Las precauciones respecto a una eventual retención ilícita o secuestro los menores han de estar fundamentadas en indicadores razonables de riesgo

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimosegunda, de 7 de septiembre de 2017, estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Dª Ángeles contra una sentencia dictada en autos de modificación de medidas.n En concreto, confirma dicha resolución salvo en los siguientes puntos: 1) Obligar al Sr. Jesús a acudir a la Comisaría de Policía el día y hora que al efecto le comunique por burofax la Sra. Ángeles con el fin de realizar los trámites necesarios para la expedición de pasaportes a sus hijos Darío y Amelia bajo apercibimiento de proceder en forma ejecutiva en caso de incumplimiento. 2) Autorizar a la Sra. Ángeles a que viaje con sus hijos Darío y Amelia a Bolivia durante el periodo de estancia vacacional de los menores que le corresponda debiendo informar al padre con al menos un mes de antelación de la fecha de salida y de regreso a España y la dirección completa y nº de teléfono que tendrán en Bolivia. De acuerdo con la Audiencia, “las precauciones respecto a una eventual retención ilícita o secuestro de los menores han de estar fundamentadas en indicadores razonables de riesgo que no se aprecian en autos: la madre tiene pleno arraigo en nuestro país disponiendo de documentación, vivienda, y trabajo. Por otro lado el país del que es originaria la madre, Bolivia, en 2016 se ha adherido al convenio de la Haya de aspectos civiles de sustracción de menores de 1980, por lo que en caso de que se produjera un eventual incumplimiento por parte de la madre se facilitaría la devolución de los menores”.

Execuátur de una sentencia ecuatoriana de divorcio de acuerdo con las disposiciones de la Ley 29/2015 de CJIMC

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El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoctava, de 6 de octubre de 2017 estima un recuso de apelación interpuesto contra un Auto 2016 dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Rubí , y otorga el execuátur de una sentencia dictada por el Tribunal Quinto de lo civil de Guayas (Ecuador). Según la Audiencia “los arts. 951 a 958 LEC han quedado derogados por la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil (…). La reforma de estos preceptos, tal y como se recoge en la Exposición de Motivos de esta Ley, responde a la necesidad de ajustarse a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, teniendo en cuenta las más actuales
corrientes doctrinales así como las concreciones legislativas más recientes. Dice el art. 46.b) de esta Ley que las resoluciones extranjeras no se reconocerán “Cuando la resolución se hubiera dictado con manifiesta infracción de los derechos de defensa de cualquiera de las partes. Si la resolución se hubiera dictado en rebeldía, se entiende que concurre una manifiesta infracción de los derechos de defensa si no se entregó al demandado cédula de emplazamiento o documento equivalente de forma regular y con tiempo suficiente para que pudiera defenderse”. Pues bien, no sólo consta en autos que el esposo fue debidamente citado al proceso, sino que la existencia de Documento posterior en el que se hace constar su condición de divorcio evidencia la firmeza de la resolución y
su eficacia en el país de origen , lo que nos lleva a la estimación del recurso, sin que haya lugar a la imposición de las costas de esta alzada, conforme a lo dispuesto en los artículos 394 y 398 de la LEC”.

Prórroga de competencia de los tribunales españoles, donde se conoce de la demanda de divorcio, para decidir de las medidas relativas a la responsabilidad parental incluidos los alimentos sobre los cuatro hijos comunes

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El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimosegunda, de 18 de mayo de 2017 declara la competencia de los tribunales españoles para conocer de las cuestiones relativas a la responsabilidad parental y alimentos considerando que “el Reglamento 2201/20013 recoge la posibilidad de prórroga de competencia del Tribunal donde se conoce de la demanda de divorcio debiendo concurrir los requisitos que en dicho precepto se examinan y que no han sido considerados por el Tribunal Francés, siendo competente el Tribunal español para las cuestiones relacionadas con la responsabilidad parental en función del artículo 8 al establecerse el criterio de la residencia de los menores como determinante en atención a la cercanía del Tribunal y la mejor posición para la resolución de los conflictos que en relación a la misma se pudieran plantear. Es incontrovertido que la familia fijó su domicilio en la ciudad de Barcelona en el año 2013 manteniéndose así hasta el momento de la ruptura y continuando la recurrente con los menores en dicha ciudad pese al cambio de residencia del demandado. Persiste por tanto la competencia del Juzgado de violencia sobre la mujer nº 2 de Barcelona quien al mismo tiempo, pese a los argumentos del auto recurrido, ostenta competencia para conocer de las obligaciones alimenticias de los progenitores frente a sus cuatro hijos en aplicación del artículo 3,d) del reglamento 4/2009. En definitiva por tanto, sin tener que acudir a normas de carácter excepcional como la prevista en el artículo 15 del Reg. 2201/20013 ni a las reglas relativas a la sumisión tácita que hubieran podido desplegarse en caso de haberse admitido a trámite la demanda, procede la estimación parcial del recurso declarándose la competencia del Tribunal español para conocer de las medidas relativas a la responsabilidad parental incluidos los alimentos sobre los cuatro hijos comunes”.

Las medidas derivadas de un divorcio pronunciado en Alemania recogidas en un contrato privado no precisan execuátur

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El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimosegunda, de 27 de julio de 2017 considera que “la instante no intentó en ningún momento modificar el título notarial (acta de protocolización del convenio regulador privado); tampoco planteó en el Juzgado de Familia la ejecución directa de dicho título, como sí había hecho anteriormente ante la jurisdicción ordinaria siendo inadmitida su pretensión por incompetencia objetiva o por razón de la materia; ni pretendió una modificación de la sentencia de divorcio alemana, en la que además no había nada que modificar porque no contenía medidas de ningún tipo en relación con la hija común (seguramente porque la misma no residía en Alemania al tiempo del divorcio y conforme al art. 8 del Reglamento de la Comunidad Europea 2201/2003 , “los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro serán competentes en materia de responsabilidad parental respecto de los menores que residan habitualmente en dicho Estado miembro en el momento en que se presenta el asunto ante el órgano jurisdiccional”). Lo que pretendió fue que se acordasen, como medidas derivadas de su divorcio en relación con la hija común, las recogidas en dicho contrato privado de fecha 4 de junio de 2010 protocolizado notarialmente el 11 de junio de 2010 y para ello no es preciso acudir previamente, como incorrectamente indica el auto apelado, a un proceso de exequátur de la sentencia alemana de divorcio ya que, efectivamente, conforme al art. 21 del citado Reglamento 2201/2003 las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad de recurrir a procedimiento alguno. En definitiva, la progenitora formuló por primera vez la adopción de medidas paterno filiales y de alimentos y esta materia, encuadrada dentro del título IV del libro I del Código Civil estatal debe sustanciarse por los trámites del juicio verbal especial recogido en el artículo 770 de la LEC”.

En el Espacio Judicial Europeo el concepto amplio y autónomo de la obligación de alimentos incluye las pensiones compensatorias debidas tras una crisis matrimonial

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección Cuarta, de 19 de octubre de 2017, confirma el razonamiento de la sentencia de instancia afirmando que respecto a la pensión compensatoria: “la determinación de la ley aplicable a esta petición viene determinada por el Reglamento de la Unión Europea nº 4/2009, del Consejo, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos. Este Reglamento remite en su artículo 15 a lo establecido en el Protocolo de la Haya de 23 de noviembre de 2007. Por Decisión del Consejo de la Unión Europea de fecha 30 de noviembre de 2009, relativa a la adhesión de la Comunidad Europea al citado Protocolo, se declara la aplicación provisional en la Comunidad de las normas establecidas en el Protocolo a partir del día 18 de junio de 2011. En lo que ahora importa, el propio Protocolo de La Haya establece una norma general en su art. 3, pues las obligaciones alimenticias se regirán por la ley del Estado de la residencia habitual del acreedor, salvo que el propio Protocolo disponga otra cosa. En el caso analizado la acreedora de alimentos es la demandada, y su residencia habitual es Mallorca, por lo que las peticiones deben ser resueltas conforme al Derecho español. Una cuestión extremadamente importante a efectos de resolver sobre la petición de la esposa es la delimitación del concepto de alimentos a tenor de dicha normativa. Efectivamente, la indefinición del concepto de “obligación de alimentos” en el Reglamento número 4/2009 obliga a que éste siga recibiendo una interpretación conforme a los criterios sentados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en relación con el Convenio de Bruselas de 1968, trasladables asimismo al Reglamento nº 44/2001, que precede al actualmente vigente. Dicha jurisprudencia sostiene un concepto amplio y autónomo de la obligación de alimentos en cuanto prestación cuyo objetivo es garantizar la necesidad socio-económica de la persona a partir de una relación de familia, con independencia de que se trate de pagos periódicos o únicos. En este concepto se incluyen igualmente las pensiones compensatorias debidas tras una crisis matrimonial, aunque en ciertos ordenamientos como el español no sean consideradas como alimentos. Así lo establece la sentencia del TJUE de 27 de febrero de 1997, asunto C-220/1995, Van de Bogaard contra Laumen , y anteriormente la sentencia de 6 de marzo de 1980, asunto 120/1979, De Cavel contra De Cavel. En la primera de ambas se establece, a modo de conclusión, que “la resolución, dictada en un contexto de divorcio, por la que se ordena el pago de una cantidad global, así como la transmisión de la propiedad de determinados bienes de uno de los esposos a favor de su ex cónyuge, hace referencia a obligaciones alimentarias” (parágrafo 27 de la sentencia)”.

El Reglamento “Roma III” no determina la ley aplicable a los divorcios privados

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La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Primera, de 20 de dicembre de 2003, asunto C-372/16: Sahyouni, concluye que de los objetivos perseguidos por el Reglamento Roma III se desprende que éste atañe únicamente a los divorcios pronunciados por un órgano jurisdiccional estatal o bien por una autoridad pública o bajo el control de ésta. Por consiguiente, un divorcio resultante de una declaración unilateral de voluntad de uno de los cónyuges ante un tribunal religioso, como el que es objeto del presente asunto, no está comprendido en el ámbito de aplicación material del Reglamento Roma III. El Tribunal de Justicia destaca además que, desde la adopción del Reglamento Roma III, varios Estados miembros han introducido en sus ordenamientos jurídicos la posibilidad de pronunciar divorcios sin la intervención de una autoridad estatal. No obstante, la incorporación de los divorcios privados al ámbito de aplicación de este Reglamento exigiría adaptaciones que son de competencia exclusiva del legislador de la Unión.

La institución de la prescripción se rige por el principio de territorialidad del lugar por la que se generó la obligación y la relación jurídica de la que dimana

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El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimosegunda, de 27 de julio de 2017 confirma el Auto del Juzgado que desestimó una  demanda de oposición a la ejecución dineraria despachada mediante Auto de por demanda ejecutiva promovida por la señora Debora vecina de Mouscron (Bélgica) mediante la cual la referida reclamó de su ex marido la deuda dineraria vencida, líquida y exigible dimanante de los acuerdos y pactos concertados según el Derecho belga con motivo del divorcio de los mismos. Para la Audiencia en el caso de autos, el título ejecutivo es inatacable, de conformidad con el  Reglamento (CE) nº 44/2001, y las obligaciones asumidas por el deudor no han sido discutidas por ninguna de las partes ni en su eficacia ni en su cuantía. Los términos del debate se circunscriben a la oposición del obligado al pago al considerar que una parte de la deuda no es exigible al haber operado respecto a la misma la prescripción y, en cualquier caso, la caducidad de la acción ejecutiva. Considera no obstante la Audiencia que, por lo que se refiere al Derecho civil aplicable, es decir, a la institución de la prescripción, rige el principio de territorialidad del lugar por la que se generó la obligación y la relación jurídica de la que dimana. En este caso es indudable que es el Código Civil de Bélgica. “En este punto el auto recurrido no acierta al sentar como criterio el de la aplicación del Derecho español, en primer lugar, por cuanto el artículo 281 de la LEC lo que establece es que podrá ser objeto de prueba (que corresponde a las partes) el derecho extranjero, pero siempre sin perjuicio de que el tribunal pueda valerse de cuantos medios de averiguación estime necesarios. La aplicación del Derecho nacional es un remedio excepcional a tenor del criterio jurisprudencial consolidado (…), recogido ahora en el artículo 33.3 de la LCJI en materia civil para cuando no haya sido posible identificar la norma extranjera aplicable. No es éste el caso por cuanto ambas partes han alegado la misma norma del Derecho belga aplicable y en el mismo sentido, y no existe discrepancia sobre este punto. Por otra parte el corpus legislativo civil del referido Estado está accesible plenamente en la web ” e-justice ” de la UE, en el prontuario de cooperación internacional del CGPJ, en la biblioteca especializada del CENDOJ y en las de numerosas universidades públicas españolas”.