No ha lugar a la oposición a la ejecución de una resolución extranjera en materia de alimentos sustentada en que no viene acompañada de la correspondiente certificación

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El Auto de la Audiencia Provincial de Tarragona, Sección Primera, de 23 de junio de 2017, confirma no haber lugar a la oposición a la ejecución instada por el Abogado del Estado de la una Sentencia dictada  por el Tribunal Regional de VI, Sección de lo Familiar y de Menores. Según la Audiencia “en el caso de autos la oposición se fundó exclusivamente en la concurrencia de motivos procesales dado que se sostiene por el ejecutado que no se acompaña la certificación de la resolución extranjera de cuya ejecución se trata, alegato rechazado por el Juez a quo en base a que lo exigible es únicamente la certificación del un extracto de la resolución, tal y como se dispone en el art. 28 del Reglamento 4/2009 (Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo, de 18 diciembre 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos), tal como mantiene el Abogado del Estado en su oposición, en todo caso, de no estimarse impondría no la solución pretendida por el ejecutado sino la subsanación del defecto, por lo que el recurso no procede admitirlo, convirtiéndose ello en causa de desestimación del mismo en razón al momento procesal”.

Los Juzgados españoles carecen de competencia internacional para llevar a efecto la ejecución de una sentencia condenatoria de alimentos, por residir el demandado en Francia

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En el caso abordado por el  Auto de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Décima, de 13 de marzo de 2017 la actora había interpuesto un recurso de apelación contra el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia número 24 de Valencia que declaró la falta de competencia para conocer de la demanda ejecutiva planteada por la demandante cuyo título está constituido por la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 24 de Valencia el día 25 de junio de 2014, en la que se condena al demandado al pago de una pensión de alimentos para un hijo. Para la Audiencia “con la lectura de las actuaciones se comprueba que el demandado reside en Montauban (Francia), lo que implica que, en efecto, los Juzgados españoles carecen de competencia internacional para llevar a efecto la ejecución de la mencionada sentencia, que deberá instarse al amparo de los arts. 16 ss del Reglamento Europeo 4/2009 de 18 de diciembre de 2008  relativo a la competencia, la ley aplicable y el reconocimiento y ejecución de resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos. Procede por ello la desestimación del recurso de apelación”. Este Auto continúa la línea trazada por el Auto de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Décima, de 1 de marzo de 2017.

Al residir los menores en España, la renuncia a las pensiones éstos efectuada por la madre en un talaq marroquí es nula de pleno derecho en España

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La Sentencia de la Audiencia de Barcelona, Sección Decimosegunda, de 7 de abril de 2017 desestima un recurso contra una sentencia de primera instancia por la que se ha decretado el divorcio de los litigantes. Estos habían aportado un documento aportando un acuerdo de divorcio (presentado ante el Consulado de Marruecos) donde se hacía constar que la esposa renunciaba a las pensiones sin perjuicio de que su representado siga manteniendo la relación paterno filial tal y como venía ejerciéndola desde el momento de su separación y solicita se estimen sus pretensiones sin concretar exactamente cuáles son los pronunciamientos apelados. La Audiencia considera que en relación con dicho documento,  que no se trata de una resolución de autorización de divorcio, sino del documento de acuerdo que deben presentar las partes de conformidad con el art 114 del Código de familia marroquí (Mudawana) que indica que: “cuando tenga lugar este acuerdo, ambas partes o una de ella presentarán la demanda de disolución del matrimonio (talaq) al Tribunal adjuntando dicho acuerdo con la finalidad de obtener la autorización del tribunal para que tenga lugar su formalización”. Indica la Audiencia que la legislación aplicable para resolver la obligación alimenticia de acuerdo con el art. 15 del Reglamento UE 4/2009 y protocolo de la Haya de 23/11/2007 y a falta de elección, es la Ley del estado de la residencia habitual del acreedor de alimentos, por tanto, la legislación española al residir los menores en España. La renuncia a las pensiones efectuada por la madre de los menores es nula de pleno derecho ( art. 6.3º, 1255 , y 1814 del Código civil ) va en contra del art. 237,12 del Código civil de Cataluña que proclama que el derecho a los alimentos es irrenunciable y además perjudica los intereses de los menores. La madre de acuerdo con el Derecho español no pudo renunciar a las pensiones de sus hijos estando ante un derecho indisponible (SAP Barcelona, Sección 12 de 2 de diciembre de 2013 ). Por ello no puede ser tenido en cuenta para ser valorado como prueba como pretende el recurrente”.

Falta de competencia para tramitar un proceso de modificación de las medidas establecidas en una sentencia de divorcio dictada por un Juzgado rumano

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El Auto de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Décima, de 3 de mayo de 2017 estima recurso de apelación contra el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia , que declaró su falta de competencia para tramitar un proceso de modificación de las medidas establecidas en una sentencia de divorcio dictada por el Juzgado de Campulung Moldovenesc (Rumanía) el día 26 de marzo de 2015, y en concreto, para aumentar el importe de los alimentos debidos a la hija de los litigantes. Para la resolución del presente recurso, la Audiencia tiene en cuenta que el precepto aplicable no es el art. 775 LEC, que rige en aquellos casos en los que no haya un elemento internacional, sino que el precepto aplicable es el art. 3 del Reglamento europeo 4/2009 sobre la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos y este precepto determina que la competencia es de los Juzgados españoles, porque el demandado vive en (…) , y la menor y su madre residen en (…), lugar en el que estaba el último domicilio conyugal. Acerca de la no aplicabilidad de las normas de competencia internas a los casos con elementos internacionales, puede invocarse la sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de marzo de 2000, relativo precisamente a una demanda de modificación de medidas de una sentencia norteamericana de divorcio. Ahora bien, como se trata de modificar una sentencia rumana, deberá primero instarse el reconocimiento en España de la misma, incluso con carácter incidental en este mismo proceso, como establece el art. 45 de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil. Una vez reconocida la sentencia rumana, podrá tramitarse el procedimiento en España, y, en concreto, en el Juzgado de (…), por aplicación analógica del art. 769 LEC”.

Teniendo en cuenta que la Sentencia griega de divorcio contempla una situación provisional, lo razonable es estimar la oposición a la ejecución atendiendo al interés superior de los menores

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El Auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Segunda, de 13 de junio de 2017 considera que en el supuesto no se está “propiamente ante una falta de competencia de la jurisdicción española pues debe tenerse en cuenta, que la recurrente trasladada ya en Grecia, se sometió a los Tribunales españoles en la Sentencia de mutuo acuerdo, en todo caso la problemática radicaría más bien en la eficacia o no de la sentencia de divorcio en cuanto al régimen de visitas, teniendo en cuenta la nueva situación creada. Debe tenerse en cuenta que la Sentencia de divorcio contemplaba una situación provisional ya sobrepasada, previniendo incluso, un nuevo régimen de relación en función del lugar de residencia de los menores, que los menores se habían trasladado junto con su madre a Grecia y que dicho traslado ha sido declarado legal por resolución 6082/2015 de el Tribunal Unipersonal de Primera Instancia de Atenas de 9 de octubre de 2015, constituyéndose en Grecia (Cholargos de Atica) la nueva residencia habitual de los menores. Igualmente por resolución 6143/2016 del Tribunal de Primera Instancia de Atenas, en procedimiento de medidas cautelares se restringen las comunicaciones del padre con los hijos en un fin de semana al mes en Grecia y con una serie de supervisiones en horario y presencia de terceros, todo ello en interés de los menores. En consecuencia, teniendo en cuenta que la Sentencia de divorcio objeto de la ejecución contemplaba una situación provisional, así como la nueva situación creada lo razonable es estimar la oposición a la ejecución aún por otros razonamientos que los que se exponen en el recurso, debiéndose adecuar el régimen de visitas a la nueva situación creada en la actualidad atendiendo al interés o beneficio superior de los menores en el procedimiento que corresponda, sin que ello prejuzgue cualquier cuestión relativa a la competencia teniendo en cuenta las prevenciones que se contemplan en el Reglamento 2.201/2003 de la Unión Europea”.

Competencia internacional internacional de los tribunales españoles para conocer de la demanda de guarda y custodia de un menor

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El Auto de la Audiencia Provincial de Tarragona, Sección Primera, de 1 de enero de 2017 revoca una decisión del Juzgado de Primera Instancia que había declarado  la falta de competencia internacional de los Juzgados y Tribunales españoles para el conocimiento de una demanda de guarda y custodia del menor Victorio , nacido en 2014 en España de padre que ostenta la nacionalidad española y madre rusa, residiendo la pareja y el hijo en España hasta el 1 de septiembre de 2015, fecha en la que la madre se desplazó a Rusia con el hijo, presentando el padre la demanda. Considera la Audiencia que “procede declarar la competencia del Juzgado nº 5 de Tarragona para conocer de la demanda de guarda y custodia del menor dado que se trata de relaciones paternofiliales y el art. 22.3º LOPJ atribuye la competencia para conocer de esas cuestiones a los Tribunales españoles, como una de las alternativas, cuando el demandante sea español. Si bien ello nos plantearía la cuestión de si en ese proceso se podrá conocer de los alimentos del menor, dada la disposición del art. 22.3º al que venimos refiriéndonos, que la atribuye a los Tribunales españoles únicamente si reside en España el acreedor, se entiende que ello sucede cuando la demanda sea de alimentos para mayores de edad, pero no cuando se trate de fijar alimentos para un menor como consecuencia de la guarda de los mismos, procesos en los que la fijación de los alimentos es una obligación derivada de la potestad parental que no se ve alterada por la forma de ejercicio de la guarda (Art. 233-10 del CCCat). En el caso de autos debemos estar a las fechas de presentación de la demanda, momento en el que procede señalar que el menor tenía su residencia, al igual que los padres, en España, pues en ella venia residiendo de forma habitual hasta el 1 de septiembre de 2015, fecha en la que la madre se trasladó a Rusia con el menor, presentándose la demanda el 8/9/2015 antes de que madre e hijo pudieren consolidar su residencia en el país al que se trasladaron, por lo que los tribunales españoles conservaban su competencia para conocer de la litis”

Pensión a favor de menores conforme a la ley sueca por ser ésta de aplicación en los términos del Protocolo de la Haya de 23 de noviembre de 2007

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La Sentencia de la Audiencia Provincia de Granada, Sección Quinta de 12 de mayo de 2017 establece una pensión alimenticia a favor de dos menores, conforme a la ley sueca, por ser de ésta de aplicación en los términos del Protocolo de la Haya de 23 de noviembre de 2007. Según la Audiencia “con respecto a la interpretación de las normas del Protocolo de la Haya sobre Ley Aplicable a las Obligaciones Alimenticias (…) no existe conflicto normativo alguno entre el art. 4.3º, en los términos reproducidos, y su art. 3, según el cual, “las obligaciones alimenticias se regirán por la ley del Estado de la residencia habitual del acreedor, salvo que este Protocolo disponga otra cosa” . Efectivamente, la diferencia entre ambos preceptos radica en la identidad de la persona que ejercita la acción ante el tribunal competente, en este caso el español; pues, si bien es cierto que será de aplicación la ley del foro cuando quien ejercita la acción ante dicho tribunal es el acreedor de la prestación, compareciendo por sí, en su propio nombre y derecho, bien que mediante la preceptiva representación procesal, y en beneficio de los menores carentes de capacidad de obrar, no ocurre ello cuando quien comparece es la Autoridad Intermediaria, por efectos de la solicitud deducida por la persona legitimada ante las autoridades de su país de residencia, distinto al del foro; en cuyo caso, como aquí ocurre, habrá de estarse a la ley de la residencia habitual del acreedor, esto es, Suecia”.