Desestimada una declinatoria internacional en una reclamación de una empresa confiscada por el Gobierno cubano contra una entidad hotelera española que explota hoteles en los terrenos expropiados (AAP Palma de Mallorca 18 marzo 2020)

El Auto de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección Tercera, de 18 de marzo de 2020 estima el recurso de apelación contra el Auto el 2 de septiembre de 2019 el Juzgado de Primera Instancia nº 24 de Palma de Mallorca que declaró la falta de jurisdicción y de competencia internacional del Tribunales españoles para conocer de litigio. El origen del mismo fue una demanda de una entidad de nacionalidad estadounidense, que exponía ser sucesora de unas entidades que ostentaban la propiedad del llamado «Ingenio Santa Lucía», en Cuba, dedicado a la explotación de la caña de azúcar que fue confiscada por el Gobierno cubano tras la revolución de 1959. Se da la circunstancia que en los terrenos confiscados se halla Playa Esmeralda en la que se ubican dos hoteles propiedad de Gaviota S.A, sociedad de propiedad estatal, que son son explotados por la entidad demandada M.H.I., S.A. La Audiencia realiza los siguientes pronunciamientos:

«(…) El art. 21.2º LOPJ excluye de la jurisdicción de los Tribunales civiles españoles las pretensiones formuladas respecto de sujetos o bienes que gocen de inmunidad de jurisdicción y de ejecución de conformidad con la legislación española y las normas de Derecho Internacional Público. Se desarrolla el precepto por la Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros, las Organizaciones Internacionales con sede u oficina en España y las Conferencias y Reuniones internacionales celebradas en España. Su art. 2 distingue entre la inmunidad de jurisdicción y la inmunidad de ejecución. Define la primera como la «prerrogativa de un Estado, organización o persona de no ser demandado ni enjuiciado por los órganos jurisdiccionales de otro Estado», y la inmunidad de ejecución como la ‘prerrogativa por la que un Estado, organización o persona y sus bienes no pueden ser objeto de medidas coercitivas o de ejecución de decisiones dictadas por los órganos jurisdiccionales de otro Estado’. Su art. 4 reconoce inmunidad de jurisdicción y de ejecución a todo Estado extranjero y a sus bienes. La resolución de primera instancia aprecia la inmunidad de jurisdicción respecto del Estado de Cuba y sus bienes, en su vertiente de quedar excluido el objeto del procedimiento del conocimiento de los Tribunales españoles porque exige enjuiciar una actuación del Estado extranjero y porque afecta a un bien de su propiedad, sin confundir en ningún caso entre los dos tipos de inmunidad reconocidos legalmente. Se argumenta por la parte apelante que no se dirige la demanda frente al Estado Cubano, único al que puede reconocerse inmunidad, sino frente a una entidad española con domicilio en Palma de Mallorca. Siendo ello así, como se destaca en la resolución apelada, no puede obviarse que el análisis de la pretensión actora exige inexcusablemente y como cuestión de fondo el examen de la decisión de nacionalización de bienes -«confiscación» en términos empleados en la demanda- y de su licitud por aplicación del Derecho internacional. Ningún pronunciamiento puede hacerse de la conducta de la demandada generadora según la actora de su derecho sin examinar ese acto que en su día llevó a efecto el Estado extranjero, si bien ello no debe conducir a afirmar el defecto de jurisdicción. La demanda origen de las actuaciones no se dirige contra el Estado cubano. La parte demandada interpreta la prerrogativa que se define en el art. 2 a) de la Ley Orgánica 16/2015, ya transcrito, en el sentido que se regula en la Convención de las Nacidas Unidas de 2 de diciembre de 2004, según la que no es necesario que la demanda se dirija frente a un Estado extranjero, siendo suficiente que el proceso tienda a menoscabar los bienes, derechos, intereses o actividades de ese otro Estado. Esa interpretación no puede desplazar al art. 51 de la Ley Orgánica 16/2015 que, en el Título VII, relativo a cuestiones procedimentales, señala que «A los efectos de la presente Ley Orgánica, se entenderá que se ha incoado un proceso ante los órganos jurisdiccionales españoles contra cualquiera de los entes o personas que, de conformidad con la presente Ley Orgánica, gozan de inmunidad, si alguno de ellos es mencionado como parte contra la que se dirige el mismo». Se refleja esa exigencia, igualmente, en su art. 49, que obliga a los órganos jurisdiccionales españoles a apreciar de oficio las cuestiones relativas a la inmunidad a que se refiere la Ley, absteniéndose de conocer de los asuntos que se les sometan ‘cuando se haya formulado demanda, querella o se haya iniciado el proceso de cualquier otra forma o cuando se solicite una medida ejecutiva respecto de cualquiera de los entes, personas o bienes que gocen de inmunidad conforme a la presente Ley Orgánica’. Como ya ha quedado expuesto, no se dirige demanda ni reclamación alguna frente a Estado extranjero ni frente a sus bienes, debiendo prosperar el recurso para afirmar la jurisdicción de los tribunales españoles. Ello no se contradice por las resoluciones que citan por la parte apelada. En la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2003 se analiza la pretensión de los allí recurrentes en relación a la responsabilidad del Gobierno de España en la aplicación del Convenio suscrito con el Gobierno Cubano el 16 de noviembre de 1986. En su fundamento jurídico sexto la resolución deja a salvo los derechos de los afectados por la expropiación al margen del citado Convenio, » puesto que su celebración no extingue el ejercicio de ese hipotético derecho de los particulares a recuperar la propiedad confiscada o a conseguir una justa indemnización, planteando, a tal efecto, la correspondiente reclamación ante el actual o ante un posterior Gobierno cubano». En la STS (Sala 1ª) de 30 diciembre 2010 que se cita por la parte apelada, se especifica que se impugna «el asiento registral practicado enEspaña, no el acto que lo causó -cuya validez, por otro lado, estaba sometida al derecho y al control de los Tribunales cubanos», añadiendo que «Como precisó la antes citada sentencia de 25 de septiembre 1992 , no nos corresponde controlar la legitimidad de los actos ejecutados en Cuba como consecuencia de la aplicación de la Ley 890. Pero sí, dada la significación que en nuestro sistema de atribución patrimonial tienen la existencia y la licitud de la causa, valorarlas en la medida en que sea necesario para determinar la validez de la nueva titularidad causada por la expropiación de la marca número 99.789, y publicada por el registro de la propiedad industrial. A ese control indirecto tienen pleno derecho los demandantes, conforme a nuestro ordenamiento». Ocurre en el supuesto de autos que la parte actora no pretender ser resarcida por el Estado cubano, ni a través del conocimiento de los efectos de la aplicación de sus normas se ejerce sobre ello un control que pudiera calificarse como directo».

«(…) Afirmada la Jurisdicción, debe analizarse la competencia internacional también negada en la resolución apelada. Como se anticipaba, la resolución apelada excluye la competencia de los órganos judiciales españoles por ejercitarse en la demanda una acción de naturaleza real que afecta a un bien sito en Cuba y por ostentar carácter real la pretensión de liquidación de un estado posesorio. Partiendo de esas consideraciones, hace aplicación del art. 24 del Reglamento 1215/2012 en el que, como excepción al fuero general de competencia internacional basado en el domicilio del demandado, se atribuye competencia exclusiva en materia de derechos inmobiliarios a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro donde el inmueble se halle sito. Para determinar la normativa aplicable a la pretensión actora se hace necesario calificar la acción que se ejercita. Y ello debe hacerse partiendo de las normas aplicables a un objeto que trasciende el ámbito nacional en tanto que los daños cuya reparación se reclama en la demanda tienen origen en la explotación de hoteles en Cuba. El Reglamento (UE) 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, establece en su artículo 4 como fuero general de competencia el del domicilio del demandado. Se justifica esa norma general en su considerando (15) señalando que » Las normas de competencia judicial deben presentar un alto grado de previsibilidad y deben fundamentarse en el principio de que la competencia judicial se basa generalmente en el domicilio del demandado. La competencia judicial debe regirse siempre por este principio, excepto en algunos casos muy concretos en los que el objeto del litigio o la autonomía de las partes justifique otro criterio de conexión. Respecto de las personas jurídicas, debe definirse el domicilio de manera autónoma para incrementar la transparencia de las normas comunes y evitar los conflictos de jurisdicción». Como excepción a ese principio se recoge en su art. 24 la competencia exclusiva que se ha aplicado en la resolución apelada. La aplicación de la norma supranacional obliga a que su interpretación se ajuste a los órganos de ese mismo ámbito, en particular a las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al que corresponde garantizar el respeto del derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados según prevé el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea. El Tribunal interpreta restrictivamente las normas específicas de competencia que se apartan del fuero general, y, en particular, en materia de derechos reales, ha declarado reiteradamente que la competencia exclusiva que establece el artículo 24.1 del Reglamento 1215/2012 no engloba la totalidad de las acciones relativas a derechos reales inmobiliarios, sino únicamente aquéllas que se incluyan en el ámbito de aplicación del citado Reglamento. Es necesario que la acción se encuentre, por una parte, entre las que tienden a determinar el alcance, la consistencia, la propiedad, la posesión de un bien inmueble o la existencia de otros derechos reales sobre esos bienes y, por otra, a garantizar a los titulares de tales derechos la protección de las prerrogativas que les atribuye su título ( sentencias de 3 de abril de 2014, Weber, C- 438/12,  ap. 42, de 17 de diciembre de 2015, Komu y otros, C- 605/14,  ap. 26, y de 16 de noviembre de 2016, Schmidt, C- 417/15, ap. 30). No es suficiente, en consecuencia, que la acción afecte a un derecho real inmobiliario o tenga relación con un bien inmueble para determinar la competencia del tribunal del Estado miembro donde se halla el inmueble, sino que es necesario que la acción se base en un derecho real y no en un derecho personal ( sentencia de 16 de noviembre de 2016, Schmidt, C-417/15, ap. 34). Partiendo de esas consideraciones, no puede atribuirse carácter real a la pretensión de la parte actora. No afecta a ninguno de los derechos que determinan la aplicación del fuero exclusivo tal como es interpretado por el Tribunal de Justicia, sino que se sustenta en un eventual enriquecimiento ilícito que se imputa a la parte demandada por la explotación de determinados establecimientos sitos en los terrenos que se ‘confiscaron’. La naturaleza de esa acción determina que deba atribuirse a los órganos españoles competencia para conocer de ella. El Reglamento (CE) nº 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (‘Roma II’), en su artículo 2, entiende por ‘daño’ las consecuencias resultantes, entre otros, del enriquecimiento injusto. Se trata ésta de materia comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento 1215/2012 al no figurar entre las que se relacionan como excluidas en su art. 2. El enriquecimiento injusto se enmarca en lo que el art. 7. 2) del Reglamento denomina «materia delictual o cuasidelictual», siendo doctrina reiterada del Tribunal de Justicia que el concepto comprende toda pretensión con la que se exija responsabilidad de un demandado y no esté relacionada con «materia  contractual» (sentencias de 27 de septiembre de 1988, Kalfelis, 189/87,  aps. 17 y 18; de 13 de marzo de 2014, Brogsitter, C-548/12, ap. 20; de 21 de abril 2016, Austro-Mechana, C-572/14, ap. 32, y de 16 de junio de 2016, Universal Music International Holding, C-12/15, ap. 24). Conforme a ello, resulta de aplicación el fuero general representado por el domicilio del demandado (art. 4 del Reglamento 1215/2012) y el fuero alternativo representado por el lugar en que se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso (art. 7.2º). La misma competencia internacional resultaría de la aplicación de los arts. 22 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por cuanto el art. 22 ter, dejando a salvo los fueros imperativos, atribuye competencia a los Tribunales españoles cuando el demandado tiene su domicilio en España o venga así determinado por cualquiera de los foros establecidos en los arts.s 22 quáter y 22 quinquies. Y en este último se atribuye competencia a los Tribunales españoles en materia de obligaciones extracontractuales, en defecto de sumisión expresa o tácita, y aun cuando el demandado no tuviera su domicilio en España, cuando el hecho dañoso se haya producido en territorio español. En consecuencia, habiendo optado la parte actora de entre los fueros posibles por el correspondiente al domicilio de la parte demandada, debe declararse la competencia de los órganos judiciales españoles».

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