Recuperación, tras la sentencia de divorcio, de los apellidos de soltera de conformidad con el Derecho rumano

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, Sección Quinta, de 14 de septiembre de 2017, tiene en cuenta que  el recurso de la demandante se limita al contenido de la sentencia en cuanto a los apellidos, pretendiendo recuperar los apellidos previos a contraer matrimonio. A partir de aquí decalra que “conforme al art. 107 Cc, la separación y el divorcio se regirán por la ley nacional común de los cónyuges en el momento de la presentación de la demanda. El art. 281 LEC establece que el Derecho extranjero deberá ser objeto de prueba, que deberá ser probado en lo que respecta a su contenido y vigencia, pudiendo valerse el Tribunal de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación, tal como con anterioridad a la entrada en vigor de la LEC proclama el Tribunal Supremo, S 16 julio 1991, 31 diciembre 1994 y 25 enero 1999 en el sentido de distinguir las normas de conflicto apreciables de oficio en virtud de las cuales se concreta el Derecho aplicable de una relación jurídica controvertida y la prueba del Derecho extranjero, en cuanto a su vigencia, contenido, entidad y aplicación que si bien puede ser averiguado por el Juez, constituye fundamentalmente carga probatoria de quien lo alega. Entiende la Sala que no existiendo oposición y razonablemente acreditado el derecho que alega, en base a la cita del art. 383.3º del Código Civil de Rumania, nada se opone a acoger la pretensión de manera que la apelante Ángeles recupere su apellido de Juliana”

Para el Abogado General el concepto de “cónyuge” incluye, en relación con la libertad de residencia de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de su familia, a los cónyuges del mismo sexo

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En sus conclusiones presentadas el 11 de enero de 2018, el Abogado General Wathelet declara que “aunque los Estados miembros tienen libertad para autorizar o no el matrimonio entre personas del mismo sexo, no pueden obstaculizar la libertad de residencia de un ciudadano de la Unión denegando la concesión a su cónyuge, del mismo sexo, nacional de un Estado no miembro de la Unión, un derecho de residencia permanente en su territorio. Precisa el Abogado General que, ante todo, que el problema jurídico que constituye el eje central del litigio no es la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, sino la libre circulación de los ciudadanos de la Unión. Pues bien, aunque los Estados miembros disponen de la libertad de prever o no el matrimonio entre personas del mismo sexo en sus ordenamientos jurídicos internos, deben cumplir las obligaciones que les incumben en virtud de la libertad de circulación de los ciudadanos de la Unión. A continuación, el Abogado General observa que la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros no contiene ninguna remisión al Derecho de los Estados miembros para determinar la condición de “cónyuge”, de modo que dicho concepto debe tener en toda la Unión una interpretación autónoma y uniforme. Sobre este particular, el Abogado General subraya que el concepto de “cónyuge” en el sentido de la Directiva está ligado a un vínculo basado en el matrimonio, aun siendo al mismo tiempo neutro desde el punto de vista del género de las personas de que se trata e indiferente en relación con el lugar donde se ha contraído el matrimonio. En este marco, el Abogado General considera que, a la luz de la evolución general de las sociedades de los Estados miembros de la Unión durante el último decenio en materia de autorización del matrimonio entre personas del mismo sexo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en virtud de la cual el término ‘matrimonio’, según la definición admitida en general por los Estados miembros, designa una unión entre dos personas de distinto sexo ya no puede seguir aplicándose”.

Falta de acreditación por las autoridades rumanas del Derecho aplicable al régimen económico matrimonial

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Soria, Sala Primera, de 26 de octubre de 2017, estima parcialmente un recurso de apelación interpuesto afirmando, entre otras cosas que “la ley que rige el régimen matrimonial que afecta al matrimonio es la que regirá en su disolución y liquidación y en la distribución del patrimonio que lo integre: el art. 9.2º Cc que se remite a la Ley personal común al tiempo de contraer matrimonio. En este sentido es atendible la alegación de que será la Ley Rumana, como Ley personal común, la aplicable, lo que no es obstáculo para que las cuestiones de liquidación del régimen económico-matrimonial rumano deban tramitarse por el procedimiento previsto para ello en los arts. 806 ss, como procedimiento especial previsto legalmente una vez asumida la competencia de los Juzgados y Tribunales españoles para el conocimiento de la causa. Ahora bien, atendida la anterior alegación, resultando de aplicación la Ley de Rumanía, sin embargo, debe tenerse en cuenta que tratándose de Derecho extranjero debe ser objeto de prueba por parte de quien lo alega. Así, en los casos en que se desconoce el contenido del Derecho extranjero cuya aplicación se invoca, la jurisprudencia del Tribunal Supremo es pacífica en cuanto a la aplicación de la normativa española, al decir que la aplicación del Derecho extranjero es una cuestión de hecho y como tal ha de ser probada por la parte que lo invoca, de suerte que su aplicación no suscite la menor duda razonable a los tribunales españoles. La Audiencia señala que en el presente asunto ” no consta el certificado expedido por las autoridades rumanas competentes respecto a la vigencia y contenido actual de la legislación rumana, no quedando, por tanto, acreditado que la traducción aportada corresponda a la normativa vigente. Aunque resulte de aplicación la legislación rumana, no ha quedado acreditado el contenido de la misma, resultando de aplicación la jurisprudencia ya citada”.

Falta de competencia para tramitar un proceso de modificación de las medidas establecidas en una sentencia de divorcio dictada por un Juzgado rumano

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El Auto de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Décima, de 3 de mayo de 2017 estima recurso de apelación contra el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia , que declaró su falta de competencia para tramitar un proceso de modificación de las medidas establecidas en una sentencia de divorcio dictada por el Juzgado de Campulung Moldovenesc (Rumanía) el día 26 de marzo de 2015, y en concreto, para aumentar el importe de los alimentos debidos a la hija de los litigantes. Para la resolución del presente recurso, la Audiencia tiene en cuenta que el precepto aplicable no es el art. 775 LEC, que rige en aquellos casos en los que no haya un elemento internacional, sino que el precepto aplicable es el art. 3 del Reglamento europeo 4/2009 sobre la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos y este precepto determina que la competencia es de los Juzgados españoles, porque el demandado vive en (…) , y la menor y su madre residen en (…), lugar en el que estaba el último domicilio conyugal. Acerca de la no aplicabilidad de las normas de competencia internas a los casos con elementos internacionales, puede invocarse la sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de marzo de 2000, relativo precisamente a una demanda de modificación de medidas de una sentencia norteamericana de divorcio. Ahora bien, como se trata de modificar una sentencia rumana, deberá primero instarse el reconocimiento en España de la misma, incluso con carácter incidental en este mismo proceso, como establece el art. 45 de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil. Una vez reconocida la sentencia rumana, podrá tramitarse el procedimiento en España, y, en concreto, en el Juzgado de (…), por aplicación analógica del art. 769 LEC”.

Aplicación de determinadas disposiciones del acervo de Schengen relacionadas con el Sistema de Información de Visados en la República de Bulgaria y en Rumanía

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En virtud de la Decisión nº 565/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, se introdujo un régimen simplificado para el control de personas en las fronteras exteriores. Dicho régimen se basa en el reconocimiento unilateral por parte de Bulgaria, Croacia, Chipre y Rumanía de determinados documentos, concretamente de los visados Schengen, como equivalentes a sus propios visados nacionales de tránsito o para estancias previstas en sus territorios que no excedan de 90 días por período de 180 días. A partir aquí el Consejo ha aprobado la Decisión (UE) 2017/1908 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, relativa a la puesta en aplicación de determinadas disposiciones del acervo de Schengen relacionadas con el Sistema de Información de Visados en la República de Bulgaria y en Rumanía que publica el DO de 19 de octubre de 2017. De acuerdo con ella se concede a Bulgaria y Rumanía acceso para consultar, en modo “solo lectura”, los datos del Sistema de Información de Visados (VIS), sin derecho a introducir, modificar o suprimir datos en el mismo, y ello únicamente a efectos de facilitar sus procedimientos nacionales de solicitud de visado para prevenir el fraude y cualquier uso indebido de los visados Schengen verificando su validez y autenticidad al contrastarlos con los datos almacenados en el VIS, de facilitar los controles en los pasos fronterizos de las fronteras exteriores y en el territorio de los Estados miembros de los nacionales de terceros países titulares de un visado Schengen, de facilitar la determinación del Estado miembro responsable de las solicitudes de protección internacional y el examen de dichas solicitudes y de aumentar el nivel de seguridad interior en el territorio de los Estados miembros facilitando la lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo.

Expulsión del territorio español de una persona que acumula un relevante historial delictivo, pese a tratarse de un ciudadano perteneciente a un país de la Unión Europea

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección Novena, de 1 de junio de 2017  confirma la decisión de expulsar del territorio español a una persona que acumula un relevante historial delictivo por representar un peligro para el orden y la seguridad pública, pese a tratarse de un ciudadano perteneciente a un país de la Unión Europea (Rumanía). La Sección tuvo en cuenta “los antecedentes policiales por meras detenciones efectuadas por las Fuerzas de Seguridad cuando de cuestiones de Derecho comunitario se trata, sin que se les pueda dar la consideración de antecedentes penales dado que si así se hiciera, se infringiría la presunción de inocencia pues se le darían los efectos propios de una condena penal a lo que son meras intervenciones administrativas”.

Rumanía inicia un proceso para pone fin a sus acuerdos bilaterales de inversión dentro de la UE

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Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y el cambio en las competencias con respecto a la inversión extranjera directa, la Comisión Europea expresó su preocupación con respecto a la situación de los APPRIs dentro de la UE (“La Comisión pide a los Estados miembros que pongan fin a sus tratados bilaterales de inversión intra-UE”, 18 julio 2015). En este contexto, el 8 de marzo de 2017, el Parlamento rumano envió al Presidente de Rumania para su promulgación una Ley que permite la terminación de los tratados bilaterales de inversión entre Rumanía y otros Estados miembros de la Unión Europea. La medida adoptada por el Parlamento rumano es una consecuencia directa de los procedimientos de infracción en virtud del art. 258 TFUE, iniciado en 2015 por la Comisión Europea contra Austria, los Países Bajos, Rumania, Eslovaquia y Suecia en relación con sus APPRIs dentro de la UE. La máxima manifestación de la defensa de la supremacía del Derecho de la UE por parte de la Comisión es el caso Micula / Rumanía mostrando que el problema enunciado no es puramente teórico sino que entraña consecuencias prácticas importantes. Al asunto arranca de un procedimiento de arbitraje basado en un APPRI dentro de la UE, en el cual la Comisión intervino en calidad de amicus curiae, informando al tribunal arbitral de que recompensar los perjuicios derivados de suprimir los incentivos a la inversión equivaldría a restablecer un régimen de ayudas incompatible. Pagar daños y perjuicios equivalentes a reinstaurar una ayuda estatal incompatible, supondría, a su vez, una nueva ayuda estatal que solo podría concederse si esta última la aprobara la Comisión. Rumanía está obligada por 22 APPRIs.

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