El convenio arbitral existe realmente y debe desplegar sus efectos pues ha de tenerse en cuenta que pocos son los requisitos formales exigidos al efecto por el art. 9 LA (AAP Sevilla 6ª 24 septiembre 2020)

El Auto de la Audiencia Provincial de Sevilla. Sala Sexta, de 24 de septiembre de 2020 (ponente: Rosario Marcos Martín) revoca la resolución recurrida que declaró la falta de jurisdicción del Juzgado para conocer del asunto reseñado en los antecedentes de esta resolución, por corresponder su conocimiento al Centro Algodonero Nacional (CAM) donde se deberá plantear sus pretensiones.. Razona para ello del siguiente modo:

“(…) sostiene la apelante, invocando la sentencia de la Sala 1ª del TS de 27 de Junio de 2017, que en nuestro ordenamiento jurídico no existen razones para sostener la ‘tesis fuerte’ del principio kompetez- kompetenz y que, en consecuencia el órgano jurisdiccional al que se opone la falta de jurisdicción por sumisión a arbitraje a través de la declinatoria está facultado para realizar un enjuiciamiento completo sobre la validez, eficacia y aplicabilidad del convenio arbitral, cosa que en este caso no habría hecho la Juez de Primera Instancia. Partiendo de tal premisa considera que no puede entenderse que la parca expresión ‘CAN rules and arbitration (Centro Algodonero Nacional Barcelona)’ pueda considerarse un convenio arbitral, pues no es una cláusula redactada de forma clara e inequívoca incluyendo elementos esenciales como la disputa que se somete a arbitraje, el idioma, la sede, el lugar de desarrollo de las vistas, el derecho aplicable o si se trata de arbitraje de equidad, etc., con lo cual, de entenderse lo contrario se conculcaría el derecho a la Tutela Judicial Efectiva, añadiendo que, además, Algodonera del Sur no pide en realidad la solución de la controversia mediante arbitraje pues lo que sostiene en realidad es que NHA no tiene acción frente a ella. Pues bien, aunque es cierto que la resolución del Juzgado no hace un estudio pormenorizado sobre la existencia en este caso de un auténtico convenio arbitral válido, también lo es que a juicio de la Sala, tras el examen del contrato suscrito entre OTTO, en cuya posición se subroga la aseguradora actora y Algodonera del Sur, llega a la conclusión de que el convenio existe realmente y debe desplegar sus efectos. Si se examina el documento contractual suscrito entre las partes (documento nº 5 de la demanda) se aprecia fácilmente que el mismo está redactado en papel que lleva impreso el logotipo de la entidad de OTTO, instrumentándose como una confirmación de contrato de compraventa por dicha entidad, que dirige el documento de confirmación a la vendedora -Algodonera del Sur- indicándole que devuelva una copia firmada, con apercibimiento de que, si no reciben nada diferente sobre lo escrito se entenderá que el contrato se acepta en los términos que contiene. El documento en cuestión está firmado por ambas partes. De ello se deduce que el mismo está redactado por OTTO que en el anverso establece una cláusula que es ciertamente escueta, pero significativa, que traducida al castellano sería ‘CAN normas y arbitraje (Centro Algodonero Nacional, Barcelona’ que ineludiblemente revela la sumisión de las partes a la normativa que desarrolla el Reglamento de dicho centro y en concreto al sistema arbitral que contiene, en cuyo artículo 5 se establece expresamente: ‘Cláusulas tales como ‘contrato Barcelona’, ‘condiciones y arbitraje barcelona’, o cualquier otra cláusula similar, significan que las partes contratantes se refieren expresamente al Reglamento general en vigor el día de la conclusión del contrato, cuyo Reglamento será considerado como formando parte integrante del mismo’. Estamos por tanto ante una cláusula escrita en un contrato que expresa la voluntad de las partes de someter a arbitraje del Centro Algodonero Nacional de Barcelona las controversias que surjan respecto del mismo y por tanto ante un convenio arbitral, pues ha de tenerse en cuenta que pocos son los requisitos formales exigidos al efecto por el art. 9 LA que en absoluto obliga a la utilización de fórmulas sacramentales, ni a la expresión ‘convenio arbitral’, ni como pretende la apelante a la inclusión de disposiciones sobre el número de árbitros, lugar o idioma del arbitraje. Ha de tenerse en cuenta que en la jurisprudencia de otros Estados aceptan convenios arbitrales sumamente parcos explicitados en expresiones tales como ‘Arbitrations’ y en resoluciones nacionales como el auto del TSJ de Andalucía de 28 de octubre de 2014, se considera válido un convenio arbitral inserto en un correo electrónico del siguiente tenor: ‘ag/arb Londres. Siendo de aplicación la ley inglesa’, deduciendo que tal expresión, puesta en relación con el formulario de fletamento correspondiente (al que se remitía el correo electrónico y que preveía un convenio arbitral), hace prueba del consentimiento de someterse a arbitraje, manteniéndose el mismo criterio En sentido similar se pronuncia el TSJ Cataluña en su auto de de 6 de mayo de 2016. Ha de tenerse en cuenta además, que conforme a lo establecido en el art. 4 de la Ley de Arbitraje en el convenio arbitral se integra el contenido las disposiciones del reglamento de arbitraje al que las partes se hayan sometido, con lo cual la escueta expresión incluida por OTTO en el contrato queda integrado por la norma a que se remite que es el Reglamento ya referido que contiene un regulación extensa sobre las normas del arbitraje, su modalidad (de equidad) y su extensión, que, frente a lo que sostiene la apelante no se circunscribe a la calidad del algodón, estableciendo en concreto su artículo 009: ‘Cláusula de compromiso: Cuando en la interpretación o ejecución de una relación jurídica a las que se refieren las cláusulas 005 y 006 del presente Reglamento, surjan motivos de discrepancia entre las partes, tal diferencia o discrepancia será sometida a un Tribunal Arbitral, designado de conformidad con lo previsto en los Arts. 210 al 243 (Parte 3a Títulos del I al IV) y las partes hacen renuncia expresa a todo recurso a los Tribunales de Justicia, salvo para obtener la efectividad jurídica del laudo arbitral de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y normas concordantes. A estos efectos las partes sometidas al presente Contrato de Barcelona se obligan a cumplir lo estipulado en este Reglamento y los laudos arbitrales que pudieran dictarse en su ejecución.’ Existe pues un convenio arbitral válido que veda el conocimiento de la acción ejercitada por HDA que ejercita por subrogación la acción que correspondería a su asegurada -OTTO- frente a Algodonera del Sur, que corresponde al tribunal arbitral de CAN que será el que haya de dirimir la controversia y la existencia real de acción”.

Deja un comentario