En la competencia que legalmente tiene atribuida el TSJ para el nombramiento de árbitros, se ha de entender comprendida la facultad de designación de la institución arbitral que haya de llevar a cabo el arbitraje (STSJ Canarias 6 febrero 2020)

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de canarias, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera de 6 de febrero de 2020, tras realizar unas extensas consideraciones en torno a la arbitrabilidad en materia de sociedades, procede a estimar una demanda de formalización judicial de arbitraje, para designación de árbitro, con las consideraciones siguientes:

«(…) Alega también la parte demandada que puesto que en la Claúsula 13 de los Estatutos no se designa la institución arbitral que habrá de dirimir la controversia, pues solamente se hace referencia a que el arbitraje se formalizará en Santa Cruz de Tenerife, la referida claúsula es nula, en atención a lo que establece el art. 11 bis) de la vigente Ley de Arbitraje. El art. 11 bis) dispone en su punto 3 que, ‘Los estatutos sociales podrán establecer que la impugnación de los acuerdos sociales por los socios o administradores quede sometida a la decisión de uno o varios árbitros, encomendándose la administración del arbitraje y la designación de los árbitros a una institución arbitral’. El art. 12 LA señala que las partes podrán fijar libremente el número de árbitros, siempre que sea impar, y que a falta de acuerdo se designara un solo árbitro, y el art. 15.1º de la misma Ley establece que, ‘Salvo acuerdo en contrario de las partes, en los arbitrajes que no deban decidirse en equidad, cuando el arbitraje se haya de resolver por árbitro único se requerirá la condición de jurista al árbitro que actúe como tal’. Considera este Tribunal que en la competencia que legalmente tiene atribuida para el nombramiento de árbitros, se ha de entender comprendida la facultad de designación de la institución arbitral que haya de llevar a cabo el arbitraje, siempre y cuando aquella no venga determinada expresamente en la cláusula de sumisión. Además de ello, la falta de designación en el convenio de la institución arbitral concreta a la que debe someterse el arbitraje no puede entenderse como supuesto de nulidad de la cláusula, pués, a tenor de lo dispuesto en el art. 9.1º LAe, el convenio arbitral, que podrá adoptar la forma de cláusula incorporada a un contrato o de acuerdo independiente, deberá expresar la voluntad de las partes de someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual, siendo ésta la única exigencia que, en cuanto al contenido del convenio arbitral, aparece imperativamente impuesta por la Ley. En atención a lo expuesto, y no constando en los Estatutos la designación de institución arbitral concreta, entendemos que corresponde a esta Sala tal designación, máxime cuando en el acto de la vista las partes no se han opuesto a la insaculación preventiva llevada a efecto en aquel acto. Para tal designación, la Sala ha considerado que el carácter de corporación pública que corresponde a un Colegio de Abogados (Administración pública corporativa), en este caso al de Santa Cruz de Tenerife, ofrece a este Tribunal mayores garantías que una institución arbitral de carácter privado, dado que, además, es incuestionable la condición de juristas de sus miembros, conforme exige la Ley en este caso».

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