Los tribunales españoles carecen de competencia para conocer sobre un litigio concerniente a relaciones paterno filiales del hijo común de ambos litigantes con residencia habitual en Perú

Resultado de imagen de niño peruano

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Vigesimosegunda, de 27 de junio de 2017,  estima un recurso de apelación considerando que “en la instancia, el hijo común de los litigantes reside en Perú, con los abuelos maternos, de forma ininterrumpida desde el año 2007. Partiendo de dicha situación convivencial, y al contrario de lo que, en su recurso, expone el Ministerio Fiscal, no resulta de aplicación al caso el art. 8 del Reglamento 2201/2003 del Consejo de Unión Europea, pues la cuestión suscitada afecta, no a dos de los Estados miembros, sino a los de uno solo de ellos y a los de un tercer Estado (Perú), que no se encuentra vinculado por dicha normativa. Ello reconduce necesariamente el problema competencial al art. 22 LOPJ, en la redacción vigente al momento de entablarse la demanda rectora de la litis que ahora nos ocupa (art. 411 LEC) y que, en lo concerniente a las relaciones jurídicas que afectan a menores, atribuye la competencia a los tribunales españoles en las dos siguientes hipótesis: a) Para la adopción de medidas de protección de la persona o de los bienes de los menores cuando éstos tuviesen su residencia habitual en España. b) En materia de relaciones paterno filiales, cuando el hijo tenga su residencia habitual en España al tiempo de la demanda, o el demandante sea español o resida habitualmente en España. En consecuencia, y en cuanto la aplicación de una u otra norma puede conducir a criterios distintos en la determinación de la posible competencia de los tribunales españoles, resulta indispensable la previa calificación de la acción que en cada caso se somete al examen de los tribunales; de conformidad con mayoritarios criterios de opinión doctrinal y judicial, cuando el debate suscitado concierne a la asignación de la custodia a uno de los progenitores del menor, en casos de ruptura de la unidad familiar, resultan de  aplicación las previsiones legales sobre protección de menores, lo que determina la prevalencia del foro de residencia habitual del citado descendiente. Tal criterio de conexión es el que recogen los Tratados y Convenios internacionales en materia de menores (Convenios de La Haya de 1961 y 1980, y Convenio de Luxemburgo de 1989), habida cuenta además que los Órganos jurisdiccionales del lugar de residencia del menor resultan los más adecuados para obtener los medios de prueba imprescindibles para conocer y valorar las circunstancias que afectan al citado sujeto infantil, en orden a su integración en uno u otro entorno, constitución de sus vínculos familiares, sociales y
educativos, permitiendo además valorar, desde el principio de inmediación, tanto dicho resultado probatorio, como, en su caso, los deseos, al respecto, del niño. Bajo tales condicionantes normativos, en su proyección sobre la situación fáctica concurrente en el caso, en la que el menor al que van a afectar las medidas postuladas mantiene su residencia habitual en Perú desde poco tiempo después de su nacimiento, hemos de concluir, acogiendo la pretensión principal del apelante y la adhesión del Ministerio Fiscal, que los tribunales españoles carecen de competencia para conocer de la contienda litigiosa suscitada por la demandante.
TERCERO .- Dado el sentido de esta resolución, a tenor

Reconocimiento en España de la resolución dictada por un Tribunal de Budapest respecto de la restitución de una menor a Hungría

Resultado de imagen de Budapest Fővárosi Bíróság

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección Cuarta, de 17 de julio de 2017, estimó un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia  del Juzgado de Violencia nº 2 de Palma en fecha 27 de febrero de 2017 en autos de procedimiento de reconocimiento y ejecución de resolución judicial en España de un auto dictado por el Tribunal de Budapest respecto de una menor. Determina la Audiencia que la resolución ejecutiva del Tribunal de Budapest (que designó como lugar de residencia de la menor en Hungría, el lugar de residencia en Hungría de la madre hasta que se dicte una sentencia firme en el Procedimiento y obligó a la demandante a volver a traer a la menor a Hungría en un plazo de 8 días, así como que justificase la escolarización de la menor en Hungría ante el Juzgado de Primera Instancia) “constituye una resolución dictada por el que cabe considerar Juez natural determinado por la Ley, respaldada en este caso por las normas de competencia judicial internacional vigentes en la Unión Europea en orden a resolver los aspectos relativos a la responsabilidad parental del menor y que, por lo tanto, deben ser respetadas por las partes y, en consecuencia, al no concurrir la causa de denegación invocada, deben dar lugar a la revocación de la sentencia de instancia y a la estimación de la demanda de reconocimiento y ejecución de dicha resolución”.

Restitución del menor al Reino Unido por apreciarse una retención ilícita el España por parte de de su padre

Resultado de imagen de english boy 4 years

La Sentencia de la Audiencia Provincial de La Palmas, Sección Tercera, de 21 de junio de 2017, desestima un el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria , por el que se ordenó, en aplicación del Convenio de La Haya  de 1980, del Reglamento (UE) nº Europea 2201/2003, de 27 de noviembre y de la normativa nacional sobre sustracción de menores, la restitución del menor Jose Daniel , a la guarda de su madre y residencia con la misma en Londres (Reino Unido), declarando que ha existido una retención ilícita del menor en la isla de Gran Canaria por parte de su padre, que tiene concedida la guarda compartida con la madre por orden del Tribunal londinense de 2 de marzo de 2015, y de su abuela paterna, con quien reside de hecho actualmente en Gran Canaria. Para la Audiencia “lo único que se constata es una retención ilícita del menor no amparada por resolución judicial, que ha contrariado el permiso de viaje que finalizaba en enero de 2016, y una situación de tolerancia de la madre hasta noviembre de 2016, en que ya presenta denuncias en España sobre la situación de su hijo, todo lo cual no cabe confundir con una aceptación formal del cambio de residencia de su hijo, a los efectos de aplicar el art. 13 del Convenio, lo que hubiera entrañado evidentemente una pérdida de su custodia, en lo que tampoco ha estado nunca conforme”.

Lo único que el Convenio de La Haya de 1980 es restablecer la situación del menor en los términos en los que se encontraba antes de producirse una acción ilícita que vulneraba un derecho de custodia

Resultado de imagen de restitucion de menores

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, Sección Tercera, de 29 de junio de 2017, desestimó el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 15 de Las Palmas de Gran Canaria que ordenó la inmediata restitución del un menor, al Estado de su residencia habitual con anterioridad a la sustracción, Argentina, dentro de los tres días siguientes a la firmeza de la presente resolución, con expresa advertencia a la madre de que si se opusiere, impidiera u obstaculizara su cumplimiento, se podrán adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de forma inmediata, pudiendo recabarse la asistencia de los servicios sociales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De acuerdo con la Audiencia “Las condiciones concretas y excepciones a la obligación de acordar la restitución se establecen también específicamente en el Convenio (de la Haya) (arts. 12 y 13) y las autoridades del Estado requerido, en este caso España, sólo pueden denegar la restitución si se demuestra la concurrencia de alguna de las causas tasadas, lo que aquí no se ha producido. Lo que se pretende a través del Convenio es restablecer la situación en los términos en los que se encontraba antes de producirse una acción ilícita que vulneraba un derecho de custodia, sin que ello implique decidir sobre el fondo de tal derecho (art. 19) ni sobre la mayor o menor conveniencia de que lo ostente uno u otro progenitor. Restablecida la situación inicial no hay ningún inconveniente en que se planteen las acciones que sean del caso para atribuir esa custodia a quien proceda o para modificar la atribución existente antes del traslado, si hubiere lugar, pero sobre ello deben decidir las autoridades del lugar de la residencia habitual del menor, que normalmente contarán con más y mejores elementos de juicio. No es objeto pues del procedimiento decidir acerca de la custodia del menor y/o sus reglas de ejercicio, como tampoco la de analizar las relaciones personales entre los progenitores, sino únicamente determinar si se da o no en el derecho del Estado requerido eficacia directa y automática a la resolución judicial de otro de los Estados firmantes , tras verificar si efectivamente se ha producido el traslado ilícito en el sentido del Convenio”.

Teniendo en cuenta que la Sentencia griega de divorcio contempla una situación provisional, lo razonable es estimar la oposición a la ejecución atendiendo al interés superior de los menores

Resultado de imagen de niño y niña

El Auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Segunda, de 13 de junio de 2017 considera que en el supuesto no se está “propiamente ante una falta de competencia de la jurisdicción española pues debe tenerse en cuenta, que la recurrente trasladada ya en Grecia, se sometió a los Tribunales españoles en la Sentencia de mutuo acuerdo, en todo caso la problemática radicaría más bien en la eficacia o no de la sentencia de divorcio en cuanto al régimen de visitas, teniendo en cuenta la nueva situación creada. Debe tenerse en cuenta que la Sentencia de divorcio contemplaba una situación provisional ya sobrepasada, previniendo incluso, un nuevo régimen de relación en función del lugar de residencia de los menores, que los menores se habían trasladado junto con su madre a Grecia y que dicho traslado ha sido declarado legal por resolución 6082/2015 de el Tribunal Unipersonal de Primera Instancia de Atenas de 9 de octubre de 2015, constituyéndose en Grecia (Cholargos de Atica) la nueva residencia habitual de los menores. Igualmente por resolución 6143/2016 del Tribunal de Primera Instancia de Atenas, en procedimiento de medidas cautelares se restringen las comunicaciones del padre con los hijos en un fin de semana al mes en Grecia y con una serie de supervisiones en horario y presencia de terceros, todo ello en interés de los menores. En consecuencia, teniendo en cuenta que la Sentencia de divorcio objeto de la ejecución contemplaba una situación provisional, así como la nueva situación creada lo razonable es estimar la oposición a la ejecución aún por otros razonamientos que los que se exponen en el recurso, debiéndose adecuar el régimen de visitas a la nueva situación creada en la actualidad atendiendo al interés o beneficio superior de los menores en el procedimiento que corresponda, sin que ello prejuzgue cualquier cuestión relativa a la competencia teniendo en cuenta las prevenciones que se contemplan en el Reglamento 2.201/2003 de la Unión Europea”.

Competencia internacional internacional de los tribunales españoles para conocer de la demanda de guarda y custodia de un menor

Resultado de imagen de Российский ребенок

El Auto de la Audiencia Provincial de Tarragona, Sección Primera, de 1 de enero de 2017 revoca una decisión del Juzgado de Primera Instancia que había declarado  la falta de competencia internacional de los Juzgados y Tribunales españoles para el conocimiento de una demanda de guarda y custodia del menor Victorio , nacido en 2014 en España de padre que ostenta la nacionalidad española y madre rusa, residiendo la pareja y el hijo en España hasta el 1 de septiembre de 2015, fecha en la que la madre se desplazó a Rusia con el hijo, presentando el padre la demanda. Considera la Audiencia que “procede declarar la competencia del Juzgado nº 5 de Tarragona para conocer de la demanda de guarda y custodia del menor dado que se trata de relaciones paternofiliales y el art. 22.3º LOPJ atribuye la competencia para conocer de esas cuestiones a los Tribunales españoles, como una de las alternativas, cuando el demandante sea español. Si bien ello nos plantearía la cuestión de si en ese proceso se podrá conocer de los alimentos del menor, dada la disposición del art. 22.3º al que venimos refiriéndonos, que la atribuye a los Tribunales españoles únicamente si reside en España el acreedor, se entiende que ello sucede cuando la demanda sea de alimentos para mayores de edad, pero no cuando se trate de fijar alimentos para un menor como consecuencia de la guarda de los mismos, procesos en los que la fijación de los alimentos es una obligación derivada de la potestad parental que no se ve alterada por la forma de ejercicio de la guarda (Art. 233-10 del CCCat). En el caso de autos debemos estar a las fechas de presentación de la demanda, momento en el que procede señalar que el menor tenía su residencia, al igual que los padres, en España, pues en ella venia residiendo de forma habitual hasta el 1 de septiembre de 2015, fecha en la que la madre se trasladó a Rusia con el menor, presentándose la demanda el 8/9/2015 antes de que madre e hijo pudieren consolidar su residencia en el país al que se trasladaron, por lo que los tribunales españoles conservaban su competencia para conocer de la litis”

De acuerdo con el Convenio de La Haya en los procesos de restitución de menores el juez debe pronunciase únicamente sobre si el traslado o la retención son ilícitos y si procede o no la restitución del menor

Resultado de imagen de niño hondureño

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona, Sala Primera, de 23 de enero de 2017 desestima en su integridad el instado por la madre del menor, residente en la localidad de Les Planes d’Hostoles, por partir de “una premisa fáctica que no puede ser objeto de análisis en este proceso; esto es, se dice que el padre no estaba ejerciendo, de modo efectivo, el derecho de custodia en el momento en que se produjo el traslado del menor, e invoca un pretendido riesgo para el menor, en caso de devolución. Tal planteamiento está abocado al fracaso, puesto que además de no resultar acreditadas las razones expuestas y transcritas, se olvida que, en este concreto proceso, el Juez debe dictar sentencia en la que se pronunciará, únicamente, sobre si el traslado o la retención son ilícitos y acordará si procede o no la restitución del menor a la persona, institución u organismo que tenga atribuida la guarda y custodia o su retorno al lugar de procedencia para permitir al solicitante el ejercicio del régimen de estancia, comunicación o relación con el menor, teniendo en cuenta el interés superior de éste y los términos del correspondiente convenio o de las disposiciones de la Unión Europea en la materia, según el caso ( art. 778 quinquies LEC )”.