La nota de flexibilidad permite una interpretación amplia y extensiva tanto del ámbito del convenio arbitral como de la delimitación del objeto de la controversia en el seno del procedimiento arbitral

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 26 de septiembre de 2017, desestima una acción de anulación contra un laudo arbitral afirmand, entre otras cosas, que:  “Los árbitros pueden resolver cuestiones que sean consecuencia lógica y obligada de las que se han planteado, conclusiones derivadas de la naturaleza jurídica del compromiso arbitral que se hallan corroboradas por la interpretación que ha de darse al acuerdo contractual delimitador de aquellas cuestiones controvertidas y pendientes objeto de arbitraje; en cuya operación ha de tenerse en cuenta el espíritu y finalidad que haya presidido el negocio infiriéndolos de las circunstancias concurrentes y de la total conducta de los interesados, teniendo importancia muy relevante, la conexión que el acto o negocio guarde con otros que le hayan servido de antecedente. La nota de flexibilidad permite una interpretación amplia y extensiva tanto del ámbito del convenio arbitral como de la delimitación del objeto de la controversia en el seno del procedimiento arbitral, que se extiende a cuantas cuestiones instrumentales o derivadas pudieran surgir en relación a la controversia principal. La congruencia no tiene otra exigencia que la derivada de la conformidad que ha de existir entre la sentencia y las pretensiones que constituyen el objeto del proceso y existe congruencia ahí donde la relación entre estos dos últimos términos, fallo y pretensiones deducidas no estén sustancialmente alteradas (…). La congruencia exigible al laudo se predica de las concretas pretensiones contenidas en los escritos de las partes, y no de las meras alegaciones o argumentaciones aportadas por las mismas en defensa o apoyo de aquellas (…). Lo expuesto, no significa, que se puedan resolver cuestiones distintas, ajenas a lo que fue debatido y sometido a arbitraje, porque si fuera así no estaría previsto como motivo de anulación la causa referida en el ap. c) punto primero del art. 41 LA; ahora bien, para examinar, si el motivo ha de prosperar o no, es preciso además no olvidar que la intervención ha de ser mínima por parte del tribunal, y, que la congruencia de lo resuelto ha de examinarse de forma no rígida sino flexible, atendiendo a lo que fue pretendido por las partes a través de sus alegaciones, y todo ello sin olvidar que la demanda de anulación no es una instancia de apelación a través de la que subsanar errores u omisiones en que pudiera incurrir el laudo para completarlo, ni tampoco una instancia tendente a que se examine la corrección o no de lo resuelto”.

Nulidad de varios laudos arbitrales procedentes de la Junta Arbitral de Transporte por haber sido pronunciados por un tribunal integrado por dos árbitros

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 26 de septiembre de 2017, siguiendo la doctrina sentada por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 11 de junio de 2017, declara la nulidad la nulidad de cinco Laudos  y de cinco Laudos de Corrección de aquéllos pronunciados por Tribunal Arbitral de la Junta Arbitral de Transporte de la Comunidad de Madrid, integrado por dos árbitros por no comparecer uno de ellos. De acuerdo con la Sala “es totalmente coherente con este planteamiento de la ley y de la jurisprudencia la conclusión de que la cláusula arbitral contraria al número impar de árbitros, en cuanto imperativo legal, es nula, como también lo son los laudos dictados al amparo de tales cláusulas. Y ello sin detrimento alguno, claro está, de que quepa asimismo sostener la nulidad de los laudos dictados por un tribunal arbitral distinto del pactado, cuando ese pacto no contravenga normas de Derecho imperativo [art. 41.1.d) LA]. Sentando lo que antecede, no ignora la Sala lo peculiar del caso presente: la Junta Arbitral del Transporte de Madrid ha actuado de acuerdo con una posibilidad reglamentariamente prevista, si bien, lo anticipamos ya, en abierta contradicción con el art. 12.1º de la vigente Ley de Arbitraje. A falta de otro título legal habilitante, la observancia de la norma reglamentaria entrañaría una vulneración del principio de jerarquía normativa recogido en el art. 9.3 CE , debiendo este Tribunal anular el Laudo, ante todo y sobre todo, por infracción del orden público ex art. 41.1º.f) CE”.

El TSJ de Baleares desestima una acción de anulación de un laudo arbitral dictado por la Junta Arbitral de Consum de les de les Illes Balears sin razonamiento convincente

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Sala Civil y Penal, Sala Primera, de 19 de junio de 2017 desestima una acción de anulación de un laudo arbitral dictado por la Junta Arbitral de Consumo de les de les Illes Balears sin razonamiento convincente y a partir del examen del fondo de la decisión

No resulta de recibo que la demandante, tras aquietarse al arbitraje de un solo árbitro, pese a tener derecho a que lo dirimieran tres, lo alegue como motivo de nulidad sólo después de que el laudo le ha sido desfavorable

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla León, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 15 de septiembre de 2017, desestima la demanda de anulación contra un laudo arbitral pronunciado por la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de León interpuesta por RENFE. La Sala responde al primer motivo alegado, a al amparo del ap. d) del artículo 41.1º LA que “no podemos aceptar que la demandante, tras aquietarse al arbitraje de un solo árbitro, pese a tener derecho a que lo dirimieran tres, y exponer los argumentos destinados a la desestimación de las pretensiones de la parte contraria sin hacer valer la correspondiente excepción, lo alegue ante esta Sala como motivo de nulidad sólo después de que el laudo le ha sido desfavorable (…). Ello concuerda con otras manifestaciones del principio dispositivo en nuestro derecho -como la fijación tácita de la competencia territorial en ciertos casos, o la necesidad de oponer con carácter previo determinadas excepciones-, llevándonos a entender que en el presente supuesto la actora ha renunciado válidamente al arbitraje colegiado al que tenía derecho y se ha sometido al procedimiento y a la competencia propuestas por el órgano arbitral (…). Ni que decir tiene que el orden público no resulta afectado en absoluto por esta aceptación de competencia, ya que, no tratándose de la inaplicación de normas legales de carácter imperativo, no se vulnera el derecho a la jurisdicción ni al proceso, y así, en definitiva, debe rechazarse el motivo de nulidad invocado al amparo del apartado d) del art. 41.1º LA, en base a que la designación de los árbitros o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las partes, puesto que, antes bien, todo lo actuado lo ha sido por consenso”

Desestimada una acción de anulación basada en la contrariedad del laudo con orden público por no ponderar las circunstancias del caso ni el fin al que subviene la institución de la caducidad

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 8 de septiembre de 2017 desestima  la demanda de anulación de un laudo arbitral dictado por un árbitro único designado por la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid. En la demanda se alegaba como único motivo de nulidad del laudo arbitral su contrariedad al orden público, en cuanto a la estimación de la excepción de caducidad, por vulnerar el derecho de acceso a la jurisdicción, de acceso a una primera decisión, ya que, según  la demanda, el laudo no ponderó las circunstancias del caso ni el fin al que subviene la institución de la caducidad, tras lo que alega indebida interpretación y aplicación del art. 1.301 Cc. La presente decisión afirma que “no corresponde a esta Sala determinar si considera más acertado atender a la fecha de conocimiento de las liquidaciones negativas o a la de los gastos de cancelación del contrato. Pero no puede calificarse como arbitrario el criterio aplicado en el laudo arbitral, por más que pueda discrepar con el aplicado en resoluciones de algunos Tribunales de Justicia. Y, con independencia de lo anterior, tratándose de un arbitraje de equidad, el árbitro analiza seguidamente la actitud de las partes en la relación jurídica al objeto de llegar a la mayor justicia de la resolución del conflicto, y valora especialmente las exigencias de la buena fe contractual, mediante las que no encuentra explicación al retraso de la demandante en el ejercicio de la acción de nulidad del contrato”.

Alcance de la noción de cosa juzgada en el ámbito de la anulación de un laudo arbitral en contencioso derivado de un contrato de franquicia

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 11 de julio de 2017, desestima una acción de anulación afirmando que ” el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1º CE protege y garantiza la eficacia de la cosa juzgada material, tanto en su aspecto negativo o excluyente de nuevos pronunciamientos judiciales con idéntico objeto procesal al ya resuelto en Sentencia firme, como en su aspecto positivo o prejudicial, impidiendo que los Tribunales -o los Árbitros-, en un proceso seguido entre los mismos sujetos, puedan desconocer o contradecir las situaciones jurídicas declaradas o reconocidas en una Sentencia o Laudo que haya adquirido firmeza. Por más que la trascendencia constitucional -y, en esta medida, la virtualidad para afectar al orden público como causa de anulación- del alcance que quepa atribuir a la cosa juzgada esté en función de que la decisión adoptada por el órgano judicial o, en este caso, por el árbitro resulte incongruente, arbitraria o irrazonable, desproporcionada o incursa en error patente”. Para la Sala, en el presente procedimiento no se trata de las mismas partes, tal y como recoge el Laudo impugnado y no puede que exista identidad de partes cuando en los contratos consta que el franquiciador y el franquiciado por mucho que los mismos se hayan celebrado teniendo en cuenta las cualidades personales de la Sra. H., pues ello es así para conseguir el éxito en el punto de venta y por tanto el crecimiento de la cadena franquiciadora, sin que ese carácter “intuitu personae” de los contratos que se desprende tanto de los documentos de información precontractual, como del propio contrato, traiga como consecuencia que existe una identidad de partes entre un anterior procedimiento arbitral derivado de los contratos celebrados entre A.A.E, S.A. y S.O., S.L., y los contratos a los que se refiere el presente procedimiento celebrados entre la primera y P.O. S.L.U., ya que para que opere la función positiva o prejudicial, que en este caso se alega por la demandante, se exige identidad de partes, es decir que las partes del proceso pendiente sea jurídicamente idéntica a los sujetos a quien se extienda la cosa juzgada producida por aquella resolución, y en el supuesto analizado no podemos hablar de identidad jurídica de partes, se trata, en definitiva de sociedades distintas.

El TSJ de Canarias desestima una acción de anulación admitiendo la apreciación parcial de la excepción de la cosa juzgada decretada en el laudo

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 5 de abril de 2017 desestima en su integridad la demanda de anulación contra un Laudo arbitral parcial, confirmando  el mismo, con imposición de las costas a la parte actora. Ente otros razonamientos la sala considera que “en cuanto a la apreciación parcial de la excepción de la cosa juzgada decretada en el Laudo cuya nulidad se insta, resulta incuestionable la identidad de personas que aquella exige, al ser las mismas las partes que contendieron tanto en el procedimiento arbitral 1/2011 como en el procedimiento arbitral 1/2016, en el que ha sido dictado el Laudo que es ahora objeto de este pronunciamiento. Por lo que se refiere a la identidad objetiva y causa de pedir, el Laudo contiene una motivación y fundamentación más que suficiente respecto a cuales fueron las reclamaciones objeto de cognición en el Laudo arbitral de 23 de enero de 2012, y la oposición y reconvención que, frente a aquellas, dedujo la entidad que aquí demanda la nulidad del Laudo de fecha 4 de octubre de 2016, así como lo que fue objeto de reclamación en el procedimiento arbitral 1/2016 que concluyó con el dictado del referido Laudo”.