Competencia de los tribunales españoles para acordar la modificación de una Sentencia originaria de Marruecos (AAP Barcelona 29 enero 2020)

El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimosegunda, de 29 de enero de 2020 estima un recurso de apelación contra un Auto del Juzgado que inadmitió a trámite  la demanda por considerar que la competencia para acordar la modificación de la Sentencia de divorcio originaria interesada por el actor corresponde en exclusiva al órgano judicial extranjero que la dictó. La Sala, revisada la causa, considera que la razón asiste al apelante por los siguientes argumentos:

«1º.- Ante todo, la norma contenida en el art. 775.1 LEC completada con la de competencia funcional del art. 61 LECivil, según la cual la competencia para conocer del procedimiento de modificación de una resolución judicial corresponde al Juzgado que la dictó, tiene una alcance meramente interno, ello es cuando se trata de dirimir la competencia entre tribunales de nuestro país. A nivel internacional el art. 45.1 de la Ley 29/15, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil, expresamente prevé que ‘Una resolución extranjera podrá ser modificada por los órganos jurisdiccionales españoles siempre que hubiera obtenido previamente su reconocimiento por vía principal o incidental con arreglo a las disposiciones de este título’.

2º.- Sentado lo anterior, para dilucidar si un tribunal español tiene competencia frente a otro tribunal extranjero para conocer de la solicitud planteada ante él, en este caso por un ciudadano marroquí contra otra persona que ostenta la misma nacionalidad, deberá estarse a las normas previstas en la LOPJ, por la remisión contenida en el art. 36.1 LECivil, en concreto según el art. 21.1 LOPJ: ‘ Los Tribunales civiles españoles conocerán de las pretensiones que se susciten en territorio español con arreglo a lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte, en las normas de la Unión Europea y en las leyes españolas’.

3º.- Si tenemos en cuenta que la norma convencional que regula las relaciones entre los Reinos de España y Marruecos en esta materia ( Convenio de Cooperación Judicial en Materia Civil, Mercantil y Administrativa de 30 mayo 1997) a) dispone en su art. 1º que ‘los nacionales de cada uno de ambos Estados disfrutarán en el territorio del otro Estado, de libre y fácil acceso a los tribunales, tanto judiciales como administrativos, para actuar en la defensa de sus derechos’ manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1º CE (STC 61/2000, de 13/3, BOE 90 de 14/4/00) y b) no contiene una atribución exclusiva y excluyente a los tribunales de este país para conocer de la pretensión modificativa de las Sentencias dictadas por ellos, deberemos acudir a la norma contenida en el art. 22 quáter c) LOPJ que atribuye competencia a los tribunales españoles ‘En materia de relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges, nulidad matrimonial, separación y divorcio y sus modificaciones’, tal como pretende el actor hoy apelante en la demanda rectora del proceso.

4º.- En definitiva, sin perjuicio de la necesidad de proceder al previo reconocimiento en España de la resolución a modificar conforme a los arts. 22 y ss. del indicado Convenio -inclusive a modo incidental en el presente  litigio tal como prevén el apartado VIII del Preámbulo y los arts. 44.2 y 45.1 de la Ley 29/15, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil-, el tribunal ante el que se ha presentado la solicitud, el de …, resulta competente para el enjuiciamiento y fallo de la controversia conforme al art. 22 quáter c) LOPJ en atención a la residencia habitual del actor en nuestro país, y en dicho partido, desde un año antes de la interposición de la demanda (documentos 6 y 7) como lo confirma el hecho de que el hijo común nació en … (Huesca) en el año 2007 (folio 25) y está escolarizado en un centro de la capital del Garraf (…) lo que determinaría igualmente la competencia de los tribunales españoles ( art. 8.1 Reglamento 2201/03 del Consejo, de 27/11, Bruselas II bis).