La materia contractual abarca las obligaciones derivadas de comunidades de propietarios, pues no se excluyen en el RB I bis (art. 1) y además, tienen naturaleza contractual (SAP Palma de Mallorca 14 abril 2020)

La Sentencia de la Andiencia Provincial de Palma de Mallorca, de 14 de abril de 2020 dispone que:

«(…) En orden a establecer la competencia judicial internacional de los Tribunales españoles, cabe citar el ‘Reglamento Bruselas I bis’, es decir, el «Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (refundición)». Reglamento cuyos arts. 4.1º y 5.1º, en materia de régimen general de Competencia, establecen: ‘…’. Disponiendo el art. 7, sobre ‘Competencias especiales’: ‘…’. Es decir, existe para la actora una competencia judicial internacional alternativa, entre el domicilio del demandado o el lugar de cumplimiento de la obligación, que, en consecuencia, le permite accionar en el lugar del cumplimiento de la obligación, España. Y, dentro de España, la competencia territorial interna la determinan los artículos que citábamos más arriba. Bien entendido que la materia contractual abarca las obligaciones derivadas de comunidades de propietarios, pues no se excluyen de dicho Rto. Bruselas I bis (art. 1), y, además, tienen naturaleza contractual, pues así se pronuncia, por ejemplo, la STJUE (Sala Primera) de 8 de mayo de 2019 (ECLI:EU:C:2019:376), que dispuso en su Fallo, que el citado artículo, 7, punto 1, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 «debe ser interpretado en el sentido de que ha de considerarse que un litigio que tiene por objeto una obligación de pago derivada de un acuerdo de la junta general de propietarios de un inmueble en régimen de propiedad horizontalque carece de personalidad jurídica y que ha sido constituida especialmente por la ley para ejercer ciertos derechos, que ha sido aprobado por la mayoría de sus miembros pero que vincula a todos sus miembros, pertenece a la esfera de la «materia contractual», en el sentido de esta disposición.». Y, dentro de España, la competencia territorial interna la determinan los arts. 812 ss LEC. El art. 813 en su párrafo primero establece: Será exclusivamente competente para el proceso monitorio el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o residencia del deudor o, si no fueren conocidos, el del lugar en que el deudor pudiera ser hallado a efectos del requerimiento de pago por el Tribunal, salvo que se trate de la reclamación de deuda a que se refiere el número 2.º del ap. 2 del art.812, en cuyo caso será también competente el Juzgado del lugar en donde se halle la finca, a elección del solicitante. La regla general es la competencia del juzgado del domicilio del deudor cuando éste es conocido, ya que si no lo fuera, es admisible que lo sea el de aquél lugar en que pueda ser hallado a efectos de ser requerido de pago. Y esto último es lo que acontece en este supuesto. En la parcela propiedad del demandado hay un establecimiento abierto al público «La Posada del Marqués», y allí ha podido ser hallado para ser requerido de pago».

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