Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y el cambio en las competencias con respecto a la inversión extranjera directa, la Comisión Europea expresó su preocupación con respecto a la situación de los APPRIs dentro de la UE («La Comisión pide a los Estados miembros que pongan fin a sus tratados bilaterales de inversión intra-UE», 18 julio 2015). En este contexto, el 8 de marzo de 2017, el Parlamento rumano envió al Presidente de Rumania para su promulgación una Ley que permite la terminación de los tratados bilaterales de inversión entre Rumanía y otros Estados miembros de la Unión Europea. La medida adoptada por el Parlamento rumano es una consecuencia directa de los procedimientos de infracción en virtud del art. 258 TFUE, iniciado en 2015 por la Comisión Europea contra Austria, los Países Bajos, Rumania, Eslovaquia y Suecia en relación con sus APPRIs dentro de la UE. La máxima manifestación de la defensa de la supremacía del Derecho de la UE por parte de la Comisión es el caso Micula / Rumanía mostrando que el problema enunciado no es puramente teórico sino que entraña consecuencias prácticas importantes. Al asunto arranca de un procedimiento de arbitraje basado en un APPRI dentro de la UE, en el cual la Comisión intervino en calidad de amicus curiae, informando al tribunal arbitral de que recompensar los perjuicios derivados de suprimir los incentivos a la inversión equivaldría a restablecer un régimen de ayudas incompatible. Pagar daños y perjuicios equivalentes a reinstaurar una ayuda estatal incompatible, supondría, a su vez, una nueva ayuda estatal que solo podría concederse si esta última la aprobara la Comisión. Rumanía está obligada por 22 APPRIs.
