Homologación ante el TSJ de una cláusula arbitral defectuosa, por acuerdo de las partes

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, de 19 de octubre de 2017, en un proceso de formalización judicial donde se suscitó que la cláusula arbitral no designaba con precisión la institución administradora consideró que, “planteada por la Presidencia la posibilidad de llegar a un acuerdo, ex art. 443.1º LEC, las partes, tras una breve suspensión de la vista, manifiestan que han llegado a un pacto transaccional, cuya homologación interesan por esta Sala, consistente en que ambas reconocen que el convenio arbitral supra referenciado debe ser entendido como un pacto de sumisión a arbitraje institucional de la Corte de Arbitraje de Madrid. (…)., ningún óbice hay en homologar -dotando de la debida seguridad jurídica- al acuerdo de las partes que suscriben el convenio identificando la Corte de Arbitraje a la que en su día se han sometido, aunque sin la debida precisión al denominarla”.

Para que pueda ponerse en marcha el arbitraje debe de surgir la concreta controversia para la que fue prevista y querida por los contratantes

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Burgos, Sala Civil y Penal, de 25 de octubre de 2017,   declara no haber lugar al nombramiento de árbitro. Considera la Sala que dicho nombramiento hubiera exigido, de acuerdo con la cláusula arbitral, que la actora hubiese practicado un cálculo de los intereses debidos a consecuencia del préstamo perfeccionado, que dichos intereses hubiesen sido pagados por la prestataria y que la prestamista hubiera hecho constar fehacientemente su disconformidad con el citado cálculo en el plazo de quince días desde la fecha del pago, circunstancias que no concurren en el supuesto enjuiciado. La Sala aprovecha para declarar que “siendo la esencia del arbitraje la nítida voluntad de las partes de someter todas o alguna de las controversias que hayan surgido o puedan surgir respecto de una determinada relación jurídica – art. 9. 1º LA-, es evidente que para que la institución pueda operar debe de surgir la concreta controversia para la que fue prevista y querida por los contratantes y estando referida la previsión para el concreto supuesto que se acaba de referir, no puede decirse que haya habido discusión acerca de ese particular”

El convenio arbitral impide a los tribunales conocer de las controversias sometidas a arbitraje, siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante declinatoria

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Quinta, de 20 de octubre de 2017 declara que “el pacto de arbitraje no exime necesariamente del acceso a la jurisdicción. Armoniza con ello, la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, cuyo art. 11 dispone que ” El convenio arbitral obliga a las partes a cumplir lo estipulado e impide a los tribunales conocer de las controversias sometidas a arbitraje, siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante declinatoria. El plazo para la proposición de la declinatoria será dentro de los diez primeros días del plazo para contestar a la demanda”. La ausencia de declinatoria en el caso presente recupera para los tribunales el conocimiento de la cuestión litigiosa.

La infracción relativa a la falta de jurisdicción, por sumisión a arbitraje, ha de ser planteada a través del recurso extraordinario por infracción procesal

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La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 24 de noviembre de 2017, desestima un recurso de casación contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que había confirmado una declinatoria arbitral referida a una solicitud de nulidad de un contrato de swap  al estar sometida la cuestión litigiosa a arbitraje, por la existencia de una cláusula compromisoria de sumisión a arbitraje de Derecho en el referido contrato. Para el Tribunal Supremo la infracción relativa a la falta de jurisdicción, por sumisión a arbitraje, ha de ser planteada a través del recurso extraordinario por infracción procesal. “Aunque la recurrente cite como infringidas normas sustantivas relativas a la interpretación contractual, lo que en realidad está planteando es una cuestión de índole procesal ajena al recurso de casación y propia del recurso extraordinario por infracción procesal, como es la competencia o no de la jurisdicción por existir un pacto de sumisión a arbitraje (…).  El hecho de que la Audiencia haya considerado que las partes habían sometido a arbitraje sus discrepancias
sobre el contrato de swap, incluida la relativa a su nulidad, le ha llevado a dictar una resolución eminentemente procesal, que no resuelve la cuestión objeto del proceso. Esto hace inviable el recurso de casación interpuesto”.

Una acción meramente declarativa de competencia desleal no neutraliza la cláusula de sumisión al arbitraje

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, de 20 de octubre de 2017, estima una declinatoria arbitral, sustentada en la existencia de una cláusula de sumisión a arbitraje contenida en el único contrato escrito firmado por ambas partes  titulada “contrato de agencia general de ventas”. En consecuencia declara la falta de jurisdicción del Juzgado de lo Mercantil, y ordena someterse la cuestión al arbitraje pactado. Considera la Audiencia que bajo la apariencia formal del ejercicio acumulado de tres acciones distintas, en realidad la demandante ejercita una acción principal de reclamación de indemnización de daños y perjuicios -daño emergente e indemnización por clientela- que trae causa de un único contrato, acción a la que acumula otra sin ningún contenido concreto, más allá de la mera declaración de la infracción de la Ley de Competencia Desleal, que también puede dilucidarse en el proceso arbitral. Concretamente la Audiencia estima que: “tampoco la acción meramente declarativa de competencia desleal neutraliza la cláusula de sumisión al arbitraje (…).  La competencia desleal no es una materia excluida del arbitraje y la estrecha relación de la acción ejercitada con la acción contractual -tiene por fundamento los mismos hechos- determina que también quede afectada por la cláusula arbitral. En cualquier caso, de entenderse que se trata de una acción autónoma a la que no le alcanza el pacto de sumisión a arbitraje, habría que concluir que la actora no se ha ajustado a las reglas de la buena fe, como exigen los artículos 11.2º de la LOPJ y 247 LEC, dado que habría interpuesto una acción declarativa sin ningún efecto con la única intención de eludir el arbitraje”.

La Editorial J.M. Boch Editor publica un libro de Ana Fernández Pérez sobre “El arbitraje entre la autonomía de la voluntad de las partes y el control judicial”

El arbitraje entre la autonomía de la voluntad de las partes y el control judicial Ana Fernández Pérez,  J.M. Bosch Editor, ISBN: 9788494763922 , 304 pp. Fecha de Edición: 20/10/2017. En la actualidad se observa con carácter general, pues existen excepciones muy sonadas en España, una práctica fluida en torno al control judicial sobre el procedimiento arbitral y sobre el laudo que se aprecia en la capacidad concedida al árbitro para juzgar la validez de su propia competencia o en la admisibilidad de mayores cotas de arbitrabilidad y en una apreciación ponderada de las causales de anulación. Los linderos entre el ejercicio de la autonomía de la voluntad y el necesario control judicial son variables, pero tienden a estrecharse dentro de un debate doctrinal inacabado y de una práctica jurisprudencial heterogénea que, sin embargo, evidencia un debilitamiento del control ejercido por el juez estatal sobre el procedimiento y sobre el laudo. De la delimitación adecuada de estos linderos depende la existencia misma de la institución arbitral.

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La Cour de Cassation francesa se ha pronunciado acerca de los conflictos entre la aplicación de cláusulas de arbitraje y cláusulas jurisdiccionales en el contexto de una controversia relativa a un grupo de sociedades

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La extensión de la cláusula compromisoria cuenta con una serie de limitaciones, por ejemplo, la identidad de las partes, el objeto del litigio, y la ejecución separada de los contratos. En Francia, la Sentencia de la Cour de cassation de 1 de marzo de 2017, nº 15.22675 se ha pronunciado sobre un asunto relativo a relaciones contractuales múltiples en relación con un grupo de sociedades que ha impugnado la amalgama existente entre las diversas sociedades del grupo. La presente decisión de la Cour de cassation merece una lectura detenida pues incorpora importantes consideraciones en torno al principio de competencia-competencia. De acuerdo con la Corte “selon le principe compétence-compétence, il appartient à l’arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage ; qu’ayant constaté que les contrats de 2011 et 2012 comportaient une clause d’arbitrage et justement énoncé que l’arbitrage n’était pas exclu du seul fait que les dispositions impératives de l’article L. 442-6,I,5°du code de commerce étaient applicables, la cour d’appel, qui a retenu que la clause compromissoire n’était pas manifestement inapplicable, a statué à bon droit en déclarant le tribunal de commerce de Paris incompétent “.