El primer ministro interino de Rumanía, Cătălin Predoiu, abogado especializado en litigios complejos, inauguró la sexta edición de las Bucharest Arbitration Days con un discurso que lamentó la prolongación del conflicto entre el Derecho de la Unión Europea y el régimen de arbitraje de inversiones intracomunitario.
Predoiu sostuvo que resultaba indispensable reparar dicha fractura jurídica sin dilaciones y mediante soluciones asumibles para todas las partes interesadas. Enfatizó que los inversores extranjeros debían continuar percibiendo que sus aportaciones se encontraban amparadas por estructuras normativas previsibles, pues solo así Rumanía se mantendría como un polo atractivo de capital europeo y extracomunitario.
Reacciones institucionales y contexto jurídico
El secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Luca Niculescu, reforzó esta postura al evocar un tiempo en que la coherencia del marco de protección a las inversiones se aceptaba sin cuestionamientos. Recordó que la jurisprudencia Achmea, junto con las decisiones en Komstroy y PL Holdings, vino a interrumpir dicha previsibilidad al proclamar la incompatibilidad de las cláusulas ISDS en tratados bilaterales entre Estados miembros.
Si bien algunos Estados, como Hungría, se habían apartado del consenso comunitario, Rumanía prefirió preservar su compromiso con una solución negociada. Durante el foro, se destacó que la insistencia de la Unión en afirmar la primacía de su Derecho sobre disposiciones convencionales preexistentes había generado un clima de incertidumbre que erosionaba la confianza de quienes habían estructurado operaciones bajo la expectativa de seguridad jurídica.
Reassessing la justicia arbitral
Las Bucharest Arbitration Days 2025 congregaron a juristas, árbitros y responsables de centros de arbitraje, quienes abordaron cuestiones relativas al debido proceso, los costes como barrera de acceso, y la interacción entre la justicia arbitral y la transición energética. El lema de esta edición, “Reassessment”, subrayó la urgencia de revisar el modo en que el arbitraje internacional podía mantener su legitimidad sin sacrificar su eficacia ni su autonomía.
La cita rumana constituyó un espacio de reflexión donde se reiteró que la conciliación entre la autonomía del arbitraje y las exigencias del Derecho de la Unión debía articularse de forma que no se comprometiera la reputación de Europa como destino fiable para la inversión internacional.
