Admisión del execuátur de una sentencia alemana por considerarse que no existe inconciliabilidad con otras resoluciones

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El Auto de la Audiencia de Palma de Mallorca, Sección Tercera, de 20 de junio de 2017 confirma el otorgamiento del reconocimiento y ejecución de sentencia alemana. al amparo del Reglamento Bruselas I. Considera la Audiencia que “en el caso que nos ocupa, no se ventila una cuestión de derechos reales sino que la materia es claramente contractual y de naturaleza obligacional: resolución de un contrato de compraventa de inmuebles; el hecho de que el objeto del contrato sea un inmueble no altera la naturaleza esencialmente contractual del litigio. En este sentido es clara y reiterada la jurisprudencia comunitaria y también española recaída sobre la materia. Así, y solo a modo de ejemplo de un supuesto similar al aquí planteado cabe citar el auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 5 de abril de 2001, Gaillard ( C-518/99 ), que excluyó la aplicación de la norma de competencia exclusiva en materia de derechos reales inmobiliarios a una acción de resolución de un contrato de venta de un inmueble”. Respecto a la alegación de que el reconocimiento era manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido (art. 34.1º Reglamento), entiende la Sala que no se dan en el caso (…) elementos que permitan sostener esta manifiesta contrariedad (…); en modo alguno puede considerarse que existe tal contrariedad, si es lo que se pretende, por procederse al reconocimiento de la ejecutividad de las sentencias alemanas sin el tan alegado incumplimiento de la condición previa de transmisión, ya que, como se ha expuesto, dicha cuestión, de fondo, habrá de esgrimirse, en su caso, en la fase de despacho de ejecución, y no en la declaración de ejecutoriedad.  en segundo lugar, y respecto de la eventual inconciliabilidad con otras resoluciones, considera esta Sala que no se da tampoco en el caso presente tal situación. En este caso sí alega expresamente la apelante que el auto recurrido es inconciliable con la sentencia cuya ejecución se solicita, ya que no se comprueba la previa transmisión de los inmuebles y muebles que estas sentencias contienen como condición previa para la obligación de pago. Y respecto de esta alegación no puede más que señalarse que no son esos los parámetros de la conciliabilidad prevista en este precepto sino que esta se predica respecto de resoluciones previas distintas de la propia resolución judicial de reconocimiento”.

Reconocimiento en España de la resolución dictada por un Tribunal de Budapest respecto de la restitución de una menor a Hungría

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección Cuarta, de 17 de julio de 2017, estimó un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia  del Juzgado de Violencia nº 2 de Palma en fecha 27 de febrero de 2017 en autos de procedimiento de reconocimiento y ejecución de resolución judicial en España de un auto dictado por el Tribunal de Budapest respecto de una menor. Determina la Audiencia que la resolución ejecutiva del Tribunal de Budapest (que designó como lugar de residencia de la menor en Hungría, el lugar de residencia en Hungría de la madre hasta que se dicte una sentencia firme en el Procedimiento y obligó a la demandante a volver a traer a la menor a Hungría en un plazo de 8 días, así como que justificase la escolarización de la menor en Hungría ante el Juzgado de Primera Instancia) “constituye una resolución dictada por el que cabe considerar Juez natural determinado por la Ley, respaldada en este caso por las normas de competencia judicial internacional vigentes en la Unión Europea en orden a resolver los aspectos relativos a la responsabilidad parental del menor y que, por lo tanto, deben ser respetadas por las partes y, en consecuencia, al no concurrir la causa de denegación invocada, deben dar lugar a la revocación de la sentencia de instancia y a la estimación de la demanda de reconocimiento y ejecución de dicha resolución”.

Competencia judicial internacional de los tribunales españoles en virtud de lo dispuesto en los arts. 5 y 7 del Reglamento Bruselas I bis

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El Auto de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección Tercera, de 19 de enero de 2017, considera que “el recurso interpuesto debe tener favorable acogida, al advertir la Sala, tras la lectura de la resolución impugnada que, efectivamente, tal y como sostiene el apelante, se ha producido una confusión en la instancia a la hora de interpretar el articulado del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 12.12.12 (Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 diciembre 2012, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, Bruselas I bis), en concreto, a la hora de aplicar su art. 6, previsto solo para el caso de que la parte demandada no estuviera domiciliada en un Estado Miembro, cuando en el caso que nos ocupa consta que la Sra. E., de nacionalidad alemana tenía en ese país, Estado Miembro de la Unión, fijada allí su residencia antes de fallecer, por lo que dicho artículo no es de aplicación al caso, como tampoco lo es que su hipotética condición de consumidora determine, en función de lo previsto en el art. 17 del Reglamento, que los Tribunales españoles y en concreto el órgano remitente, carezca de competencia jurídica internacional para el conocimiento de la demanda, porque para ello sería necesario que el actor ejerciera actividades comerciales o profesionales en Alemania y que el contrato de prestación de servicios en virtud del cual se reclama estuviera comprendido en el marco de dicha actividad, y en absoluto consta que ello sea así”

Validez de la cláusula arbitral inserta en un contrato de la permuta financiera si se realiza en el ámbito de la actividad empresarial

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El Auto de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección Tercera, de 25 de mayo de 2017, desestima un recurso de apelación interpuesta contra un auto dictado por el  Juzgado de Primera Instancia nº 21 de Palma que estimó una declinatoria de falta de jurisdicción por existir una sumisión a arbitraje. Para la Audiencia “el art. 9 LA , prevé la inclusión del convenio arbitral en un contrato de adhesión y establece que la validez de dicho convenio y su interpretación se regirán por lo dispuesto en las normas aplicables a ese tipo de contrato. De ahí que no pueda declararse la invalidez de la cláusula en los
contratos de adhesión”. Se alegaba que la actividad social de la demandante es una residencia socio-asistencial, que solicitó un préstamo hipotecario para reformar la residencia para reformar la residencia y que fue con ocasión del mismo que una empleada les manifestó que era obligatorio suscribir lo que denominó un seguro
de tipos, que fue el contrato suscrito Pero la Audiencia considera que la “contratación de la permuta financiera lo es dentro del ámbito de la actividad empresarial, pues está íntimamente relacionada con la suscripción del préstamo hipotecario con el que se financiaba la reforma de la residencia”.

Corresponde a los profesionales del derecho conocer los requisitos que debe contener un documento público extranjero para acreditar su autenticidad en España

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El Auto de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección Tercera, de 18 de abril de 2017 considera que “el recurso interpuesto no puede tener favorable acogida, no sólo porque ni tan siquiera consta en las actuaciones que, efectivamente, con ocasión del mismo se haya aportado la apostilla exigida por el Convenio de la Haya, como así se indica en el escrito, sino fundamentalmente porque constatamos que ninguna indefensión se ha producido a la entidad demandada apelante, habida cuenta de que por la Letrada de la Administración de Justicia se le ha facilitado hasta en dos ocasiones (en atención a lo previsto en el art. 231 LEC) la oportunidad de subsanar los defectos de personación previo a acordarse la inadmisión de la oposición, evacuando la apelante en ambos casos los traslados conferidos de forma irregular y una vez transcurridos los plazos señalados para ello. Si a esto le sumamos que el argumento sobre el que se sostiene el recurso carece de consistencia jurídica alguna, por cuanto corresponde a los profesionales del derecho conocer, sin necesidad de que el Juzgado les advierta de ello (cuando ya se les ha ofrecido por dos veces la oportunidad de subsanar) los requisitos que debe contener un documento público extranjero para acreditar su autenticidad en España, la conclusión no puede ser otra que la de desestimar el recurso”.

La palabra España consignada en el art. 17.1º.c) Cc incluye al Sahara Occidental una vez acreditado que la demandante nació allí en el año 1973

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección Tercera, de 26 de mayo de 2017 estima un recurso de apelación interpuesto contra una Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 14 de Palma y acuerda que procede declarar la nacionalidad española de origen desde la fecha de su nacimiento, el día 13 de enero de 1973 al considerar que asiste la razón a la recurrente “no porque entendamos que se haya producido una infracción del principio de igualdad respecto a su marido, porque ha quedado acreditado que éste, en el expediente gubernativo (contrariamente a la actora) ya puso de relieve su condición de apátrida, sino porque al igual que ella, entendemos que no existía ningún impedimento para que la Juez a quo estimara que la pretensión de la recurrente abarcaba la declaración de la nacionalidad de origen por la vía del art. 17.1º c) Cc, que establece que son españoles de origen ‘Los nacidos en España de padres extranjeros si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad’. Y es que, independientemente de la bondad de los argumentos o de la disparidad de títulos jurídicos invocados en la demanda, lo que la actora ha afirmado a lo largo del procedimiento, y así ha quedado acreditado, es que nació en el Sahara Occidental en el año 1973, de padres españoles y que carece de nacionalidad alguna, y que lo que interesó en el Suplico de su demanda fue la declaración de la nacionalidad de origen desde la fecha de su nacimiento”. Considera asimismo la Audiencia que “siendo que la norma aplicable -subelemento jurídico normativo de la causa petendi – es una facultad del juez, derivada del principio iura novit curia no existía óbice alguno para que en la instancia, una vez alcanzada la conclusión de que la palabra España consignada en el art. 17.1º.c) Cc incluía al Sahara Occidental, acreditado que la demandante nació allí en el año 1973 y que sus padres también eran nacionales del Sahara (territorio autónomo) y que carecía de nacionalidad, se hubiera declarado su nacionalidad española de origen por la vía del señalado  precepto”.

Cuando el ejecutado alega que no fue emplazado en el Estado de origen, el ejecutante tiene que acreditar que sí lo fue aportando la cédula de emplazamiento

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El Auto de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección Cuarta, de 2 de marzo de 2017 estimó el recurso de apelación contra un auto recaído en primera instancia que dictó orden general de ejecución de sentencia dictada por el Tribunal Regional de Darmstadt (Alemania). Según este Auto,  en el supuesto en cuestión se han cumplido por la parte que instó la ejecución de la sentencia del referido Tribunal alemán con los requisitos formales exigidos en los arts 54 y 58 del Reglamento 44/2001 , acompañando al efecto las certificaciones necesarias emitidas por tal órgano judicial al efecto. Sin embargo no cabe la posibilidad de ejecutar esta resolución por cuanto si bien no se exige para el reconocimiento de la ejecutoriedad del título acompañar la cédula de emplazamiento, lo cierto es que cuando el ejecutado alega que no fue emplazado en el estado de origen, y aun cuando aparezca en la certificación librada acompañada como documento 5 a la demanda, que fue emplazado, el ejecutante tiene que acreditar, por facilidad probatoria, que sí lo fue aportando la cédula de emplazamiento.