Aplicación del art. 50 de la Compilación del Derecho Civil de Baleares a la escritura de donación con definición de legítima otorgada por la actora, de nacionalidad francesa (SAP Palma de Mallorca 3ª 30 diciembre 2020)

La Sentencia de la Audiencia Provincial de  Palma de Mallorca, Sección Tercera, de 30 de diciembre de 2020 estima un recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia declarando aplicable el art. 50 de la Compilación del Derecho Civil de Baleares, en su parte sustantiva, a la escritura de donación con definición de legítima otorgada por la actora, de nacionalidad francesa, considerando inaplicable el inciso del mismo precepto legal que señala que el pacto sucesorio conocido como definición es aplicable cuando los descendientes que renuncian a sus derechos lo hacen con respecto a ascendientes «de vecindad mallorquina» y, en consecuencia, se reconoce la validez, en aplicación del Derecho vigente en la isla de Mallorca, del pacto con definición celebrado entre doña Encarnación y sus hijos, ordenando al Registro de la Propiedad nº 4 de Palma que inscriba la escritura de 16 de marzo de 2018, número 1.000/2018 del Protocolo del Notario Don A.R.A. De acuerdo con la Audiencia:

«(…) La sentencia recurrida, considerando la residencia habitual de la actora en Mallorca, entiende aplicable la ley española al pacto sucesorio otorgado, por resultar así de lo previsto en los arts. 25.1º y 21.1º del Reglamento (UE) nº 650/2012 (el primero de ellos sujeta la validez del pacto a la ley que sería aplicable a su sucesión si la otorgante hubiera fallecido en la fecha de su conclusión, y el segundo establece como regla general que la ley aplicable a una sucesión es la del Estado en el que el/la causante tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento). A partir de esta premisa -aplicación de la ley española por ser la ley del Estado de residencia-, que entendemos correcta, y siempre en el marco del citado Reglamento, resulta necesario acudir a su art. 36, enunciado «Estados con más de un sistema jurídico-conflictos territoriales de leyes», supuesto al que responde el caso español, dada la vigencia de los diferentes ordenamientos civiles existentes (Código Civil y Compilaciones). La sentencia apelada hace aplicación del apartado 1 del referido art. 36, que establece que en el caso de que la ley designada por el propio Reglamento fuera la de un Estado que comprenda varias unidades territoriales con sus propias normas jurídicas en materia de sucesiones (como es el caso), «las normas internas sobre conflicto de leyes de dicho Estado determinarán la unidad territorial correspondiente cuyas normas jurídicas regularán la sucesión». Entiende que la norma interna de conflicto es el art. 16 del Código Civil, que establece como punto de conexión la vecindad civil, y concluye que, como quiera que la actora, al ser de nacionalidad extranjera, carece de vecindad civil, no puede acogerse al art. 50 de la Compilación y le es de aplicación el Código Civil, el cual no contempla la figura de la definitio. La Sala, sin embargo, no comparte la conclusión enunciada. Sin negar que el art. 16.1 C.C. contiene efectivamente una norma de conflicto interno que determina que la ley personal será la correspondiente a la vecindad civil (a través del art. 14 CC), tal norma de conflicto no resuelve sin embargo cuál de los distintos ordenamientos civiles deberá aplicarse cuando, siendo de aplicación la legislación española (ex art. 21 del Reglamento, según hemos indicado), el/la ciudadano/a sea, como en el caso planteado, de nacionalidad extranjera, ya que carecerá de vecindad civil, tanto de vecindad civil común, como de cualquier vecindad civil foral o especial. Dicho de otro modo: la norma interna – art. 16.1º Cc- emplea una categoría o punto de conexión – vecindad civil- que no puede predicarse del ciudadano extranjero (salvo que adquiera la nacionalidad española, art. 15 Cc, lo que no es el caso), por lo que no puede acudirse a ella por la vía del art. 36.1 del Reglamento para resolver la cuestión planteada. Tal imposibilidad nos sitúa ante el numeral 2 del propio art. 36, cuyo enunciado comienza precisamente con la dicción » A falta de tales normas internas sobre conflicto de leyes» pues el Reglamento, como reconoce la propia Resolución DGRN de 24.05.19, equipara las situaciones en las que no hay Derecho interregional interno -normas internas sobre conflicto de leyes- con aquellas en que las que sí hay tales normas pero el causante no sea nacional (así se desprende de su FJ 6 y de su FJ 17, del que transcribimos su primer inciso: «En el supuesto analizado, no existe norma estatal interregional aplicable sino que será directamente el Derecho de la unidad territorial designada la que resuelva la cuestión»). La sentencia apelada se planteó esta cuestión y, tras señalar que el art. 14.1 del CC dispone que la sujeción al derecho foral se determina por la vecindad civil y que el art. 15 establece que los extranjeros sólo pueden acceder a la vecindad civil al adquirir la nacionalidad, excluyó la aplicabilidad al caso del art. 36.2 del Reglamento con el siguiente razonamiento (en el FJ 3º): » El hecho de que la actora sea extranjera y no haya accedido a la vecindad civil no significa que no haya normas de conflicto internas en el derecho español (el art. 16 del Código Civil ), y debamos acudir a los criterios del art. 36.2 del Reglamento. La norma existe». Sin embargo, y siguiendo la equiparación indicada, vemos que el art. 36.2, y concretamente en su apartado a), en el marco siempre de estados plurilegislativos, establece lo siguiente: «(a falta de tales normas internas sobre conflicto de leyes) toda referencia a la ley del Estado a que hace referencia el apartado 1 se entenderá, a efectos de determinar la ley aplicable con arreglo a las disposiciones relativas a la residencia habitual del causante, como una referencia a la ley de la unidad territorial en la que este hubiera tenido su residencia habitual en el momento del fallecimiento»; ley (esa «ley de la unidad territorial en la que este hubiera tenido su residencia habitual en el momento del fallecimiento») que, en el caso de autos, es la Compilación de Derecho Civil de Baleares (concretamente su art. 50), dado que la actora, al tiempo de otorgar el pacto sucesorio (art. 25.1 y 21.1 del Reglamento, según hemos dicho más arriba), tenía su residencia habitual en Mallorca.  Esta solución (aplicación de la Compilación Balear) es admitida por la propia RDGRN, aunque por la vía de aplicar el numeral 3 del art. 36 del Reglamento y tratar la exigencia como una cuestión de forma del negocio jurídico (art. 27 del propio Reglamento). En su FJ nº 16 señala que dicho precepto -art. 36.3-, «a falta de norma de conflicto, toma como referencia la unidad territorial con la que el testador o las personas cuya sucesión sea objeto de un pacto sucesorio hubieran tenido un vínculo más estrecho. Vínculo que, referido al momento del otorgamiento del pacto queda reflejado en la residencia habitual en la unidad territorial». Tal criterio del «vínculo más estrecho» conduce en el caso a la misma solución. Ahora bien. El art. 50 de la Compilación contiene una exigencia singular, que la actora no cumple, cual es que el donante tenga vecindad civil (subvecindad) mallorquina. La representación apelante ha puesto de relieve en su escrito de recurso la existencia de un debate en la doctrina científica, con cita de autores, acerca de si la exigencia en cuestión es una norma de conflicto (puesto que contempla un punto de conexión), o es una norma sustantiva o material de derecho civil balear; criterio, este último, que asume la RDGRN de 24.05.19 en su FJ 18º, en el que, tras señalar que no existe norma estatal interregional aplicable sino que será directamente el Derecho de la unidad territorial designada la que resuelva la cuestión, concluye señalando que no se está ante «un problema jurídico de Derecho conflictual sino de Derecho material balear. Y conforme a éste, no es posible la celebración del pacto cuestionado cuando el disponente, futuro causante no sea mallorquín». Sea como fuere, la aplicación del a Compilación Balear al supuesto que se nos plantea exige, dado que nos hallamos ante una situación jurídico privada internacional, una interpretación de la exigencia de » de vecindad mallorquina» del ascendiente a que se refiere el art. 50 que resulte conforme con el Reglamento (UE) nº 650/2012, considerando los principios de primacía y efecto directo del derecho europeo y la finalidad de la norma. Tal interpretación conduce a la aplicación de la ley de la residencia habitual, que en el caso es Mallorca, sin que pueda después exigirse a la actora, en tanto que ciudadana de nacionalidad extranjera, el requisito de la vecindad civil (subvecindad) mallorquina previsto en el art. 50. Entendemos que esta interpretación de la norma (reducción teleológica, en realidad, que no sería necesaria si, de lege ferenda, quedara suprimido el inciso referido) favorece la coherencia sistemática de la regulación de la figura en su aplicación para Ibiza y Formentera y para Menorca, donde no existe una exigencia de subvecindad ibicenca o menorquina al modo previsto en el art. 50 CB. Pero, sobre todo, resulta conforme con los objetivos del Reglamento 650/2012 (de los que se hacen eco los considerandos 23 y 37, expresamente citados y transcritos en el recurso, relativos a la consideración, como nexo general, de la residencia habitual del causante, y al objeto de que la sucesión «se rija por una ley previsible» para éste), los cuales no pueden quedar mermados por el hecho de que la normativa interna del Estado (que es anterior en el tiempo al Reglamento, obvio es decirlo) sea más estrecha en sus miras que las que se contienen en el propio Reglamento, pues es la ley nacional la que ha de interpretarse bajo el prisma del Reglamento, y no al revés. En este sentido, cabe citar la STJUE (Sala Segunda) de 15.07.10, resolviendo una petición de decisión prejudicial de Bundesgerichtshof-Alemania, y en cuya fundamentación jurídica se hace el siguiente llamamiento a los tribunales nacionales: » 99. Corresponde a los tribunales nacionales, en principio, aplicar su Derecho nacional al mismo tiempo que velan por garantizar la plena eficacia del Derecho de la Unión, lo que puede levarles a no aplicar, en su caso, una norma nacional que lo obstaculice, o a interpretar una norma nacional que haya sido elaborada teniendo en cuenta únicamente una situación puramente interna con el fin de aplicarla a la situación transfronteriza de que se trate….». En definitiva, las normas internas de los Estados no pueden «….frustrar mediante requisitos adicionales los objetivos y fines pretendidos por las normas europeas…» (en tal sentido, SS TJU 119/1984, 388/1992 y 185/2007)».

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