Las cuestiones planteadas por la parte ejecutada no pueden tener respuesta dentro del incidente de oposición al despacho de ejecución del laudo arbitral (AAP Madrid 14ª 27 noviembre 2020)

El Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Decimocuarta, de 27 de noviembre de 2020 confirma la decisión del Juzgado de Primera Instancia nº 101 de Madrid que desestimó la oposición a la demanda ejecución de un laudo arbitral. Afirma, entre otras cosas que: 

«(…) La oposición se concretó en los dos siguientes motivos, en primer lugar un defecto procesal, artículo 559.4 de la LEC, ya que nos encontramos ante un laudo no protocolizado notarialmente por lo que no es posible apreciar su autenticidad, y en segundo lugar aludió a la precaria situación económica en que se encontraba, la carencia de ingresos, rentas u otro tipo de bienes para hacer pago a la cantidad por la que se ha despachado ejecución y la situación de vulnerabilidad de la familia, entre la que se encuentra doña Casilda , hija de la ejecutada, que se encuentra afectada por un grado de discapacidad del 67%. En la resolución apelada el Juzgado de Instancia manifestó que la falta de protocolización del laudo no es un requisito, sine que non, para la admisión de la demanda de ejecución forzosa. La ley de arbitraje establece una facultad, así el artículo 37.8 dispone que El laudo podrá ser protocolizado notarialmente. Cualquiera de las partes, a su costa, podrá instar de los árbitros, antes de la notificación, que el laudo sea protocolizado`’ y que el art. 556  LEC no regulaba entre las causas de oposición la mala situación económica de la parte ejecutada o su situación de vulnerabilidad»

«(…) . El auto del Juzgado ha sido apelado invocándose como un único motivo el error en la apreciación y valoración de la prueba, habiéndose sustentado el recurso en los siguientes términos que pasamos a transcribir, sin ocuparse del defecto relacionado con la protocolización del laudo arbitral, aceptando, en consecuencia, la decisión del juzgado de instancia en esa materia. «De la prueba practicada, el Juzgado a quo entiende que al no ser causa de oposición a la ejecución en virtud del art. 556 LEC , la situación de vulnerabilidad y exclusión social no es causa suficiente para suspender la ejecución del laudo arbitral, acordando la continuación de la ejecución, sin perjuicio de que, según el propio auto; ‘Se informará al demandado de la posibilidad de que acuda a los servicios sociales, y en su caso, de la posibilidad de autorizar la cesión de sus datos a estos, a efectos de que puedan apreciar la posible situación de vulnerabilidad’. En este sentido debemos mostrar nuestra más absoluta disconformidad con la conclusión a laque se ha llegado la resolución de instancia, pues si bien es cierto que la ‘vulnerabilidad y exclusión social’ no es una causa contemplada como motivo de oposición a la ejecución si lo es para acordar la suspensión de la misma, en tanto en cuanto se adopten las medidas que los servicios sociales estimen oportunas. Si bien, de conformidad con el Auto de fecha 18 de marzo de 2019, se acuerda librar oficio a los servicios sociales del Ayuntamiento para que estos apreciasen la situación de vulnerabilidad de conformidad con el art. 441.5º LEC , no obrante en Autos informe alguno al respecto por lo procede acordar la suspensión de la ejecución del Auto de fecha 18 de marzo de 2.019, en tanto en cuanto no se adopten las medidas que los servicios sociales estimen oportunas» (…). Si analizamos las normas que regulan el proceso de ejecución de título judicial, debemos diferenciar entre las causas de oposición, reguladas en capítulo IV del título III del Libro III artículos 556 y siguientes, que, por regla general y en caso de ser estimadas, impiden que pueda seguirse adelante con la ejecución, ordenando  el archivo del procedimiento y el levantamiento de los embargos y demás medidas de garantía que pudieran haberse adoptado, de la suspensión del procedimiento(Capítulo V del mismo Título y Libro, art. 565 ss ) que, en principio, no afecta a la validez y legitimidad del título aportado que ha servido de base al procedimiento de ejecución seguido, pero que, por distintas razones, considera el legislador que temporalmente debe quedar en suspenso el proceso. Evidentemente el magistrado de instancia al resolver la oposición al despacho de ejecución ha tenido que explicar que los motivos y razones alegados por la parte ejecutada no encuentran encaje en las normas que regulan la materia, pero, de ningún modo, ha indicado que no se vayan a tener en cuenta las normas vigentes aprobadas para paliar y atender situaciones de vulnerabilidad social y económica que pudieran dar lugar a una suspensión temporal de la ejecución y, en consecuencia, a paralizar el lanzamiento de la vivienda que fue arrendada, lo que estamos seguro que analizará en su momento, pues ya lo ha dado a entender en la resolución que ha sido apelada pues acuerda remitir el auto dictado y la documentación oportuna a los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid a los efectos procedentes. En definitiva no nos cabe duda que se tendrán en cuenta las normas de los Reales Decretos Ley 7/2019 de 1 de marzo que modificó el procedimiento de desahucio de vivienda y, en su caso si fuera de aplicación, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en el ámbito social y económico frente al Covid-19, y las prórrogas del mismo acordadas en el Real D-Ley 30/2020 de 29 de septiembre de 2020. En definitiva, tal como se ha planteado el debate solo podemos confirmar la decisión de instancia pues resulta evidente que los cuestiones planteadas por la parte ejecutada no pueden tener respuesta dentro del incidente de oposición al auto despachando ejecución».

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