No se precia litispendencia ni conexidad internacional al no acreditarse la identificación de partes

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La Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Quinta, de 28 diciembre 2017,  estimaço el recurso de apelación interpuesto por LPL Projects Logistics Spain, S.L. , contra una  sentencia  y un su auto aclaratorio del Juzgado. Según el recurrente   debía apreciarse la existencia de litispendencia y conexidad internacional respecto del procedimiento seguido en Brasil en el que era parte demandante Enterprise, contra el cliente final del transporte, Porto Sudeste do Brasil. Para la Audiencia dichas  excepciones procesales no pueden ser estimadas por los siguientes motivos: En primer lugar, los contratos, conforme al artículo 1257 CC , solo producen efectos entre las partes, por tanto los pactos alcanzados entre TAIM y LPL solo a dichas empresas les afecta y es a lo que se ciñe el presente procedimiento. Lo acordado entre ellos respecto a terceros únicamente a ellos les vincula, no a los terceros, y podrá ejercerse en su caso la acción de repetición contra quien corresponda. En segundo lugar, conforme al art. 39 de la Ley 29/2015, de 30 de julio , de cooperación jurídica internacional en materia civil, para apreciar la litispendencia internacional se requiere ‘un proceso pendiente con idéntico objeto y causa de pedir, entre las mismas partes, ante los órganos jurisdiccionales de un Estado extranjero en el momento en que se interpone una demanda ante un órgano jurisdiccional español’. El procedimiento seguido en Brasil lo es entre Enterprise y el cliente final del transporte, sin perjuicio de que estos puedan repetir en su caso contra quien corresponda a la vista del resultado del pleito. En ningún caso se da la pretendida identificación de partes alegada por TAIM, en un esfuerzo argumentativo, forzando una interpretación al intentar hacer ver que las partes son coincidentes con las del presente procedimiento, pero ninguna interpretación lógica sustenta dicha pretensión. En los contratos de transportes es habitual realizar diversas subcontrataciones sin que ello suponga que el subcontratado tenga la misma personalidad jurídica que quien le contrata. Enterprise, según consta documentalmente, actuó en su propio nombre y representación en el procedimiento de Brasil, y estaba vinculada con IPL por un contrato de colaboración, lo cual no supone una identificación de partes. Tampoco, y conforme al mismo razonamiento, puede entenderse que existe conexidad entre ambos procedimientos, en atención a lo argumentado, pues nos encontramos ante la exigencia de cumplimiento de un contrato entre las partes que lo celebraron, siendo las partes litigantes en Brasil ajenos al contrato que se analiza en este procedimiento, sin perjuicio de las relaciones tangenciales de las partes del contrato con terceros, que podrían dar lugar a otro tipo de reclamaciones o procedimientos, pero que en nada afectan al presente. Tanto es así, que el comportamiento contractual de aquellas dos empresas en nada afecta a este procedimiento”.

Competencia de los tribunales españoles a partir de lo dispuesto en un conocimiento de embarque

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El Auto de la Audiencia Provincial de Castellón de La Plana, Sección Tercera, de 23 mayo de 2017 estima en parte un recurso de apelación formulado contra un Auto dictado del Juzgado que había declarado su falta de jurisdicción. Entre otras consideraciones, la Audiencia afirma que “el conocimiento de embarque que regula el transporte marítimo (arts. 246 y ss Ley 14/2014, de 24 de junio, de Navegación Marítima ) en relación con el cual se ha formulado la reclamación obra a los folios 18 y siguientes y la cláusula en que se funda la cuestión de competencia y, en definitiva, la decisión judicial de instancia ahora controvertida es la epigrafiada como ‘4. Law and jurisdiction‘ (…) ‘Ley y Jurisdicción. Las controversias que surjan de o en conexión con este conocimiento de embarque se determinarán exclusivamente por los tribunales y de acuerdo con la ley del lugar donde el porteador tiene su principal lugar de negocios, como se indica la página uno, salvo lo dispuesto aquí en otra parte’. (…), por lo que con arreglo a dicha cláusula, integrada con estos datos, las partes se someten a los tribunales de Rotterdam. Aduce la apelante que la cláusula de expresa sumisión transcrita se refiere únicamente a las controversias que tengan relación con el conocimiento de embarque, mientras que la reclamación planteada en este procedimiento no se refiere en puridad a éste, sino a los perjuicios ocasionados por la demora en la descarga de la mercancía en el puerto de destino, que achaca a las demandadas. Carece de virtualidad esta alegación. Entendemos que la mención en la repetida cláusula a las controversias que surjan o en conexión (arising out of or in connection) con el conocimiento de embarque no se refiere únicamente a las que tengan su origen en la aplicación o interpretación del mentado documento, como parecer entender la recurrente; así podría ser si la referencia fuera únicamente a las diferencias “que surjan” del mismo. Pero la expresión “o en conexión” es más amplia y entendemos que abarca toda controversia, litigio o diferencia que se provoque en el ámbito del transporte contratado. Y no cabe duda de que la reclamación de una indemnización por la demora en la descarga no es extraña a dicho transporte marítimo. El día 20 de diciembre de 2012 se publicó en el DOUE el Reglamento (UE) núm. 1215/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, que entró en vigor el 10 de enero de 2015 y cuyo contenido, esencialmente su art. 25, ha servido de base al juez de instancia para dictar la resolución apelada, al ser de fecha posterior la incoación del procedimiento, sin que este extremo haya sido cuestionado en el recurso”.

Se excluye la presencia de un relevante elemento de extranjería que justifique la aplicación de una cláusula de sumisión a los tribunales de Londres

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El Auto del Juzgado de lo Mercantil de Madrid, Sección Sexta, de 11 de septiembre de 2017, desestima una declinatoria por falta de competencia internacional de tal modo que negando competencia internacional a los Juzgados y Tribunales de Londres, procede estimar como competentes internacionalmente a los Juzgados y Tribunales de España. El Juzgado, tras referirse art. 23 Reglamento (CE ) nº 44/2001 y al art. 25 del Reglamento (UE) nº 1215/2012  afirma que “tanto el documento de reserva de espacio en buque como el conocimiento del embarque pretenden someter al tribunal de Londres los litigios que el perjudicado pueda tener frente al transportista; y es hecho pacífico que la mercantil española demandada no ostenta dicha cualidad en cuanto actuó de simple transitaria en el puerto de Valencia (…) tanto los operarios del puerto que debían cumplir las órdenes de la demandada, como la propia mercantil demandada, la transportista terrestre y la demandante, ostentan la nacionalidad española y los hechos acaecieron dentro de las recíprocas obligaciones nacidas de un contrato de servicio de tránsito en territorio español [-donde finalizaba al cargar las mercancías a buque-]; lo que excluye la presencia de un relevante elemento de extranjería que justifique la aplicación de una cláusula de sumisión dispuesta para un sujeto pasivo o demandado distinto y por hechos producidos por dos actividades concretas [-reserva de espacio y transporte marítimo-]; siendo ajenos a ello los hechos invocados”.

La pérdida de documentos por la demandada está exonerada de responsabilidad con arreglo al contrato de apertura de crédito documentario irrevocable

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Quinta, de 6 de julio de 2017 resuelve sobre el incumplimiento de sus obligaciones contractuales derivadas de la realización de una operación dentro del contrato de crédito documentario suscrito entre la vendedora de unas mercancías y un tercero. En la reclamación el fundamento del incumplimiento se concretó en la falta de adopción de las medidas necesarias para impedir que el juego completo de conocimientos de embarque emitido por la naviera para recoger la mercancía entregada para su transporte fuese sustraído y, consecuentemente, al ser un documento al portador que actúa como título de entrega de las mercancías dadas en transporte, se impidió al comprador que pudiera recoger las mismas en el punto de destino, Puerto Cabello (Venezuela). Por su parte la demandada mantiene que la actora carece de legitimación para el ejercicio de la acción de responsabilidad y consiguiente condena a la emisión de una carta de indemnidad que deje a salvo a la actora de las consecuencias del incumplimiento de la demandada, así como que no puede imponérsele una condena a una responsabilidad genérica, en que no existe ni responsabilidad, ni daño acreditado y en que no era preciso en Venezuela la entrega de los conocimientos de embarque para la retirada de las mercancías. La Audiencia resuelve que “en cuanto a la actuación imprudente de la demandada, base del incumplimiento denunciado, el examen de las actuaciones pone de relieve que era la demandada la que a falta de instrucciones de la actora decidió el medio para hacer llegar la documentación contractual de la compraventa, facturas y conocimientos de embarque a la compradora. Eligió un medio ordinario aunque no completamente seguro a través de una compañía de reconocido prestigio, lo que motivo que la totalidad de la documentación, tres juegos de originales, fuese sustraída en tránsito. Sobre esta base fáctica, ha de concluirse que la demandada adoptó las medidas que la prudencia podía exigir, no tanto un aseguramiento de los documentos, cuyo valor no era el de la mercancía pero podía ser valorado como tal por la aseguradora, como elegir un medio razonablemente seguro y protegido de transporte. En este sentido, no puede hablarse de responsabilidad in vigilando y la responsabilidad in eligendo de un medio que se reveló inseguro e inadecuado para trasmitir una importante documentación no supone per se una fuente de responsabilidad por culpa en cuanto parece que es la forma usual de remisión de documentación en operaciones de este tipo. En todo caso, aun de estimar que la demandada no puede sustraerse a su responsabilidad por no completar su diligencia en el transporte de los documentos, habrá de examinarse si en el presente caso existía una norma consuetudinaria o contractual que le exonerase de la misma”, apuntado la Sala al art. 35 de las Reglas y Usos Uniformes para créditos documentarios, revisión 2007, publicación 600, de la CCI, aplicables al caso según el tenor contractual del crédito documentario. Por consiguiente “aunque la demandada no ha cumplido la obligación de entrega a su solicitante de crédito, dicha causa, la pérdida de documentos por la demandada, amén de no reputarse culpable, esta exonerada de responsabilidad con arreglo al contrato de apertura de crédito documentario irrevocable”.

Derecho del perjudicado a ejercitar una acción judicial directamente contra el asegurador del responsable de un accidente

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De conformidad con la Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Octava, del 13 de julio de 2017, as. C 368/16: Assens Havn, el art. 13, punto 5, del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en relación con su artículo 14, punto 2, letra a), debe interpretarse en el sentido de que la parte perjudicada que dispone de acción directa contra el asegurador del autor del daño que ha sufrido no está vinculada por un acuerdo atributivo de competencia celebrado entre el asegurador y el autor citados.

Incompetencia de la jurisdicción española al determinar el contrato que el lugar de entrega de la mercancía es el puerto de origen, que no pertenece a ningún país miembro de la UE

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de la Coruña, Sección Sexta, nº 324/2016, de 10 de noviembre de 2016 considera (en la línea de la la STJUE 9 de junio de 2011 respecto del Incoterm «Ex Works») que uno de los contenidos del Incoterm CFR, en la versión 2010, es delimitar la entrega, que se entiende realizada por el vendedor poniendo la mercancía a bordo del buque, mientras que respecto del comprador la recepción en el lugar de destino se realiza del porteador, no del vendedor, cuya responsabilidad por los riesgos concluye cuando la mercancía está en el puerto de salida a bordo del buque. “En consecuencia, el lugar de entrega según el contenido contractual no es el puerto de destino, ni el establecimiento del comprador, sino el puerto de origen, que al no pertenecer a ningún país miembro hace que no exista un fuero alternativo al general del domicilio del demandado”.