Una acción meramente declarativa de competencia desleal no neutraliza la cláusula de sumisión al arbitraje

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, de 20 de octubre de 2017, estima una declinatoria arbitral, sustentada en la existencia de una cláusula de sumisión a arbitraje contenida en el único contrato escrito firmado por ambas partes  titulada “contrato de agencia general de ventas”. En consecuencia declara la falta de jurisdicción del Juzgado de lo Mercantil, y ordena someterse la cuestión al arbitraje pactado. Considera la Audiencia que bajo la apariencia formal del ejercicio acumulado de tres acciones distintas, en realidad la demandante ejercita una acción principal de reclamación de indemnización de daños y perjuicios -daño emergente e indemnización por clientela- que trae causa de un único contrato, acción a la que acumula otra sin ningún contenido concreto, más allá de la mera declaración de la infracción de la Ley de Competencia Desleal, que también puede dilucidarse en el proceso arbitral. Concretamente la Audiencia estima que: “tampoco la acción meramente declarativa de competencia desleal neutraliza la cláusula de sumisión al arbitraje (…).  La competencia desleal no es una materia excluida del arbitraje y la estrecha relación de la acción ejercitada con la acción contractual -tiene por fundamento los mismos hechos- determina que también quede afectada por la cláusula arbitral. En cualquier caso, de entenderse que se trata de una acción autónoma a la que no le alcanza el pacto de sumisión a arbitraje, habría que concluir que la actora no se ha ajustado a las reglas de la buena fe, como exigen los artículos 11.2º de la LOPJ y 247 LEC, dado que habría interpuesto una acción declarativa sin ningún efecto con la única intención de eludir el arbitraje”.

Validez de la sumisión a arbitraje de un contrato de permuta financiera regulado por las condiciones generales del contrato marco de operaciones financieras (CMOF)

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El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Cuarta, de 16 de mayo de 2017, confirma una declinatoria arbitral inserto en un contrato de permuta financiera regulado por las condiciones generales del contrato marco de operaciones financieras (CMOF) suscrito por las partes litigantes. Tras realizar importantes consideraciones sobre los postulados de separabilidad del convenio arbitral y de competencia-competencia, la Audiencia considera que ” en el caso, no se ha acreditado la condición de consumidora de la entidad accionante, lo que desarrollaremos en adelante pero de lo que ya se desprenden dos consecuencias: la primera de que no puede aplicarse la prohibición de sumisión a arbitraje establecida en la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios en el sentido de proclamar la nulidad radical de cláusulas de arbitraje que someta controversias relativas a relaciones con consumidores a arbitrajes distintos de los de consumo y la segunda que la cuestión que se somete a arbitraje es materia disponible al mismo, esto es, entra dentro del ámbito del art. 2  LA”. Considera también la Audiencia que “el hecho de que el contrato marco se otorgara con posterioridad no invalida la cláusula de sumisión arbitral pues el CMOF y sus anexos, como hemos visto, responden a modelos preestablecidos a los cuáles se adhiere el cliente/inversor, no resultando controvertido que, en el caso, se esté frente a una contratación por adhesión y a una contratación-tipo, sin que ello, en realidad, incida con los efectos pretendidos por la parte apelante en la presente controversia. Tanto el CMOF como sus anexos aparecen cada uno de ellos firmados expresamente por el representante de la parte actora”. La presente decisión debe relacionarse con la polémica Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 27 de junio de 2017.

No puede utilizarse el cauce del incidente de oposición a la ejecución de un laudo para formular causas de anulación

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El Auto de la Audiencia Provincial de las Palmas de Gran Canaria, Sección Quinta, de 16 de marzo de 2017, a desestima un recurso de apelación contra la decisión del Juzgado de Primera Instancia que declaró procedente la ejecución de un laudo arbitral. Considera la Audiencia que “la forma de atacar a un laudo arbitral es a través el procedimiento de anulación del laudo previsto en el Título VII [De la anulación y de la revisión del laudo] de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, arts. 40 ss, recogiendo el art. 41 de dicha Ley las causas o motivos de anulación, por lo que esta Sala considera que no puede utilizarse el cauce del incidente de oposición a la ejecución del laudo para formular causas de anulación, no sólo porque se trataría de un cauce inadecuado que atentaría contra el principio de legalidad procesal, por existir uno legalmente establecido, sino porque se alteraría incluso la competencia objetiva que viene atribuida por dicha Ley (art. 8.5º) a los Tribunales Superiores de Justicia. Ello no empece a que, efectivamente, cuando se aprecie una causa que atente contra el “orden público” deba actuarse en consecuencia y denegar la ejecución. Así sucede, v.gr., en los supuestos en que pudiera apreciarse la existencia de cláusulas abusivas ignoradas en el laudo o cualesquiera otras contravenciones en el mismo que contravinieran los más elementales principios de justicia. Tal posibilidad vendría incluso amparada por lo dispuesto en el art.11.2º LOPJ . Obviamente, tampoco procederá el despacho en caso de que se hubiera resuelto y se pretendiera la ejecución de cuestiones no susceptibles de arbitraje sobre las que no existe libre disposición (lo cual es una manifestación más del orden público) o cuando se pretenda la ejecución de cuestiones no decididas en el laudo”.

El juez de la ejecución del laudo no puede entrar a valorar la competencia del árbitro ni la arbitrabilidad de la materia

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El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimosexta, de 24 de febrero de 2017, confirma la decisión de instancia sobre la ejecución de un laudo arbitral que había sido objeto de demanda de anulación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la cual dictó sentencia en 4 de febrero de 2016, en la que consideró que la materia debatida podía ser sometida a arbitraje, Para la Audiencia Provincial el art. 22.3º, establece que la decisión del árbitro respecto a su propia competencia solo puede combatirse mediante la demanda de anulación del laudo, aquí ejercitada con el resultado que se ha expuesto. “La competencia para examinar la competencia propia es del árbitro. No hay base legal para pensar que el juez de la ejecución pueda entrar en un juicio que no le corresponde y que, claramente, no se ajustaría a la causa de oposición invocada. Se repite que el laudo tenía todos los requisitos precisos para llevar aparejada ejecución”. asimismo, la Audiencia señala que “El art. 45 de la Ley de Arbitraje solo prevé la suspensión de la ejecución en relación con la demanda de anulación. No contempla un supuesto en que se plantea esta especie de conflicto de jurisdicción que se suscita en este caso. En particular la suspensión de la ejecución no está contemplada para supuestos de considerar los órganos de la jurisdicción social que la materia que ha sido objeto del arbitraje es de su competencia. Es una medida para la que no hay base legal y, menos, sin que quien la pide ofrezca la caución a que se refiere el citado art. 45 .”