Competencia judicial y ley aplicable respecto de la responsabilidad parental sobre los hijos de un matrimonio polaco con residencia habitual en España

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimosegunda, de 18 de mayo de 2017 declara que “pese a la nacionalidad polaca de ambas partes, son competentes los tribunales españoles por encontrarse en nuestro territorio la residencia habitual de las partes y de sus hijos menores, conforme al art. 8 del Reglamento de la Unión Europea nº 2201/2003 , máxime cuando es un tema que no discuten ninguna de las partes y los dos se han sometido a nuestra jurisdicción y han pedido la aplicación de nuestra normativa. En el aspecto personal de la  comunes es aplicable la ley española conforme al art. 15 del Convenio de la Haya de 19 de octubre de 1996 , en vigor en nuestro país desde el 1 de enero de 2011. Y en materia de pensión alimenticia es aplicable el Reglamento europeo 4/2009 que en su art. 3 determina la competencia del juzgado a quo y en su art. 15 remite como ley aplicable a la determinada en el Protocolo de la Haya de 23 de noviembre de 2007, el cual en sus arts. 3 al 8 considera ley aplicable la designada por las partes y, en su defecto, la ley del Estado de residencia habitual del acreedor, por tanto en este caso también la española”.

Prórroga de competencia de los tribunales españoles, donde se conoce de la demanda de divorcio, para decidir de las medidas relativas a la responsabilidad parental incluidos los alimentos sobre los cuatro hijos comunes

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El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimosegunda, de 18 de mayo de 2017 declara la competencia de los tribunales españoles para conocer de las cuestiones relativas a la responsabilidad parental y alimentos considerando que “el Reglamento 2201/20013 recoge la posibilidad de prórroga de competencia del Tribunal donde se conoce de la demanda de divorcio debiendo concurrir los requisitos que en dicho precepto se examinan y que no han sido considerados por el Tribunal Francés, siendo competente el Tribunal español para las cuestiones relacionadas con la responsabilidad parental en función del artículo 8 al establecerse el criterio de la residencia de los menores como determinante en atención a la cercanía del Tribunal y la mejor posición para la resolución de los conflictos que en relación a la misma se pudieran plantear. Es incontrovertido que la familia fijó su domicilio en la ciudad de Barcelona en el año 2013 manteniéndose así hasta el momento de la ruptura y continuando la recurrente con los menores en dicha ciudad pese al cambio de residencia del demandado. Persiste por tanto la competencia del Juzgado de violencia sobre la mujer nº 2 de Barcelona quien al mismo tiempo, pese a los argumentos del auto recurrido, ostenta competencia para conocer de las obligaciones alimenticias de los progenitores frente a sus cuatro hijos en aplicación del artículo 3,d) del reglamento 4/2009. En definitiva por tanto, sin tener que acudir a normas de carácter excepcional como la prevista en el artículo 15 del Reg. 2201/20013 ni a las reglas relativas a la sumisión tácita que hubieran podido desplegarse en caso de haberse admitido a trámite la demanda, procede la estimación parcial del recurso declarándose la competencia del Tribunal español para conocer de las medidas relativas a la responsabilidad parental incluidos los alimentos sobre los cuatro hijos comunes”.

La resolución judicial dictada en un Estado miembro sobre derecho de visita será reconocido y tendrá fuerza ejecutiva en otro Estado miembro sin que se requiera ninguna declaración que le reconozca fuerza ejecutiva

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Lleida, Sección Segunda, de 14 de junio de 2017, tuvo en cuenta que el padre se personó en el procedimiento sin cuestionar en modo alguno la competencia de los Tribunales españoles, matizando en el acto de la vista que no se opone a la guarda y custodia interesada por la madre (acordada ya en el auto de medidas provisionales de 30 de julio de 2015) pero sí al importe de la pensión de alimentos, solicitando la ejecutividad de la resolución del juzgado de Saint Denis en lo que se refiere al derecho de visitas. Considera, no obstante que, “según disponen los arts. 21 y siguientes del Reglamento 2201/2003 las resoluciones dictadas por un tribunal de un país miembro de la UE serán reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad de recurrir a procedimiento alguno, pero ello no obsta (art. 21.3º) para que cualquiera de las partes interesadas pueda, de conformidad con los procedimientos previstos en los arts. 28 a 36 (sobre solicitud de declaración de ejecutoriedad), solicitar que se resuelva sobre el reconocimiento o no reconocimiento de una resolución. Ahora bien, en el caso del derecho de visita concedido en virtud de una resolución judicial ejecutiva dictada en un Estado miembro, el art. 41 del Reglamento establece que será reconocido y tendrá fuerza ejecutiva en otro Estado miembro sin que se requiera ninguna declaración que le reconozca fuerza ejecutiva, y sin que quepa impugnar su reconocimiento si la resolución ha sido certificada en el Estado miembro de origen de conformidad con lo establecido en el propio precepto”.

En el Espacio Judicial Europeo el concepto amplio y autónomo de la obligación de alimentos incluye las pensiones compensatorias debidas tras una crisis matrimonial

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección Cuarta, de 19 de octubre de 2017, confirma el razonamiento de la sentencia de instancia afirmando que respecto a la pensión compensatoria: “la determinación de la ley aplicable a esta petición viene determinada por el Reglamento de la Unión Europea nº 4/2009, del Consejo, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos. Este Reglamento remite en su artículo 15 a lo establecido en el Protocolo de la Haya de 23 de noviembre de 2007. Por Decisión del Consejo de la Unión Europea de fecha 30 de noviembre de 2009, relativa a la adhesión de la Comunidad Europea al citado Protocolo, se declara la aplicación provisional en la Comunidad de las normas establecidas en el Protocolo a partir del día 18 de junio de 2011. En lo que ahora importa, el propio Protocolo de La Haya establece una norma general en su art. 3, pues las obligaciones alimenticias se regirán por la ley del Estado de la residencia habitual del acreedor, salvo que el propio Protocolo disponga otra cosa. En el caso analizado la acreedora de alimentos es la demandada, y su residencia habitual es Mallorca, por lo que las peticiones deben ser resueltas conforme al Derecho español. Una cuestión extremadamente importante a efectos de resolver sobre la petición de la esposa es la delimitación del concepto de alimentos a tenor de dicha normativa. Efectivamente, la indefinición del concepto de “obligación de alimentos” en el Reglamento número 4/2009 obliga a que éste siga recibiendo una interpretación conforme a los criterios sentados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en relación con el Convenio de Bruselas de 1968, trasladables asimismo al Reglamento nº 44/2001, que precede al actualmente vigente. Dicha jurisprudencia sostiene un concepto amplio y autónomo de la obligación de alimentos en cuanto prestación cuyo objetivo es garantizar la necesidad socio-económica de la persona a partir de una relación de familia, con independencia de que se trate de pagos periódicos o únicos. En este concepto se incluyen igualmente las pensiones compensatorias debidas tras una crisis matrimonial, aunque en ciertos ordenamientos como el español no sean consideradas como alimentos. Así lo establece la sentencia del TJUE de 27 de febrero de 1997, asunto C-220/1995, Van de Bogaard contra Laumen , y anteriormente la sentencia de 6 de marzo de 1980, asunto 120/1979, De Cavel contra De Cavel. En la primera de ambas se establece, a modo de conclusión, que “la resolución, dictada en un contexto de divorcio, por la que se ordena el pago de una cantidad global, así como la transmisión de la propiedad de determinados bienes de uno de los esposos a favor de su ex cónyuge, hace referencia a obligaciones alimentarias” (parágrafo 27 de la sentencia)”.

La institución de la prescripción se rige por el principio de territorialidad del lugar por la que se generó la obligación y la relación jurídica de la que dimana

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El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimosegunda, de 27 de julio de 2017 confirma el Auto del Juzgado que desestimó una  demanda de oposición a la ejecución dineraria despachada mediante Auto de por demanda ejecutiva promovida por la señora Debora vecina de Mouscron (Bélgica) mediante la cual la referida reclamó de su ex marido la deuda dineraria vencida, líquida y exigible dimanante de los acuerdos y pactos concertados según el Derecho belga con motivo del divorcio de los mismos. Para la Audiencia en el caso de autos, el título ejecutivo es inatacable, de conformidad con el  Reglamento (CE) nº 44/2001, y las obligaciones asumidas por el deudor no han sido discutidas por ninguna de las partes ni en su eficacia ni en su cuantía. Los términos del debate se circunscriben a la oposición del obligado al pago al considerar que una parte de la deuda no es exigible al haber operado respecto a la misma la prescripción y, en cualquier caso, la caducidad de la acción ejecutiva. Considera no obstante la Audiencia que, por lo que se refiere al Derecho civil aplicable, es decir, a la institución de la prescripción, rige el principio de territorialidad del lugar por la que se generó la obligación y la relación jurídica de la que dimana. En este caso es indudable que es el Código Civil de Bélgica. “En este punto el auto recurrido no acierta al sentar como criterio el de la aplicación del Derecho español, en primer lugar, por cuanto el artículo 281 de la LEC lo que establece es que podrá ser objeto de prueba (que corresponde a las partes) el derecho extranjero, pero siempre sin perjuicio de que el tribunal pueda valerse de cuantos medios de averiguación estime necesarios. La aplicación del Derecho nacional es un remedio excepcional a tenor del criterio jurisprudencial consolidado (…), recogido ahora en el artículo 33.3 de la LCJI en materia civil para cuando no haya sido posible identificar la norma extranjera aplicable. No es éste el caso por cuanto ambas partes han alegado la misma norma del Derecho belga aplicable y en el mismo sentido, y no existe discrepancia sobre este punto. Por otra parte el corpus legislativo civil del referido Estado está accesible plenamente en la web ” e-justice ” de la UE, en el prontuario de cooperación internacional del CGPJ, en la biblioteca especializada del CENDOJ y en las de numerosas universidades públicas españolas”.

Una pensión de alimentos solicitada al amparo del Convenio de Nueva York de 1956 debe de estar en relación a la capacidad del demandado y las necesidades del menor

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba, Sección Primera, de 5 de septiembre de 2017 resuelve en pensión alimenticia ex novo a favor de una menor que reside en Colombia al amparo del Convenio de Nueva York de 1956. Según la Audiencia “no cabe duda, de que el Tribunal español es competente para la fijación de la cuantía de los alimentos, ni de que la obligación alimenticia en su conjunto ha de atemperarse a la legislación colombiana; pero de lo que tampoco cabe duda una vez revisadas las indiscutidas acotaciones que al efecto se ofrecen en el escrito de demanda, es de que la vaga referencia a un mero desnivel socio-económico no puede constituir elemento alguno para la sustentación del error de valoración probatoria que se alega en el recurso (…) La referida acotación legislativa se desprende que la cuantía de la pensión debe de estar en relación a la capacidad del demandado y las necesidades del menor ( arts. 411 , 413 , 414 y 420 Cc colombiano), lo cual nos conduce a un principio semejante al imperante en el Derecho español y a las consecuencias extraíbles del mismo en favor de la fijación del denominado “mínimo vital” cuando de un hijo menor de edad se trata; consecuencias que son de aplicación en defecto de la acreditación de las concretas capacidades de las partes y de las necesidades del menor”

Necesidad de ser declara ejecutiva por un Tribunal español un “acta de divorcio revocable” pronunciada en Marruecos

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimosegunda, de 11 de mayo de 2017 confirma la sentencia de instancia que desestimó una demanda  de modificación solicitando la extinción de la pensión fijada a la esposa al haberse procedido a la disolución del matrimonio por acta de divorcio revocable de fecha 27 de noviembre de 2006 del Tribunal de Primera Instancia de (…) de Marruecos, así como de la fijada a favor del hijo al haber adquirido la mayoría de edad y tener independencia económica. De acuerdo con la Audiencia “no cabe sino la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia de instancia ya que, al margen de que sólo se presenta una mera fotocopia y no el original o una copia auténtica debidamente legalizados o apostillados, de una resolución extranjera en lengua árabe a la que se acompaña una traducción que dice que es un “acta de divorcio revocable”, lo cierto es que sea cual sea la naturaleza de dicha resolución está dictada por un tribunal marroquí y por tanto precisa ser declarada ejecutiva por un tribunal español conforme al art. 25 del Convenio de Cooperación Judicial en materia civil, mercantil y administrativa entre el Reino de España y el Reino de Marruecos de fecha 30 de mayo de 1997, publicado en el BOE de 25 de junio de 1997, entrado en vigor el 1 de julio de 1999 (BOE 25 de junio de 1999), declaración de reconocimiento o execuátur regulado al tiempo de la demanda en los arts. 951 a 958 de la LEC y actualmente en los arts. 41 ss de la Ley 29/2015 de 30 de julio sobre Cooperación Internacional en materia civil, con objeto de comprobar que reúne
los requisitos del art. 23 del referido convenio para ser reconocida y ejecutada en España”.