Se deja sin efecto una sentencia pronunciada por la Audiencia por su incongruencia en la determinación de la nacionalidad por una causa con respecto a la cual no era competente (STS Civ 1ª 25 enero 2021)

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección Primera, de 25 de enero de 2021 estima un recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la Abogacía del Estado en representación de la Dirección General de Registros y del Notariado, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa (Sección 2.ª) de 9 de marzo de 2018 (rollo 2038/2018), que se deja sin efecto. De acuerdo con el Alto tribunal:

«(…) En el caso que ahora enjuiciamos, la sentencia de la Audiencia no ha respetado la causa de pedir, que postulaba la concesión de nacionalidad con base en el art. 17.3º c) Cc, en el que se establece quienes se consideran españoles de origen y cuyos requisitos normativos nada tienen que ver con los previstos en el art. 22  Cc, que regula un supuesto distinto de acceso a la nacionalidad española, por residencia legal y concesión del Ministerio de Justicia, bajo presupuestos asaz diferentes. Es por ello que el cambio de vista jurídico, el salto argumentativo, llevado a cabo por la Audiencia Provincial en su sentencia supone desvincularse de la causa petendi, lo que ha generado indefensión material a la parte demandada, toda vez que le impidió el ejercicio de su derecho de defensa sobre tan concreta pretensión de acceso a la nacionalidad española, incluso plantear una declinatoria de jurisdicción o conflicto de jurisdicción al considerar que dicha concesión corresponde a la Administración, y no a los tribunales de justicia, sin perjuicio del ulterior control jurisdiccional contencioso administrativo. En definitiva, el deber de congruencia se encuentra íntimamente ligado a distintos principios sobre los que se asienta la estructura del proceso civil, como el principio dispositivo, que confiere a las partes la determinación del objeto del proceso; el de aportación de parte, que impide a los juzgadores introducir hechos no alegados por los litigantes; y el de contradicción, que veda a los órganos judiciales pronunciarse sobre lo no debatido en juicio; principios todos ellos que operan como auténticos límites de la potestad jurisdiccional, los cuales se verían lesionados, si fuera el tribunal quien sorprendiese a los litigantes, resolviendo el conflicto judicializado con alteración de los hechos y fundamentos jurídicos conformadores del objeto del proceso sobre los cuales las partes deben tener la efectiva y real posibilidad de rebatirlos con argumentos y pruebas, como elemental manifestación de su derecho constitucional de defensa ( art. 24.2º CE). En este sentido, la sentencia 604/2019, de 12 de noviembre. En conclusión, como señala la sentencia 487/2020, de 23 de septiembre, con respecto al juego del principio novit curia: «La causa de pedir no está integrada única y exclusivamente por hechos puros, despojados de cualquier consideración jurídica. Muy al contrario, como recuerda la sentencia 361/2012, de 18 de junio, por causa de pedir debe entenderse el conjunto de hechos jurídicamente relevantes para fundar la pretensión, los hechos constitutivos con relevancia jurídica que constituyen condiciones específicas de la acción ejercitada, o bien los hechos jurídicamente relevantes que sirven de fundamento a la petición y que delimitan, individualizan e identifican la pretensión procesal. Por ello, la causa de pedir tiene un componente jurídico que limita las facultades del juez para aplicar libremente a los hechos el Derecho que considere más procedente o, dicho de otra forma, que limita el principio iura novit curia, descartando que pueda tener un carácter absoluto, como por lo demás resulta del art. 218 LEC, al disponer que el tribunal deberá resolver conforme a las normas aplicables al caso, pero sin acudir a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer. Como resalta la sentencia 359/2001, de 3 de abril, el método más seguro para comprobar si se ha producido un cambio indebido de demanda, con correlativa incongruencia de la sentencia, consistirá, dada la dimensión constitucional de la congruencia como inherente a la tutela judicial efectiva y a la proscripción de indefensión ( art. 24 CE), en determinar si ese cambio ha alterado los términos del debate, generando en el demandado riesgo de indefensión por haber contestado a la demanda adoptando una determinada línea de defensa que deviene inane si se altera la pretensión». Pues bien, con fundamento en tal conjunto argumental, hemos de concluir que la parte demandada se vio sorprendida en sus expectativas jurídicas y frustrados sus esfuerzos de defensa, que devinieron baldíos, al resolverse la demanda con fundamento a una causa de adquisición de la nacionalidad española, que no fue objeto de debate en el proceso y que no conformaba la causa petendi de la demanda. Al proceder de tal forma, la sentencia de la Audiencia infringió el deber de congruencia del art. 218.1 de la LEC, con efectiva lesión de la garantía procesal que corresponde a la parte demandada de no sufrir indefensión y que le atribuye el art. 24 de la CE, con el rango de derecho fundamental»

«(…).  Consecuencias de estimación del recurso extraordinario por infracción procesal Conforme a lo establecido en la Disposición Final Decimosexta, regla 7.ª, procede dictar la sentencia correspondiente, resolviendo el recurso de apelación interpuesto, con fundamento en la causa invocada por la parte apelante, tal y como previene el art. 465.5 ºde la LEC, que no era otra que la infracción del art. 17.1º.c) Cc, y tal cuestión ya fue decidida por esta Sala en su sentencia del Pleno 207/2020, de 29 de mayo, en la que se decidió, mediante la aplicación e interpretación de la Ley 40/1975, de 19 de noviembre, sobre descolonización del Sahara, y el Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, sobre opción de la nacionalidad española por parte de los naturales del Sahara, que el Sahara Occidental no formaba parte de España a los efectos de la nacionalidad de origen que se reclamaba; en otras palabras, no son españoles de origen los nacidos en el Sahara Occidental antes de la descolonización. Comoquiera que es esta la posición seguida por el Juzgado, incluso por la Audiencia, debemos confirmar la sentencia dictada por aquel órgano jurisdiccional, dejando sin efecto la pronunciada por la Audiencia, por su incongruencia y determinación de la nacionalidad por una causa con respecto a la cual no era competente, al hallarse sometida a la consideración de la Administración y control jurisdiccional por la vía contencioso administrativa ( art. 22.5º Cc)».

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