirigiéndose en primer lugar al Colegio de Abogados competente”, por ser la intervención de este Tribunal “siempre subsidiaria”. Es obvio, a la vista de lo expuesto en el párrafo inmediato anterior, que esta Sala no puede compartir tal objeción, teniendo en cuenta: a) que el convenio arbitral inserto en las Ordenanzas no identificó la institución, corporación o entidad que había de nombrar al árbitro, sino que se limitó a establecer la condición profesional – de Letrado- que debía reunir el designado; b) que tampoco se refirió al procedimiento para su nombramiento; c) que la demandada no se opuso extrajudicialmente a la designación de árbitro porque ésta no se hubiera instado de un Colegio de Abogados, sino porque no existía voluntad expresa de sometimiento de las divergencias a arbitraje, y d) que ante tal negación del convenio de sumisión arbitral, era evidente la imposibilidad de formalización voluntaria del arbitraje y la necesidad de la intervención judicial por falta de acuerdo de las partes sobre el primero y más fundamental presupuesto del arbitraje, cual es la existencia del convenio arbitral. Acreditado, en suma, el requerimiento de la Comunidad actora a la demandada para el nombramiento de árbitro y el rechazo de la vía arbitral por ésta última, la procedencia de la intervención judicial solicitada para aquella designación resulta plenamente justificada”.

“(…) Naturaleza del arbitraje, número de árbitros y confección de la lista. Conforme a lo expuesto en el fundamento jurídico inmediato anterior procede la designación de un árbitro único, con la condición de Letrado, para la resolución en Derecho de la controversia que enfrenta a las Comunidades de Regantes integradas en el Sindicato Central de Riegos de Valtierra y Arguedas. En cuanto al procedimiento de designación, esta Sala, de conformidad con lo prevenido en el artículo 15.6º LA, ha confeccionado una lista con tres nombres, tomados a partir de un número obtenido al azar, de la relación de abogados en ejercicio elaborada al efecto, con mención de su especialidad y número de colegiación, por el Muy Ilustre Colegio de Abogados de esta capital, considerando que reúnen las cualidades necesarias para el desempeño del arbitraje promovido. La Sala no cuenta con una relación separada e independiente de Abogados disponibles a este efecto del Ilustre Colegio de Tudela, por lo que la insaculación se hace sobre la relación de Letrados de que dispone este Tribunal. La terna insaculada, sobre la que se designará por sorteo ante la Letrada de la Administración de Justicia de esta Sala al árbitro judicialmente nombrado para la decisión arbitral del conflicto, quedará integrada por los tres siguientes abogados (…)”.

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