En el Espacio Judicial Europeo el concepto amplio y autónomo de la obligación de alimentos incluye las pensiones compensatorias debidas tras una crisis matrimonial

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección Cuarta, de 19 de octubre de 2017, confirma el razonamiento de la sentencia de instancia afirmando que respecto a la pensión compensatoria: “la determinación de la ley aplicable a esta petición viene determinada por el Reglamento de la Unión Europea nº 4/2009, del Consejo, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos. Este Reglamento remite en su artículo 15 a lo establecido en el Protocolo de la Haya de 23 de noviembre de 2007. Por Decisión del Consejo de la Unión Europea de fecha 30 de noviembre de 2009, relativa a la adhesión de la Comunidad Europea al citado Protocolo, se declara la aplicación provisional en la Comunidad de las normas establecidas en el Protocolo a partir del día 18 de junio de 2011. En lo que ahora importa, el propio Protocolo de La Haya establece una norma general en su art. 3, pues las obligaciones alimenticias se regirán por la ley del Estado de la residencia habitual del acreedor, salvo que el propio Protocolo disponga otra cosa. En el caso analizado la acreedora de alimentos es la demandada, y su residencia habitual es Mallorca, por lo que las peticiones deben ser resueltas conforme al Derecho español. Una cuestión extremadamente importante a efectos de resolver sobre la petición de la esposa es la delimitación del concepto de alimentos a tenor de dicha normativa. Efectivamente, la indefinición del concepto de “obligación de alimentos” en el Reglamento número 4/2009 obliga a que éste siga recibiendo una interpretación conforme a los criterios sentados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en relación con el Convenio de Bruselas de 1968, trasladables asimismo al Reglamento nº 44/2001, que precede al actualmente vigente. Dicha jurisprudencia sostiene un concepto amplio y autónomo de la obligación de alimentos en cuanto prestación cuyo objetivo es garantizar la necesidad socio-económica de la persona a partir de una relación de familia, con independencia de que se trate de pagos periódicos o únicos. En este concepto se incluyen igualmente las pensiones compensatorias debidas tras una crisis matrimonial, aunque en ciertos ordenamientos como el español no sean consideradas como alimentos. Así lo establece la sentencia del TJUE de 27 de febrero de 1997, asunto C-220/1995, Van de Bogaard contra Laumen , y anteriormente la sentencia de 6 de marzo de 1980, asunto 120/1979, De Cavel contra De Cavel. En la primera de ambas se establece, a modo de conclusión, que “la resolución, dictada en un contexto de divorcio, por la que se ordena el pago de una cantidad global, así como la transmisión de la propiedad de determinados bienes de uno de los esposos a favor de su ex cónyuge, hace referencia a obligaciones alimentarias” (parágrafo 27 de la sentencia)”.

Acreditado que los solicitantes de la adopción y la menor tienen residencia habitual en España, existe jurisdicción de los órganos judiciales españoles

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El Auto de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección Cuarta, de 6 de septiembre de 2017, estima un recuso de apelación contra una decisión del Juzgado sustentada en la nacionalidad británica de una menor que se pretende adoptar, que convive con los solicitantes al amparo de resolución de tutoría especial dictada por el Juzgado de Familia del Centro de Londres (que autorizó el traslado  de la niña a Palma de Mallorca, debían ser los Tribunales británicos los que resolviesen sobre la adopción, con intervención de los padres biológicos de la menor y las instituciones tutelares del país. Entiende la Audiencia que “se prueba suficientemente que los solicitantes y la menor tienen residencia habitual en España, en concreto en (…) y de forma estable, encontrándose en ese municipio su domicilio. Por tanto, existe jurisdicción de los órganos judiciales españoles y es de aplicación el art. 33 Ley 15/2015, de 22 de julio, de Jurisdicción Voluntaria , que atribuye la competencia en el expediente de adopción al juez de primera instancia del domicilio del adoptante, precepto que debe relacionarse con los arts. 36.1º LEC . y 22 quáter d) LOPJ. Por lo demás, no se recoge la aplicación de norma internacional alguna que determine la competencia de los órganos judiciales del Reino Unido en un caso como el presente”.

Admisión del execuátur de una sentencia alemana por considerarse que no existe inconciliabilidad con otras resoluciones

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El Auto de la Audiencia de Palma de Mallorca, Sección Tercera, de 20 de junio de 2017 confirma el otorgamiento del reconocimiento y ejecución de sentencia alemana. al amparo del Reglamento Bruselas I. Considera la Audiencia que “en el caso que nos ocupa, no se ventila una cuestión de derechos reales sino que la materia es claramente contractual y de naturaleza obligacional: resolución de un contrato de compraventa de inmuebles; el hecho de que el objeto del contrato sea un inmueble no altera la naturaleza esencialmente contractual del litigio. En este sentido es clara y reiterada la jurisprudencia comunitaria y también española recaída sobre la materia. Así, y solo a modo de ejemplo de un supuesto similar al aquí planteado cabe citar el auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 5 de abril de 2001, Gaillard ( C-518/99 ), que excluyó la aplicación de la norma de competencia exclusiva en materia de derechos reales inmobiliarios a una acción de resolución de un contrato de venta de un inmueble”. Respecto a la alegación de que el reconocimiento era manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido (art. 34.1º Reglamento), entiende la Sala que no se dan en el caso (…) elementos que permitan sostener esta manifiesta contrariedad (…); en modo alguno puede considerarse que existe tal contrariedad, si es lo que se pretende, por procederse al reconocimiento de la ejecutividad de las sentencias alemanas sin el tan alegado incumplimiento de la condición previa de transmisión, ya que, como se ha expuesto, dicha cuestión, de fondo, habrá de esgrimirse, en su caso, en la fase de despacho de ejecución, y no en la declaración de ejecutoriedad.  en segundo lugar, y respecto de la eventual inconciliabilidad con otras resoluciones, considera esta Sala que no se da tampoco en el caso presente tal situación. En este caso sí alega expresamente la apelante que el auto recurrido es inconciliable con la sentencia cuya ejecución se solicita, ya que no se comprueba la previa transmisión de los inmuebles y muebles que estas sentencias contienen como condición previa para la obligación de pago. Y respecto de esta alegación no puede más que señalarse que no son esos los parámetros de la conciliabilidad prevista en este precepto sino que esta se predica respecto de resoluciones previas distintas de la propia resolución judicial de reconocimiento”.

Reconocimiento en España de la resolución dictada por un Tribunal de Budapest respecto de la restitución de una menor a Hungría

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección Cuarta, de 17 de julio de 2017, estimó un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia  del Juzgado de Violencia nº 2 de Palma en fecha 27 de febrero de 2017 en autos de procedimiento de reconocimiento y ejecución de resolución judicial en España de un auto dictado por el Tribunal de Budapest respecto de una menor. Determina la Audiencia que la resolución ejecutiva del Tribunal de Budapest (que designó como lugar de residencia de la menor en Hungría, el lugar de residencia en Hungría de la madre hasta que se dicte una sentencia firme en el Procedimiento y obligó a la demandante a volver a traer a la menor a Hungría en un plazo de 8 días, así como que justificase la escolarización de la menor en Hungría ante el Juzgado de Primera Instancia) “constituye una resolución dictada por el que cabe considerar Juez natural determinado por la Ley, respaldada en este caso por las normas de competencia judicial internacional vigentes en la Unión Europea en orden a resolver los aspectos relativos a la responsabilidad parental del menor y que, por lo tanto, deben ser respetadas por las partes y, en consecuencia, al no concurrir la causa de denegación invocada, deben dar lugar a la revocación de la sentencia de instancia y a la estimación de la demanda de reconocimiento y ejecución de dicha resolución”.

Competencia judicial internacional de los tribunales españoles en virtud de lo dispuesto en los arts. 5 y 7 del Reglamento Bruselas I bis

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El Auto de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección Tercera, de 19 de enero de 2017, considera que “el recurso interpuesto debe tener favorable acogida, al advertir la Sala, tras la lectura de la resolución impugnada que, efectivamente, tal y como sostiene el apelante, se ha producido una confusión en la instancia a la hora de interpretar el articulado del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 12.12.12 (Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 diciembre 2012, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, Bruselas I bis), en concreto, a la hora de aplicar su art. 6, previsto solo para el caso de que la parte demandada no estuviera domiciliada en un Estado Miembro, cuando en el caso que nos ocupa consta que la Sra. E., de nacionalidad alemana tenía en ese país, Estado Miembro de la Unión, fijada allí su residencia antes de fallecer, por lo que dicho artículo no es de aplicación al caso, como tampoco lo es que su hipotética condición de consumidora determine, en función de lo previsto en el art. 17 del Reglamento, que los Tribunales españoles y en concreto el órgano remitente, carezca de competencia jurídica internacional para el conocimiento de la demanda, porque para ello sería necesario que el actor ejerciera actividades comerciales o profesionales en Alemania y que el contrato de prestación de servicios en virtud del cual se reclama estuviera comprendido en el marco de dicha actividad, y en absoluto consta que ello sea así”

Validez de la cláusula arbitral inserta en un contrato de la permuta financiera si se realiza en el ámbito de la actividad empresarial

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El Auto de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección Tercera, de 25 de mayo de 2017, desestima un recurso de apelación interpuesta contra un auto dictado por el  Juzgado de Primera Instancia nº 21 de Palma que estimó una declinatoria de falta de jurisdicción por existir una sumisión a arbitraje. Para la Audiencia “el art. 9 LA , prevé la inclusión del convenio arbitral en un contrato de adhesión y establece que la validez de dicho convenio y su interpretación se regirán por lo dispuesto en las normas aplicables a ese tipo de contrato. De ahí que no pueda declararse la invalidez de la cláusula en los
contratos de adhesión”. Se alegaba que la actividad social de la demandante es una residencia socio-asistencial, que solicitó un préstamo hipotecario para reformar la residencia para reformar la residencia y que fue con ocasión del mismo que una empleada les manifestó que era obligatorio suscribir lo que denominó un seguro
de tipos, que fue el contrato suscrito Pero la Audiencia considera que la “contratación de la permuta financiera lo es dentro del ámbito de la actividad empresarial, pues está íntimamente relacionada con la suscripción del préstamo hipotecario con el que se financiaba la reforma de la residencia”.

Corresponde a los profesionales del derecho conocer los requisitos que debe contener un documento público extranjero para acreditar su autenticidad en España

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El Auto de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección Tercera, de 18 de abril de 2017 considera que “el recurso interpuesto no puede tener favorable acogida, no sólo porque ni tan siquiera consta en las actuaciones que, efectivamente, con ocasión del mismo se haya aportado la apostilla exigida por el Convenio de la Haya, como así se indica en el escrito, sino fundamentalmente porque constatamos que ninguna indefensión se ha producido a la entidad demandada apelante, habida cuenta de que por la Letrada de la Administración de Justicia se le ha facilitado hasta en dos ocasiones (en atención a lo previsto en el art. 231 LEC) la oportunidad de subsanar los defectos de personación previo a acordarse la inadmisión de la oposición, evacuando la apelante en ambos casos los traslados conferidos de forma irregular y una vez transcurridos los plazos señalados para ello. Si a esto le sumamos que el argumento sobre el que se sostiene el recurso carece de consistencia jurídica alguna, por cuanto corresponde a los profesionales del derecho conocer, sin necesidad de que el Juzgado les advierta de ello (cuando ya se les ha ofrecido por dos veces la oportunidad de subsanar) los requisitos que debe contener un documento público extranjero para acreditar su autenticidad en España, la conclusión no puede ser otra que la de desestimar el recurso”.