Actitud querulante del padre en cuanto a la autorización a la madre para que trasladase el domicilio a Alemania llevando con ella a la hija

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El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimosegunda, de 5 de octubre de 2017, desestima un recurso de apelación considera que ” como toda resolución judicial, es susceptible de crítica, especialmente para quien no ha obtenido la respuesta judicial que pretendía y esperaba. Mas olvida la parte ejecutante que la actuación de los tribunales debe estar dirigida en todo caso a salvaguardar el interés de la menor y que él mismo, en su condición de padre, debe anteponer el beneficio de la hija a sus propias conveniencias”. (…) Es la vida de la hija, sus intereses, sus preferencias, sus necesidades, incluso el cuidado de sus enfermedades, sus compromisos sociales, etc…., lo que caracteriza este tipo de obligaciones en materia de familia. Es por esta razón por la que el Reglamento Europeo nº 2201/2003, sobre responsabilidad parental, en consonancia con el Convenio de La Haya de 1996 sobre la misma materia establecen que en los casos de traslados ilícitos, retención de menores en países extranjeros o disfunciones en el cumplimiento de visitas, deben las partes utilizar procedimientos de mediación por cuanto es necesario establecer un mínimo canal de comunicación en beneficio de la hija común, y unos criterios comúnmente aceptados de flexibilidad y colaboración entre ambos. De otra forma, con los procedimientos penales o sancionadores, se podrá conseguir la imposición de multas e incluso condenas por desobediencia a la otra parte, pero quien más castigada resultará será la hija a la que se obligará a entrar en un conflicto de lealtades que finalizará, muy probablemente, con la ruptura con uno de sus progenitores. Tal resultado es muy grave y perjudicial para la menor. En consecuencia se insta a ambas partes a que procuren establecer un ámbito de comunicación que posibilite el cumplimiento de las previsiones de la sentencia, no solo en cuanto a las entregas y devoluciones de la hija, sino también de la relación telemática y telefónica prevista en la sentencia que se ejecuta. No debe olvidarse que la sentencia fijó unas medidas mínimas para el caso de que las partes no fueran capaces de alcanzar un acuerdo razonable, lo que parece que no es posible tampoco por la beligerante actitud que se desprende de los escritos procesales de las representaciones letradas que, como
compromiso deontológico, deberían procurar ante todo salvaguardar los intereses de la menor, propiciando la intervención de un mediador que pueda ayudar a los litigantes a establecer dinámicas colaborativas”.

Restitución del menor al Reino Unido por apreciarse una retención ilícita el España por parte de de su padre

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de La Palmas, Sección Tercera, de 21 de junio de 2017, desestima un el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria , por el que se ordenó, en aplicación del Convenio de La Haya  de 1980, del Reglamento (UE) nº Europea 2201/2003, de 27 de noviembre y de la normativa nacional sobre sustracción de menores, la restitución del menor Jose Daniel , a la guarda de su madre y residencia con la misma en Londres (Reino Unido), declarando que ha existido una retención ilícita del menor en la isla de Gran Canaria por parte de su padre, que tiene concedida la guarda compartida con la madre por orden del Tribunal londinense de 2 de marzo de 2015, y de su abuela paterna, con quien reside de hecho actualmente en Gran Canaria. Para la Audiencia “lo único que se constata es una retención ilícita del menor no amparada por resolución judicial, que ha contrariado el permiso de viaje que finalizaba en enero de 2016, y una situación de tolerancia de la madre hasta noviembre de 2016, en que ya presenta denuncias en España sobre la situación de su hijo, todo lo cual no cabe confundir con una aceptación formal del cambio de residencia de su hijo, a los efectos de aplicar el art. 13 del Convenio, lo que hubiera entrañado evidentemente una pérdida de su custodia, en lo que tampoco ha estado nunca conforme”.

Teniendo en cuenta que la Sentencia griega de divorcio contempla una situación provisional, lo razonable es estimar la oposición a la ejecución atendiendo al interés superior de los menores

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El Auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Segunda, de 13 de junio de 2017 considera que en el supuesto no se está “propiamente ante una falta de competencia de la jurisdicción española pues debe tenerse en cuenta, que la recurrente trasladada ya en Grecia, se sometió a los Tribunales españoles en la Sentencia de mutuo acuerdo, en todo caso la problemática radicaría más bien en la eficacia o no de la sentencia de divorcio en cuanto al régimen de visitas, teniendo en cuenta la nueva situación creada. Debe tenerse en cuenta que la Sentencia de divorcio contemplaba una situación provisional ya sobrepasada, previniendo incluso, un nuevo régimen de relación en función del lugar de residencia de los menores, que los menores se habían trasladado junto con su madre a Grecia y que dicho traslado ha sido declarado legal por resolución 6082/2015 de el Tribunal Unipersonal de Primera Instancia de Atenas de 9 de octubre de 2015, constituyéndose en Grecia (Cholargos de Atica) la nueva residencia habitual de los menores. Igualmente por resolución 6143/2016 del Tribunal de Primera Instancia de Atenas, en procedimiento de medidas cautelares se restringen las comunicaciones del padre con los hijos en un fin de semana al mes en Grecia y con una serie de supervisiones en horario y presencia de terceros, todo ello en interés de los menores. En consecuencia, teniendo en cuenta que la Sentencia de divorcio objeto de la ejecución contemplaba una situación provisional, así como la nueva situación creada lo razonable es estimar la oposición a la ejecución aún por otros razonamientos que los que se exponen en el recurso, debiéndose adecuar el régimen de visitas a la nueva situación creada en la actualidad atendiendo al interés o beneficio superior de los menores en el procedimiento que corresponda, sin que ello prejuzgue cualquier cuestión relativa a la competencia teniendo en cuenta las prevenciones que se contemplan en el Reglamento 2.201/2003 de la Unión Europea”.

De acuerdo con el Convenio de La Haya en los procesos de restitución de menores el juez debe pronunciase únicamente sobre si el traslado o la retención son ilícitos y si procede o no la restitución del menor

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona, Sala Primera, de 23 de enero de 2017 desestima en su integridad el instado por la madre del menor, residente en la localidad de Les Planes d’Hostoles, por partir de “una premisa fáctica que no puede ser objeto de análisis en este proceso; esto es, se dice que el padre no estaba ejerciendo, de modo efectivo, el derecho de custodia en el momento en que se produjo el traslado del menor, e invoca un pretendido riesgo para el menor, en caso de devolución. Tal planteamiento está abocado al fracaso, puesto que además de no resultar acreditadas las razones expuestas y transcritas, se olvida que, en este concreto proceso, el Juez debe dictar sentencia en la que se pronunciará, únicamente, sobre si el traslado o la retención son ilícitos y acordará si procede o no la restitución del menor a la persona, institución u organismo que tenga atribuida la guarda y custodia o su retorno al lugar de procedencia para permitir al solicitante el ejercicio del régimen de estancia, comunicación o relación con el menor, teniendo en cuenta el interés superior de éste y los términos del correspondiente convenio o de las disposiciones de la Unión Europea en la materia, según el caso ( art. 778 quinquies LEC )”.

Juana Rivas, el maltrato y los jueces

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Llamamos la atención del artículo “Juana Rivas, el maltrato y los jueces” publicado en su “Cuaderno de Notas” por Miquel Pasquau Liaño sobre el asunto de Juana Rivas. El autor es Profesor Titular de Derecho Civil de la Universidad de Granada y en la actualidad Magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Providencia del Tribunal Constitucional no admitiendo a trámite la segunda demanda de amparo de Juana Rivas por ser extemporánea

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La Providencia de la Sección de vacaciones del Tribunal Constitucional de 16 de agosto de 2017 ha inadmitido a trámite la segunda demanda de amparo presentada por Juana Rivas contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, dictada el pasado 21 de abril (y notificada el día 26 de ese mismo mes), que ordena la devolución de sus dos hijos menores a su ex marido. El Tribunal considera que el recurso es extemporáneo porque se ha presentado fuera del plazo de 30 días fijado por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) desde la notificación de la resolución impugnada. Antes de que el Tribunal Supremo resolviera el recurso de queja, la recurrente presentó su primer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El pasado 31 de julio, la Sala Segunda del TC lo inadmitió a trámite por estar abierta aún la vía judicial (pues el
Supremo no había resuelto el recurso de queja). Posteriormente, la demandante de amparo desistió del recurso de queja ante el Supremo y presentó el segundo recurso de amparo, resuelto  por la Sección de vacaciones del Tribunal Constitucional. La presente  providencia afirma que “el carácter manifiestamente improcedente del
modo en que se formuló el recurso extraordinario por infracción procesal y la circunstancia de que voluntariamente se haya desistido del anuncio de la intención de presentar recurso de queja impide que esta actividad impugnatoria pueda ser tomada en consideración a los efectos del cómputo del plazo para la interposición del recurso de amparo, que debe ser considerado extemporáneo por haber sido presentado el 10 de agosto de 2017, transcurridos en exceso los 30 días hábiles” previstos en la LOTC y que se cuentan desde la notificación de la resolución impugnada”

Un Auto de la Audiencia Provincial de Granada desestima el incidente especial de nulidad del caso Juana Rivas

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El Auto de Audiencia Provincial de Granada, Sección Quinta,  nº 129/2017 de 9 de agosto de 2017 desestima el incidente de nulidad promovido  en nombre de Dª Juana Rivas Gómez contra el Decreto de 30 de junio de 2017, dictado en el Rollo de apelación 72/2017 del que dimana este incidente y ordena  devolver sin demora los autos al Juzgado de Familia nº 3 de Granada. Entre otras consideraciones de esta extensa decisión la Audiencia considera que ” el incidente de nulidad que se plantea en este proceso especial, noventa y ocho días después del dictado de una sentencia ya firme y que ni siquiera se pretende anular a la vista del insólito pedimento de que se anule únicamente un Decreto resolutorio de un recurso de reposición contra dos diligencias de ordenación que si alguna significación tenía en cuanto a poner en potencial peligro de indefensión, lo que la demandada entendía como una prematura ejecución de la sentencia ni ese peligro fue real ni material pues nunca se ordenó la ejecución de la sentencia, mientras la promotora del incidente marcaba a su antojo o interés los tiempos con actuaciones procesales que carecían de todo éxito procesal pero que le han permitido ganar tiempo hasta la exasperación, dentro de un proceso regulado desde la reforma de la LEC por la Ley 15/2015 de 2 de julio pasó sobre la base del Convenio de la Haya de 25 de octubre de 1980 a regular en los art. 778 quater a sesíes (..) y aplicable como aquí ocurre a los supuestos en que, siendo aplicables un convenio internacional o las disposiciones de la Unión Europea, se pretenda la restitución de un menor o su retorno al lugar de procedencia por haber sido objeto de un traslado o retención ilícito y se encuentre en España, se procederá de acuerdo con lo previsto en este Capítulo.