EL TS confirma el derecho de nacional hondureño a la concesión de la Tarjeta de Residencia de Familiar de Ciudadano de la Unión Europea, atendiendo la incidencia del derecho a la vida familiar (STS CA 16 diciembre 2020)

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sala Quinta, de 16 de diciembre de 2020 desestima un recurso de casación interpuesto por la Administración General del Estado, contra la STSJ Valencia nº 379/2018, de 24 de abril, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana,  que ratificó Juzgado de lo Contencioso administrativo, que había concedido a un nacional hondureño el derecho a la obtención de la Tarjeta de Residencia de Familiar de Ciudadano de la Unión Europea. La Sala de lo Contencioso del Alto Tribunal comienza recordando como cuestión con interés casacional «consiste en determinar la aplicabilidad -o no- del art. 7 del Real Decreto 240/07 a la reagrupación de familiares no comunitarios de ciudadanos españoles» y que para resolver esta cuestión es menester tener en cuenta la doctrina establecida en la STS 900/2020, de 1 de julio , en la que se procedió a matizar nuestra anterior doctrina (contenida, entre otras posteriores en las SSTS 1295/2017, de 18 de julio, 963/2018, de 11 de junio, 1572/2018, de 30 de octubre y 1586/2018, de 6 de noviembre), una vez conocidas por la Sala las STJUE de 27 de febrero de 2020 (C-836/18 , RH c. España) y STC 42/2020, de 9 de marzo. Tras ello, declara que:

«(…) En el supuesto de autos, y tomado en consideración la doctrina expresada, estamos en condiciones de poder afirmar que, aunque la doctrina contenida por la sentencia de instancia es opuesta a las conclusiones jurisprudenciales de las que hemos dejado constancia, sin embargo, no contamos con argumentos para dejar sin efecto el resultado probatorio alcanzado por el  Juzgado de lo Contencioso administrativo y ratificado por la Sala de lo Contencioso administrativo en apelación. Si se recuerda, dichos órganos judiciales han considerado (en el supuesto concreto que nos ocupa) que de la documentación aportada en la instancia por el recurrente —esto es, los justificantes de envío de dinero de la reagrupante— se deducía la condición que nos concierne, cual era que el citado recurrente, cuando aún residía en Honduras, se encontraba a cargo, esto es, era mantenido, por su madre reagrupante, de nacionalidad española. Y, obviamente, desde su llegada a España, así continuó hasta que comenzara a trabajar, por cuenta ajena, una vez obtenida —con carácter provisional— la Tarjeta de Residente Familiar de Ciudadano de la Unión Europea, en virtud de la medida cautelar positiva adoptada por el Juzgado de lo Contencioso administrativo. A las conclusiones alcanzadas en la instancia —que, por otra parte, no han sido cuestionadas— debemos añadir dos circunstancias: de una parte, que, en principio, los montantes económicos de los envíos realizados por la madre, no se nos presentan como insuficientes para justificar que el recurrente, residiendo en Honduras, vivía «a cargo» de su madre, dada la diferencia de niveles de vida de ambos países; y, de otra, que, al venir a España, el recurrente se integra en el entorno familiar aquí constituido conviviendo con su madre y varios hermanos residentes en España. Pero nos encontramos ante una situación, que la propia jurisprudencia del TJUE ha considerado como «situaciones muy específicas», y que deben ser analizadas desde la perspectiva jurisprudencial que hemos expuesto. Por ello, consideramos que, a supuestos como el de autos, resultan —también— de aplicación: 1. El apartado 53 de la STJUE de 28 de febrero de 2020: «Por lo tanto, cuando un nacional de un tercer país presenta ante la autoridad nacional competente una solicitud de residencia con fines de reagrupación familiar con un ciudadano de la Unión, nacional del Estado miembro de que se trate, dicha autoridad no puede denegar de manera automática esa solicitud por la única razón de que el ciudadano de la Unión no disponga de recursos suficientes. Por el contrario, le corresponde valorar, basándose en los datos que el nacional del tercer país y el ciudadano de la Unión deben poder facilitarle libremente y procediendo, en su caso, a las investigaciones necesarias, si existe entre esas dos personas una relación de dependencia como la descrita en el apartado 39 de la presente sentencia, de modo que, en principio, deba concederse a dicho nacional de un tercer país un derecho de residencia derivado al amparo del artículo 20 TFUE». 2. Lo expuesto por el Tribunal Constitucional, que haciendo suyo tal concreto apartado del TJUE, añade: «De esta forma, la citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea también impone la obligación de ponderar las circunstancias fácticas que determinan la relación de dependencia que sirve de fundamento a la posibilidad de reagrupación; exigencia que fue obviada en el caso que nos ocupa. El archivo de la solicitud de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión se realizó sin ponderar adecuadamente las circunstancias personales y familiares del solicitante, con lo que se impidió la estancia y residencia en España del demandante de amparo, a falta de otro título habilitante, permitiendo, en su caso, la expulsión del mismo de territorio nacional». Y, 3. Lo expuesto por este Tribunal Supremo, por su parte, en el anterior marco de ponderación global e integral de las circunstancias concurrentes: «No cuenta con relevancia —en lo que pudiéramos considerar la carga de la prueba— el principio dispositivo, no pudiendo, como consecuencia de su aplicación, limitarse la Administración a la mera valoración de la prueba libremente aportada por los cónyuges, pues la doctrina establecida —fundamentalmente por el Tribunal Constitucional— obliga e impone a la Administración la necesidad de investigación —con una actuación proactiva—, sobre la auténtica y real situación de la pareja, sus comunes medios económicos, y la posible situación de dependencia entre ambos». Pues bien, la situación descrita —singular, insistimos— nos conduce a tomar en consideración todas las circunstancias concurrentes, y ratificar, así, la la conclusión de la existencia de elementos suficientes para considerar que el recurrente, pese a ser mayor de edad, se encontraba «a cargo» de su madre, la cual procedió a su reagrupación a España, desde Honduras. A ello, debemos añadir la incidencia del derecho a la vida familiar, reconocido en el artículo 8 de Convenio Europeo de Derechos Humanos, tomado en consideración por los Tribunales de Justicia europeos; así en la STJUE de 8 de julio de 2011 (C-371/08, Nural Ziebell/Land Baden-Württemberg) se señala «se precisa que, antes de adoptar tal decisión, las autoridades competentes del Estado miembro de acogida deberán tomar en consideración la duración de la residencia del interesado en el territorio de ese Estado, su edad, las consecuencias de la expulsión para la persona afectada y para los miembros de su familia, y los vínculos de esa persona con el Estado de residencia o la ausencia de vínculos con el Estado de origen», añadiendo (82) que «[a]l llevar a cabo esa valoración, tales autoridades están obligadas, además, a velar por el respeto tanto del principio de proporcionalidad como de los derechos fundamentales del interesado y, en particular, del derecho al respeto de su vida privada y familiar (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de diciembre de 2010 , Bozkurt, antes citada, apartados 57 a 60 y jurisprudencia citada). Derecho, a la vida familiar, igualmente tomado en consideración por las SSTEDH de 13 de julio de 1995 (Asunto Nasri c. Francia) y de 26 de junio de 2014 (Asunto Ukaj c. Suiza) (…)- Pues bien, y como conclusión final, debemos señalar que, de conformidad con todo lo expuesto, debemos proceder a rechazar la doctrina contenida en la sentencia de instancia, en relación con la aplicación del artículo 7 del RD240 a los familiares extracomunitarios de los ciudadanos de la Unión Europea, pero, al mismo tiempo, de conformidad con la doctrina contenida en la presente sentencia, hemos de proceder, también, a rechazar el recurso de casación, así como a denegar la pretendida anulación de la sentencia de la Sala de instancia, ratificando, en consecuencia, el derecho de la recurrente a la obtención de la Tarjeta de Residencia de Familiar de la Unión Europea».

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