Solo habrá de resolverse sobre el reconocimiento de una resolución extranjera si se plantea de forma incidental en un procedimiento judicial

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Dª Milagros interpuso demanda de liquidación de régimen económico matrimonial de comunidad de bienes contra D. Inocencio , a tramitar por el procedimiento previsto en el art. 806 ss LEC, alegando sustancialmente que ambos contrajeron matrimonio el 28 julio 2010 en Venezuela, siendo en ese momento de nacionalidad venezolana (más adelante se dice, sin concretar ningún dato, que ambos han obtenido la nacionalidad española); el matrimonio se regía por el régimen económico de comunidad de bienes regulado en el Código civil de Venezuela. Se decretó por Tribunal venezolano la separación de cuerpos y de bienes con fecha 20 febrero 2013, lo que produjo el efecto de la disolución del régimen económico matrimonial; esa separación fue convertida en divorcio por resolución de 07 abril 2014 de Tribunal venezolano. La sentencia de instancia desestimó la demanda por entender que era necesario como requisito previo que hubiera obtenido el exequátur la sentencia de Venezuela que produjo la disolución del régimen económico matrimonial de comunidad de bienes, que fue la resolución que decretó la separación de cuerpos y bienes y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Novena, de 29 noviembre 2017 confirmó dicha decisión. De acuerdo con la Audiencia “no es preciso un expreso pronunciamiento al respecto, dado que el art. 44.2º LCJI establece que solo habrá de resolverse sobre el mismo (sobre el reconocimiento de una resolución extranjera) cuando ‘se plantee de forma incidental en un procedimiento judicial’. Luego si no es preciso el exequátur de la resolución extranjera y ninguna parte ha planteado expresamente la necesidad de un reconocimiento incidental es porque se admite por ambas partes esa resolución extranjera y su contenido; se acepta que la resolución del Tribunal venezolano produjo la disolución del régimen económico matrimonial y puede entrarse en el fondo del asunto. No existe, así, controversia sobre el hecho aceptado de la disolución del régimen económico matrimonial, ventilándose en este proceso únicamente la forma en que debe ser liquidado”.

El procedimiento de anulación del laudo ni es una reclamación ulterior ni tiene el mismo objeto que el procedimiento arbitral, por lo que no concurren los presupuestos de aplicación del art. 32.2º CMR

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Vigesimoctava, de 17 noviembre 2017 estimó  el recurso de apelación interpuesto por la representación de Gefco España. S.A. contra una sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid que había desestimado una excepción de prescripción al entender que el plazo de un año establecido en el art. 32 del Convenio relativo al Contrato de Transporte Internacional de Mercancías por Carretera, de 19 de mayo de 1956  (CMR) había resultado interrumpido por la presentación de la demanda planteada ante la Junta Arbitral de Transporte de Girona. En el presente caso el procedimiento arbitral se admitió a trámite y concluyó por laudo, como también fue admitido el subsiguiente procedimiento de anulación del laudo. El objeto del arbitraje era idéntico al que ahora ocupa a la Audiencia, no obstante lo cual, este procedimiento se ha planteado porque en el anterior, el árbitro no entró a conocer del fondo del asunto por apreciar falta de competencia. Según la Audiencia “no podemos apreciar que el titular del crédito haya dado muestras de abandono de su derecho, antes al contrario, ha intentado hacerlo efectivo, aunque con el resultado a que hemos hecho referencia. El demandado también trata de salir al paso del efecto interruptivo de la prescripción, computando exclusivamente a tales efectos el procedimiento planteado ante la Junta Arbitral, pero no el posterior de anulación ante la Audiencia Provincial de Girona. El apelante invoca el art. 32.2 CMR, con arreglo al cual “las reclamaciones ulteriores que tengan el mismo objeto no interrumpen la prescripción”. Con arreglo a este razonamiento, el procedimiento de anulación del laudo seguido ante la Audiencia Provincial no tendría efectos interruptivos de la prescripción. No compartimos el razonamiento. El procedimiento de anulación del laudo ni es una reclamación ulterior ni tiene el mismo objeto que el procedimiento arbitral, por lo que no concurren los presupuestos de aplicación del art. 32.2 CMR. Aunque se trata de un procedimiento subsiguiente, deriva de la misma reclamación y no de otra distinta; y por otro lado, el objeto del procedimiento de anulación del laudo no es el mismo que el objeto del procedimiento arbitral, pues la función revisora de la Audiencia Provincial no se extiende con carácter general al fondo del asunto, sino a los motivos de anulación contemplados en el art. 41.1º.a) de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. Ningún sentido tiene atribuir efectos interruptivos de la prescripción al procedimiento arbitral, pero no atribuírselos al subsiguiente de anulación del laudo, pues la vigencia y exigibilidad de lo que se acuerde en el primero de dichos procedimientos depende de lo que se resuelva en el segundo”.

La determinación de una multa coercitiva se enmarca propiamente en ejecución de la previa sentencia firme dictada por un tribunal extranjero

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El Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Vigesimoctava, de 1 de diciembre de 2017 desestima una solicitud de medidas cautelares, dejando sin efecto las medidas cautelares acordadas, con expresa imposición a la parte actora de las costas causadas a la demandada en primera instancia. En la petición cautelar se había interesado el embargo preventivo de bienes y derechos de una entidad española para cubrir la suma de 20.284.000 euros (importe de la multa coercitiva que se interesa ante los tribunales belgas) más 6.085.200 euros (30% adicional para cubrir los intereses y costas. De acuerdo con la Audiencia “es cierto que el art. 44 del Reglamento (CE ) 44/2001 (ahora, art. 55 del Reglamento (UE) nº 1215/2012), establece que: “Las resoluciones extranjeras que condenaren al pago de multas coercitivas solamente podrán ejecutarse en el Estado miembro requerido cuando la cuantía hubiere sido fijada definitivamente por el tribunal del Estado miembro de origen”. El problema es que la parte demandante no ha solicitado la ejecución provisional de una resolución -que, por cierto, aún no se había dictado al tiempo de presentarse la solicitud- sino el embargo preventivo para asegurar un eventual pronunciamiento condenatorio en el procedimiento que se tramita ante los tribunales belgas para determinar la procedencia y, en su caso, cuantificar la multa coercitiva que debe imponerse a la demandada por continuar con el uso de signos infractores a cuyo cese ha sido condenada por resolución firme, también pronunciada por los tribunales belgas. La alegación se agota en su propia formulación en tanto que lo solicitado por la actora y lo acordado por la resolución apelada no es la ejecución provisional de una inexistente -entonces- resolución sino el embargo preventivo para asegurar la efectividad de la resolución que debe dictarse -y ya se ha dictado en primera instancia- por los tribunales belgas sobre la efectiva imposición de la multa coercitiva. La petición de embargo preventivo como medida cautelar para asegurar una futura resolución a dictar por los tribunales de otro Estado miembro tiene expresa cobertura en el art. 31 del Reglamento 44/2001 (ahora, art. 35 del Reglamento 1215/2012 ). Resulta por completo irrelevante a los efectos de perfilar la naturaleza de lo solicitado que en el algún pasaje del escrito inicial se aluda al embargado como ejecutado, lo que, además, puede tener sentido si consideramos que la determinación de la multa coercitiva se enmarca propiamente en ejecución de la previa sentencia firme dictada por los tribunales belgas. Menor transcendencia aún tiene que con el embargo preventivo se pretenda cubrir los gastos e intereses de la futura ejecución o que el juzgado, con acierto o sin él, haya ordenado la entrega a la parte actora de la cantidad consignada por la demandada para eludir el embargo, cuestiones que afectan al alcance y a la ejecución de la medida, que no transforman lo acordado en una inexistente ejecución provisional”.

El “onus probandi” del Derecho extranjero corresponde a las partes, sin que pueda sustituir el órgano judicial dicha iniciativa al no haberse desarrollado actividad probatoria al respecto

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Vigésima, de 11 de noviembre de 2017 desestima un recurso de apelación en un asunto de incumplimiento de contrato. En concreto, la Audiencia considera que el primer motivo de apelación interpuesto, “consistente en la indebida admisión y valoración de documentos no traducidos, ha de ser rechazado ya que ha sido el propio demandante ahora apelante quien aportó dichos documentos con la demanda de la que dimana este litigio, abstracción hecha de si el letrado que redactó tal demanda es distinto al que ha asistido a la parte con posterioridad y toda vez que no ha mediado una impugnación expresa de dicha documentación, siendo rechazable, de igual modo, el segundo motivo planteado relativo a la falta de prueba de la legislación brasileña a la que se hace mención por cuanto que los órganos jurisdiccionales españoles no tienen la obligación de conocer el Derecho extranjero, al no encontrarse tal facultad amparada en el principio general del iura novit curia y por incumbir a las partes la prueba de la existencia, contenido y vigencia del Derecho extranjero. La falta de prueba del Derecho brasileño impide, consecuentemente, su aplicación ya que, con arreglo a lo dispuesto en el art. 281.2º LEC , el onus probandi o carga de la prueba del Derecho alegado corresponde a las partes, como se ha expuesto, sin que en modo alguno pueda sustituir el órgano judicial dicha iniciativa al no haberse desarrollado actividad probatoria al respecto”.

Improcedencia de un divorcio el rebeldía por constar el paradero del demandado en el extranjero

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Vigesimosegunda, de 26 de septiembre de 1987 estima un recurso de apelación contra una sentencia que decretó un divorcio a partir de la declaración de rebeldía de un de los cónyuges y declara la nulidad de las actuaciones. Considera la Audiencia que ” los documentos aportados por don Aurelio con su escrito interposición del recurso de apelación acreditan que durante toda la tramitación del proceso de divorcio, y con anterioridad a éste, existía un contacto constante entre las dos partes a través de correo electrónico, así como que la parte demandante conoció el día 5 de noviembre de 2014 de la existencia de un proceso iniciado en los Tribunales estadounidenses por parte de Don Aurelio. Pese a ello, en ningún momento comunicó al juzgado esa circunstancia y permitió que se continuase con la tramitación del proceso hasta dictarse sentencia en rebeldía procesal, pese al constante contacto mantenido entre ellos y al conocimiento que tenía de lo resuelto en el Tribunal estadounidense. En consecuencia, se ha producido una infracción de normas del procedimiento por parte del Tribunal de Primera Instancia que no agotó los medios oportunos para garantizar un emplazamiento personal del demandado, y también por la parte demandante que no informó en todo momento de la situación existente, del paradero del demandado y de la existencia de un procedimiento judicial simultaneo ante los Tribunales estadounidenses, pese a ser perfectamente conocedora de ello y con el único fin de garantizar la obtención de una sentencia por parte de los tribunales de  nuestro país.

Los tribunales españoles carecen de competencia para conocer sobre un litigio concerniente a relaciones paterno filiales del hijo común de ambos litigantes con residencia habitual en Perú

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Vigesimosegunda, de 27 de junio de 2017,  estima un recurso de apelación considerando que “en la instancia, el hijo común de los litigantes reside en Perú, con los abuelos maternos, de forma ininterrumpida desde el año 2007. Partiendo de dicha situación convivencial, y al contrario de lo que, en su recurso, expone el Ministerio Fiscal, no resulta de aplicación al caso el art. 8 del Reglamento 2201/2003 del Consejo de Unión Europea, pues la cuestión suscitada afecta, no a dos de los Estados miembros, sino a los de uno solo de ellos y a los de un tercer Estado (Perú), que no se encuentra vinculado por dicha normativa. Ello reconduce necesariamente el problema competencial al art. 22 LOPJ, en la redacción vigente al momento de entablarse la demanda rectora de la litis que ahora nos ocupa (art. 411 LEC) y que, en lo concerniente a las relaciones jurídicas que afectan a menores, atribuye la competencia a los tribunales españoles en las dos siguientes hipótesis: a) Para la adopción de medidas de protección de la persona o de los bienes de los menores cuando éstos tuviesen su residencia habitual en España. b) En materia de relaciones paterno filiales, cuando el hijo tenga su residencia habitual en España al tiempo de la demanda, o el demandante sea español o resida habitualmente en España. En consecuencia, y en cuanto la aplicación de una u otra norma puede conducir a criterios distintos en la determinación de la posible competencia de los tribunales españoles, resulta indispensable la previa calificación de la acción que en cada caso se somete al examen de los tribunales; de conformidad con mayoritarios criterios de opinión doctrinal y judicial, cuando el debate suscitado concierne a la asignación de la custodia a uno de los progenitores del menor, en casos de ruptura de la unidad familiar, resultan de  aplicación las previsiones legales sobre protección de menores, lo que determina la prevalencia del foro de residencia habitual del citado descendiente. Tal criterio de conexión es el que recogen los Tratados y Convenios internacionales en materia de menores (Convenios de La Haya de 1961 y 1980, y Convenio de Luxemburgo de 1989), habida cuenta además que los Órganos jurisdiccionales del lugar de residencia del menor resultan los más adecuados para obtener los medios de prueba imprescindibles para conocer y valorar las circunstancias que afectan al citado sujeto infantil, en orden a su integración en uno u otro entorno, constitución de sus vínculos familiares, sociales y
educativos, permitiendo además valorar, desde el principio de inmediación, tanto dicho resultado probatorio, como, en su caso, los deseos, al respecto, del niño. Bajo tales condicionantes normativos, en su proyección sobre la situación fáctica concurrente en el caso, en la que el menor al que van a afectar las medidas postuladas mantiene su residencia habitual en Perú desde poco tiempo después de su nacimiento, hemos de concluir, acogiendo la pretensión principal del apelante y la adhesión del Ministerio Fiscal, que los tribunales españoles carecen de competencia para conocer de la contienda litigiosa suscitada por la demandante.
TERCERO .- Dado el sentido de esta resolución, a tenor

Competencia de los tribunales españoles en una reclamación de una entidad española contra otra británica por los gastos médico sanitarios en la asistencia dispensada a dos nacionales británico

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Vigesimoprimera, de 18 de julio de 2017 entendió de una reclamación a cargo de “Gestitursa Andalucia s.l.” contra la entidad “Liverpool Victoria Insurance Company Limited” por los gastos médico sanitarios por la asistencia dispensada a los nacionales británicos don Higinio y doña María Rosario en el Hospital público de la Sanidad Andaluza de Benalmádena. Entre otras consideraciones la Audiencia se pronunció acerca de la competencia judicial de los tribunales en el presente asunto afirmando al respeto que “en cuanto a la competencia de los órganos jurisdiccionales españoles para conocer del presente litigio tenemos que estar a lo dispuesto en el Reglamento ( CE) nº 44/2001 del Consejo de 22 de diciembre de 2000 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones
judiciales en materia civil y mercantil . Este Reglamento ha sido derogado por el artículo 80 del Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, que no es de aplicación hasta el día 10 de enero de 2015. Pues bien, dada la fecha en que ocurrieron los hechos que ahora son objeto de enjuiciamiento, es de aplicación el Reglamento (CE) nº 44/2001. Dos son los preceptos de los que se desprende la competencia de los órganos jurisdiccionales españoles para conocer de la presente litis. Por una parte, el artículo 5 número 1 letras a) y b), y, por otra parte, el art. 9, nº 2” .