Categoría: Alimentos

Teniendo en cuenta que la Sentencia griega de divorcio contempla una situación provisional, lo razonable es estimar la oposición a la ejecución atendiendo al interés superior de los menores

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El Auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Segunda, de 13 de junio de 2017 considera que en el supuesto no se está “propiamente ante una falta de competencia de la jurisdicción española pues debe tenerse en cuenta, que la recurrente trasladada ya en Grecia, se sometió a los Tribunales españoles en la Sentencia de mutuo acuerdo, en todo caso la problemática radicaría más bien en la eficacia o no de la sentencia de divorcio en cuanto al régimen de visitas, teniendo en cuenta la nueva situación creada. Debe tenerse en cuenta que la Sentencia de divorcio contemplaba una situación provisional ya sobrepasada, previniendo incluso, un nuevo régimen de relación en función del lugar de residencia de los menores, que los menores se habían trasladado junto con su madre a Grecia y que dicho traslado ha sido declarado legal por resolución 6082/2015 de el Tribunal Unipersonal de Primera Instancia de Atenas de 9 de octubre de 2015, constituyéndose en Grecia (Cholargos de Atica) la nueva residencia habitual de los menores. Igualmente por resolución 6143/2016 del Tribunal de Primera Instancia de Atenas, en procedimiento de medidas cautelares se restringen las comunicaciones del padre con los hijos en un fin de semana al mes en Grecia y con una serie de supervisiones en horario y presencia de terceros, todo ello en interés de los menores. En consecuencia, teniendo en cuenta que la Sentencia de divorcio objeto de la ejecución contemplaba una situación provisional, así como la nueva situación creada lo razonable es estimar la oposición a la ejecución aún por otros razonamientos que los que se exponen en el recurso, debiéndose adecuar el régimen de visitas a la nueva situación creada en la actualidad atendiendo al interés o beneficio superior de los menores en el procedimiento que corresponda, sin que ello prejuzgue cualquier cuestión relativa a la competencia teniendo en cuenta las prevenciones que se contemplan en el Reglamento 2.201/2003 de la Unión Europea”.

Competencia internacional internacional de los tribunales españoles para conocer de la demanda de guarda y custodia de un menor

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El Auto de la Audiencia Provincial de Tarragona, Sección Primera, de 1 de enero de 2017 revoca una decisión del Juzgado de Primera Instancia que había declarado  la falta de competencia internacional de los Juzgados y Tribunales españoles para el conocimiento de una demanda de guarda y custodia del menor Victorio , nacido en 2014 en España de padre que ostenta la nacionalidad española y madre rusa, residiendo la pareja y el hijo en España hasta el 1 de septiembre de 2015, fecha en la que la madre se desplazó a Rusia con el hijo, presentando el padre la demanda. Considera la Audiencia que “procede declarar la competencia del Juzgado nº 5 de Tarragona para conocer de la demanda de guarda y custodia del menor dado que se trata de relaciones paternofiliales y el art. 22.3º LOPJ atribuye la competencia para conocer de esas cuestiones a los Tribunales españoles, como una de las alternativas, cuando el demandante sea español. Si bien ello nos plantearía la cuestión de si en ese proceso se podrá conocer de los alimentos del menor, dada la disposición del art. 22.3º al que venimos refiriéndonos, que la atribuye a los Tribunales españoles únicamente si reside en España el acreedor, se entiende que ello sucede cuando la demanda sea de alimentos para mayores de edad, pero no cuando se trate de fijar alimentos para un menor como consecuencia de la guarda de los mismos, procesos en los que la fijación de los alimentos es una obligación derivada de la potestad parental que no se ve alterada por la forma de ejercicio de la guarda (Art. 233-10 del CCCat). En el caso de autos debemos estar a las fechas de presentación de la demanda, momento en el que procede señalar que el menor tenía su residencia, al igual que los padres, en España, pues en ella venia residiendo de forma habitual hasta el 1 de septiembre de 2015, fecha en la que la madre se trasladó a Rusia con el menor, presentándose la demanda el 8/9/2015 antes de que madre e hijo pudieren consolidar su residencia en el país al que se trasladaron, por lo que los tribunales españoles conservaban su competencia para conocer de la litis”

Pensión a favor de menores conforme a la ley sueca por ser ésta de aplicación en los términos del Protocolo de la Haya de 23 de noviembre de 2007

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La Sentencia de la Audiencia Provincia de Granada, Sección Quinta de 12 de mayo de 2017 establece una pensión alimenticia a favor de dos menores, conforme a la ley sueca, por ser de ésta de aplicación en los términos del Protocolo de la Haya de 23 de noviembre de 2007. Según la Audiencia “con respecto a la interpretación de las normas del Protocolo de la Haya sobre Ley Aplicable a las Obligaciones Alimenticias (…) no existe conflicto normativo alguno entre el art. 4.3º, en los términos reproducidos, y su art. 3, según el cual, “las obligaciones alimenticias se regirán por la ley del Estado de la residencia habitual del acreedor, salvo que este Protocolo disponga otra cosa” . Efectivamente, la diferencia entre ambos preceptos radica en la identidad de la persona que ejercita la acción ante el tribunal competente, en este caso el español; pues, si bien es cierto que será de aplicación la ley del foro cuando quien ejercita la acción ante dicho tribunal es el acreedor de la prestación, compareciendo por sí, en su propio nombre y derecho, bien que mediante la preceptiva representación procesal, y en beneficio de los menores carentes de capacidad de obrar, no ocurre ello cuando quien comparece es la Autoridad Intermediaria, por efectos de la solicitud deducida por la persona legitimada ante las autoridades de su país de residencia, distinto al del foro; en cuyo caso, como aquí ocurre, habrá de estarse a la ley de la residencia habitual del acreedor, esto es, Suecia”.

Desestimación de una impugnación de honorarios por la tramitación de la ejecución en Francia de dos sentencias dictadas por el Juzgado de Primera Instancia Barcelona de condena de alimentos

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimotercera, de 26 de enero de 2017, confirma de sentencia de instancia que denegó una reclamación de   de 8.157’70 € (diferencia entre los honorarios efectivamente cobrados, 9.657’70 € y los honorarios presupuestados, 1500 €) contra una firma de abogados que representó a la reclamante en un procedimiento de execuátur en Francia relativo al pago de pensiones de alimentos, actualizaciones y gastos extraordinarios de su hijo, cuya suma ascendía a 10.544 €. La Audiencia aprovecha para afirmar que “es distinto execuátur (el procedimiento de execuátur tiene por objeto reconocer la validez de una sentencia dictada por un Tribunal extranjero y por tanto permitir su ejecución en un Estado distinto del que se dictó la misma; propiamente execuátur, es un conjunto de normas conforme a las cuales el ordenamiento jurídico de un Estado comprueba que una sentencia judicial emanada de un Tribunal de otro Estado reúne los requisitos que permiten su reconocimiento y homologación) de la ejecución , fase posterior (de hecho así se hace en el ‘presupuesto’ base de la demanda), aparte de que, en dicho presupuesto se hace referencia a un “nuevo” (sic) execuátur (dando a entender que existía otro anterior), y de que se tramitó un recurso de apelación contra la resolución del execuátur, y la ejecución de otras resoluciones (previamente reconocidas)”.

No cabe la reducción de alimentos acordados por sentencia firme dictada por un tribunal español sobre la base de una posterior sentencia marroquí cuyo exequatur no ha sido siquiera intentado

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La Sentencia Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoctava, de 16 de enero de 2017, considera que no cabe la modificación de medidas de una sentencia firme dictada por un tribunal español sobre la base, exclusivamente, del dictado posterior de una sentencia marroquí cuyo execuátur no ha sido siquiera pretendido directamente. Según la Audiencia, la sentencia marroquí es posterior y en virtud de lo dispuesto por el tribunal de marruecos, la sentencia española está siendo ejecutada en aquel país de conformidad con lo establecido en los artículos 25 a 28 del Convenio de Cooperación Judicial en materia civil, mercantil y administrativa entre el Reino de Marruecos y el Reino de España de 30 de mayo de 1997.