Teniendo en cuenta que la Sentencia griega de divorcio contempla una situación provisional, lo razonable es estimar la oposición a la ejecución atendiendo al interés superior de los menores

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El Auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Segunda, de 13 de junio de 2017 considera que en el supuesto no se está “propiamente ante una falta de competencia de la jurisdicción española pues debe tenerse en cuenta, que la recurrente trasladada ya en Grecia, se sometió a los Tribunales españoles en la Sentencia de mutuo acuerdo, en todo caso la problemática radicaría más bien en la eficacia o no de la sentencia de divorcio en cuanto al régimen de visitas, teniendo en cuenta la nueva situación creada. Debe tenerse en cuenta que la Sentencia de divorcio contemplaba una situación provisional ya sobrepasada, previniendo incluso, un nuevo régimen de relación en función del lugar de residencia de los menores, que los menores se habían trasladado junto con su madre a Grecia y que dicho traslado ha sido declarado legal por resolución 6082/2015 de el Tribunal Unipersonal de Primera Instancia de Atenas de 9 de octubre de 2015, constituyéndose en Grecia (Cholargos de Atica) la nueva residencia habitual de los menores. Igualmente por resolución 6143/2016 del Tribunal de Primera Instancia de Atenas, en procedimiento de medidas cautelares se restringen las comunicaciones del padre con los hijos en un fin de semana al mes en Grecia y con una serie de supervisiones en horario y presencia de terceros, todo ello en interés de los menores. En consecuencia, teniendo en cuenta que la Sentencia de divorcio objeto de la ejecución contemplaba una situación provisional, así como la nueva situación creada lo razonable es estimar la oposición a la ejecución aún por otros razonamientos que los que se exponen en el recurso, debiéndose adecuar el régimen de visitas a la nueva situación creada en la actualidad atendiendo al interés o beneficio superior de los menores en el procedimiento que corresponda, sin que ello prejuzgue cualquier cuestión relativa a la competencia teniendo en cuenta las prevenciones que se contemplan en el Reglamento 2.201/2003 de la Unión Europea”.

Execuátur de una resolución peruana de divorcio, rechazando la interpretación formalista del Juzgado

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El Auto de la Audiencia Provincial de Tarragona, Sección Primera, de 11 de mayo de 2017, revoca una resolución del Juzgado de Primera Instancia y  concede el execuátur de la Resolución Nº 493/2014, de Miraflores (Perú) de 28 agosto 2014, por la que se declara la disolución por divorcio del vinculo matrimonial del apelante, que se inscribirá en el Registro Civil de España. La Audiencia considera improcedente el razonamiento del juzgado  que rechazó el execuátur debido a que nada se manifiesta sobre la existencia de hijos menores con lo que se quebranta el orden público español conforme al art. 46.1º.a) de la Ley 29/2015 de Cooperación Jurídica Internacional en material civil. Entiende la Audiencia que “no cabe una interpretación tan formalista como pretende la instancia y el Ministerio Fiscal, al que únicamente se la da la razón en que el titulo que se presenta a ejecución debe venir completo de origen, sin que quepa complementarlo posteriormente en apelación -si podría serlo en la instancia, una vez advertida la patología-, pues si nada se dice sobre la existencia de hijos es que no los hay y no caben mayores elucubraciones”.

Inclusión de un automóvil en el inventario derivado de la comunidad matrimonial sometido a la ley francesa

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoctava, de 30 de mayo de 2017 declara que debe incluirse en el activo del inventario de la comunidad matrimonial un automóvil cuya determinación y valoración se hará a fecha de la disolución del régimen. Según la Audiencia “en este caso la ley personal es la ley francesa. Y el régimen económico matrimonial es el de la comunidad de bienes , por ser este el régimen legal en Francia al no haber otorgado capitulaciones que lo modifiquen. Este viene regulado en los arts. 1400 a 1418 del Código Civil Francés. En el art. 1401 se indica que la comunidad se compone activamente de las ganancias obtenidas por los cónyuges conjunta o separadamente durante el matrimonio , y de las que provengan tanto de su trabajo personal como de los ahorros de los frutos y rentas de sus bienes propios. En este caso y respecto al vehículo no consta en los autos, y así lo indica la sentencia apelada, documentación sobre su titularidad. Convenimos (…) que la carta remitida por el seguro a ambos cónyuges no es prueba suficiente en este sentido dado que el tomador del seguro no es necesariamente coincidente con el titular del bien asegurado.

Efectos de una demanda de divorcio, conforme a la Ley alemana, sobre la disposición testamentaria hecha a favor del cónyuge

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Tenerife, Sección Cuarta, de 22 de marzo de 2017, estima un recurso de apelación afirmando entre sus considerandos que: “resulta procedente la acción entablada sin que a ello se oponga la razón fundamental en la que se apoya la sentencia apelada de no haberse promovido con carácter previo la acción de nulidad de la escritura de manifestación y adjudicación, pues, primero, se trata de una nulidad radical y absoluta, y, segundo, el ejercicio de esa acción no habría permitido la restitución, lo que hace procedente la acción de enriquecimiento (…). A la misma conclusión habría que llegar con la aplicación del ordenamiento alemán (§ 812 y § 818 del BGB) que sería aplicable no solo o no ya por sus disposiciones, sino por aplicación del art. 10.9º, párrafo tercero, del CC , en relación con el art. 9.8º del mismo Código , y ello de acuerdo con el informe pericial acompañado que acredita la vigencia y contenido de la Ley aplicable, si bien valorando dicho informe en lo que se refiere a su objeto propio (es decir, la vigencia y contenido de esa Ley) al margen de las valoraciones de interpretación que en el mismo se contiene y que reprocha como improcedentes la sentencia apelada”.

Conflicto de competencia entre los Juzgados de Primera Instancia de Madrid y de Valencia con motivo de una solicitud de exequátur de una sentencia de divorcio

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El Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección Primear de 28 de junio de 2017 resuelve un conflicto de competencia, entre los Juzgados de Primera Instancia de Madrid y de Valencia, suscitado con motivo de una solicitud de exequátur de una sentencia de divorcio. El conflicto se centra en determinar cuál sería el fuero territorial aplicable de entre las diversas posibilidades que contempla el art. 52.1º de la vigente Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil. En concreto el juzgado de Madrid entendía que al tener vecindad civil valenciana el demandante no le corresponde la competencia territorial. Por su parte, el juzgado de Valencia, entiende que ha de determinarse la competencia de Madrid, en cuanto que la sentencia debe inscribirse en el Registro Civil Central de Madrid. Para el Tribunal Supremo, “la sentencia de divorcio produce efectos para ambos ex cónyuges, por lo que sería posible la presentación de la demanda de exequátur en el lugar del domicilio o residencia de cualquiera de ellos en España al tiempo de interposición de la demanda (…). Sin embargo, estas previsiones no resultan de aplicación al presente caso ya que la demandante reside en Suiza y es desconocido el paradero del demandado. Descartada, por tanto, la competencia del Juzgado de Valencia, resulta que el efecto pretendido con la demanda es el reconocimiento de la sentencia extranjera a los únicos fines de su inscripción en el Registro Civil Central, con sede en Madrid”.

Inadmisión de los efectos de una sentencia de divorcio pronunciada en Ucrania por no constar que la esposa prestase aceptase la competencia de los tribunales ucranianos

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Logroño, Sección Primera, de 4 de mayo de 2017 inadmite los efectos de una sentencia de divorcio pronunciada en Ucrania por no constar que la esposa prestase aceptase la competencia de los tribunales ucranianos. De acuerdo con la Audiencia la aceptación por ambos litigantes de la competencia de los tribunales ucranianos no consta debidamente probada. Examinada la sentencia ucraniana, se observa, pese a las patentes deficiencias de la traducción aportada, que en la misma no consta que la esposa prestase aceptación expresa de la competencia de los tribunales ucranianos pese a su residencia y la del menor en España. Queda constancia en virtud de la grabación del juicio es que en el presente procedimiento seguido en España, en el acto de la vista, ambas partes estuvieron conformes con el divorcio y con la atribución de la guarda y custodia de los hijos a favor de la madre, lo que determina sin ningún lugar a dudas que ambos en ese momento estuvieron de acuerdo con la jurisdicción de los tribunales españoles. Por lo tanto, el cuestionamiento que se hace en el recurso de dicha jurisdicción es contrario a los propios actos anteriores de la parte recurrente.

La certificación del matrimonio contraído en el extranjero, ajustada a las exigencias legales, es prepuesto de la acción de divorcio en España

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección Novena, de 10 de febrero de 2017, desestima un recurso interpuesto en un procedimiento de divorcio contencioso, al estimar que no ha acreditado suficientemente el matrimonio que contrajo en Portugal. Para la Audiencia la demanda de divorcio formulada por la apelante adolece del defecto que acoge la sentencia recurrida, y no es otro que la ausencia de una certificación de matrimonio de los litigantes por no ajustarse el documento que como tal se presenta a las exigencias legales. Para la Audiencia “la certificación de matrimonio es prepuesto de la acción de divorcio y no puede considerarse que el documento aportado reúna las características de la exigencia legal, pues al tratarse de un documento expedido por funcionario público, exige el complemento de la Apostilla de la Haya, al ser Portugal firmante del Convenio”.