Saharauis imposibilitados de ejercer el derecho de opción a la nacionalidad española contemplado en el RD de 10 de agosto de 1976 (SAP Bilbao 5ª 9 diciembre 2020)

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Bilbao, Sección Quinta, de 9 de diciembre de 2020 confirma la decisión de instancia que desestimó la demanda interpuesta por el Sr. Silvio frente a la Dirección General de Registros y del Notariado en pretensión, con sustento en los arts. 17, 18 y 22 del Código Civil, de que se declare su nacionalidad española desde la fecha de su nacimiento. Razona la audiencia siguiendo la doctrina contenida en reciente STS de 29 de mayo de 2020, ratificada en más reciente STS de 21 de julio de2020, del siguiente modo:

«(…) Por lo que hace a la posible atribución al demandante de la nacionalidad española en base a lo dispuesto en el art. 18 Cc insistir aquí en que tal y como se razona por la juzgadora a quo la posibilidad de reconocer a un saharaui la nacionalidad española por aplicación del citado art. 18 requiere que se trate de saharauis que se hubieran visto imposibilitados de ejercer el derecho de opción que contemplaba el RD de 10de agosto de 1976 durante su periodo de vigencia según la STS de 28 de octubre de 1998, entendiendo esta resolución que no pudieron ejercitar el derecho de opción quienes seguían viviendo en el Sáhara en el citado periodo, puesto que no existían «representaciones españolas en el extranjero» ante las que ejercitar el derecho de opción. Pues bien, la carga de la prueba de esta imposibilidad recae sobre quien la invoca y no se ha justificado suficientemente en el parecer de esta Sala la residencia de los padres del actor en el Sáhara en el periodo de vigencia del RD de 10 de agosto de 1976 que les hubiera impedido ejercitar esta opción no solo por ellos sino por su hijo menor de edad; dato de residencia en tal territorio y periodo que, frente a lo que se alega en el escrito de recurso, no puede presumirse por la circunstancia de que según el certificado de parentesco el demandante con sus padres y hermanos residiesen en Bir Gandouz en 1975 y los documentos acompañados a la demanda fueran allí obtenidos en el año 2014 ya que entre estos hechos y la consecuencia pretendida de que la unidad familiar no abandonó en ningún momento el territorio no existe el enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano a que se refiere el artículo 386.1 LEC. Por otro lado, aun admitiendo a efectos dialécticos esta imposibilidad, el precepto exige la existencia de un título inscrito en el Registro Civil aunque luego se anule, y la posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante 10 años. Y en este caso en el propio recurso se admite la inexistencia de tal título. Y nuevamente nos encontramos ante una absoluta falta de prueba de la posesión y utilización continuada por el actor durante diez años de la nacionalidad española; de forma que en esta tesitura tampoco es dada la atribución al demandante de la nacionalidad española en base a lo dispuesto en el art. 18 Cc. Procede por consiguiente, en atención a lo expuesto en este Fundamento y en el precedente, la íntegra desestimación del recurso y confirmación de la sentencia apelada».

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