Procede el nombramiento de árbitro, pues no existe duda alguna de que ambas partes acordaron un convenio arbitral para dirimir sus controversias (STSJ Madrid CP 1ª 11 noviembre 2020)

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 11 de noviembre de 2020  (ponente: David Suarez Leoz), procede al nombramiento de árbitro afirmando que:

“(…) Establecida la competencia territorial para conocer de la presente demanda, en virtud de lo resuelto en el Decreto de fecha 16 de junio de 2020, y comprobada la existencia de un convenio arbitral, en virtud del cual las partes, prima facie se comprometen y sujetan a resolver las discrepancias e interpretación de la cuestión litigiosa a través de dicha institución, a la vista de la cláusula vigésimo novena del contrato de fecha 23 de agosto de 2019, aportado con la demanda como documento nº 1, procede analizar si, de la redacción del mismo, y del motivo de oposición planteado por el demandado, se desprende que era necesario un acuerdo de ambas partes para que la cuestión se sometiera a una decisión arbitral, o por el contrario, el acuerdo sería necesario para evitar que el arbitraje se llevara a cabo. Y así, tenemos que aseverar que la conclusión a la que llega la parte demandada no se compadece con la interpretación literal de la cláusula que constituye el convenio arbitral suscrito entre ambas partes, ya que tal cláusula se refiere clara y específicamente a los conflictos que pueden surgir en relación con la interpretación o ejecución del contrato, al recoger literalmente que ‘las Partes acuerdan se someterán expresamente, y con renuncia a su propio fuero, a arbitraje de derecho, con un solo árbitro nombrado por el tribunal competente a petición de cualquiera de ellas…’ y que sólo en el caso de que el arbitraje no llegara a realizarse se someterían a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales competentes, y ello por dos únicos motivos, como son ‘por mutuo acuerdo o fuese declarado nulo’. Conforme al art. 1281 Cc, ‘Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas.’ Y en este sentido, no existe duda alguna de que ambas partes acordaron un convenio arbitral para dirimir sus controversias, y sólo en el caso de que ambas partes, de común acuerdo, decidieran no someterlas a la decisión arbitral, se someterían a la decisión de la Jurisdicción ordinaria. La interpretación literal del convenio muestra claramente que la controversia estaba sometida a la decisión arbitral, y sólo en el caso de que existiera mutuo acuerdo para que no se sometiera a tal decisión arbitral, sería competente la jurisdicción ordinaria para conocer de la controversia que surgiera entre ambas partes. No podemos atender, por ello, a la pretensión de la parte demandada en cuanto a lo que manifiesta en el acto de la vista, en cuanto a que no ha existido mutuo acuerdo para el sometimiento de la controversia a la decisión de un árbitro, porque precisamente es tal falta de acuerdo en el nombramiento de un árbitro lo que ha motivado que la parte actora deba interponer la presente demanda, ya que, para este Tribunal ninguna duda existe en cuanto a que la cuestión litigiosa planteada ha de ser sometida a la tan citada decisión arbitral. Por todo ello, procede la estimación de la demanda con todos los pronunciamientos favorables (…)Siendo procedente, pues, el nombramiento de un árbitro que decida, como árbitro en derecho, la controversia anunciada en la demanda, esta Sala, tal y como dispone el art. 15.6º LA, atendiendo a la naturaleza de la contienda que se pretende dirimir, acude para tal designación al Listado de la Corte de Arbitraje del ICAM, en cuanto que Corte idónea para ello y, en concreto, de los árbitros especializados en Derecho contractual civil y mercantil. A tal fin, y partiendo de la letra comenzando por la letra B – según Resolución de 21 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado. BOE nº 201, de 24 de julio de 2020, página 56755 -, continúa de forma rigurosa, desde el último designado por este Tribunal, el orden de la lista remitida por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, ordenada alfabéticamente, y confecciona el siguiente elenco de árbitros, especializados en Derecho contractual civil, para su posterior sorteo entre ellos de un árbitro titular y dos suplentes, a presencia de las partes y de la Letrado de la Administración de Justicia de esta Sala, de conformidad con lo dispuesto en el art. 15.6º LA/2003”.

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