Ámbito de la arbitrabilidad del Derecho sucesorio (STSJ Extremadura CP 1ª 1 febrero 2021)

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera de 1 de febrero de 2021 (ponente: Manuela Eslava Rodríguez). estima una demanda de anulación contra un laudo arbitral. De acuerdo con la referida sentencia:

‘(…) La reciente sentencia del Tribunal Constitucional 46/2020, de 15 de junio de 2020, dictada en el Recurso de amparo 3130/2017  reitera esa acotación del alcance de la revisión que a esta Sala de lo Civil compete; así para el Tribunal ‘es claro que la acción de anulación debe ser entendida como un proceso de control externo sobre la validez del laudo que no permite una revisión del fondo de la decisión de los árbitros, ‘al estar tasadas las causas de revisión previstas en el citado art. 45, y limitarse estas a las garantías formales sin poderse pronunciar el órgano judicial sobre el fondo del asunto, nos hallamos frente a un juicio externo’ (SSTC 174/1995, de 23 de noviembre, FJ 3, y 75/1996, de 30 de abril, FJ 2)’ de forma que ‘…ninguna de las causas de anulación previstas en el art. 41.1 de la Ley de arbitraje puede ser interpretada en un sentido que subvierta esta limitación, pues ‘la finalidad última del arbitraje, que no es otra que la de alcanzar la pronta solución extrajudicial de un conflicto, se vería inevitablemente desnaturalizada ante la eventualidad de que la decisión arbitral pudiera ser objeto de revisión en cuanto al fondo’ (ATC 231/1994, de 18 de julio, FJ 3). A ello hay que añadir -a diferencia de lo afirmado por el órgano judicial-que es doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que las ‘exigencias relativas a la eficacia del procedimiento arbitral justifican que el control de los laudos arbitrales tenga carácter limitado y que solo pueda obtenerse la anulación de un laudo en casos excepcionales’ (STJCE de 26 de octubre de 2008, asunto Mostaza Claro, C-168/05 )’. Lo que supone, que, con el objeto de respetar los fines propios del arbitraje -al que las partes voluntariamente se someten- las causales de anulación del laudo -en este caso, el concepto de orden público- deben ser interpretadas de manera que verifiquen el cumplimiento de las garantías formales esenciales, pero sin que ello implique una revisión del fondo del asunto; como reiteradas veces se ha dicho, se trata de un juicio externo del laudo. En este sentido, el Tribunal Constitucional reitera ‘…que por orden público material se entiende el conjunto de principios jurídicos públicos, privados, políticos, morales y económicos, que son absolutamente obligatorios para la conservación de la sociedad en un pueblo y en una época determinada (SSTC 15/1987, de 11 febrero ; 116/1988, de 20 junio, y 54/1989, de 23 febrero ), y, desde el punto de vista procesal, el orden público se configura como el conjunto de formalidades y principios necesarios de nuestro ordenamiento jurídico procesal, y solo el arbitraje que contradiga alguno o algunos de tales principios podrá ser tachado de nulo por vulneración del orden público. Puede decirse que el orden público comprende los derechos fundamentales y las libertades garantizados por la Constitución, así como otros principios esenciales indisponibles para el legislador por exigencia constitucional o de la aplicación de principios admitidos internacionalmente’ sin que la indeterminación de este concepto ‘se convierta en un mero pretexto para que el órgano judicial reexamine las cuestiones debatidas en el procedimiento arbitral desnaturalizando la institución arbitral y vulnerando al final la autonomía de la voluntad de las partes. El órgano judicial no puede, con la excusa de una pretendida vulneración del orden público, revisar el fondo de un asunto sometido a arbitraje…’. Es decir, con la nulidad se intenta revocar el pronunciamiento arbitral por carecer de los requisitos que la legislación impone. En la anulación no podrán corregir las eventuales deficiencias que pueda entrañar la decisión de los árbitros, ni interferir en el proceso de su elaboración; no siendo admisibles las consideraciones de las partes en torno a la ausencia de justicia del laudo o a las deficiencias de lo razonado para alcanzar el fallo. La acción de anulación tiene por objeto revisar únicamente la validez del laudo. El Tribunal se encuentra limitado a revisar la forma, pero no el fondo de la materia sometida a arbitraje. La limitación de las causas de anulación del laudo arbitral a las estrictamente previstas en el art. 41 de la Ley de Arbitraje restringe considerablemente la intervención judicial en este ámbito. Esas causas se clasifican en dos grupos: de un lado, los que se vinculan directamente al contenido del convenio de arbitral -inexistencia o invalidez del convenio e inarbitrabilidad de la materia litigiosa resuelta por los árbitros-; y de otro lado, los que suponen una infracción de las reglas esenciales del procedimiento arbitral indebida notificación de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, resolución por los árbitros de cuestiones no sometidas a su decisión, designación de los árbitros o desarrollo del procedimiento arbitral sin ajustarse al acuerdo de las partes o, en su defecto, a la Ley. Es preciso recordar esa clasificación, dado que la demandada opone el principio del venire contra factum propio, porque ha de delimitarse en el caso cuál es el alcance de la suscripción del compromiso por el demandante y la no alegación de las causales ante el árbitro (…). Por otra parte, el art. 6 LA relativo a la ‘renuncia tácita a las facultades de impugnación’ conforme al que ‘Si una parte, conociendo la infracción de alguna norma dispositiva de esta ley o de algún requisito del convenio arbitral, no la denunciare dentro del plazo previsto para ello o, en su defecto, tan pronto como le sea posible, se considerará que renuncia a las facultades de impugnación previstas en esta ley’, es otra concreción del carácter eminentemente dispositivo del arbitraje, expresamente reconocido en la Exposición de motivos de la Ley reguladora, conforme a la que ‘en la mayoría de sus reglas de que debe primar la autonomía de la voluntad de las partes’ y que es reconocido en la sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de junio de 2020 . El art. 6 LA establece, a pesar de la generalidad de su redacción, un mecanismo de preclusión del tiempo de pedir la anulación y la revisión del laudo. No cabrá invocar como motivo de anulación una infracción cometida en el curso del procedimiento si la parte que se consideró agraviada no dio la oportunidad a los árbitros de subsanarla, si bien no puede considerarse admisible el pacto de exclusión frente a las causas previstas en el art. 41 de la Ley de Arbitraje que resultan apreciables de oficio o que se pueden plantear por el Ministerio Fiscal; sin embargo, sí pueden ser renunciables el resto de motivos previstos por la Ley de Arbitraje. Es decir, aquellos motivos que sólo se pueden invocar por las partes. El art. 41.2º LA detalla una serie de motivos podrán ser apreciados por el tribunal que conozca de la acción de anulación de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal en relación con los intereses cuya defensa le está legalmente atribuida, de otros que corresponde a las partes alegar de manera exclusiva. Los motivos que podrán apreciarse de oficio son los relativos a la indefensión (art. 41.1º b), arbitralidad (art. 41.1º.b) y orden público (art. 41.1º.f)’.

‘(…) Pues bien, acotado en esos estrictos términos el ámbito del control judicial, abordaremos en primer la invocación por la demandante de la falta de validez del convenio arbitral del art. 41.1º.a) de la Ley de Arbitraje, arguyendo que tiene por objeto una materia de que no es libre disposición por las partes intervinientes, conculcando el art. 2.1º de dicha Ley, y porque el patrimonio, por su titularidad y por la relación de parentesco, se identifica con la futura herencia de sus padres, D. Julio y D. ª Beatriz. La Sala entiende que debió invocarse la causa e) de art. 41 ‘que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje’. El art. 2.1º de la citada Ley dispone: ‘Son susceptibles de arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho’. En dicho precepto se hace la regulación de las materias objeto de arbitraje sobre la base del criterio de la libre disposición, como hacía la anterior Ley 36/1988. Sin embargo, se ha reputado por el legislador innecesario que la actual contenga ningún elenco, ni siquiera ejemplificativo, de materias que no son de libre disposición. Ha bastado con establecer que la arbitrabilidad de una controversia coincide con la disponibilidad de su objeto para las partes. En principio, son cuestiones arbitrales las cuestiones disponibles. El art. 41 LA detalla los motivos en los que se puede basar el actor para ejercitar la acción de nulidad, cuyo apartado 1 e) viene a reproducir lo expuesto en el art. 2.1 antes señalado. En la redacción de la nueva Ley se sigue partiendo de la base, al igual que en la anterior, de que los motivos de anulación del laudo han de ser tasados y no han de permitir, como regla general, una revisión a fondo de la decisión de los árbitros. El elenco de los motivos y su apreciabilidad se basan en la anterior norma. Como primer razonamiento, se ha de decir que un laudo es nulo si los árbitros deciden sobre materias o cuestiones que no puedan ser objeto de arbitraje. Se ha de hacer, pues, un examen de aquello que, si fuera sometido a arbitraje, provocaría la nulidad del laudo. La arbitrabilidad de una controversia estriba en si se refiere o no a una materia que, según el ordenamiento jurídico, sea de libre disposición por las partes. En esta causa se sanciona la extralimitación del laudo por exceso de jurisdicción y al ser susceptible de afectar al orden público, se trata de un motivo apreciable de oficio por el Tribunal o a instancia del Ministerio Fiscal. Tiene la disponibilidad el titular del derecho subjetivo, o el futuro titular, a no ser que esté excluida ex lege o ex voluntate. En Derecho de Sucesiones, como recoge la SAP Civil, sección 5, del 8 de abril de 2008 es admisible el arbitraje testamentario en aquellas cuestiones relativas a la distribución o administración de la herencia entre herederos no forzosos o legatarios. Las legítimas no pueden someterse a arbitraje (STS. 28 de octubre de 1933). Tampoco es susceptible de arbitraje la declaración de herederos ab intestato (STS. 2 de octubre de 1946) ni las herencias futuras (STS. 14 de marzo de 1974). En realidad, en Derecho de sucesiones, como vine señalando la doctrina (O Callaghan Muñoz, Campos Villegas, Gomá Lanzón, entre otros), la disponibilidad, y, por ende, la arbitrabilidad, exige separar tres situaciones: 1.ª) No es posible el arbitraje antes de la apertura de la sucesión por cuanto no cabe disponer de la sucesión no abierta por prohibición del art. 1271, segundo párrafo, Cc, aunque sí pueden los herederos pactar el arbitraje previendo controversias futuras. Antes de la muerte del causante, está proscrito cualquier negocio jurídico, según lo previsto en el art. 1271, párrafo segundo, Cc, que dispone: ‘Sobre la herencia futura no se podrá, sin embargo, celebrar otros contratos que aquellos cuyo objeto sea practicar entre vivos la división de un caudal y otras disposiciones particionales, conforme a lo dispuesto en el art. 1.056’, si bien la excepción (‘la división de un caudal conforme al art. 1056’) no es un contrato que recae sobre herencia futura, sino que es la partición hecha por el testador. Lo mismo cabe decir de «otras disposiciones particionales» A propósito de esta excepción, recuerda la STS, Sala 1ª, 4 noviembre de 2008, recurso 511/2003, nº sentencia 1014/2008, el testador, aparte de las demás especies de la partición, puede hacerla de sus bienes, disponiendo de su patrimonio y concretando qué bienes recibirá cada uno de sus herederos. Así lo prevé el primer párrafo del art. 1056 Cc que es citado explícitamente por la testadora, en su testamento, en el presente caso; la norma expresa: Cuando el testador hiciere, por acto entre vivos o por última voluntad, la partición de sus bienes, se pasará por ella, en cuanto no perjudique a la legítima de los herederos forzoso; y la testadora dijo: ‘haciendo uso la testadora del derecho que le concede el art. 1056 Cc’. No es preciso que la partición comprenda absolutamente todos los bienes del causante. Cabe una partición adicional de los no comprendidos en ella, ya que al tiempo de hacer testamento, el testador no puede conocer cuáles serán exactamente sus bienes en el momento futuro, el de la apertura de la sucesión. Así, la testadora previó la atribución del resto de sus bienes a sus dos hijos por partes iguales y en pleno dominio. La partición hecha por el testador corresponde a la mentalidad del legislador que, para proveer necesidades familiares, ventajas prácticas y anhelos muy legítimos, admite la posibilidad de que se realice por sí mismo la distribución y partición de sus bienes entre sus coherederos, lo cual proviene del Derecho romano, se reconoce en el Derecho histórico de Castilla y se mantiene en el Derecho moderno; así lo expresaba la sentencia de 6 de marzo de 1945, que destaca que implica siempre un acto de última voluntad, que debe ser respetada, como voluntad soberana del testador, produciendo el efecto, como dicen las sentencias de 21 de julio de 1986 y 21 de diciembre de 1998, de conferir a cada heredero la propiedad de los bienes que le hayan sido adjudicados. Cuya partición hecha por el testador no extingue la comunidad hereditaria, sino que la evita, ya que no llega a formarse. En definitiva y tal como dice la sentencia de 4 de febrero de 1994, ‘la consecuencia de tal estado sucesorio es el mandato que contiene dicho precepto 1056 Cc, en cuanto obliga a los herederos a pasar por ella. La norma se presenta como imperativa, lo que refuerza el art. 1058 que señalaba prioridad de la partición testamentaria y que, consecuentemente, ha de ser respetada, salvo que suponga perjuicio a la legítima de los herederos forzosos (art. 1075 Cc). Antes de la muerte del causante, los posibles herederos y legatarios, sean o no legitimarios, en vida del causante no tienen derecho subjetivo alguno (distinto es el caso de que fueran fideicomisarios). Pueden ser nombrados herederos o legatarios por el causante o no, según su voluntad, y pueden percibir bienes en concepto de legítima o no, según existan bienes. Es decir, alguien que tiene la esperanza de suceder mortis causa a otra persona (que será normalmente el padre o la madre) no tiene más que una expectativa jurídica. Por tanto, antes de la apertura de la sucesión, el único acto de arbitraje que cabe es el que ordene el causante en el testamento o arbitraje testamentario (art. 10 LA). Solo los interesados, los que pueden tener controversia, pueden celebrar el contrato de compromiso, que la ley llama convenio arbitral. Y tan solo el arbitraje testamentario permite que una persona -el testador- ordene el arbitraje respecto de las controversias que tengan otras personas -los herederos o legatarios- por lo que este arbitraje se ha calificado de excepcional (como en la Ley de arbitraje de 1988) Algún autor ha admitido que los posibles interesados, que se crean con la expectativa jurídica de suceder mortis causa, particular o universalmente, con o sin derecho a la legítima, pueden celebrar contrato de compromiso (convenio arbitral) para someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir respecto a una determinada relación jurídica, que es la derivada de la sucesión mortis causa. El arbitraje sobre una posible controversia futura, lo contempla expresamente el art. 9.1º LA. Se pueden prever concretas controversias (sobre la partición o puntos determinados de la misma, como ejemplo más frecuente) o incluir todas las que puedan surgir. La legítima y los problemas que puedan darse, pueden ser objeto de este arbitraje, ya que cuando se constituye éste, ya se habrá producido la apertura 2.ª) En el momento de la delación se puede constituir arbitraje por los propios herederos o legatarios, incluso legitimarios, y se da, en esta situación, el arbitraje testamentario. 3.ª) Después de la adquisición de los bienes hereditarios, el arbitraje se puede constituir con plena libertad por los sucesores, universales o particulares, legitimarios o no, por razón de que aquellos bienes ya han entrado en el patrimonio de los mismos y, en consecuencia, están -como tales bienes patrimoniales- bajo su plena disponibilidad. Litigios -como juicios ordinarios o como procedimiento de división de la herencia (antigua testamentaría)- sobre la partición pueden ser sustituidos por arbitrajes, sea por los propios sucesores, sea por arbitraje testamentario. En nuestro caso, los ahora demandados (padres y hermanos del demandante) y este último, en concepto de ‘partes’, D. Nazario, en concepto de ‘mediador’ y D. Carlos José, en concepto de ‘arbitro’, suscriben en Poyares del Hoyos el 25 de septiembre de 2018, un documento en el que, en lo que aquí interesa, exponen: I. D. Julio y D. ª Beatriz han sido y/o son propietarios de un conjunto de negocios y sociedades profesionales, así como empresariales, en las que participan y/o trabajan sus cuatro hijos, Luis Andrés, Ángel Daniel y Inocencio ‘. II. La titularidad de alguno de los citados negocios y sociedades profesionales han sido transmitidos a alguno de los hijos, otorgándoles igualmente un derecho de adquisición sobre los inmuebles en los que están desarrollándose las citadas actividades profesionales…’. Entre las estipulaciones primera y segunda se nombra un mediador y un árbitro, respectivamente, y en la tercera se delimita cuál será el objeto de la mediación y del arbitraje en los siguientes términos: ‘ La mediación y el arbitraje de equidad encomendados alcanzará a toda la sucesión personal y patrimonial de D. Julio y Dña. Beatriz, siempre que éstos muestren su conformidad, de tal manera que el proceso quedará concluido, salvo indicación expresa de todos los intervinientes, con la adjudicación futura de todos los bienes propiedad de ambas personas, quienes, en todo caso, tendrán holgadamente garantizada su subsistencia el resto de sus vidas ‘. En la sexta se añade: ‘todos los acuerdos que alcanzados entre los hermanos y, en su caso, las decisiones adoptadas por el árbitro, serán, en caso de incumplimiento, directamente ejecutables ante la jurisdicción ordinaria’ A la vista de cuanto se señalaba anteriormente en orden a la disponibilidad de la sucesión y del contenido de dicha cláusula, en la que las partes inequívocamente pactan un arbitraje sobre la totalidad de la sucesión personal y patrimonial de D. Julio y Dña. Beatriz (‘a toda la sucesión personal y patrimonial de D. Julio y Dña. Beatriz ‘), ha de estimarse la demanda, sin necesidad de entrar en otros motivos, como el del exceso de laudo por los pronunciamientos que se contienen en el mismo acerca del reparto de las participaciones de los hijos en los negocios familiares, puesto que, como se indicaba, antes de la muerte del causante, está proscrito cualquier negocio jurídico, según lo previsto en el art. 1271, párrafo segundo, Cc que dispone: ‘Sobre la herencia futura no se podrá, sin embargo, celebrar otros contratos que aquellos cuyo objeto sea practicar entre vivos la división de un caudal y otras disposiciones particionales, conforme a lo dispuesto en el art. 1.056’, en el recto entendimiento de que la excepción (‘la división de un caudal conforme al art. 1056’) no es un contrato que recae sobre herencia futura, sino que es la partición hecha por el testador. Lo mismo cabe decir de «otras disposiciones particionales. Siendo materia indisponible, inarbitrable, causa que invoca el demandante, y en cualquier caso, la Sala debe apreciar de oficio, más allá de que la demandante suscribiera dicha cláusula, o no invocara la inarbitrabilidad ante el árbitro, procede la estimación de la demanda y sin necesidad de entrar en las demás consideraciones de la demanda, decretar la nulidad del laudo impugnado”.

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