La nota de flexibilidad permite una interpretación amplia y extensiva tanto del ámbito del convenio arbitral como de la delimitación del objeto de la controversia en el seno del procedimiento arbitral

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 26 de septiembre de 2017, desestima una acción de anulación contra un laudo arbitral afirmand, entre otras cosas, que:  “Los árbitros pueden resolver cuestiones que sean consecuencia lógica y obligada de las que se han planteado, conclusiones derivadas de la naturaleza jurídica del compromiso arbitral que se hallan corroboradas por la interpretación que ha de darse al acuerdo contractual delimitador de aquellas cuestiones controvertidas y pendientes objeto de arbitraje; en cuya operación ha de tenerse en cuenta el espíritu y finalidad que haya presidido el negocio infiriéndolos de las circunstancias concurrentes y de la total conducta de los interesados, teniendo importancia muy relevante, la conexión que el acto o negocio guarde con otros que le hayan servido de antecedente. La nota de flexibilidad permite una interpretación amplia y extensiva tanto del ámbito del convenio arbitral como de la delimitación del objeto de la controversia en el seno del procedimiento arbitral, que se extiende a cuantas cuestiones instrumentales o derivadas pudieran surgir en relación a la controversia principal. La congruencia no tiene otra exigencia que la derivada de la conformidad que ha de existir entre la sentencia y las pretensiones que constituyen el objeto del proceso y existe congruencia ahí donde la relación entre estos dos últimos términos, fallo y pretensiones deducidas no estén sustancialmente alteradas (…). La congruencia exigible al laudo se predica de las concretas pretensiones contenidas en los escritos de las partes, y no de las meras alegaciones o argumentaciones aportadas por las mismas en defensa o apoyo de aquellas (…). Lo expuesto, no significa, que se puedan resolver cuestiones distintas, ajenas a lo que fue debatido y sometido a arbitraje, porque si fuera así no estaría previsto como motivo de anulación la causa referida en el ap. c) punto primero del art. 41 LA; ahora bien, para examinar, si el motivo ha de prosperar o no, es preciso además no olvidar que la intervención ha de ser mínima por parte del tribunal, y, que la congruencia de lo resuelto ha de examinarse de forma no rígida sino flexible, atendiendo a lo que fue pretendido por las partes a través de sus alegaciones, y todo ello sin olvidar que la demanda de anulación no es una instancia de apelación a través de la que subsanar errores u omisiones en que pudiera incurrir el laudo para completarlo, ni tampoco una instancia tendente a que se examine la corrección o no de lo resuelto”.

No procede considerar el procedimiento de impugnación de acuerdos sociales como “legal imperativo”, por lo que debe prosperar la declinatoria arbitral

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El Auto de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Novena, de 22 de mayo de 2017 confirma una la declinatoria interpuesta sobre la base de la sumisión a arbitraje prevista en una cláusula estatutaria. Para la Audiencia, “la plasmación estatutaria en el año 2001 del acuerdo arbitral integrado en el art. 12 de los Estatutos para la resolución de los conflictos entre socios, o de éstos con la sociedad, en materias de libre disposición, resulta aplicable, sin perjuicio de la remisión a la normativa arbitral vigente al tiempo de la intimación para la designación de árbitros o al tiempo de la formalización del arbitraje, dado que la norma a la que se refiere el precepto (Ley de 5 de diciembre de 1998) ya no está vigente. Teniendo presente cuanto se ha expuesto y no apreciando este Tribunal que procedimiento de impugnación de acuerdos sociales pueda configurarse como ” procedimiento legal imperativo ” – aún atendiendo a la naturaleza indisponible del derecho de información que se invoca – no cabe más que la confirmación de la resolución apelada por la que se estima la cuestión de competencia por declinatoria promovida por la sociedad demandada.

No compete al TJS examinar en un procedimiento de nombramiento de árbitros los documentos objeto de impugnación

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 15 de junio de 2017 procede a una formalización judicial. Considera la Sala que no le compete “entrar a conocer en este tipo de procedimiento referido al nombramiento de árbitros, del fondo de los documentos objeto de impugnación, sino sólo y exclusivamente proceder al estudio de si está o no recogida de forma clara y expresa la voluntad de las partes de someterse, para la resolución de sus controversias sociales, al sistema arbitral”. En este caso los estatutos de la entidad recogen en su art. 13 que para la impugnación de los acuerdos sociales se someterán al arbitraje.

Anulación parcial de un laudo arbitral al considerar el TSJ que el convenio parasocial sigue vigente y que la caducidad afecta solamente al primer apartado de una de sus cláusulas

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 28 de julio de 2017 acuerda la estimación parcial de la anulación de un laudo arbitral. La Sala considera que “establecido que el convenio sigue vigente y que la caducidad, ya operada, afecta solamente al primer apartado de la cláusula vigésima del convenio parasocial, y no al párrafo segundo de dicha cláusula, nada tiene que decir esta Sala respecto de los argumentos esgrimidos por la parte demandante, toda vez que la parte demandada ha procedido a allanarse al resto de los mismos”.

La cláusula de sumisión a arbitraje no produce efectos si no se opone como excepción en el proceso

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimotercera, de 22 de mayo de 2017 desestima un recurso de apelación contra una sentencia del Juzgado que había acordado  acordando la separación de una sociedad de la actora  y condenó a los demandados a pagar a esta última su participación en el haber social. Entre los motivos del recurso se alegó el incumplimiento de los pactos establecidos en la constitución de la sociedad civil particular codemandada y la obligatoriedad de sometimiento al arbitraje según acuerdo entre las partes. La Audiencia rechaza esta última alegación afirmando que aunque la claúsula de sumisión a arbitraje era clara la parte demandada , se posicionó en situación de rebeldía y no alegó nada al respecto en la contestación a la demanda, conforme a lo dispuesto en el artículo 411.3º LEC, armonizando con ello el art. 11 LA.