Se descarta la atribución de la nacionalidad española por presunción como remedio de la apatridia para los nacidos en el Sahara Occidental, cuando España administraba el territorio (SAP Navarra 3ª 28 mayo 2021)

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, Sección Tercera, de 28 de mayo de 2021 estima el recurso de apelación interpuesto por la Abogacía del Estado contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Iruña/Pamplona de 8 de febrero de 2021 que declaró otorgar al actor con valor de simple presunción, la nacionalidad española de origen. De acuerdo con la Audiencia:

«(…) El recurso de apelación tiene una primera alegación sobre la valoración de la prueba en la sentencia por el juzgador a quo, criticando la insuficiencia de la prueba documental para acreditar que el actor haya nacido en el Sahara Occidental, siendo dudoso su nacimiento y filiación, e incluso su identidad misma.  El Tribunal, revisando la documental valorada, coincide con la instancia en que las dudas existen en cuanto a la edad exacta y denominación patronímica y apellido del actor, en su versión para los registros del Reino de España, pero no en cuanto a la realidad histórica fundamental de su nacimiento en el territorio del Sahara Occidental. Los documentos identificadores del actor, emitidos por la República Árabe Saharaui Democrática, entidad que no tiene reconocido el carácter de estado autónomo por la ONU, por la República Argelina Democrática y Popular, y por la República Islámica de Mauritaria, que sí son estados reconocidos, pero proveen de pasaportes a los saharauis sin reconocimiento del carácter nacional de los mismos, haciéndoles figurar como naturales de sus respectivos territorios, precisamente corresponden a la realidad de apatridia de tales, la cual impide exigir documentos auténticos de filiación conforme al art. 336 RRM. No cabe, por contradictorio en toda lógica práctica, razonar técnicamente acerca de una reclamación dirigida a combatir la apatridia, para requerir que la base desde la que se reclama -nacimiento- se encuentre documentado por un estado reconocido internacionalmente. La filiación y lugar de nacimiento, que aproximativamente se determinan en la sentencia recurrida, y aquí se acogen, se corresponden a una prueba indiciaria que procede, de un lado, del documento de identidad de la madre del actor, Piedad , certificado por la Dirección General de Policía, de fecha 30 de octubre de 1971, expedido en Temeinichet (Sahara), nº … -valga o no valga a ningún efecto oficial al respecto del origen nacional de la misma-; de otro lado, precisamente a la concurrencia de una variedad de filiaciones documentadas, parecidas en denominaciones, edad, y lugar de nacimiento, pero no iguales, precisamente de las autoridades saharauis, y de estados que han ocupado y/o admitido refugiados de una etnia y origen concretas, en circunstancias conocidas; y en fin, a la certificación de la MINURSO nº …, aunque se refiera a Casiano -como en otros de la RAS, haciendo la dicción patronímica equivalente-, que tiene un mandato de la ONU para confeccionar el censo de las personas que, por ser naturales del Sahara Occidental, tienen derecho a votar en el referéndum de autodeterminación que en su día pueda celebrarse. Todo ello conduce a entender, en una población nómada, dispersa por violencia, y en larga diáspora en los países aledaños, cuando se proyecta sobre quien era menor de edad al producirse esta última forzadamente, que hay una acreditación mínima suficiente de filiación y nacimiento, aunque no de exactitud y exhaustividad en cuanto a traslación de denominación antroponímica en alfabeto árabe, ni en cuanto fijación de lugares y fechas precisas. Lo indicado mueve a no alterar el resultado de la valoración probatoria de la instancia».

«(…) Nacionalidad española por presunción como remedio de la apatridia para los nacidos en el Sahara Occidental, cuando España administraba el territorio La apelación tiene por objeto defender, frente a la tesis, extensa e intensamente justificada en la sentencia apelada, la resolución de la DGRN, que desautorizó al Registro Civil de Tudela, esencialmente sosteniendo que, cuando no se ejerció el derecho de opción contemplado en el Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, sobre opción de la nacionalidad española por parte de los naturales del Sahara (BOE de 28 de septiembre, en vigor al día siguiente), no cabe la aplicación de la nacionalización, por presunción, con base en art. 17.1º.c) Cc, al socaire de que el interesado, habiendo nacido en el Sahara Occidental, cuando lo administraba el Reino de España, nació en territorio español, dado que no cabe así considerarlo. En primer lugar, ha de rechazarse que el juzgador a quo haya infringido el art. 282 LEC, al haber suplido la inactividad o ineficiencia probatoria de la parte actora con sus motivaciones fácticas. Una cosa es el veto general a que, en el proceso civil, el juez señale una fuente de prueba y la lleve a la práctica, sin solicitud de parte y su admisión bajo contradictorio, y otra muy distinta, que pueda valorar la prueba practicada, a instancia de cualquiera de las partes -puesto que el principio de adquisición procesal permite valorar todo, con independencia de la iniciativa, de la carga de probar, y de quién se beneficia o perjudica con el resultado probado-, mediante razonamientos que sean diferentes a los puntos de vista de las partes, ya sea por notoriedad, por inferencias derivadas de la experiencia, o por pura lógica o «criterio humano» de art. 386.1º LEC. Ahora bien, la fundamental alegación del recurso de apelación tiene que ser acogida, puesto que, efectivamente, la sentencia recurrida se enfrenta a la doctrina proclamada en la STS -Pleno- 207/2020, de 29 de mayo (RJ 2020, 1267), que no solo estaba publicada cuando se resolvió en primera instancia, sino que se menciona en la misma, de modo esquinado, para destacar una porción de la misma, en que se reconocen antecedentes motivadores del dubium. Nuestro sistema no es de vinculación al precedente judicial, y no se prevarica por contrariar una doctrina jurisprudencial, pero la lógica del sistema supone el alineamiento con la solución conseguida en las sentencias de Pleno de la Sala I TS, cuando las diferencias insustanciales en los presupuestos de hecho de la casación, y las limitaciones del recurso, desde las posturas de las partes, no hayan tenido que ocluir alguno de los extremos que se elucidan en la instancia.  Efectivamente, opinando de manera diversa, pero sobre lo mismo, y en un ámbito de hechos y normativa idénticos, nunca evolucionarían la jurisprudencia exigida en asuntos muy controvertibles -la del caso explicita terciar en asunto con respetables divergencias en los tribunales y la doctrina científica, y la sentencia de Pleno tiene serios votos particulares-, si las salas de apelación no asumieran distanciarse en determinado momento. Pero parece que tal momento no puede ser próximo a la unificación jurisprudencial, que debe dejarse reposar mínimamente, y además, por un lado, el tema en concreto, afectante a los saharauis de más de 45 años, se halla condicionado por el paso del tiempo, según es evidente, y por otro lado, toca una exégesis de anciana legislación preconstitucional. El punto preciso de la censura del recurso de apelación se centra en que, a pesar de todo lo que expone la sentencia apelada, el «territorio español» de art. 17 Cc, como equivalente a España, estado-nación, no puede extenderse al Sáhara Occidental, por mucho que se la calificara de provincia española cuando la parte recurrida vino al mundo. Y la jurisprudencia ha optado por uniformar los criterios del orden civil, en procesos de estado, con los del orden contencioso-administrativo, en fiscalización de actos administrativos, estos segundos que conceptúan a los nativos saharauis como apátridas, y disciernen el territorio nacional de los territorios que fueron colonias, concibiendo el fenómeno de «provincialización», que describe por extenso la sentencia recurrida, como un ‘perfeccionamiento del Régimen colonial’, esto es, una falsa españolización. Por lo tanto, la Ley 40/1975, de 19 de noviembre, sobre descolonización del Sahara, abrogatoria de todo lo antecedente, y que proclama la extraterritorialidad, y el Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, sobre opción de la nacionalidad española por parte de los naturales del Sahara, no privaron de un derecho de nacionalidad a quien nunca lo tuvo, y el único derecho generado fue de opción en el lapso temporal de un año. Las condiciones del abandono de la falsa provincia española no es algo que pueda valorarse en este proceso, y mucho menos rectificarse o compensarse mediante una interpretación que niegue el carácter colonial del Sahara, como indica la STS -Pleno- 207/2020. La conclusión, es que el actor no nació en España, ni su madre era española, al objeto -no hay otro tratado y resuelto en la sentencia de primera instancia-, de conceder, con el valor de mera presunción, conforme el art. 17.1º.c) Cc la nacionalidad española de origen al Sr. Doroteo . Lo que impone la estimación del recurso de apelación de la Abogacía del Estado y revocación de la sentencia apelada»

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