Alemania impulsa la modernización de su Derecho arbitral: el proyecto de reforma de enero de 2026 (27 enero 2026)

El 27 de enero de 2026 el Ministerio Federal de Justicia de Alemania dio a conocer un proyecto legislativo destinado a la modernización del régimen arbitral contenido en el Libro Décimo del Zivilprozessordnung (ZPO). La iniciativa se inserta en una línea de reforma previamente iniciada en 2024 y responde a una orientación clara: reforzar la competitividad de Alemania como sede arbitral, adecuar su marco normativo a los desarrollos internacionales y mejorar el funcionamiento del procedimiento arbitral en un entorno marcado por la digitalización y la creciente complejidad de los litigios.

Antecedentes

Contenido de la reforma

El punto de partida de la reforma radica en la constatación de que el sistema vigente, establecido en 1997 sobre la base de la Ley Modelo UNCITRAL de 1985, ha permanecido sustancialmente inalterado durante más de veinticinco años. Durante ese período, el arbitraje comercial internacional ha experimentado una profunda transformación, tanto desde la perspectiva normativa —revisión de la Ley Modelo en 2006, proliferación de instrumentos de soft law, reformas en ordenamientos comparados— como desde el punto de vista práctico, con la consolidación de procedimientos más complejos, la expansión del arbitraje multipartes y la incorporación progresiva de herramientas tecnológicas. La reforma alemana responde, por tanto, a la necesidad de adaptar su legislación a un contexto en evolución, en el que la calidad del marco jurídico constituye un factor determinante para la elección de la sede arbitral.

Desde esta perspectiva, el proyecto mantiene una orientación deliberadamente continuista. No se propone una reconfiguración estructural del sistema, sino la introducción de ajustes dirigidos a mejorar su eficiencia, accesibilidad y coherencia. Entre las innovaciones previstas destacan, en primer término, aquellas vinculadas a la digitalización del procedimiento. Se admite expresamente la posibilidad de emitir laudos en formato electrónico y de celebrar audiencias mediante videoconferencia, lo que supone la incorporación normativa de prácticas ya extendidas en la realidad arbitral. La evolución tecnológica ha transformado la manera en que se desarrollan las actuaciones arbitrales, facilitando la gestión de procedimientos transnacionales y reduciendo costes, aunque también plantea desafíos en materia de seguridad, confidencialidad y garantías procesales .

Junto a ello, el proyecto introduce la posibilidad de publicar laudos arbitrales de forma anonimizada, siempre que medie el consentimiento de las partes o la ausencia de oposición. La medida responde a una tendencia creciente hacia la transparencia en el arbitraje, particularmente en determinados sectores, sin sacrificar el principio de confidencialidad que tradicionalmente ha caracterizado este mecanismo. Asimismo, se prevé un mecanismo específico de revisión extraordinaria del procedimiento, que puede activarse incluso tras la expiración de los plazos ordinarios de anulación. Se trata de una innovación significativa, en la medida en que amplía las posibilidades de control en supuestos excepcionales, sin alterar el carácter limitado de la intervención judicial.

El texto proyectado también aborda cuestiones relevantes de la práctica arbitral contemporánea. Se clarifican las reglas relativas al nombramiento de árbitros en arbitrajes multipartes, ámbito en el que la experiencia ha evidenciado dificultades prácticas y riesgos de desigualdad entre las partes. Del mismo modo, se precisan las condiciones para la ejecución de medidas cautelares extranjeras, se regula con mayor detalle la revisión judicial de decisiones sobre competencia —tanto positivas como negativas— y se reconoce expresamente la admisibilidad de opiniones concurrentes o disidentes, práctica habitual en el arbitraje internacional pero no siempre contemplada en los ordenamientos estatales.

Una dimensión especialmente relevante de la reforma es la relativa a la internacionalización del sistema judicial de apoyo al arbitraje. El proyecto prevé la creación de tribunales comerciales especializados con competencia en materia arbitral y con posibilidad de utilizar el idioma inglés en determinados procedimientos. Esta medida responde a la necesidad de facilitar el acceso de operadores internacionales y de reforzar la posición de Alemania en la competencia entre sedes arbitrales, en un contexto en el que otros Estados han adoptado soluciones similares.

Modificaciones respecto del borrador de 2024

No obstante, la singularidad del proyecto de 2026 reside en que, pese a la amplitud de las innovaciones previstas, introduce únicamente dos modificaciones sustanciales respecto del borrador de 2024, concentradas en los artículos 1031 y 55 del ZPO. La primera de ellas afecta a la forma del convenio arbitral. El texto revisado abandona la propuesta inicial de libertad absoluta de forma —limitada en el borrador anterior al ámbito no consumidor— y establece que el acuerdo arbitral deberá celebrarse o, al menos, documentarse por escrito o mediante cualquier medio que permita su almacenamiento y reproducción. Esta modificación responde a las críticas formuladas durante el proceso de consulta, en las que se destacaban los riesgos de inseguridad jurídica y las dificultades probatorias derivadas de la ausencia de requisitos formales. Igualmente, se subrayó la posible incompatibilidad de una libertad absoluta de forma con las exigencias de la Convención de Nueva York de 1958, que condiciona el reconocimiento y ejecución de los laudos a la existencia de un acuerdo arbitral documentado. La solución finalmente adoptada introduce un equilibrio entre flexibilidad y seguridad, en línea con el principio de validez formal del convenio arbitral que favorece su eficacia en el tráfico internacional.

La segunda modificación relevante se refiere al artículo 55 ZPO, relativo a la capacidad procesal en supuestos con elementos extranjeros. El proyecto sustituye el criterio tradicional de la nacionalidad por el de la residencia habitual, alineando así el régimen procesal con las tendencias actuales del Derecho internacional privado. La reforma elimina la disonancia existente entre la capacidad sustantiva —ya vinculada a la residencia— y la capacidad procesal, que seguía determinada por la nacionalidad. Además, facilita la labor de los tribunales al permitir una aplicación más directa del principio de lex fori, evitando la necesidad de recurrir a sistemas jurídicos extranjeros cuya determinación y contenido pueden resultar complejos.

Considerado en su conjunto, el proyecto de reforma refleja una estrategia legislativa orientada a consolidar la posición de Alemania en el panorama arbitral internacional mediante ajustes selectivos y técnicamente precisos. La experiencia comparada muestra que la modernización de los marcos normativos ha constituido un elemento decisivo en la competencia entre Estados por atraer arbitraje internacional, favoreciendo la convergencia de los sistemas jurídicos y la adopción de estándares comunes. En este escenario, la reforma alemana se inscribe en una dinámica más amplia de adaptación progresiva, en la que la seguridad jurídica, la eficiencia procedimental y la apertura internacional se configuran como ejes fundamentales.

En definitiva, el proyecto de enero de 2026 no pretende redefinir el modelo alemán de arbitraje, sino reforzarlo mediante una actualización coherente con la evolución de la práctica y con las exigencias del comercio internacional. La opción por una reforma incremental, alejada de soluciones disruptivas, pone de manifiesto la voluntad del legislador de preservar la previsibilidad del sistema, elemento esencial para los operadores económicos, al tiempo que se incorporan las innovaciones necesarias para garantizar su vigencia en un entorno jurídico y tecnológico en constante transformación.