Admisión de un recurso contra una denegación de execuátur por considerarse “demasiado rigorista” no adjuntar la documentación pertinente

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El Auto de la Audiencia Provincial de Cuenca, Sección Primera, de 26 de septiembre de 2017, estima un recurso de apelación contra una auto del Juzgado que denegó la ejecución de una sentencia de divorcio extranjera por no adjuntar la documentación pertinente. La Audiencia considera que “que la exigencia del Juzgado viene a ser demasiado rigorista. Las normas se deben interpretar en relación con el contexto, (art. 3.1º Cc), y si la propia Ley 29/2015, de 30 de julio, permite que el extremo relativo al contenido de algún documento pueda constar “…en la propia resolución…”, (véase el artículo 54.4.c de dicha Ley 29/2015 ), no parece desacertado interpretar que, en principio y al menos para la admisión de la solicitud, (y con independencia de lo que pueda resultar y decidirse durante el desarrollo ulterior del expediente), también estaría permitido que el específico extremo pretendido por el Juzgado de primera instancia de Tarancón, (documento que acredite si la Resolución se dictó en rebeldía, la entrega o notificación de la célula de emplazamiento o el documento equivalente), conste en la propia Resolución. Y aquí resulta que dicho extremo ya se refleja en la propia Sentencia dictada en el Reino de Marruecos, (el esposo intervino en el proceso, como demandante, asistido de Letrado), ya que en ella figura, entre otros datos, lo siguiente, (…)”.

Falta de competencia para tramitar un proceso de modificación de las medidas establecidas en una sentencia de divorcio dictada por un Juzgado rumano

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El Auto de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Décima, de 3 de mayo de 2017 estima recurso de apelación contra el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia , que declaró su falta de competencia para tramitar un proceso de modificación de las medidas establecidas en una sentencia de divorcio dictada por el Juzgado de Campulung Moldovenesc (Rumanía) el día 26 de marzo de 2015, y en concreto, para aumentar el importe de los alimentos debidos a la hija de los litigantes. Para la resolución del presente recurso, la Audiencia tiene en cuenta que el precepto aplicable no es el art. 775 LEC, que rige en aquellos casos en los que no haya un elemento internacional, sino que el precepto aplicable es el art. 3 del Reglamento europeo 4/2009 sobre la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos y este precepto determina que la competencia es de los Juzgados españoles, porque el demandado vive en (…) , y la menor y su madre residen en (…), lugar en el que estaba el último domicilio conyugal. Acerca de la no aplicabilidad de las normas de competencia internas a los casos con elementos internacionales, puede invocarse la sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de marzo de 2000, relativo precisamente a una demanda de modificación de medidas de una sentencia norteamericana de divorcio. Ahora bien, como se trata de modificar una sentencia rumana, deberá primero instarse el reconocimiento en España de la misma, incluso con carácter incidental en este mismo proceso, como establece el art. 45 de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil. Una vez reconocida la sentencia rumana, podrá tramitarse el procedimiento en España, y, en concreto, en el Juzgado de (…), por aplicación analógica del art. 769 LEC”.

No cabe esgrimir da rebeldía para oponerse al execuátur pues el demandado tuvo cabal conocimiento de la existencia del proceso en el extranjero

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El Auto de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección Quinta, de 15 de mayo de 2017,  revoca la resolución del Juzgado y otorga el  reconocimiento en España a la sentencia dictada por el Tribunal Distrito de Aberdeen (Escocia) en un procedimiento de divorcio. La audiencia considera que ” la homologación pretendida ha de prosperar, pues ante la constatada ausencia de la parte demandada en el procedimiento de origen, la documentación aportada permite afirmar que el demandado tuvo cabal conocimiento de la existencia del proceso y que en él pudo ejercitar debidamente y en toda su extensión sus derechos de defensa, cuya tutela se alza ahora como obstáculo al execuátur, en salvaguardia del orden público del foro, en su sentido procesal. En tal sentido, se aprecia, que se notificó la existencia de la demanda a D. C. (…) lo que, sin duda, lleva a considerar que los actos de comunicación fueron plenamente eficaces en orden a posibilitar la comparecencia en juicio del demandado en tiempo útil para ejercitar plenamente sus derechos de defensa. No le cabe, por lo tanto, esgrimir la alegada rebeldía, ni, en general, falta de garantía procesal alguna, para oponerse al execuátur, debiendo tenerse por satisfechos los requisitos establecidos en el art.
954 LEC de 1881 , y, en suma, debiéndose considerar que la resolución extranjera se ajusta plenamente a
las exigencias del orden público en sentido internacional, tanto en su vertiente procesal como en su aspecto
material o sustantivo.

Aplicación de la normativa aragonesa al divorcio de dos ecuatorianos y a los efectos del mismo

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Segunda, de 14 de julio de 2017,  resolvió en litigio de divorcio. In casu, los litigantes, de nacionalidad ecuatoriana, contrajeron matrimonio en Ecuador el 22 de agosto de 2007, habiendo nacido de dicha unión cuatro hijos, tres en Ecuador – Heraclio , Sacramento y Fabio , de 18, 16 y 14 años al presentarse la demanda- y uno en Zaragoza – Jacinta , de 7 años-. Todos ellos con residencia habitual en Zaragoza. La actora apoya su demanda en el Código Civil y la recurrente dice vulnerados sus arts. 145 y 146 . La legislación española es ciertamente la aplicable. El art. 8.a) del Reglamento (UE) 1259/2010, del Consejo, que derogó de facto las reglas que se mantuvieron en el art. 107 Cc hasta la L 15/2015, señala como ley aplicable al divorcio la española por la residencia común de los esposos; ley que es asimismo la aplicable a las cuestiones sobre responsabilidad parental ex art. 5.1º del Convenio de la Haya de 19 de octubre de 1996 , y a los alimentos, por así resultar del  art. 3.1º del Protocolo de La Haya de 23 de noviembre de 2007, en ambos casos por razón de la residencia de la menor. Con ello, la normativa a aplicar no lo será la común, sino la aragonesa, pues es Aragón el territorio de residencia de todos los afectados y, no siendo de aplicación la conexión establecida en el art. 14 Cc , pues ninguno de los afectados puede tener vecindad de cualquiera de los territorios con Derecho civil propio por no ser españoles, tal circunstancia conduce al punto de conexión de la residencia en virtud de los arts. 47 y 48 Convenio de la Haya 1996 , 16 del Protocolo de 2007 y 15 del Reglamento de 2010″.

Teniendo en cuenta que la Sentencia griega de divorcio contempla una situación provisional, lo razonable es estimar la oposición a la ejecución atendiendo al interés superior de los menores

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El Auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Segunda, de 13 de junio de 2017 considera que en el supuesto no se está “propiamente ante una falta de competencia de la jurisdicción española pues debe tenerse en cuenta, que la recurrente trasladada ya en Grecia, se sometió a los Tribunales españoles en la Sentencia de mutuo acuerdo, en todo caso la problemática radicaría más bien en la eficacia o no de la sentencia de divorcio en cuanto al régimen de visitas, teniendo en cuenta la nueva situación creada. Debe tenerse en cuenta que la Sentencia de divorcio contemplaba una situación provisional ya sobrepasada, previniendo incluso, un nuevo régimen de relación en función del lugar de residencia de los menores, que los menores se habían trasladado junto con su madre a Grecia y que dicho traslado ha sido declarado legal por resolución 6082/2015 de el Tribunal Unipersonal de Primera Instancia de Atenas de 9 de octubre de 2015, constituyéndose en Grecia (Cholargos de Atica) la nueva residencia habitual de los menores. Igualmente por resolución 6143/2016 del Tribunal de Primera Instancia de Atenas, en procedimiento de medidas cautelares se restringen las comunicaciones del padre con los hijos en un fin de semana al mes en Grecia y con una serie de supervisiones en horario y presencia de terceros, todo ello en interés de los menores. En consecuencia, teniendo en cuenta que la Sentencia de divorcio objeto de la ejecución contemplaba una situación provisional, así como la nueva situación creada lo razonable es estimar la oposición a la ejecución aún por otros razonamientos que los que se exponen en el recurso, debiéndose adecuar el régimen de visitas a la nueva situación creada en la actualidad atendiendo al interés o beneficio superior de los menores en el procedimiento que corresponda, sin que ello prejuzgue cualquier cuestión relativa a la competencia teniendo en cuenta las prevenciones que se contemplan en el Reglamento 2.201/2003 de la Unión Europea”.

Execuátur de una resolución peruana de divorcio, rechazando la interpretación formalista del Juzgado

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El Auto de la Audiencia Provincial de Tarragona, Sección Primera, de 11 de mayo de 2017, revoca una resolución del Juzgado de Primera Instancia y  concede el execuátur de la Resolución Nº 493/2014, de Miraflores (Perú) de 28 agosto 2014, por la que se declara la disolución por divorcio del vinculo matrimonial del apelante, que se inscribirá en el Registro Civil de España. La Audiencia considera improcedente el razonamiento del juzgado  que rechazó el execuátur debido a que nada se manifiesta sobre la existencia de hijos menores con lo que se quebranta el orden público español conforme al art. 46.1º.a) de la Ley 29/2015 de Cooperación Jurídica Internacional en material civil. Entiende la Audiencia que “no cabe una interpretación tan formalista como pretende la instancia y el Ministerio Fiscal, al que únicamente se la da la razón en que el titulo que se presenta a ejecución debe venir completo de origen, sin que quepa complementarlo posteriormente en apelación -si podría serlo en la instancia, una vez advertida la patología-, pues si nada se dice sobre la existencia de hijos es que no los hay y no caben mayores elucubraciones”.

Inclusión de un automóvil en el inventario derivado de la comunidad matrimonial sometido a la ley francesa

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoctava, de 30 de mayo de 2017 declara que debe incluirse en el activo del inventario de la comunidad matrimonial un automóvil cuya determinación y valoración se hará a fecha de la disolución del régimen. Según la Audiencia “en este caso la ley personal es la ley francesa. Y el régimen económico matrimonial es el de la comunidad de bienes , por ser este el régimen legal en Francia al no haber otorgado capitulaciones que lo modifiquen. Este viene regulado en los arts. 1400 a 1418 del Código Civil Francés. En el art. 1401 se indica que la comunidad se compone activamente de las ganancias obtenidas por los cónyuges conjunta o separadamente durante el matrimonio , y de las que provengan tanto de su trabajo personal como de los ahorros de los frutos y rentas de sus bienes propios. En este caso y respecto al vehículo no consta en los autos, y así lo indica la sentencia apelada, documentación sobre su titularidad. Convenimos (…) que la carta remitida por el seguro a ambos cónyuges no es prueba suficiente en este sentido dado que el tomador del seguro no es necesariamente coincidente con el titular del bien asegurado.