Desestimación de una declinatoria arbitral por tratarse de una reclamación vinculada a un contrato de préstamo y no un conflicto entre socios de una sociedad

Resultado de imagen de audiencia provincial de lleida

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Lérida, Sección Segunda, de 9 de  octubre de 2017 confirma la Sentencia del Juzgado de Primera instancia que estimó “íntegramente la demanda y condena a los tres codemandados -Agri Sociedad Civil Particular, Sr. Edemiro y Sra. Clara – a devolver a la mercantil actora, Ilerpro S.L. las cantidades reclamadas, en virtud del crédito que la actora ostenta contra los demandados al haber pagado la deuda que la SCP tenía frente a la entidad Caixa Sabadell. Los demandados interponen recurso reiterando las excepciones planteadas en primera instancia sobre falta de jurisdicción, por sumisión a arbitraje, y falta de legitimación pasiva de la Sra. Clara y de Agri SCP, y falta de legitimación activa. En cuanto a la primera -sumisión de la cuestión litigiosa a arbitraje- invocan el art. 15 de los Estatutos sociales, alegando que resulta de aplicación al caso porque estamos ante un préstamo concedido por la sociedad a título particular al Sr. Edemiro, y aunque se admitiera que el préstamo se concedió igualmente a la Sra. Clara resulta que tanto uno como otro son socios de Ilerpro S.L., sin que pueda considerarse como una operación al margen del ámbito societario, siendo que la propia actora hacía constar en el documento nº12 de los aportados con la demanda que la reclamación judicial no tiene ninguna relación con las divergencias personales y familiares existentes sino que se trata de una crédito a socios, por lo que al estar ante cuestiones entre la entidad y los socios ha de aplicarse la sumisión a arbitraje. El art. 15 de los Estatutos de la sociedad Ilerpro S.L. establece que: “cualquier duda, cuestión o discrepancia que pudiera plantearse entre la sociedad, los administradores o apoderados y los accionistas, tanto durante la vida de la sociedad como en el periodo de su liquidación, sin más excepciones que las imperativamente establecidas por la Ley, deberán someterse al arbitraje de equidad que regula la Ley de 5 de diciembre de 1989, a cuyo fin las partes discrepantes vendrán obligadas a realizar cuantos actos sean necesarios para que el arbitraje pueda tener efecto y, en particular, a la designación de los árbitros y determinación del tema controvertido”. La cuestión ha sido debidamente resuelta en primera instancia (…)-en el que se destaca que la demanda se interpone en virtud de un contrato de préstamo, sin que conste la existencia de pacto alguno para que las discrepancias surgidas en relación con el mismo se sometan a arbitraje, como en el auto de 4 julio 2013 que desestima el recurso de apelación planteado con la anterior resolución, añadiendo que no estamos ante un conflicto entre socios sino entre sociedades vinculadas por un contrato, sin que se planteen dudas interpretativas o discrepancias por asuntos societarios. Estos razonamientos son totalmente acertados pues basta acudir al escrito de demanda para advertir que la reclamación dineraria no se plantea entre la sociedad Ilerpro S.L.y uno o varios socios por su condición de tal. La reclamación se formula contra Agri SCP por ser ésta con quien se concertó el préstamo y, además, contra los dos socios de esta sociedad civil particular, el Sr. Edemiro y su madre, la Sra. Clara , como deudores subsidiarios respectos de la SCP, y solidarios entre sí. El hecho de que estos dos codemandados sean también socios de la mercantil actora no implica que estemos ante una de aquellas cuestiones o discrepancias que según el art. 15 de los Estatutos deben someterse a arbitraje de equidad pues lo cierto es que no han sido traídos a esta litis en su condición de socios de Ilerpro S.L sino de Agri SCP y, por ende, la controversia no se ha planteado entre la sociedad actora y sus socios, por muchos que existan lazos familiares entre los socios de ambas sociedades, que son los que determinan su participación en una y otra sociedad”.

Admisión de una declinatoria arbitral por existir una cláusula arbitral en los estatutos reguladores de una UTE

Resultado de imagen de SUEZ TREATMENT SOLUTIONS SAU ourense

El Auto de la Audiencia Provincial de Ourense, Sección Primera, de 28 de septiembre de 2017 confirma una decisión del Juzgado de Primera Instancia que admitió una declinatoria arbitral por entender que la cuestión planteada había sido sometida expresamente a arbitraje, a tenor de la cláusula novena de la escritura constituyente y del art. 22 de los Estatutos reguladores de una UTE.  Para la Audiencia ” si en los Estatutos se regulaba la forma de contratación entre las empresas integrantes de la UTE, encomendada su aprobación al comité de la gerencia, lo mismo que el procedimiento de compra. Si también conforme al art. 6 de los estatutos, correspondía al comité de la gerencia determinar los equipos necesarios y aprobar las facturas que pagaría la UTE a las empresas miembro por la prestación de servicios, ejecución de trabajos y suministros (apd. I ) del artículo seis de los Estatutos). Es claro que la cuestión relativa a la eficacia jurídica del propio contrato de compraventa del equipo, entre miembros de la UTE y la aprobación de sus condiciones, había de reconducirse a la aplicación de los estatutos constituyentes, y, en definitiva, la controversia sometida a enjuiciamiento si resultaba afectada por la cláusula novena de la escritura de constitución de la UTE y por el artículo 22 de los estatutos. A tenor de los cuales y en términos de gran amplitud, se establecía, que “las empresas que constituyan esta UTE acuerdan someter toda divergencia que sugiera con motivo de la interpretación, ejecución y aplicación de estos estatutos, a un arbitraje de equidad de acuerdo con lo previsto en la Ley de arbitraje de 5 de diciembre de 1988, con exclusión de recurrir a los tribunales”. 

Procede el nombramiento imparcial de los árbitros, caso de haberse convenido la sumisión a arbitraje, sin que esta decisión prejuzgue la decisión que el árbitro pueda adoptar sobre su propia competencia

Resultado de imagen de arbitraje sociedades

La Sentencia del  Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, de 19 de octubre de 2017 considera que “ha de proceder al nombramiento imparcial de los árbitros, caso de haberse convenido la sumisión a arbitraje, sin que esta decisión prejuzgue la decisión que el árbitro pueda adoptar sobre su propia competencia, e incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del convenio arbitral o cualesquiera otras cuya estimación le impida entrar en el fondo de la controversia (art. 22.1º LA). En otras palabras: no es propio del ámbito objetivo de este proceso suplantar la decisión del árbitro sobre su propia competencia, sobre el análisis de la validez del convenio arbitral -más allá de la verificación, prima facie, de su existencia y validez (…)  sobre la comprobación de la arbitrabilidad de la controversia, y mucho menos entrar a resolver acerca de si el thema decidendi que se va a someter a arbitraje queda amparado o no por el convenio arbitral, pues dicho análisis concierne a la decisión de fondo, en sí misma considerada, que el árbitro ha de adoptar al dirimir la concreta contienda que ante él se suscite, entre la que se incluye, como queda dicho, la determinación de los límites de su propia competencia”

La nota de flexibilidad permite una interpretación amplia y extensiva tanto del ámbito del convenio arbitral como de la delimitación del objeto de la controversia en el seno del procedimiento arbitral

Resultado de imagen de sala civil tribunal superior justicia madrid

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 26 de septiembre de 2017, desestima una acción de anulación contra un laudo arbitral afirmand, entre otras cosas, que:  “Los árbitros pueden resolver cuestiones que sean consecuencia lógica y obligada de las que se han planteado, conclusiones derivadas de la naturaleza jurídica del compromiso arbitral que se hallan corroboradas por la interpretación que ha de darse al acuerdo contractual delimitador de aquellas cuestiones controvertidas y pendientes objeto de arbitraje; en cuya operación ha de tenerse en cuenta el espíritu y finalidad que haya presidido el negocio infiriéndolos de las circunstancias concurrentes y de la total conducta de los interesados, teniendo importancia muy relevante, la conexión que el acto o negocio guarde con otros que le hayan servido de antecedente. La nota de flexibilidad permite una interpretación amplia y extensiva tanto del ámbito del convenio arbitral como de la delimitación del objeto de la controversia en el seno del procedimiento arbitral, que se extiende a cuantas cuestiones instrumentales o derivadas pudieran surgir en relación a la controversia principal. La congruencia no tiene otra exigencia que la derivada de la conformidad que ha de existir entre la sentencia y las pretensiones que constituyen el objeto del proceso y existe congruencia ahí donde la relación entre estos dos últimos términos, fallo y pretensiones deducidas no estén sustancialmente alteradas (…). La congruencia exigible al laudo se predica de las concretas pretensiones contenidas en los escritos de las partes, y no de las meras alegaciones o argumentaciones aportadas por las mismas en defensa o apoyo de aquellas (…). Lo expuesto, no significa, que se puedan resolver cuestiones distintas, ajenas a lo que fue debatido y sometido a arbitraje, porque si fuera así no estaría previsto como motivo de anulación la causa referida en el ap. c) punto primero del art. 41 LA; ahora bien, para examinar, si el motivo ha de prosperar o no, es preciso además no olvidar que la intervención ha de ser mínima por parte del tribunal, y, que la congruencia de lo resuelto ha de examinarse de forma no rígida sino flexible, atendiendo a lo que fue pretendido por las partes a través de sus alegaciones, y todo ello sin olvidar que la demanda de anulación no es una instancia de apelación a través de la que subsanar errores u omisiones en que pudiera incurrir el laudo para completarlo, ni tampoco una instancia tendente a que se examine la corrección o no de lo resuelto”.

No procede considerar el procedimiento de impugnación de acuerdos sociales como “legal imperativo”, por lo que debe prosperar la declinatoria arbitral

Resultado de imagen de Agencia inmobiliaria xativa

El Auto de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Novena, de 22 de mayo de 2017 confirma una la declinatoria interpuesta sobre la base de la sumisión a arbitraje prevista en una cláusula estatutaria. Para la Audiencia, “la plasmación estatutaria en el año 2001 del acuerdo arbitral integrado en el art. 12 de los Estatutos para la resolución de los conflictos entre socios, o de éstos con la sociedad, en materias de libre disposición, resulta aplicable, sin perjuicio de la remisión a la normativa arbitral vigente al tiempo de la intimación para la designación de árbitros o al tiempo de la formalización del arbitraje, dado que la norma a la que se refiere el precepto (Ley de 5 de diciembre de 1998) ya no está vigente. Teniendo presente cuanto se ha expuesto y no apreciando este Tribunal que procedimiento de impugnación de acuerdos sociales pueda configurarse como ” procedimiento legal imperativo ” – aún atendiendo a la naturaleza indisponible del derecho de información que se invoca – no cabe más que la confirmación de la resolución apelada por la que se estima la cuestión de competencia por declinatoria promovida por la sociedad demandada.

No compete al TJS examinar en un procedimiento de nombramiento de árbitros los documentos objeto de impugnación

Resultado de imagen de E- WASTE CANARIAS S.L. (EWAST).

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 15 de junio de 2017 procede a una formalización judicial. Considera la Sala que no le compete “entrar a conocer en este tipo de procedimiento referido al nombramiento de árbitros, del fondo de los documentos objeto de impugnación, sino sólo y exclusivamente proceder al estudio de si está o no recogida de forma clara y expresa la voluntad de las partes de someterse, para la resolución de sus controversias sociales, al sistema arbitral”. En este caso los estatutos de la entidad recogen en su art. 13 que para la impugnación de los acuerdos sociales se someterán al arbitraje.

Anulación parcial de un laudo arbitral al considerar el TSJ que el convenio parasocial sigue vigente y que la caducidad afecta solamente al primer apartado de una de sus cláusulas

Resultado de imagen de arbitraje Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 28 de julio de 2017 acuerda la estimación parcial de la anulación de un laudo arbitral. La Sala considera que “establecido que el convenio sigue vigente y que la caducidad, ya operada, afecta solamente al primer apartado de la cláusula vigésima del convenio parasocial, y no al párrafo segundo de dicha cláusula, nada tiene que decir esta Sala respecto de los argumentos esgrimidos por la parte demandante, toda vez que la parte demandada ha procedido a allanarse al resto de los mismos”.