El Acuerdo de pesca celebrado entre la UE y Marruecos no es válido por aplicarse al Sáhara Occidental y a las aguas adyacentes

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De acuerdo con las conclusiones del Abogado General Wathelet, presentadas el 10 de enero de 2018, el Acuerdo de pesca celebrado entre la UE y Marruecos no es válido por aplicarse al Sáhara Occidental y a las aguas adyacentes. En su opinión, al celebrar dicho Acuerdo, la Unión incumplió su obligación de respetar el derecho del pueblo del Sáhara Occidental a la libre determinación y su obligación de no reconocer una situación ilegal
resultante de la vulneración de dicho derecho, además de no instaurar las garantías necesarias para garantizar que la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental redunde en beneficio del pueblo de dicho territorio. El Abogado General Melchior Wathelet propone que el Tribunal de Justicia conteste que sí es competente para apreciar si son legales los acuerdos internacionales celebrados por la Unión; que asociaciones de las características de Western Sahara Campaign sí están facultadas para poner en tela de juicio el Acuerdo de pesca; y que el Acuerdo de pesca no es válido, por aplicarse al territorio y las aguas del Sáhara Occidental. En cuanto a la posibilidad de que las personas físicas y jurídicas invoquen normas de Derecho internacional en el contexto del control judicial de acuerdos internacionales celebrados por la Unión, el Abogado General considera que deben poder invocarse ante el juez las normas de Derecho internacional que vinculen a la Unión cuando éstas sean incondicionales y suficientemente precisas en su contenido y cuando su naturaleza y estructura no obsten al control judicial del acto que se esté impugnando. El Abogado General considera también que dichos requisitos sí concurren en las tres normas de Derecho internacional que WSC invoca: 1) el derecho a la libre determinación, 2) el principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales, en la medida en que éste obliga a que la explotación de los mismos redunde en beneficio del pueblo del Sáhara Occidental, y 3) las disposiciones de Derecho internacional humanitario de aplicación a la conclusión de acuerdos internacionales de explotación de los recursos naturales de territorios ocupados. De ello deduce el Abogado General que dichas normas pueden invocarse en el contexto del control judicial de acuerdos internacionales celebrados por la Unión.

La palabra España consignada en el art. 17.1º.c) Cc incluye al Sahara Occidental una vez acreditado que la demandante nació allí en el año 1973

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección Tercera, de 26 de mayo de 2017 estima un recurso de apelación interpuesto contra una Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 14 de Palma y acuerda que procede declarar la nacionalidad española de origen desde la fecha de su nacimiento, el día 13 de enero de 1973 al considerar que asiste la razón a la recurrente “no porque entendamos que se haya producido una infracción del principio de igualdad respecto a su marido, porque ha quedado acreditado que éste, en el expediente gubernativo (contrariamente a la actora) ya puso de relieve su condición de apátrida, sino porque al igual que ella, entendemos que no existía ningún impedimento para que la Juez a quo estimara que la pretensión de la recurrente abarcaba la declaración de la nacionalidad de origen por la vía del art. 17.1º c) Cc, que establece que son españoles de origen ‘Los nacidos en España de padres extranjeros si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad’. Y es que, independientemente de la bondad de los argumentos o de la disparidad de títulos jurídicos invocados en la demanda, lo que la actora ha afirmado a lo largo del procedimiento, y así ha quedado acreditado, es que nació en el Sahara Occidental en el año 1973, de padres españoles y que carece de nacionalidad alguna, y que lo que interesó en el Suplico de su demanda fue la declaración de la nacionalidad de origen desde la fecha de su nacimiento”. Considera asimismo la Audiencia que “siendo que la norma aplicable -subelemento jurídico normativo de la causa petendi – es una facultad del juez, derivada del principio iura novit curia no existía óbice alguno para que en la instancia, una vez alcanzada la conclusión de que la palabra España consignada en el art. 17.1º.c) Cc incluía al Sahara Occidental, acreditado que la demandante nació allí en el año 1973 y que sus padres también eran nacionales del Sahara (territorio autónomo) y que carecía de nacionalidad, se hubiera declarado su nacionalidad española de origen por la vía del señalado  precepto”.

Denegación de la inscripción de un acta de matrimonio celebrado en el Sáhara Occidental de 2011 entre una argelina y un español expedida por la República Árabe Saharaui Democrática

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Octava, de 2 de marzo de 2017 confirma la sentencia de instancia que desestimó un recurso contra la DGRN. El organismo directivo había denegado la inscripción de un matrimonio celebrado en el Sáhara Occidental el 26 de octubre de 2011 entre una argelina y un español, nacido en el Sáhara, que habían aportando un acta de matrimonio expedida por la República Árabe Saharaui Democrática. Para la Audiencia “en el presente caso estamos hablando de (del) reconocimiento e inscripción de un matrimonio celebrado en la RASD, quien sin tener reconocimiento internacional como Estado, ha expedido a efectos de inscripción por las autoridades del Ministerio de Justicia y Asuntos Religiosos de dicha República, el citado certificado, avalada o sobre la cual se ha estampado el sello oficial de la República de Argel, cuyo documento final es autenticado y legalizado por el Consulado General de España en Argel, pero esa autenticación de nuestro Consulado se refiere exclusivamente al reconocimiento de la firma del Jefe del Gabinete del Estado Civil de Argel, cuyo país sí está formalmente reconocido por nuestro Estado”. Insiste la Audiencia en que aunque la propia normativa española habla de “registros extranjeros” y no de “Registros de otros Estados”, “no puede llegarse a la conclusión de que tal certificación surta efectos probatorios del matrimonio celebrado, concediéndole validez y plenos efectos jurídicos, por el hecho de haberse instrumentalizado o pretendido avalar en el modo reseñado, a través del Estado en este caso el de Argelia, que sí tiene las facultades y reconocimiento para emitirlas, pues es la certificación original la que debe reunir tal cualidad, no la resultante, ya que, de admitir y reconocer tal práctica, se alteraría no sólo el verdadero valor en cuanto a la regularidad y autenticidad de las mismas y el Registro que las emite, sino que permitiría un objetivo fraude de Ley por la posibilidad de que terceros Estados tuvieran que reconocer los documentos expedidos por aquellos que no ostentan esa condición formal y material exigida de acuerdo con los Convenios y Tratados, afectando por ende a la seguridad jurídica internacional, y que en el caso de España, encuentra fundamento bastante en la aplicación de dichos preceptos enunciados de la Ley y Reglamento del Registro Civil”.