Denegación de la nacionalidad española de origen y por consolidación, basadas en que el padre de la solicitante tenía un pasaporte expedido en el Aaiún (SAP 23 julio 2018)

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Sección Tercera, de 23 de julio de 2018 confirma una sentencia del juzgado que declaró no haber lugar a acceder al reconocimiento a la demandante de la nacionalidad de origen ni, subsidiariamente, por consolidación. Considera la Audiencia que: “los hechos probados impiden acoger la pretensión de la actora apelante y declarar la nacionalidad española de origen al amparo de lo dispuesto en el art. 17.1º Cc. Cierto es que obra en autos un pasaporte español a nombre del padre de la hoy actora apelante, expedido en Aaiún, en fecha 27 de diciembre de 1971, y de una validez hasta el 26 de diciembre de 1973, así como un documento nacional de identidad del Sahara, en el que figura una fecha de 8 de julio de 1975, sin ninguna referencia al carácter español de tal documento, sucediendo lo mismo con el resto de documentación, como las certificaciones de nacimiento que se aportan como correspondientes a la aludida actora apelante y de su padre, en las que nada figura sobre la nacionalidad de los mismos, estando ambos documentos expedidos el 29 de septiembre de 1969, no existiendo ninguna constancia clara y fehaciente de la condición del padre de dicha actora de nacional español de origen ni de que hubiera optado por dicha nacionalidad en el plazo del año fijado en el Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, sobre opción de la nacionalidad española por parte de los naturales del Sáhara, ni, en su caso, de la imposibilidad de haber ejercido dicha opción. Debe asimismo permanecer invariable el rechazo de la pretensión de reconocimiento de la nacionalidad española por consolidación, pues tampoco la documentación obrante en autos permite constatar la existencia de un título válido demostrativo del cumplimiento de los requisitos que el art. 18 Cc contempla para la adquisición de esa nacionalidad. Por el contrario, en las certificaciones literales de nacimiento de los hijos de la actora, figura como nacionalidad de ésta la marroquí; tampoco los certificados de empadronamiento aportados, ni la certificación literal de matrimonio (en la que tampoco consta la nacionalidad de la actora apelante), ni los documentos relativos al esposo de dicha apelante arrojan alguna luz sobre la posesión y utilización continuada por la misma de la nacionalidad española en los términos requeridos por el citado art. 18”.

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