En opinión del Abogado General la cláusula de arbitraje incluida en el acuerdo celebrado entre los Países Bajos y Eslovaquia sobre la protección de las inversiones es compatible con el Derecho de la Unión

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En las conclusiones del Abogado General de 19 de septiembre de 2017 en el asunto C-284/16 (Slowakische Republik contra Achmea BV), se considera que  la cláusula de arbitraje incluida en el acuerdo celebrado entre los Países Bajos y Eslovaquia sobre la protección de las inversiones es compatible con el Derecho de la Unión. Para el Abogado General Watheletm que la cláusula controvertida no supone una discriminación basada en la nacionalidad, prohibida por el Derecho de la Unión y, en consecuencia, no infringe el artículo 18 TFUE. En efecto, si bien sólo los inversores neerlandeses están facultados por la cláusula para acudir al tribunal arbitral al objeto de dirimir una controversia relativa a una inversión realizada en Eslovaquia, los inversores de la mayoría de los Estados miembros restantes disfrutan de una protección equivalente sobre la base de los TBI que sus respectivos Estados miembros de origen han celebrado con Eslovaquia. A este respecto, el Abogado General subraya que los inversores procedentes de un Estado miembro que no haya celebrado un TBI con Eslovaquia tampoco sufren una discriminación en razón de su nacionalidad, como consecuencia de la cláusula controvertida. El Abogado General precisa que el Tratado FUE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia exigen que los inversores que procedan de un Estado miembro distinto de Eslovaquia y que se encuentren en territorio eslovaco en una situación regida por el Derecho de la Unión sean tratados del mismo modo que los inversores eslovacos, pero no que los inversores de un tercer Estado miembro.

El Tribunal Supremo reconoce que el Gobierno de Gibraltar está legitimado para ejercer el derecho de rectificación en España

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La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 15 de septiembre de 2017,  ha reconocido que el Gobierno de Gibraltar está legitimado para litigar en España en ejercicio del derecho de rectificación sobre informaciones publicadas en medios de comunicación españoles que sean perjudiciales para las instituciones y la sociedad gibraltareñas. La Sala indica que, aunque Gibraltar no tiene el reconocimiento de Estado independiente en el Derecho internacional, conforme a la legislación interna española reúne los requisitos precisos para reconocerle personalidad jurídica y, por tanto, puede ser parte en un proceso ante los tribunales españoles para ejercer dicho derecho. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Rafael Sarazá Jimena, reconoce al Gobierno de Gibraltar capacidad para ser parte y capacidad procesal, de conformidad con el art. 9.11 del Código civil, que se remite a la ley personal aplicable para determinar la personalidad jurídica y, con ello, la capacidad para ser parte y la capacidad procesal. De este modo, si bien Gibraltar no tiene el reconocimiento de Estado independiente en el Derecho internacional, por tratarse de una colonia de la corona británica, conforme a su legislación interna reúne los requisitos precisos para reconocerle personalidad jurídica y, por tanto, puede ser parte en un proceso ante los tribunales españoles. Por otra parte, la publicación de hechos que afectan a Gibraltar, tanto a personas y empresas radicadas en ella como a sus instituciones, relacionadas con
actividades reprobables y en su mayoría ilícitas (contrabando, blanqueo de capitales, tráfico de drogas, secreto bancario y, en general, conexiones con redes criminales) afecta a las instituciones gibraltareñas, por la permisividad que se atribuye a las autoridades en relación con estas actividades, y resulta negativa para la sociedad gibraltareña en su conjunto. Por ello, la sentencia reconoce al Gobierno de Gibraltar legitimación activa en el ejercicio del derecho de rectificación de las informaciones publicadas.

 

Comunicado conjunto del Colegio y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado sobre la situación de los solicitantes de asilo en Barajas, 11 de septiembre de 2017

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Pese a las recomendaciones periódicas realizadas por el Defensor del Pueblo a la Administración Española sobre las carencias endémicas, tanto en la gestión del procedimiento como en las condiciones de los solicitantes de asilo en el Aeropuerto de Barajas, y habiéndose cuadriplicado las peticiones de asilo en dichas dependencias en el último año, considerando inadecuadas dichas instalaciones y el personal asignado (cf web del Defensor del Pueblo), la situación dista mucho de mejorar y sí, de ir a peor. Estos últimos meses se ha podido comprobar con crudeza dicha situación, una vez visibilizados en forma patente dichas disfunciones. Por esa razón se ha emitido el 11 de septiembre de 2017 un Comunicado conjunto del Colegio y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado sobre la situación de los solicitantes de asilo en Barajas.

Un Tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje da la razón a Eslovenia en su conflicto de delimitación marítima contra Croacia

La Corte Permanente de Arbitraje ha publicado el Laudo arbitral de 29 de junio de 2017 en el PCA Case nº 2012-04 en la controversia de delimitación marítima que enfrentó a Croacia y a Eslovenia. El Tribunal arbitral estuvo integrado por los árbitros Gilbert Guillaume,  Vaughan Lowe, Bruno Simma , Rolf Einar Fife (desde el 25 de septiembre de 2015),  Nicolas Michel (desde el 25 de septiembre de 2015), Ronny Abraham (desde el 3 de agosto de 2015),  Budislav Vukas (hasta el 30 de julio de 2015),  Jernej Sekolec (hasta el 23 de julio de 2015). El Tribunal arbitral dio hoy la razón a Eslovenia ordenando que la frontera marítima entre ambos países fuese modificada. El mayor punto de la controversia era el de la Bahía de Pirán, situada en el Golfo de Trieste y cuyas aguas, que pertenecían a la antigua Yugoslavia antes de su desintegración, eran reclamadas por ambos países. El Tribunal acordó, de forma unánime, que más de tres cuartas partes de esas aguas deben pertenecer a Eslovenia, dándole a este país tanto los derechos de navegación como de vuelo de esa zona, en contra de la reclamación de Croacia, que había pedido que la bahía se dividiera por la mitad.

Acción del empleador de la persona perjudicada, un organismo público subrogado ex lege en los derechos de su trabajador, contra el asegurador del vehículo implicado

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La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Tercera, de 20 de julio de 2017,  as. C‑340/16: MMA IARDconsidera que el art. 9, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en relación con el art. 11, apartado 2, del mismo Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que un empleador establecido en un primer Estado miembro, que ha mantenido la remuneración de su trabajador ausente a causa de un accidente de tráfico y que se ha subrogado en los derechos de este último frente a la compañía aseguradora de la responsabilidad civil generada por el vehículo implicado en dicho accidente, que se halla domiciliada en un segundo Estado miembro, puede, en su condición de “persona perjudicada” en el sentido de esta última disposición, demandar a dicha compañía de seguros ante los tribunales del primer Estado miembro, cuando fuere posible una acción directa.

Reforma del Sistema Europeo Común de Asilo

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El 19 de julio de 2017, el Comité de Representantes Permanentes (Coreper) ha aprobado, en nombre del Consejo, un mandato de negociación sobre un Reglamento relativo a las normas de reconocimiento, estatuto y protección concedida a los refugiados y a las personas con derecho a protección subsidiaria. Atendiendo a este mandato, la Presidencia iniciará las negociaciones con el Parlamento Europeo tan pronto como sea posible.

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Nueva estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia

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El Real Decreto 725/2017, de 21 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia (BOE 25.7.2017)  hasta el nivel de Subdirección General de acuerdo, según su tenor literal, a criterios de austeridad, eficacia y eficiencia en la gestión del departamento.  Entre otras cosas define las funciones de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones como autoridad central española en materia de cooperación jurídica internacional y encargada de la coordinación de la participación del Ministerio de Justicia en la Unión Europea y organismos internacionales, así como de las relaciones con las Iglesias, Confesiones y Comunidades Religiosas en la promoción del ejercicio de su derecho de libertad religiosa.