La anulación de una donación por un laudo arbitral basada en la pérdida de beneficios fiscales no impide que se realice el hecho imponible del Impuesto sobre sucesiones y donaciones (Res. TEAC 4ª 27 noviembre 2020)

La Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 27 de noviembre 2020 estima en parte un recurso de alzada contra resolución TEAR Andalucía, interpuesto por la Dirección General de la Agencia Tributaria de Andalucía anulando la resolución impugnada relativa a liquidación por el Impuesto sobre Donaciones dictada por la Gerencia Provincial en Granada y acordando la retroacción de actuaciones. Dicha Resolución estimó la reclamación: “A la vista del laudo arbitral aportado (dictado en Derecho y conforme a lo regulado por la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje) hay que concluir que no se ha producido la adquisición de bienes por nulidad del contrato de donación que recogió la escritura pública de fecha 11 octubre 2011. Ello obliga a la anulación de la liquidación girada sin entrar a conocer de los invocados defectos de la valoración”. De acuerdo con el TEAC:

“(…) Tal y como fundamenta el Director General la declaración contenida en el citado laudo arbitral no supone la inexistencia de la donación, la cual fue plenamente válida al tiempo de otorgarse, decidiéndose posteriormente por razones de naturaleza fiscal, la anulación de la misma, mediante su impugnación ante la Cámara de Comercio. En la propia resolución arbitral se expone el motivo por el que se anula la donación:

«En primer lugar los demandantes alegan un error en la declaración de la voluntad a la hora de aceptar la donación, atribuyendo ese error a la creencia errónea y convencimiento que la trasmisión de los bienes objeto de la donación estaba sujeta a un régimen fiscal determinado, que una vez formalizada la donación resultó no estar sujeta a dicho régimen bonificado, con lo cual este error viciaría de nulidad el contrato de donación.

En segundo lugar, de manera subsidiaria, alegan los demandantes la nulidad del contrato por inexistencia de causa, por entender que el motivo que lleva a aceptar la donación, es principalmente el bajo coste fiscal de la trasmisión por lo que al no darse el mismo, por causa ajena a ellos, se pierde la causa del contrato y por tanto conlleva la nulidad del negocio jurídico. Pues bien, bajo criterio de este Árbitro que suscribe, el contrato objeto de esta litis, adolece de un claro error en el consentimiento prestado por los donatarios pues es evidente que los mismos pretendían acogerse a una reducción en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, legítima y amparada por la Ley que regula dicho impuesto y que si bien en un principio aconsejados por un asesor parecía que cumplían los requisitos para acogerse a dicha bonificación, posteriormente resultó no ser posible.’

A juicio de este Tribunal Central, la donación se realizó válidamente devengándose el impuesto en su momento, ya que sólo en el supuesto de una nulidad radical del contrato, supondría la inexistencia del mismo y por tanto la no realización del hecho imponible. Sin embargo, tal hipótesis no es defendible en este caso ya que en nuestro Derecho civil la nulidad radical o inexistencia de los contratos se da sólo en los supuestos de vicio grave de consentimiento, defecto o ilicitud del objeto del contrato o de su causa, ausencia de un requisito formal esencial para la validez del contrato, o haberse celebrado en violación directa de una prohibición o prescripción legal, sin que quepa considerar como tal el error en las consecuencias fiscales de la operación que es el motivo por el se anula el contrato (…).

A lo anterior debe añadirse que como señala la Dirección recurrente, los efectos fiscales en los donatarios no pueden aducirse nunca como motivos de anulación por parte del donante, por lo que habiendo concurrido el animus donandi en éste, la operación se produjo válidamente devengándose el Impuesto sobre Donaciones. Procede en consecuencia confirmar la adecuación a derecho de la liquidación practicada por la Administración tributaria, estimar el recurso de alzada interpuesto y revocar la resolución, procediendo retrotraer el expediente para que el Tribunal Regional se pronuncie sobre las demás cuestiones planteadas”.

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