El TS reitera: no son nacionales españoles de origen del art. 17.1 c) del Código Civil los nacidos en el Sahara Occidental antes de su descolonización (STS Civ 1ª 7 octubre 2021)

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección Primera de 7 de octubre de 2021 reitera la doctrina fijada por la sentencia de pleno 207/2020, de 29 de mayo, El motivo único de casación interpuesto por la  Dirección General de los Registros y del Notariado (en la actualidad, Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública) contra la sentencia dictada el 15 de noviembre de 2019 por la Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa en el recurso de apelación n.º 21423/2018 se funda en infracción del art. 17.1º c) Cc y en su apoyo se alega, en síntesis: (i) que la controversia se reduce a determinar si cabe  considerar ‘España’ el Sahara Occidental a los efectos de declarar españoles de origen a los saharauis nacidos en el mismo cuando estaba bajo la autoridad española; (ii) que las sentencias de instancia consideran aplicable al caso el citado precepto al entender que en la época en que se produjo el nacimiento del demandante el Sahara era provincia española y, por tanto, parte integrante del territorio nacional; (iii) que esa interpretación se aparta de la doctrina de la DGRN y de la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que en sentencia de 7 de noviembre de 1999 consideró que «Guinea, Ifni, y Sahara eran territorios españoles que no formaban parte del territorio nacional» [en realidad se transcribe el texto de una sentencia de la Sala Tercera de este Tribunal Supremo que, a su vez, cita la sentencia de la propia Sala Tercera de 7 de noviembre de 1999]; y (iv) que por lo tanto el demandante no nació «en España», como exige el art. 17.1º.c) Cc, pese a sí ser apátrida, toda vez que los nacidos en el Sahara no son españoles (cita y extracta una sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2007). Para justificar la existencia de interés casacional citaba, en apoyo del criterio que consideraba correcto, las SSAP Madrid, 20.ª, de 27 de junio de 2019, Las Palmas, 5.ª, de 6 de mayo de 2019, y Gipuzkoa, 2.ª, de 24 de noviembre de 2017 y 9 de marzo de 2018, y en apoyo del criterio opuesto, seguido por la sentencia recurrida, las SSAP Madrid, 18.ª, de 20 de septiembre de 2018, Gipuzkoa, 3.ª, de 3 de octubre de 2017, e Illes Balears, 3.ª, de 26 de mayo de 2017. El demandante se ha opuesto al motivo alegando, en síntesis: (i) que es inadmisible, por no existir interés casacional en la modalidad de oposición a la doctrina jurisprudencial de esta sala sobre la validez de la certificación de nacimiento expedida por la RASD; y (ii) que en todo caso debe desestimarse por razones de fondo, consistentes en que la DGRN solo discutió la validez de la certificación de nacimiento, no la aplicabilidad al caso del art. 17.1 c) CC, y en que su aplicación dio lugar al reconocimiento de la nacionalidad española de origen del demandante por circunstancias que no han variado, por lo que alterar ahora una situación de hecho y de derecho que dura más de diez años atentaría contra el principio de seguridad jurídica y la teoría de los actos propios (cita y extracta la SAP Valencia, 6.ª, de 28 de octubre de 2019). El Ministerio Fiscal ha apoyado el recurso de la DGRN alegando, en síntesis: (i) que la controversia se reduce a analizar si el vigente art. 17.1º c) Cc es aplicable al caso, para lo que procede dilucidar si los nacidos en el Sahara pueden ser considerados nacidos en España; (ii) que según la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, contenida en sentencias de 7 de noviembre de 1999, 20 de noviembre de 2007, 16 de diciembre de 2008, 3 de noviembre de 2009 y 9 de marzo de 2010, Guinea, Sahara Occidental e Ifni eran territorios españoles pero no «territorio nacional», por lo que los nacidos en ellos -como es el caso del demandante- no podían ser considerados españoles; (iii) que lo anterior dejaba abierta la posibilidad de que pudieran acceder a la nacionalidad española ejerciendo su derecho de opción (conforme al Decreto 2258/1976) o por residencia (art. 22.1.º CC); (iv) que la sentencia de esta sala de 28 de octubre de 1998 no se opone a la anterior doctrina, dado que vino a reafirmar que los nacidos en dichas colonias españolas nunca disfrutaron de la nacionalidad española de origen; y (v) que la polémica surgida a raíz de la existencia de jurisprudencia contradictoria de las Audiencias ha dado lugar a que por esta sala se haya dictado la sentencia de pleno 207/2020, de 29 de mayo (que se extracta), que ha fijado doctrina jurisprudencial en el sentido de que no son nacionales españoles de origen del art. 17.1º c) Cc los nacidos en el Sahara Occidental antes de su descolonización».

«(…) No concurre el óbice de admisibilidad alegado por el recurrido toda vez que basta examinar la razón decisoria de la sentencia recurrida, en línea con la de primera instancia, para colegir que la demanda fue estimada con fundamento en el art. 17.1º c) Cc, en congruencia con lo solicitado por el propio demandante -que se declarase su nacionalidad española de origen por haber nacido en un territorio que consideraba España y con la única cuestión controvertida a lo largo del presente litigo -si cabe considerar ‘España’ el Sahara Occidental a los efectos de declarar españoles de origen a los saharauis nacidos en el mismo antes de la descolonización-. Es más, la sentencia de pleno 207/2020 desestimó que hubiera incongruencia a pesar de que en aquel caso no se había formulado con claridad en la demanda una pretensión expresamente fundada en el art. 17.1º.c) Cc, razonando la sala que la sentencia recurrida se había ajustado a lo pedido -como ahora, que se declarase la nacionalidad española de origen de la demandante desde la fecha de su nacimiento- y había resuelto atendiendo a los mismos hechos alegados en la demanda como base o fundamento de esa petición».

«(…) Como indica el Ministerio Fiscal en su informe, la doctrina jurisprudencial aplicable a la controversia es la fijada por la referida sentencia de pleno 207/2020, de 29 de mayo, en un caso semejante. Las razones que entonces determinaron la estimación del recurso de casación de la DGRN y, consecuentemente, la íntegra desestimación de la demanda, fueron las siguientes: «1.ª) Es cierto que algunas consideraciones de la sentencia de esta sala 1026/1998, de 28 de octubre, especialmente las relativas a la «provincialización» del Sáhara, parecen apoyar la tesis de la demandante, y lo mismo sucede con la sentencia de esta sala de 22 de febrero de 1977 en cuanto consideró que El Aiún era España en el año 1972, pero la primera no versa sobre la nacionalidad de origen, sino sobre la posesión de estado de nacional español y su utilización continuada durante al menos diez años ( art. 18 CC), y la segunda trató del inicio del plazo de caducidad de la acción de impugnación de la filiación conforme al párrafo segundo del art. 113 CC en su redacción originaria. «2.ª) En cambio, la sentencia de la Sala Tercera de este Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 1999, aun siendo cierto que tampoco trata del art. 17 CC sino de su art. 22, distingue entre territorio español y territorio nacional para concluir, aunque la demandante invoque esta sentencia a su favor transcribiendo incluso un pasaje que más bien le perjudica, que «Guinea, Ifni y Sáhara eran territorios españoles que no formaban parte del territorio nacional», de modo que su «provincialización» habría constituido «un perfeccionamiento del Régimen colonial». «3.ª) A la anterior distinción cabría ciertamente oponer que dentro del propio art. 17 CC, como se argumenta en la sentencia de primera instancia, la expresión «territorio español» aparece como equivalente a «España». «4.ª) Existiendo, pues, argumentos normativos y jurisprudenciales a favor de una u otra tesis, lo mismo que respetables opiniones doctrinales en uno u otro sentido, el camino más seguro para llegar a la interpretación más correcta es, como propone el Ministerio Fiscal, atenerse a la normativa española más específica sobre la materia, constituida por la Ley 40/1975, de 19 de noviembre, sobre descolonización del Sahara, y el Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, sobre opción de la nacionalidad española por parte de los naturales del Sahara. Mediante el artículo único de dicha ley se autorizaba al gobierno ‘para que realice los actos y adopte las medidas que sean precisas para llevar a cabo la descolonización del territorio no autónomo del Sahara, salvaguardando los intereses españoles’, al tiempo que su disposición final y derogatoria acordaba que la ley entrara en vigor el mismo día de su publicación en el BOE (20 de noviembre de 1975), ‘quedando derogadas las normas dictadas por la administración del Sahara en cuanto lo exija la finalidad de la presente Ley’, y su preámbulo, tras constatar que el territorio no autónomo del Sáhara había estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al provincial, declaraba rotundamente que el Sáhara ‘nunca ha formado parte del territorio nacional’. ‘El RD 2258/1976, por su parte, arbitraba el sistema para que los naturales del Sahara que cumplieran determinados requisitos pudieran optar por la nacionalidad española en el plazo máximo de un año’. 5.ª) En consecuencia, cualquiera que sea la opinión que merezca esa normativa específica y cualquiera que sea la opinión sobre la actuación de España como potencia colonizadora a lo largo de toda su presencia en el Sahara Occidental, lo indiscutible es que se reconoce la condición colonial del Sahara -algo por demás difícilmente cuestionable incluso durante la etapa de ‘provincialización’- y que, por tanto, el Sahara no puede ser considerado España a los efectos de la nacionalidad de origen contemplada en el art. 17.1c) CC. En otras palabras, no son nacidos en España quienes nacieron en un territorio durante la etapa en que fue colonia española. ‘6.ª) La anterior interpretación, además, es armónica con la jurisprudencia de la Sala Tercera de este Tribunal Supremo que a partir de las sentencias de 20 de noviembre de 2007 y 18 de julio de 2008 viene reconociendo el estado de apátridas a las personas nacidas en el Sahara Occidental antes de su descolonización y cuyas circunstancias son similares a las de la demandante del presente litigio’. La sentencia 444/2020, de 20 de julio, aplicó esa misma doctrina jurisprudencial y declaró que no procedía reconocer la nacionalidad española de origen a los nacidos en Guinea durante el tiempo en que fue colonia española toda vez que, siendo la única cuestión controvertida en ambos litigios si esos territorios coloniales  eran españoles a los efectos de nacionalidad, ‘sería un contrasentido negarlo para el Sahara y reconocerlo para Guinea’ (…). La aplicación de dicha jurisprudencia determina la estimación del único motivo del recurso ya que la sentencia recurrida se opone a la misma al atribuir al demandante la nacionalidad española de origen conforme al art. 17.1º c) Cc a pesar de que también en este caso se trata de demandante nacido en territorio saharaui en una época en que el Sahara Occidental no podía ser considerado España a los efectos de dicho precepto.

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