Debe atenderse a las normas del Reglamento Roma III para determinar la ley aplicable al caso, dado que ambos litigantes son residentes en el espacio común (SAP Barcelona 12ª 7 diciembre 2020)

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimosegunda, de 7 de diciembre de 2020 confirma la decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Manresa en el curso del procedimiento de divorcio contencioso, declarando disuelto por divorcio el matrimonio de los referidos litigantes, con todos los efectos legales inherentes a tal declaración. De acuerdo con la Audiencia:

“(…) La recurrente alega que el matrimonio de los litigantes fue celebrado en la República de el Ecuador y no ha tenido efectos ni ha sido reconocido en España ni tampoco ha sido tramitado ante el Registro Civil Central, por lo que no es posible su disolución. Considera esta parte que conforme el art. 107.2º Cc es de aplicación la ley nacional común de los cónyuges al tiempo de presentar la demanda, que es la ecuatoriana. Siendo así, entiende que, conforme al art. 281.2º LEC, la demandante debería probar el contenido, vigencia y forma del Derecho extranjero, y no habiéndose procedido en este sentido no cabe estimar la demanda de divorcio. Sin embargo, el art. 107.2º Cc en su redacción dada por la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria dispone que ‘La separación y el divorcio legal se regirán por las normas de la Unión Europea o españolas de Derecho internacional Privado’. Pues bien, el Reglamento (UE) nº 1259/2010 del Consejo de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial, aplicable a partir del 21 de junio de 2012, establece que la ley designada en el Reglamento se aplicará aunque no sea la de un Estado miembro participante (art. 4) proclamando así el principio de aplicación universal como forma de dotar de seguridad jurídica y protección a las personas que residen en el ámbito de la Unión, cualquiera que sea el país de procedencia. En base a ese principio universal debe atenderse a las normas del mencionado Reglamento para determinar la ley aplicable al presente caso, dado que ambos litigantes son residentes en el espacio común. En él se da prioridad a la ley que hubieran podido convenir los cónyuges para que rija su divorcio o separación matrimonial (art. 5), siempre que sea la de residencia habitual, la ley nacional o la ley del foro. Conforme al art. 8 del citado Reglamento, ‘A falta de una elección según lo establecido en el artículo 5, el divorcio y la separación judicial estarán sujetos a la ley del Estado… En el caso de autos, las partes no convinieron la ley que debía regir su divorcio, y al tiempo de interponer la demanda de divorcio Doña Elisa y Don Alfonso tenían su residencia habitual común en Manresa, esto es, en España. En consecuencia, la ley aplicable al divorcio es el Código Civil español”.

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