Necesidad de poseer el título de director de tesis para el mantenimiento de la condición de profesor titular más allá de la edad legal de jubilación (STJ 8ª 8 octubre 2020)

La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Octava, de 8 de octubre de 2020 (asunto C‑644/19: Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu y otros). declara que el Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que no son aplicables a una normativa nacional en virtud de la cual, de los profesores de un centro universitario que continúan ejerciendo en él su profesión después de haber alcanzado la edad legal de jubilación, solo los profesores que posean el título de director de tesis pueden mantener su condición de profesor titular, mientras que los profesores que no tengan la condición de director de tesis solo pueden celebrar con ese centro contratos de trabajo de duración determinada, con un régimen de remuneración inferior a la otorgada a los profesores titulares.

En el período comprendido entre los años 1994 y 2015, FT ocupó el puesto de profesor titular de la universidad, sobre la base de un contrato de trabajo por tiempo indefinido. A pesar de que FT alcanzó la edad legal de jubilación, fijada en 65 años, el 11 de junio de 2015, pudo mantener, en virtud de una decisión de la universidad, su condición de profesor titular durante el período comprendido entre dicha fecha y el 30 de septiembre de 2015 en el marco del curso universitario 2014‑2015. Posteriormente, el consejo de administración de la universidad denegó la solicitud de FT de que se mantuviera su condición de profesor titular para el curso universitario 2015‑2016, debido a que dicha solicitud no era conforme con la «metodología relativa a la aprobación del mantenimiento de la condición de titular para los profesores que hayan cumplido la edad de 65 años» (en lo sucesivo, «metodología»), adoptada por el consejo de la universidad mediante la resolución n.º 3655 de 28 de septiembre de 2015. En virtud de la metodología, la posibilidad de conservar la condición de profesor titular más allá de dicha edad, prevista en el art. 289, apartado 6, de la Ley n.º 1/2011, estaba reservada únicamente a los profesores que poseyeran el título de director de tesis. A raíz de una modificación de la metodología se suprimió tal posibilidad para estos últimos a partir del 1 de octubre de 2016. Habida cuenta de la denegación de su solicitud, FT tuvo que celebrar, a partir de 2016, sucesivos contratos de duración determinada con la universidad para las mismas actividades universitarias que había ejercido anteriormente, según el sistema de remuneración de «pago por hora», cuyos ingresos eran inferiores a los abonados a los profesores titulares. Mediante su recurso en materia de Derecho laboral interpuesto ante el Tribunalul Sibiu (Tribunal de Distrito de Sibiu, Rumanía), FT impugnó la resolución de la universidad, que señala que su condición de profesor titular había finalizado el 1 de octubre de 2015 por alcanzar la edad legal de jubilación. Dicho órgano jurisdiccional desestimó ese recurso constatando la inexistencia de discriminación con arreglo a la Directiva 2000/78, tal como había invocado FT. Esta sentencia adquirió firmeza tras ser confirmada por la Curtea de Apel Alba Iulia (Tribunal Superior de Alba Iulia, Rumanía). Asimismo, el Tribunalul Alba (Tribunal de Distrito de Alba, Rumanía) desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por FT, mediante el cual esta había solicitado la anulación de los actos administrativos en los que se basaba la negativa de la universidad a estimar su solicitud de que se mantuviera su condición de profesor titular. Conociendo del recurso de casación contra esta desestimación, la la Curtea de Apel Alba Iulia (Tribunal Superior de Alba Iulia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia una serie de cuestiones judiciales.

Mediante la primera parte de su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los arts. 1 y 2 de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la aplicación de una normativa nacional en virtud de la cual, de los docentes de un centro universitario que continúan ejerciendo en él su profesión después de haber alcanzado la edad legal de jubilación, solo los profesores que poseen el título de director de tesis pueden mantener su condición de profesor titular, mientras que los profesores que no tengan la condición de director de tesis solo pueden celebrar con ese centro contratos de trabajo de duración determinada, con un régimen de remuneración inferior a la otorgada a los profesores titulares. Y a ello el Tribunal de Justicia responde afirmando que tanto del título y de la exposición de motivos como del contenido y de la finalidad de la Directiva 2000/78 se desprende que esta tiene por objeto establecer un marco general para garantizar a todas las personas la igualdad de trato «en el empleo y la ocupación», ofreciéndoles una protección eficaz contra las discriminaciones basadas en alguno de los motivos mencionados en su art. 1. Debe observarse que la diferencia de trato controvertida en el procedimiento principal no guarda relación con ninguno de los motivos enumerados en el citado art. 1. En particular, tal diferencia de trato no puede basarse, ni siquiera de manera indirecta, en la edad, dado que tanto las personas favorecidas como las personas desfavorecidas por la normativa nacional pertenecen al mismo grupo de edad, a saber, el de las personas que han alcanzado la edad legal de jubilación. En efecto, la diferencia de trato en función de la posesión o no del título de director de tesis se basa en la categoría profesional de las personas afectadas. De ello deduce el tribunal de Justicia que a una situación como la controvertida en el litigio principal no le resulta aplicable el marco general establecido en el art. 2, ap. 2, de la Directiva 2000/78 para luchar contra determinadas formas de discriminación en el lugar de trabajo. Por consiguiente, los arts. 1 y 2 de la Directiva 2000/78 deben interpretarse en el sentido de que no son aplicables a una normativa nacional en virtud de la cual, de los profesores de un centro universitario que continúan ejerciendo en él su profesión después de haber alcanzado la edad legal de jubilación, solo los profesores que posean el título de director de tesis pueden mantener su condición de profesor titular, mientras que los profesores que no tengan la condición de director de tesis solo pueden celebrar con ese centro contratos de trabajo de duración determinada, con un régimen de remuneración inferior a la otorgada a los profesores titulares.

Mediante la segunda parte de su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la cláusula 4, ap. 1, del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999 debe interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación de una normativa nacional en virtud de la cual, de los docentes de un centro universitario que continúan ejerciendo su profesión en dicho centro después de haber alcanzado la edad legal de jubilación, solo los profesores que poseen el título de director de tesis pueden mantener su condición de profesor titular, mientras que los profesores que no tienen la condición de director de tesis solo pueden celebrar con ese centro contratos de trabajo de duración determinada, con una remuneración inferior a la otorgada a los profesores titulares. En su respuesta a esta cuestión el Tribunal de Justicia el Tribunal de Justicia recuerda que la cláusula 4, ap. 1, del Acuerdo Marco prohíbe tratar, por lo que respecta a las condiciones de trabajo, a los trabajadores con un contrato de duración determinada de modo menos favorable que a los trabajadores con contrato de duración indefinida comparables por el mero hecho de que su contrato sea de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas. Dicha claúsula tiene por objeto la aplicación del principio de no discriminación a los trabajadores con un contrato de duración determinada con la finalidad de impedir que una relación laboral de esta naturaleza sea utilizada por un empleador para privar a dichos trabajadores de derechos reconocidos a los trabajadores con contrato de duración indefinida. Añade el Tribunal de Justicia que para apreciar si las personas de que se trata ejercen un trabajo «idéntico o similar», en el sentido del Acuerdo Marco, debe comprobarse si, en virtud de las cláusulas 3, apartado 2, y 4, apartado 1, de este, habida cuenta de un conjunto de factores, como la naturaleza del trabajo, los requisitos de formación y las condiciones laborales, puede considerarse que estas personas se encuentran en una situación comparable. En el caso de autos, incumbe al órgano jurisdiccional remitente, único competente para examinar los hechos, determinar si FT, cuando fue contratada por la universidad mediante una serie de contratos de trabajo de duración determinada, se hallaba en una situación comparable a la del personal docente con el título de director de tesis, contratado por tiempo indefinido por este mismo empleador después de haber alcanzado también la edad legal de jubilación. Entiende el Tribunal de Justicia que aunque las consideraciones de índole presupuestaria puedan ser el motivo de las opciones de política social de un Estado miembro e influir sobre la naturaleza o el alcance de las medidas que este desea adoptar, no constituyen en sí mismas un objetivo perseguido por esta política y, por lo tanto, no justifican la aplicación de una normativa nacional que conduce a una diferencia de trato en detrimento de los trabajadores con contrato de duración determinada. Por consiguiente la cláusula 4, ap. 1, del Acuerdo Marco debe interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación de una normativa nacional en virtud de la cual, de los profesores de un centro universitario que siguen ejerciendo su profesión en él después de haber alcanzado la edad legal de jubilación, solo los profesores que posean el título de director de tesis pueden mantener su condición de profesor titular, mientras que los profesores que no tengan la condición de director de tesis solo pueden celebrar con ese centro contratos de trabajo de duración determinada, con un régimen de remuneración inferior a la que se concede a los profesores titulares, siempre que la primera categoría de profesores esté compuesta por trabajadores con contrato de trabajo por tiempo indefinido comparables a los de la segunda categoría y que la diferencia de trato resultante, en particular, de ese régimen de remuneración no esté justificada por una razón objetiva, lo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

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