El Parlamento Europeo lamenta que solo tres Estados miembros hayan optado por transponer la Directiva de mediación en asuntos civiles y mercantiles

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La Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2017, sobre la aplicación de la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, acoge con satisfacción el hecho de que en muchos Estados miembros los sistemas de mediación han sido objeto recientemente de modificaciones y revisiones, y en otros Estados miembros se han previsto enmiendas a la legislación aplicable. Lamenta, sin embargo, que solo tres Estados miembros hayan optado por transponer la Directiva solamente en lo que se refiere a los casos transfronterizos y constata la existencia de dificultades relativas al funcionamiento en la práctica de los sistemas nacionales de medicación, vinculadas principalmente a la tradición del proceso contradictorio y a la falta de una cultura de mediación en los Estados miembros, el bajo nivel de conocimiento de la mediación en la mayoría de ellos y el insuficiente conocimiento del modo de tratar asuntos transfronterizos y el funcionamiento de los mecanismos de control de calidad aplicables a la mediación. Por ello hace hincapié en que todos los Estados miembros prevén la posibilidad de que los tribunales insten a las partes en un litigio a recurrir a la mediación o, al menos, a participar en sesiones informativas sobre la mediación; observa que, en algunos Estados miembros, la participación en estas sesiones informativas de este tipo es obligatoria, ya sea por iniciativa del juez , o por disposición legal en el caso de determinados litigios, como los litigios de familia; indica, asimismo, que en algunos Estados miembros es obligatorio que los abogados informen a sus clientes sobre la posibilidad de recurrir a la mediación o que las solicitudes presentadas a los tribunales confirmen que se ha intentado la mediación o que hay motivos que lo impiden; toma nota, no obstante, de que el art. 8 de la Directiva relativa a la mediación garantiza que el hecho de que las partes opten por la mediación con ánimo de solucionar un litigio no les impida posteriormente recurrir a los tribunales debido al tiempo dedicado a la mediación; pone de relieve que no parece que los Estados miembros hayan planteado cuestiones específicas en relación con este punto. Por último, pide a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos para fomentar el recurso a la mediación en litigios civiles y mercantiles, también mediante campañas de información adecuadas, ofreciendo a los ciudadanos y a las personas jurídicas información adecuada y completa en relación con el objeto del procedimiento y sus ventajas en términos de ahorro de tiempo y dinero así como para mejorar la cooperación entre los profesionales de la justicia con este fin; subraya, en este contexto, la necesidad de intercambiar las mejores prácticas en las diferentes jurisdicciones nacionales, con el apoyo de medidas adecuadas a escala de la Unión, para favorecer la concienciación en relación con la utilidad de la mediación; y, asimismo, pide a la Comisión que estudie la necesidad de desarrollar normas de calidad a escala de la Unión para la prestación de servicios de mediación, en particular normas mínimas que garanticen la coherencia, teniendo en cuenta al mismo tiempo el derecho fundamental de acceso a la justicia, así como las diferencias locales respecto a la cultura de la mediación, como medio para seguir fomentando el uso de la mediación.

Renuncia al recurso de anulación y de revisión de un laudo arbitral en Suiza

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La Sentencia del Tribunal Federal suizo, 1re Cour de doit civil, de 17 do octubre de 2017, se pronunció sobre la impugnación (nulidad y revisión ) de un laudo dictado en el contexto de un arbitraje internacional donde las cláusulas de arbitraje de los contratos controvertidos contenían una redacción según la cual las partes renunciaban a impugnar cualquier posible laudo arbitral futuro. Dicha decisión confirma la posibilidad de renuncia a la impugnación del laudo aunque las partes en el procedimiento arbitral no tengan ni domicilio, residencia habitual o establecimiento permanente en Suiza.

Actualización del Reglamento y de las Reglas del CIADI

Un año después de que el CIADI anunciara un nuevo proceso destinado a actualizar su reglamento y sus reglas, los Estados Miembros y el público ofrecieron varias sugerencias de enmiendas. Como próximo paso, el CIADI organizará una reunión para los representantes de los Estados Miembros los días 26-27 de septiembre de 2018 en la sede principal del Banco Mundial, ubicada en Washington DC, a fin de evaluar las enmiendas propuestas y definir el camino a seguir. La reunión será la primera oportunidad que tendrán los representantes de los Estados para analizar con el Secretariado y entre sí, las opciones propuestas en aras de enmendar las reglas. El Secretariado del CIADI circulará con anterioridad a la reunión, un Documento de Trabajo sobre las Enmiendas Propuestas, que servirá de base para el análisis. Las delegaciones y los miembros del público también tendrán una nueva oportunidad para presentar comentarios por escrito en el 2018, lo que finalmente derivará en un conjunto de enmiendas que se someterá a la aprobación del Consejo Administrativo del CIADI.

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Liquidez internacional de las actividades del juego de Póquer

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La Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Ordenación del Juego, por la que se acuerda autorizar una modalidad de liquidez distinta a la propia de la participación de los jugadores con registro de usuario español para el juego de póquer online, y por la que se modifican determinadas resoluciones sobre las actividades de juego previstas en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.  El régimen jurídico relativo a la liquidez internacional de las actividades de juego se encuentra recogido en la disposición adicional tercera del Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, en lo relativo a licencias, autorizaciones y registros del juego. El 6 de julio de 2017 la Dirección General de Ordenación del Juego y las autoridades reguladoras de juego online de Francia, Italia y Portugal suscribieron un Acuerdo sobre liquidez compartida en el juego de póquer online. Siendo Francia, Italia y Portugal Estados integrantes del Espacio Económico Europeo, este Acuerdo otorga el presupuesto habilitante para que la Dirección General de Ordenación del Juego, mediante la presente resolución, autorice de forma expresa el desarrollo del juego de póquer online con una modalidad de liquidez distinta a la que deriva de la participación de los usuarios con registro de usuario español, de acuerdo a las condiciones expresamente previstas en la misma. A través de la presente Resolución se autoriza a los operadores que soliciten una licencia singular habilitante para el desarrollo y explotación del tipo de juego “Póquer” (vinculado a la modalidad de juego “Otros Juegos” referida en el artículo 3.f) de la Ley 13/2011, de 27 de mayo) y a los operadores que ya cuenten con dicha licencia para que, con carácter voluntario, puedan ofertar este juego en un entorno de liquidez internacional, de acuerdo con una serie de condiciones quela propia Resolución espedcifica.

Admisión de una declinatoria arbitral por existir una cláusula arbitral en los estatutos reguladores de una UTE

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El Auto de la Audiencia Provincial de Ourense, Sección Primera, de 28 de septiembre de 2017 confirma una decisión del Juzgado de Primera Instancia que admitió una declinatoria arbitral por entender que la cuestión planteada había sido sometida expresamente a arbitraje, a tenor de la cláusula novena de la escritura constituyente y del art. 22 de los Estatutos reguladores de una UTE.  Para la Audiencia ” si en los Estatutos se regulaba la forma de contratación entre las empresas integrantes de la UTE, encomendada su aprobación al comité de la gerencia, lo mismo que el procedimiento de compra. Si también conforme al art. 6 de los estatutos, correspondía al comité de la gerencia determinar los equipos necesarios y aprobar las facturas que pagaría la UTE a las empresas miembro por la prestación de servicios, ejecución de trabajos y suministros (apd. I ) del artículo seis de los Estatutos). Es claro que la cuestión relativa a la eficacia jurídica del propio contrato de compraventa del equipo, entre miembros de la UTE y la aprobación de sus condiciones, había de reconducirse a la aplicación de los estatutos constituyentes, y, en definitiva, la controversia sometida a enjuiciamiento si resultaba afectada por la cláusula novena de la escritura de constitución de la UTE y por el artículo 22 de los estatutos. A tenor de los cuales y en términos de gran amplitud, se establecía, que “las empresas que constituyan esta UTE acuerdan someter toda divergencia que sugiera con motivo de la interpretación, ejecución y aplicación de estos estatutos, a un arbitraje de equidad de acuerdo con lo previsto en la Ley de arbitraje de 5 de diciembre de 1988, con exclusión de recurrir a los tribunales”. 

Memorando de Entendimiento para la Unificación de las Cortes de Arbitraje existentes en España

La Cámara de Comercio de España, la Cámara de Comercio de Madrid y CIMA ponen las bases para crear una única Corte de Arbitraje Internacional

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha presidido la firma del memorando de entendimiento entre la Cámara de Comercio de España, la madrileña y la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (Cima). El acuerdo es el primer paso para unificar las tres cortes de arbitraje con sede en Madrid y crear una sola institución de carácter internacional, que atraiga a los procedimientos que históricamente se han desarrollado en ciudades como París, Londres o Nueva York.

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Improcedencia de una expulsión contra un nacional de un Estado no miembro de la UE por haber sido condenado a una pena privativa de libertad superior a un año

Acceso principal al Tribunal de Justicia Europeo que ha adoptado la decisión.

La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Octava, de 7 de diciembre de 2017 (asunto C-636/16: López Pastuzano) declara que no puede adoptarse una decisión de expulsión contra un nacional de un Estado no miembro de la UE, residente de larga duración, por la mera razón de que haya sido condenado a una pena privativa de libertad superior a un año. De acuerdo con el Tribunal de Justicia  la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración se opone a una normativa de un Estado miembro que, tal como es interpretada por una parte de los órganos jurisdiccionales de éste, no contempla la aplicación de los requisitos de protección contra la expulsión de un nacional de un Estado no miembro de la UE, residente de larga duración, respecto de toda decisión administrativa de expulsión, cualquiera que sea la naturaleza o modalidad jurídica de la misma. Antes de adoptar una decisión de expulsión contra un nacional de un Estado no miembro de la UE, residente de larga duración, los Estados miembros deben tomar en consideración la duración de la residencia en su territorio, la edad de la persona implicada, las consecuencias para él y para los miembros de su familia y los vínculos con
el país de residencia o la ausencia de vínculos con el país de origen. Por lo tanto, considera que es indiferente que tal medida haya sido acordada como sanción administrativa o que sea consecuencia de una condena penal. El Tribunal de Justicia recuerda asimismo que una medida de expulsión no puede adoptarse de modo automático a raíz de una condena penal, sino que requiere una valoración caso por caso
que debe recaer, en particular, sobre los aspectos mencionados.