De la prueba documental aportada con la demanda rectora se acredita y prueba que la sentencia dictada por el tribunal de Ecuador es ejecutoria (AAP Alicante 4ª 7 otubre 2020)

El Auto de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección Cuarta, de 7 de octubre de 2020 afirma que: 

«La resolución recurrida, el auto de 31 de julio de 2019, recaída en la primera instancia en los autos de procedimiento de execuátur acuerda reconocer la eficacia civil a la Sentencia de fecha 29 de enero de 2015, de la Unidad Judicial Norte de Familia, mujer, Niñez y Adolescencia de Guayas (Ecuador), y que disuelve por divorcio el matrimonio contraído por Dª Agueda y D. Eulalio , produciendo desde ese reconocimiento dicha resolución efectos de cosa juzgada en España. Frente a la referida resolución, la demandada, interpone recurso de apelación en el que interesa la revocación de la resolución recurrida al mantener que se desconoce si dicha resolución se haya podido modificar por otra posterior. El Ministerio Fiscal, se opone al recurso de apelación interpuesto por el demandante e interesa la confirmación de la resolución recurrida (…). El art. 41 de la Ley 29/2015 de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil, señala que ‘serán susceptibles de reconocimiento y ejecución en España de conformidad con las disposiciones de este título las resoluciones extranjeras firmes recaídas en un procedimiento contencioso’. A tal efecto, el art. 54, 4, c) relativo a la iniciación del procedimiento de execuátur, establece que la demanda se ajustará a los requisitos del art. 399 LEC y deberá ir acompañada de… ‘cualquier documento acreditativo de la firmeza y fuerza ejecutiva en su caso de la resolución extranjera en el Estado de origen, pudiendo constar este extremo en la propia resolución o desprende así de la ley aplicada por el tribunal de origen’. De la prueba documental aportada con la demanda rectora se acredita y prueba que la sentencia dictada por el tribunal de Ecuador es ejecutoria y por tanto firme, requisito necesario para que se reconozca la eficacia a la misma como pretende el demandante, por otro lado no es óbice para su ejecución la alegación de la apelante de desconocer si ha habido otro procedimiento posterior que la modifique, pues dicha pruebe le incumbe a la parte alegante y nada se ha acreditado al respecto con base en el art. 217 LEC».

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