Autor: Administrador
Catedrático de Derecho internacional privado y Co-Director del Máster de Derecho de los negocios internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.
Miembro del Institut de Droit International, y del Instituto Hispano Luso Americano de Derecho Internacional. Doctor honoris causae por la Universidad de Córdoba (Argentina) Profesor honorario de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Académico correspondiente de la Real Academia Española de Legislación y Jurisprudencia y Miembro de las Academias Argentina de Derecho Comparado, Argentina de Derecho Internacional y Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado.
Director del Anuario Español de Derecho internacional privado, de la Revista La Ley: Unión Europea y de la Revista La Ley: Mediación y Arbitraje.
Autor de diversos manuales y repertorios, quince monografías y de más de dos centenares de artículos científicos sobre: Derecho internacional privado, Derecho de los negocios internacionales, Derecho económico internacional, Derecho procesal civil internacional y arbitraje comercial internacional, etc…
Abogado del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Socio Fundador del Gabinete Jurídico Empresarial Iprolex, S.L. (Madrid).
Presidente de Tribunal arbitral, co-árbitro, árbitro ad hoc y abogado en arbitrajes internacionales e internos administrados por la CCI, CIADI, CPA, CIAM, Corte Española de Arbitraje, Corte de Arbitraje del ICAM, CIMA y CAM y en arbitrajes ad hoc.
Mediador, inscrito en el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación.
Vocal de la Corte de Arbitraje y Director de la Escuela de Formación de Árbitros del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
Coordinador del Servicio de Mediación de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA).
La competencia para alimentos corresponde a los tribunales españoles conforme al art. 3 a) del Reglamento (CE) 4/2009 (AAP Barcelona 18ª 18 diciembre 2020)
No existe ni una sola prueba que acredite que la residencia residencia habitual en la República Dominicana ante un supuesto de traslado y retención presuntamente ilícitos (SAP Madrid 24ª 14 diciembre 2020)
Los Tribunales españoles carecen de competencia para conocer de las medidas en relación las hijas menores por haberse resuelto su devolución a Nicaragua (AAP San Sebastián 2ª 9 noviembre 2020)
La Ley: Unión Europea, nº 89, febrero 2021
El cauce procesal para denunciar que existe una sumisión a mediación una vez admitida a trámite la demanda es la declinatoria (AAP Barcelona 18ª 9 diciembre 2020)
No cabe integrar el Derecho extranjero aplicable al caso con el Derecho español en relación los intereses moratorios reclamados por accidente de circulación ocurrido en Marruecos (STS Civ 1ª 1 febrero 2021)
Jornada Virtual sobre las repercusiones de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 febrero 2021 en la consolidación del arbitraje en España
Debe atenderse a las normas del Reglamento Roma III para determinar la ley aplicable al caso, dado que ambos litigantes son residentes en el espacio común (SAP Barcelona 12ª 7 diciembre 2020)
Competencia judicial en materia de contratos individuales de trabajo: Concepto de “lugar en el que o desde el cual el trabajador desempeñe habitualmente su trabajo” (STJ 1ª 25 febrero 2021)
Admisión de la posibilidad del acceso parcial a una de las profesiones a las que se aplica el mecanismo de reconocimiento automático de las cualificaciones profesionales (STJ 1ª 25 febrero 2021)
Modificación de las medidas adoptadas en orden a la pensión alimenticia por una sentencia dictada por el Juzgado de Gran Instancia de Bayona (SAP Barcelona 18ª 3 diciembre 2020)
Posibilidad de reconocer la condición de madre a su pareja de hecho en interés del menor y en atención a la voluntad expresada por la utilización de las técnicas de reproducción asistida (SAP Madrid 22ª 1 diciembre 2020)
Normativa nacional que supedita la concesión del derecho a un permiso parental a la ocupación de un puesto de trabajo y a la afiliación a la seguridad social en la fecha de nacimiento del hijo (STJ 8ª 25 febrero 2021, as. C-129/20)
Condena a España por la falta de transposición y de comunicación de las medidas de transposición de la de la Directiva de protección de datos personales (STJ 8ª 25 febrero 2021, as. C-658/19)
Debe estimarse la posibilidad de que el notario autorice la adjudicación de la herencia conforme a las normas españolas y con el título sucesorio abintestato generado en su caso en Eslovaquia (Res. DGSJFP 10 febrero 2021)
La anulación de una donación por un laudo arbitral basada en la pérdida de beneficios fiscales no impide que se realice el hecho imponible del Impuesto sobre sucesiones y donaciones (Res. TEAC 4ª 27 noviembre 2020)
El Tribunal Constitucional declara inconstitucional parte del Reglamento de Adopción Internacional aprobado por el Gobierno de España (STC Pleno 18 febrero 2021)
No hay retención ilícita cuando el titular del derecho de custodia haya consentido el traslado o la retención (AAP Barcelona 18ª 25 noviembre 2020)
Como todo fraude, los matrimonios de conveniencia rara vez presentan una prueba directa de su comisión, pues siempre se revisten de una apariencia de legalidad (SAP Cádiz 5ª 23 noviembre 2020)
La ejecución despachada no se acomoda a lo dispuesto en la sentencia marroquí de divorcio pues la parte ejecutante no ha acreditado que se dé el presupuesto para el devengo de la ‘remuneración de la guardia’ (AAP San Guipúzcoa 2ª 6 noviembre 2020)
Procede anular el laudo arbitral al no quedar probada la oferta pública de adhesión al sistema arbitral de consumo (STSJ Murcia CP 1ª 22 diciembre 2020)
El juez no está llamado en el procedimiento de formalización judicial a realizar un control de los requisitos de validez del convenio (STSJ Murcia CP 1ª 4 diciembre 2020)
I Curso interuniversitario internacional organizado por Universidad de Alcalá (España) 7 a 9 de abril 2021
Para anular un laudo por imparcialidad o falta de independencia de la institución arbitral que lo designa, será necesario acreditación bastante de que ésta no ha respetado el principio de igualdad y la imparcialidad (STSJ Cataluña 1ª 4 noviembre 2020)
No ha quedado demostrado que en centro administrador del arbitraje sea una corte cautiva de una de las partes y menos aún que los motivos invocados para fundar las conjeturas o sospechas sean sobrevenidos al laudo (STSJ Cataluña 1ª 20 octubre 2020)
A los efectos de la anulación de un laudo arbitral aunque el orden público se manifiesta habitualmente en forma de normas de derecho imperativo, no toda ley imperativa forma parte del orden público (STSJ Cataluña 1ª 13 octubre 2020)
Ayuda destinada a reparar los perjuicios causados por la pandemia de Covid-19 adeudados por la tasa de aviación civil y por la tasa de solidaridad de los billetes de avión (STG 10ª ampl. 17 febrero 2021)
Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá y la Unión Europea (CETA). Decisiones del Comité de Servicios e Inversión sobre arreglo de controversias, de 29 de enero de 2021
La Unión Europea adopta el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (febrero 2021)
Nueva estrategia de la UE en el marco de de la solución de diferencias de la OMC
Dado que los cónyuges peruanos tienen su residencia habitual en España, el divorcio de los mismos está sujeto a la ley española (SAP Burgos 2ª 19 noviembre 2020)
El convenio arbitral existe realmente y debe desplegar sus efectos pues ha de tenerse en cuenta que pocos son los requisitos formales exigidos al efecto por el art. 9 LA (AAP Sevilla 6ª 24 septiembre 2020)
El Tribunal Constitucional se pronuncia contra la doctrina del TSJ de Madrid fijando el ámbito del orden público y el deber de motivación en el sistema arbitral (STC 1ª 15 febrero 2021)
Tratándose de una resolución dictada en Marruecos el Convenio firmado con este Estado exime de la legalización exigida por el Juzgador de instancia (AAP Barcelona 12ª 16 diciembre 2020)
En la demanda de execuátur se pretende ejecutar tras el reconocimiento y ello no es posible al no aparecer la última sociedad mencionada en la resolución origen o causa de la ejecución (AAP Zaragoza 4ª 11 diciembre 2020)
Reconocimiento parcial de una sentencia de divorcio iraní de divorcio (AAP Barcelona 12ª 13 noviembre 2020)
De la prueba documental aportada con la demanda rectora se acredita y prueba que la sentencia dictada por el tribunal de Ecuador es ejecutoria (AAP Alicante 4ª 7 otubre 2020)
Se ha instado procedimiento para liquidación del régimen económico matrimonial existiendo en el convenio arbitral alcanzado líneas programáticas para dicha liquidación (AAP Jaén 1ª 5 noviembre 2020)
El Parlamento Europeo considera que deben adoptarse medidas más estrictas para proteger a mujeres, niños y migrantes
Las cuestiones planteadas por la parte ejecutada no pueden tener respuesta dentro del incidente de oposición al despacho de ejecución del laudo arbitral (AAP Madrid 14ª 27 noviembre 2020)
La cláusula arbitral que se examina no es incompatible con la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2017 (SAP Madreid 11ª 19 noviembre 2020)
No cabe plantear la extralimitación como motivo de anulación cuando el actual actor no intentó la corrección del laudo a través de la vía del art. 39 LA (STSJ Galicia CP 1ª 1 diciembre 2020)
La falta de prueba de que concurren las excepciones recogidas en el Convenio de la Haya de 1980 determinan el retorno inmediato de las menores a Polonia (SAP Madrid 24ª 18 noviembre 2020)
La interpretación de la nulidad matrimonial debe tener un carácter restrictivo y valorar el principio del favor matrimonii (SAP Ciudad Real 1ª 5 noviembre 2020)
Las dudas sobre la titularidad de las viviendas adquiridas en Alemania ha quedado despejada con el otorgamiento de las capitulaciones matrimoniales (SAP Palma de Mallorca 4ª 4 noviembre 2020)
Se deja sin efecto una sentencia pronunciada por la Audiencia por su incongruencia en la determinación de la nacionalidad por una causa con respecto a la cual no era competente (STS Civ 1ª 25 enero 2021)
EL TS confirma el derecho de nacional hondureño a la concesión de la Tarjeta de Residencia de Familiar de Ciudadano de la Unión Europea, atendiendo la incidencia del derecho a la vida familiar (STS CA 16 diciembre 2020)
La ley aplicable al litigio derivado de accidente de tráfico ocurrido en la autopista A-10 de Francia es la ley francesa y no la española (SAP Barcelona 16ª 23 diciembre 2020)
Como el demandado consumidor tiene su domicilio en los Países Bajos la competencia le corresponde a los juzgados de dicho país (AAP Girona 2ª 20 octubre 2020)
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